El Decreto Ejecutivo 111 fue la respuesta gubernamental a la incursión delincuencial en TC TV y al auge de violencia en los últimos días. Dicha medida da el estatus de conflicto armado interno, se calificó de terroristas a 22 grupos de delincuencia organizada (GDO) y les dio la característica de beligerantes.
Algunos expertos en Derecho Internacional Humanitario sostienen que esta decisión es desacertada ya que no se puede convertir a un actor criminal en un actor legítimo. Reconocer un conflicto armado interno significa que hay un actor no estatal que está ejerciendo un gobierno de facto sobre una determinada zona geográfica, zona sobre la que el Estado ya no tiene control. Considerar al crimen organizado como un actor beligerante activa el DIH y reconocerles la capacidad de firmar un cese al fuego, la posibilidad de generar pactos y firmar acuerdos públicos y legítimos.
Los entendidos en esta materia inquieren: ¿Cuáles son los requisitos para reconocer un conflicto armado interno? La respuesta es: a) El gobierno de facto sobre una determinada zona geográfica; b) desarrollo de operaciones militares sostenidas y concertadas; c) estructura organizada con una clara línea de mando; d) una clara diferencia y polaridad entre Estado y actor no gubernamental.
¿Los GDO cumplen estos requisitos? La respuesta es un NO contundente. Insisten los analistas del DIH que: a) a pesar de que el crimen organizado cuenta con rutas y puertos para la circulación de la droga en varias partes del territorio ecuatoriano no ejercen un gobierno de facto sobre una determinada zona geográfica; b) a pesar del terrorismo empleado no respetan principios de necesidad o proporcionalidad cuando eligen sus objetivos; c) que entre los diferentes grupos criminales no hay una jerarquía, existen claras disputas entre ellos; d) no existe una clara polaridad entre Estado y GDO, pese a que las instituciones estatales están atravesadas por la corrupción de diferentes grupos delincuenciales, caso “León de Troya” en el que está implicado el cuñado del expresidente Lasso y así lo vemos en el caso “Metástasis” que desenreda toda una trama desde el gobierno de Correa.
Habrá que preguntarse si el gobierno tomó esta decisión por desconocimiento. Cuidado, las consecuencias pesan. Al narcoterrorismo, al crimen organizado y a la corrupción hay que extirparlos ubicando el origen en la estructura del modo de producción capitalista y sin afectar los bolsillos del pueblo.
Las medidas económicas anunciadas, luego del histórico e inédito Decreto Presidencial 111, como la elevación del IVA del 12 al 15% y tan cacareada eliminación de los subsidios a los combustibles, y muy en particular del gas de uso doméstico, no resuelve la grave crisis que tiene como déficit la caja fiscal. Es evidente que se quiere descargar la crisis económica del país sobre los bolsillos de los trabajadores y pueblos del Ecuador. No olvidemos que, en apenas 42 días de gobierno del hijo del magnate ecuatoriano, se benefició a los grandes empresarios (tal como lo hicieron los tres gobiernos anteriores) al condonarles USD 2.500 millones y con la aprobación de la Ley de competitividad energética (política neoliberal orientada por el FMI) se abre las puertas para elevar el precio de las tarifas eléctricas y para la privatización de esta área de la economía ecuatoriana. Se avecinan nubarrones negros donde la protesta social, con justo derecho, ojalá no sea mancillada y ensangrentada con el combate al crimen organizado.
- La figura de conflicto armado interno es desacertada - enero 20, 2024
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