“Una guerra entre ustedes y los delincuentes”
“Cada ciudadano decidirá cómo usa su arma”
Que nos dicen estás dos frases: la primera dicha por Guillermo Lasso y la segunda por su secretario de seguridad pública, expresan la total incapacidad y la ausencia de una propuesta de seguridad que ponga al centro la vida de las y los ecuatorianos.
Nos dicen que el Estado y sus fuerzas policiales y militares, han fallado, son incapaces de brindar seguridad en los distintos niveles de la sociedad, el territorio nacional y en el día a día, en lo cotidiano, dicen con estas palabras y a través del decreto presidencial, armarse y a defenderse como puedan, estamos ante un estado fallido, postrado, en inacción frente a las mafias enquistadas en la institucionalidad por medio de la corrupción que permea las altas esferas de las instituciones de seguridad, del gobierno y el estado, de la justicia.
Uniéndose a esta irresponsable y nefasta medida los medios de comunicación en sus noticieros difunden profusamente que hay que cumplir los requisitos, mismos que aún están elaborando, es decir una nueva muestra de la improvisación y del estilo bandolero de quienes nos gobiernan.
Entre los requisitos hay un examen psicológico que diría si la persona está en capacidad y certificaría su derecho a usar una arma, la inquietud surge inmediata, cuánto costará este documento en un país donde todo tiene precio y la corrupción hará su agosto, les dejo la respuesta a cada uno de los lectores.
Superados tales requisitos, entre otros, certificar que tiene pericia en el manejo de armas, viene el precio de las mismas que bordean o superan según la marca los 3.000 dólares, en el Ecuador 7 de cada 10 ecuatorianos no tienen empleo y quiénes tienen empleo ganan en su mayoría el SBU de 450 dólares, lo que significaría que para adquirir su arma debería suprimir por seis meses la alimentación, la educación, la atención en salud, el vestido de toda su familia o acudir al chulquero, o a la banca chulquera para endeudándose acceder a la compra, por este solo hecho cualquier ciudadano debería ser impedido de adquirir tal mercancía, pues evidencia que sicológicamente está mal al sacrificar el bienestar suyo y de su familia.
Nuevamente quien tiene recursos podrá tener un instrumento para matar, mientras el ciudadano de a pie, el trabajador, el y la joven que es objeto de la delincuencia seguirá indefenso y siendo víctima de la delincuencia.
Resolver la seguridad pasa por qué 500 mil jóvenes puedan tener acceso a la educación superior, por atender la salud, el empleo, por promover la cultura el deporte la recreación.
Siendo un problema estructural la solución pasa por reestructurar las instituciones de seguridad permeadas por la corrupción y el narcotráfico, cualquier otra medida no pasa de ser como dice la sabiduría popular paños de agua tibia frente a una sociedad y estado que vuela en fiebre de más de 40 grados y no con una gripesita sino con una pulmonía y neumonía grave qué ha hecho colapsar todo el cuerpo social.
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