Las clases dominantes, la burguesía industrial y agrícola , los terratenientes particularmente las dedicadas a la palmicultura recibieron el apoyo de diferentes gobiernos , alcanzando a convertir la producción de aceite de palma en política de estado que permitió a esta industria posicionarse como una lucrativa y de alta actividad competitiva , lo que permitió recibir muchos beneficios .
De ahí que las empresas palmicultoras y otras se apoyaron en el gobierno de turno, incluso en algún momento, empresarios de esta actividad fueron parte del gobierno o tenían una relación con alguien del gobierno, lo cual les permitió tener ventajas y obtener más ganancias , así obtuvieron beneficios en el gobierno de Pastrana, que gestionó con el Banco Mundial un crédito para fomentar plantaciones de palma aceitera, y se seleccionó ocho zonas para el programa, cinco eran de dominio de los grupos paramilitares (Urabá, Córdoba-Sucre, Cesar, Magdalena Medio y centro-norte del Meta) y en una zona había abierta expansión de esos grupos (oriente de Caldas-norte del Tolima-noroccidente de Cundinamarca).
Fueron esos gobiernos colombianos que se propusieron crecer , llegar a sembrar miles de hectáreas sin importarles las afectaciones que producirían, así se realizó, la siembra ilegal de palma africana –o aceitera– en el norte de Colombia, en las regiones del Darién, ( lugar de mucha biodiversidad), las comunidades afectadas por estos monocultivos denunciaron la invasión de sus tierras, daños ambientales y brutales violaciones de sus derechos –masacres, asesinatos, desapariciones, torturas y desplazamientos forzados, donde accionaron el ejército y sus escuadrones de muerte, paramilitares, que protegían el megaproyecto agroindustrial de la palma aceitera, que tenían como objetivo cubrir tres millones de hectáreas con palma aceitera y pino caribe. Entre 1996 y 1997 tuvo lugar en la parte norte del Chocó, junto al Darién, uno de los más graves desplazamientos masivos, hasta 20.000 personas en la llamada Operación Génesis, en la cual las comunidades que fueron bombardeadas y cazadas como animales en medio del bosque, “que nuestro desplazamiento no era por ninguna guerrilla, sino por intereses económicos”.
Fueron siempre interesados en sembrar miles de hectáreas de ahí, fue Uribe que dijo “el país debe tener 600.000 hectáreas de palma africana”, así se conoció que en 2001 había 170.000 hectáreas, por lo que se empujó sembrar otras 400.000 más. Para hacer realidad la Unión Europea financio a través de los fondos de cooperación al desarrollo proyectos para la siembra de palma que finalmente beneficiaron a los paramilitares, como lo denuncio el Coordinador del Programa de Atención a víctimas de violaciones de derechos humanos en Colombia del gobierno de Asturias, otra de las instancias de financiamiento fue la banca privada con la filial colombiana del BBVA, el Banco Ganadero; que financiaron las actividades de la palma africana, las empresas agrícolas y agroindustriales, que fueron el negocio de los paramilitares “desmovilizados”.
Para la ejecución del proyecto deforestaron el bosque primario en los territorios colectivos del Cacarica y Bajo Atrato, violaron derechos humanos, el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural reconoció en un informe gubernamental en octubre de 2004, dijo que “el 95% de la palma se encuentra sembrada de manera ilegal ” y requirió “detener de inmediato el avance de las siembras”, lo cual por supuesto nunca ocurrió. Entre 1981 al 2006 se concentró la tierra con objetivos especulativos, pues los grandes propietarios no cultivan la mayoría de las tierras que dominan ,pero luego dieron paso al apoderamiento de tierras de campesinos y de afrocolombianos. De esa manera para el año 2020 se conoció que ya existían 450.000 hectáreas y otras 100.000 hectáreas inmaduras, ratificándose que es un negocio que les deja grandes utilidades así en el 2019 el sector genero 5.000 millones de dólares. Todo esto a costa de apropiarse territorios, del Meta , Casanare y Vichada y la privatización del rio Meta.
Para apoderarse de la tierras también se recurrieron a provocar incendios para luego comprar las tierras o para apoderarse, de ahí que de las 176 compañías identificadas como sospechosas de los incendios de 1997, 133 eran compañías de plantación de palma aceitera.
Una respuesta del porque se amplían a otras zonas de cultivo de la palma , es porque tiene una vida útil de 25 años pasado su ciclo es necesario matar la plantación para poder extraerla y fertilizar el suelo para luego volver a plantar, y para los empresarios , esto económicamente no es rentable (para los empresarios) por su costo y el suelo apenas vuelve a recuperarse. Es por ello que las empresas buscan afectar bosques o terrenos baldíos y fértiles para poder generar nuevas plantaciones de palma de aceite a gran escala.
En la administración del presidente Juan Manuel Santos (2010-2018), el sector estuvo representado en el gobierno nacional Santos nombró, en 2013, al entonces gerente de Indupalma, Ruben Darío Lizarralde, como Ministro de Agricultura, quien expandió la política de alianzas productivas.
NOMBRES, NOMBRES DE EMPRESARIOS BURGUESES
Varias fueron las implicaciones de empresarios de la palma con las auto defensas, paramilitares, ejercito que buscaban presionar ejercer presión, terror, muerte entre los pueblos colombianos y pocos los pronunciamientos de entidades judiciales, y peor aún sanciones a quienes crecieron atropellando todo, con todo tipo de violencia .
Así por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, resolvió (Resolución del 6-3-2003) que “desde el año 2001 la empresa URAPALMA S.A. ha promovido la siembra de palma aceitera” de forma ilegal y “con la ayuda de la protección armada perimetral y concéntrica de la Brigada XVII del Ejército y de civiles armados”. Hasta ahí llego la denuncia y la respuesta.
0tra información , una de las principales empresas de palma fue Industrial Agraria La Palma, Indupalma, de la familia Gutt, la cual era conocida por sus abusos empresariales y por la sobre explotación a sus trabajadores , existió en el Magdalena Medio, la violencia paramilitar estuvo particularmente dirigida contra trabajadores de Indupalma, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, “la principal de las empresas palmeras a la cual han pertenecido los trabajadores asesinados, desaparecidos o víctimas de otras violaciones es Industrial Agraria La Palma (Indupalma S.A.)” y testimonios de ex paramilitares sugieren que representantes de la empresa colaboraron con estos grupos armados, la empresa Indupalma sigue con los herederos de , Morris Gutt, su junta directiva está compuesta principalmente por miembros de esta familia.
Moris Gutt llego de Ucrania en 1915 emparentado con Salomon Gutt, llegado antes a Colombia, estuvo entre los primeros inmigrantes judíos; Salomón Gutt compro una hacienda en Guaduas donde producía café y azúcar entre otros cultivos, la ganadería, se dedicó también a urbanizar, construir vivienda, y construcción de un hipódromo, etc. Salomón Gutt manejo los negocios a la muerte de Moris en 1940, Moris creció económicamente con su yerno Carlos Haime y su nieto Daniel Haime Gutt , hasta convertirse en grupo económico , bajo el conglomerado industrial Dersachem que está integrado por Indupalma y Palmeras de los Andes (en Ecuador) en el cultivo y procesamiento de la Palma Africana con más de 50.000 hectáreas sembradas; Grasco (con 9 extractoras en Colombia) y Gracetales en Barranquilla para la producción de aceites vegetales y margarina, y Dersa (en Ecuador bajo la marca Danec), produce también productos para el hogar.
Otro grupo de Investigadores colombianos “ concluyen que las AUC, más que desmovilizarse, se reorganizaron, cambiaron de nombre y se hicieron conocer por el eufemismo de bacrim (bandas criminales), pero mantuvieron su objetivo fundacional: el control territorial” , “Los paramilitares no sólo son un grupo armado: son un proyecto político, económico y social que busca el control territorial, asociado a la ganadería extensiva y a la agroindustria”. El diagnóstico que comparten Peña y Alfredo Molano es que, si en otra época el control territorial sirvió para garantizar la explotación agraria y ganadera en manos de las oligarquías, hoy sucede al contrario: el monocultivo es una forma de garantizar el control territorial. Así sucedió en la región del Magdalena Medio, de la que Molano es conocedor: “Hubo un momento en que la guerrilla robaba el ganado de los latifundistas; los tubos de los oleoductos eran fáciles de romper. Pero con la palma, ¿qué hacían, se robaban un racimo? Una extractora era más difícil de asaltar”.
En 2010, “la Fiscalía General de Colombia dictó orden de captura contra los 23 empresarios a los que acusó de ser “verdaderas fachadas que escondían el pacto o la alianza celebrados entre autodefensas y empresarios” palmeros, según García Reyes la investigadora. Con todo ello el gobierno siguió apoyando al sector palmero , asi lo siguió haciendo con Juan Manuel Santos, al igual que Pastrana, Uribe . En el año 2014 fueron condenados 16 empresarios de palma del Chocó, involucrados con Vicente Castaño jefe de los paramilitares, fueron empresas como Urapalma S.A; Palmas de Curvaradó S.A; Palmura S.A; Palmas de Bajirá S.A; Inversiones Agropalma & Cia Ltda y Palmadó Ltda., con penas de entre los siete y los diez años de cárcel por los delitos de concierto para delinquir, desplazamiento forzado e invasión de áreas de especial importancia ecológica , en julio 2013 ese mismo Juzgado condenó a 150 meses de prisión a los empresarios Luis Fernando Zea y Héctor Duque Echeverri de Agropalma & Cia Ltda. Pese a estas sanciones se considera penas benévolas, y donde no están todos y sin reparar a las familias que fueron las perjudicadas.
existe mucha información de todos los abusos, muertes y responsabilidades, declaraciones de ejecutores de esos atropellos , declaraciones que existieron como las de unos empresarios para militares y de jefes paramilitares como Daniel Rendón Herrera, alias «Don Mario», que dijo en una de sus declaraciones que «12 mil hectáreas en el Meta siguen siendo explotadas por ex paramilitares del Bloque Centauros, de las cuales 4 mil hectáreas están sembradas con palma aceitera» en Mapiripán, Guaviare, que algunos son presentados como bienes titulados por el Incoder, por intermediación del representante legal de una cooperativa de palma.
Según la Fiscalía en febrero de 2010, y con las confesiones de 4.000 desmovilizados paramilitares, se reporta que hubo 1.000 masacres, 2.500 desapariciones, 30.000 homicidios, 1.033 secuestros, 1.437 casos de reclutamiento ilícito, 2.326 desplazamientos forzados y 1.642 extorsiones. Catalina Vásquez, «Confesiones de los paramilitares» . Con toda esa información, los procesos judiciales nunca se iniciaron, las sanciones fueron muy pocas y penas risibles , vergonzantes .
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