Noboa busca el control y disciplinamiento de la sociedad
Por: Mateo Rodríguez
Daniel Noboa viene construyendo un entramado jurídico y político, que tiene como objetivo consolidar una estructura de control y sometimiento en su favor, para lo cual, su mayoría legislativa aprobó tres Leyes que tienen relación directa con este objetivo: Ley Orgánica de Solidaridad Nacional; Ley Orgánica de Inteligencia y, Ley Orgánica de Integridad Pública.
La primera estableció un régimen jurídico especial para enfrentar, supuestamente, los efectos del conflicto armado interno en el país. Con esta Ley, se da al presidente de la República la facultad para que, mediante un decreto, vulnerando la Constitución, reconozca la existencia de un conflicto armado interno, lo que, le permite aplicar medidas financieras, tributarias y operativas, sin declarar el estado de excepción.
La Ley Orgánica de Inteligencia crea el Sistema Nacional de Inteligencia, además de la competencia a funcionarios de inteligencia, para que puedan solicitar, sin orden judicial, a empresas telefónicas o a cualquier persona natural o jurídica, información sobre usuarios y ciudadanos, sin requerir autorización judicial previa. Esta atribución incluye datos en tiempo real, históricos, de geolocalización, conexiones, terminales, e incluso información informática y digital.
Mediante la Ley Orgánica de Integridad Pública, se establece mecanismos de evaluación y sometimiento a los servidores públicos; faculta al presidente del Consejo de la Judicatura, declarar la emergencia de la Función Judicial y nombrar jueces a dedo, sin estabilidad.
Adicional a estas normas, el gobierno envío a la Asamblea Nacional, el Proyecto de Ley Orgánica para el Control de Flujos Irregulares de Capitales, que impone restricciones al derecho de asociación y reunión, a todo tipo de organización social, sea esta corporación o fundación. A este proyecto se suma, la expedición del Reglamento de organizaciones laborales para el ejercicio del derecho de libertad y autonomía sindical, mediante la cual, se impone obligaciones que violentan la autonomía de los sindicatos, respecto al Ministerio de Trabajo.
Noboa encuentra en la inseguridad y el crecimiento del crimen organizado, el escenario perfecto para desarrollar un proceso de disciplinamiento y control social que significa cooptar la justicia, generar mecanismos de escuchas e infiltración a las organizaciones de oposición a su régimen, anula los mecanismos de control y rendición de cuentas, limita al acceso a la información pública, pretende tener controlado a las organizaciones sociales con el temor de ser disueltas e impunidad en violaciones a derechos humanos cometidos por las fuerzas del orden, entre otros.
Estos procesos de control y sometimiento que se construye, tienen como fin el que los trabajadores y los pueblos miren como natural la dominación, explotación y saqueo, para lo cual, las leyes juegan un importante rol, pero no es el único. Los medios de comunicación, las redes sociales y la educación, juegan un papel importante, por ello, la fusión de los ministerios, más que un tema de finanzas públicas, es una decisión política que significa una mayor centralización y control sobre instancias que políticamente podían ser débiles y susceptibles a ser presionadas por los sectores populares.
Pese a los deseos gubernamentales, la combinación de la denuncia, la demanda judicial y movilización van arrinconando el gobierno. La decisión de la Corte Constitucional de aceptar varias medidas cautelares presentadas contra las leyes señaladas al inicio del artículo suspende: la definición y el procedimiento de reconocimiento del conflicto armado interno; el indulto presidencial con efecto diferido en el marco del conflicto armado interno; las escuchas sin orden judicial, entre otras.
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