Toda una trama de impunidad e encubrimiento sigue activa, pese al ofrecimiento del presidente Manuel López-Obrador de llegar a las últimas consecuencias. Solo están detenidos personas de bajo perfil.
El 26 de septiembre de 2014, estudiantes, periodistas, deportistas fueron asesinados en la ciudad de Iguala, en México, y, también, 43 estudiantes de la normal rural “Isidro Burgos” ubicado en la zona de Ayotzinapa, fueron desaparecidos en lo que ahora el mundo entero conoce como los “43 de Ayotzinapa”. Han pasado siete años y solo a tres de ellos se ha ubicado, asesinados.
Estas líneas son dedicadas y en honor a ellos, desaparecidos y asesinados, y a su padres, madres, esposas, hermanos que han debido soportar un calvario indecible desde aquel día.
Las normales son en México, como las normales en Ecuador, creadas para formar docentes y, como en Ecuador, allá son destacadas por formar buenos docentes. Quizá por ello es que en Ecuador han desaparecido y en México sectores pudientes siguen pugnando por también cerrarlas, cada vez hay menos. Otra característica es su vinculación con su sociedad, vienen de ella, les duele lo que sucede, las injusticias, la pobreza y han asumido una posición política de defensa de los derechos de los que menos tienen.
Aquel 26 de septiembre salieron, como años anteriores, a conseguir buses, camiones como los llaman los mejicanos, para con ellos el 2 de Octubre viajar a la capital para participar en la marcha en conmemoración de la masacre de 1968, ocurrida en esa ciudad en medio de los Juegos Olímpicos. Ellos primero tomaron dos autobuses, que es un préstamo obligado, y decidieron ir a Iguala para tomar más buses. En total se tomaron cinco buses que comenzaron un recorrido hacia Ayotzinapa, pero nunca salieron de Iguala.
Recibieron ataques con disparos de parte de la policía. En medio de la balacera perdieron la vida varios estudiantes y otros quedaron heridos. Ningún estudiante estaba armado, a no ser con piedras. Un sexto bus, que no era parte de esta situación, fue abaleado muriendo varias personas que eran deportistas que viajaban de regreso a su ciudad.
De dos de los buses, que estaban en diferentes sitios de la ciudad, los estudiantes fueron obligados a bajarse, a acostarse en el piso, para luego hacerlos subir en los cajones de varias camionetas de la Policía Municipal. Ellos, hasta hoy, siete años después, no aparecen.
Cortina de humo
En principio se dijo que los estudiantes fueron a Iguala a enfrentarse al alcalde y su esposa que tenían fuertes vínculos con el narcotráfico. Años después, por afirmaciones de un integrante de un cártel, se conoce que dos de los buses tomados llevaban droga, sin que los estudiantes lo sepan, y por los vínculos que esas bandas de criminales tenían con el ejército y la policía, les dispusieron que los recuperen, a cualquier precio.
El 27 de septiembre comenzó una serie de “cortinas de humo” que trataban de manipular a la opinión pública y ocultar la ubicación de los estudiantes. La investigación de los crímenes y la desaparición, gracias a la presión de los padres de familia que se organizaron y protestaron, subió de nivel, paso a manos de la Procuraduría General de la República, cuyo principal, Jesús Murillo Karam, expuso lo que se conoce como “la verdad histórica” en la que se sostiene que los chicos fueron asesinados por gente relacionada con el narcotráfico y luego sus cadáveres incinerados y sus huesos demolidos. El encubrimiento se dio al más alto nivel del gobierno mexicano.
Los padres de familia no aceptaron semejante “verdad” y otra vez, su presión, obligó a que el Presidente Peña-Nieto acepte la conformación y participación de un grupo de investigación independiente que confirmó la posición de los padres: se estaba ocultando la verdad.
Muchas evidencias fueron ocultadas al grupo de investigadores, entre ellas la participación del ejército, de autoridades locales, hasta ahora la ubicación de los desaparecidos. A la vez se fraguó evidencias como aquella de encontrar fragmentos de huesos, entre los cuales estaban los de uno de los desaparecidos. Todo ello orquestado desde la Procuraduría que, en los hechos fue el mecanismo oficial para encubrir. Por ello el Alto Comisionado de las Naciones Unidad para los Derechos Humanos calificó a este hecho como “desaparición forzada”.
Camino de la impunidad
Al año de su desaparición, gracias a la Red SEPA, tuve la oportunidad de ir a Ayotzinapa y compartir con los padres y madres y, la verdad, llorar junto a ellos mientras nos relataban los hechos, el dolor, la angustia, la injusticia. Fui para entregar solidaridad, pero ellos fueron los que contribuyeron a mi formación, a mi convicción al demostrarme su decisión de lucha, su persistencia. La última noche que estuve allí participé en un acto en la plaza principal de Iguala y me tocó intervenir a nombre de quienes acudimos de otros países. No pude contener mi rabia y les dije a los asesinos y a sus encubridores que las pagarán, que el dolor de estos padres sera el motor que obligará a que los criminales paguen con la cárcel. Al bajar del estrado alguien se me acercó y me dijo, “felicitaciones, pero cuídese”. Los amigos mexicanos que estuvieron junto a mi lo interpretaron como amenaza, se alarmaron y fuimos sacados inmediatamente de allí y salimos de la ciudad. Así de grave es la situación por allá.
Los grandes medios de comunicación, voceros de los grupos de poder, seguramente aupados por los narcos, han tratado de desprestigiar la acción de los padres, quitando el derecho a tener una posición política por parte de los estudiantes, promoviendo el desprestigio social de las víctimas, con el objetivo oculto de mantener la impunidad, de justificar el hecho, en ese camino se también intentaron desprestigiar a los investigadores independendientes. Aunque en el discurso dicen que quieren que haya justicia.
Peña Nieto luego de un tiempo obligó al término de las actividades del Grupo de Investigadores Independientes, mientras los padres exigían que continúe. Su sucesor, López-Obrador, ha conformado una nueva comisión y existen varios detenidos, todavía ningún culpable, lo peor de todo, ninguno de alto rango. Pasan los años y la justicia no llega.
Lo cierto es que los detuvieron miembros de la Policía Municipal, estuvieron en manos de organismos del Estado mexicano, que los hayan entregado a los narcotraficantes, solo aumenta la certeza del peso que los narcos tienen en la administración pública de ese país, al punto que el propio presidente Peña-Nieto culmina la investigación sin haber llegado a conclusiones definitivas, ni siquiera con la detención de los narcos del grupo “Guerreros Unidos”, que, dijeron los organismos oficiales, fueron los asesinos y al contrario, encontró falsos culpables.
Como dice una de las investigadoras que ha ayudado a esclarecer el caso y que acusa al gobierno de fabricar culpables: “quien acusa a inocentes, protege a culpables”. Y parece que muchos de ellos son altos funcionarios de un gobierno al que en muchos sitios del mundo se dice que es un narcoestado.
¡Ayotzi vive, la lucha sigue!
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