La lucha por el salario no solo es la lucha por más dinero para el sostenimiento familiar, también denota la relación de poder entre quienes venden su fuerza de trabajo y quienes la compran.
El gobierno de Daniel Noboa, a través de su ministra del Trabajo, decidió que el incremento salarial para el año 2024 será de apenas diez dólares mensuales, muy lejos de los cien dólares al mes que propuso el Frente Unitario de los Trabajadores ante el Consejo Nacional de Salarios, por lo que ese aumento fue calificado como limosna por los trabajadores, que no tuvieron la fuerza necesaria para presionar por un valor más alto.
No llega a todos
En efecto, los USD $10 no le servirán al trabajador ni siquiera, para el caso de quienes viven en Quito, cubrir el incremento del precio del transporte, si utilizan el Metro, aunque gobierno y empresarios sostienen que cubre la inflación proyectada. No es en lo único que coinciden, ya que, luego que empresarios y trabajadores no lograron un acuerdo en el incremento, el valor que decidió aumentar el gobierno fue prácticamente el mismo que propusieron los empleadores: $9.
Este incremento no es generalizado, principalmente llegará a quienes tienen un ingreso inferior a $460 mensuales, a aquellos trabajadores que tienen salario básico y seguramente también se aplicará en los sitios que se acogen a las tablas salariales. Según el INEC serían unos 450 mil empleados tanto del sector público como del privado, lo que conlleva un egreso total de $72 millones al año, una cantidad irrisoria de incremento de la masa salarial para un país con un PIB de $116,586 millones. Insuficientes para que, con ese monto en circulación, el consumo se recupere y conseguir que las condiciones de vida de los trabajadores se mejoren, en conjunto con la economía del país. Es evidente que la miopía de los empresarios, como patronos y como gobernantes, les ha impedido ver que sus propias ambiciones de acumular se ven afectadas con esta decisión de mantener el mercado interno contraído, sosteniendo la visión neoliberal de la reducción del gasto, gobierno y empleadores, acordaron tácitamente el aumento, mostrándose como lo que son, parte de la clase social, la burguesía, que se enfrenta a la clase trabajadora para evitar que ésta se lleve una migaja más, pues, de hacerlo, sus ganancias se reducen.
Sectores perjudicados
Además, es injusta con quienes tienen ingresos superiores al salario mínimo ya que, a inicios del año 2023 sus ingresos decrecieron en el 2%, y, antes, en el 2022, se redujeron en el 6%, lo que da cuenta de una política salarial que atenta contra los trabajadores, especialmente de aquellos que tienen salarios inferiores a la canasta básica, que no ven ningún incremento desde hace más de una década.
Las mujeres también son perjudicadas, pues, tienen ingresos inferiores a los que perciben los hombres, lo que es especialmente evidente en el sector privado en donde no solo que generalmente tienen un salario inferior, sino que sus condiciones laborales son más desventajosas.
La brecha entre salarios también es un grave problema que profundiza las inequidades en el Ecuador, mientras el grueso de los trabajadores formales tiene ingresos por debajo de los $500, un reducido grupo de “ejecutivos” goza de salarios diez hasta cuarenta veces más elevados.
Cálculo tendencioso
Según la Constitución el salario del trabajador debe cubrir las necesidades de él mismo y su familiar, por lo que sus ingresos deberían, por lo menos, alcanzar para comprar la denominada canasta familiar básica, que es un grupo de bienes y servicios que, al decir del INEC, solventan las necesidades de una familiar de cuatro miembros y que, a noviembre de 2023, asciende a $785 mensuales. Como se colige, entre este valor y el salario existe una diferencia que perjudica al trabajador en $335, que, con el incremento aprobado, apenas se reduciría a $325 mensuales, que son recursos que al no ser percibidos se traducen en menos alimentos, menos vestido, menos salud, ninguna recreación y, en general, peores condiciones de vida.
Esta brecha de ingresos familiares teóricamente es cubierta, según el gobierno por el denominado “perceptor de ingresos familiares”, que es la cantidad de personas que perciben ingresos en la familia que, desde que se creó se encuentra ubicado en 1.6 (cerca de dos personas tendrían ingresos formales por familia) valor que se multiplica por el monto del salario básico más los sobresueldos y que da como resultado que la familia tiene ingresos de $840 mensuales, es decir que, según el gobierno y los empresarios, los trabajadores fácilmente cubren la canasta familiar básica, según sus cálculos los ingresos familiares superarían el valor de la canasta. Sin embargo este factor no recoge la realidad del empleo en el Ecuador ya que apenas el 35.8% de la Población Económicamente Activa (PEA), a noviembre de 2023, tiene trabajo formal, es decir que tan solo algo más de la tercera parte de las personas en edad de trabajar tiene un trabajo que le permite acceder a, por lo menos, un salario básico.
La realidad
Tomando la información del Censo de 2022 y la última encuesta de empleo, a noviembre de 2023 se puede demostrar que ese factor de perceptores familiares es una maniobra política, antes que una construcción técnica objetiva.
El número de hogares en el Ecuador es de 5’188,827 mientras que el número de trabajadores formales es de 3’037,813, obteniendo la relación de trabajadores por hogar (perceptores de ingresos familiares) se llega al valor de: 0.59, muy, pero muy lejano al 1.6 que desde siempre se ha utilizado para manipular a la opinión pública, lo que demuestra, aplicando la argumentación gubernamental, que la familia ecuatoriana no tiene ingresos suficientes, que el promedio de familias ecuatorianas no tiene ni siquiera suficientes recursos ni para la denominada canasta mínima -que se ubica en $550 mensuales-, lo que tiene lógica y explica, por ejemplo, la desnutrición infantil que afecta a uno de cada cinco niños, situación inexplicable si la familia tuviera recursos económicos suficientes, pues, se entiende que los padres de lo primero que se preocupan es del bienestar de sus hijos.
Ahora, si el referido cálculo de los perceptores se realiza tomando el valor de todas las personas que trabajan, esto es las que tienen empleo formal, las subempleadas, con empleo no remunerado, otro tipo de empleo no pleno y otros no categorizados, -que suman 8’198.722- es posible que este factor llegue a 1.58, pero sería distorsionar la realidad, pues, incluye a personas que no tienen certeza de ingresos, que no reciben todos los beneficios de ley, que trabajan como voluntarias, que tienen empleos temporales, etc. lo cual lleva fácilmente a concluir que no tienen ingresos comparables a alguien que tiene un empleo formal.
No alcanza
Lo anterior demuestra que el ingreso de los trabajadores formales no alcanza para que sostengan a sus familias y, también destapa otra realidad que afecta a la mayoría de la población -el 64.2% de la PEA-, que no tiene ingresos estables, no tiene seguridad social, no goza de vacaciones, peor de jubilación, está muy lejos de cubrir sus necesidades.
En las condiciones actuales, ni uno ni otro grupo de trabajadores (formales e informales) puede cubrir los requerimientos de sus familias, mientras el Estado, en unidad con los empresarios, se esfuerzan en engañar al país diciendo que el salario sí alcanza, que es de los más altos de Latinoamérica.
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