Para reinstitucionalizar el Estado –primero– hay que descorreizarlo en toda su estructura, situación que todavía está pendiente por parte del Gobierno Nacional. Frente a esta realidad, los ciudadanos tienen razón al preocuparse, pues la mayoría de ecuatorianos no entregó su voto el 11 de abril para que los mandos medios, afiliados y operadores de las células del correato continúen administrando las instituciones públicas como hace catorce años, aunque ahora guarden silencio y se escuden en el “profesionalismo” para evitar el escarnio y las críticas de la opinión pública.
Resulta imposible olvidar como estas personas –adictas a los privilegios– convirtieron las entidades estatales en extensiones de Alianza País para: afiliar a toda clase de funcionarios al entonces partido de gobierno; crear grupos de ataque y respuesta en defensa de atrocidades como la eliminación del pago del 40% del Estado al IESS; linchar a periodistas y políticos opositores; salir a marchas y concentraciones como parte de la jornada laboral; cobrar diezmos; entregar nombramientos provisionales bajo el mérito de ser miembro del partido de gobierno o acólito de alguna autoridad estatal; y, lo que es peor, montar estructuras cuasi-partidistas (comités de la revolución ciudadana como el denominado “Cambio Revolucionario” y otros) –posiblemente con fondos públicos y de la propia seguridad social– para satisfacer el ego del ex gobernante –hoy prófugo de la justicia– con muestras faraónicas de lealtad.
¿A qué se debe esto? ¿Por qué reciclar a los mandos medios del correísmo moviéndolos de una institución a otra? ¿Qué papel jugaron estas personas en los casos de corrupción de las entidades en las que laboraron en el transcurso de los últimos catorce años? ¿Cómo recuperar nuestra credencial democrática cuando los operadores del autoritarismo asumen que este gobierno –“el gobierno del encuentro”– es tan solo una transición similar al macrismo en Argentina para el retorno al poder del caudillo, sus emisarios y la delincuencia organizada a la que representan?
Si esta situación continúa en las instituciones del gobierno central, con el paso del tiempo quizá tengamos que preguntarnos: ¿quién gobernará en realidad al Ecuador, el Presidente de la República y sus ministros o los correístas anquilosados con el beneplácito de las autoridades de Estado? ¿Tan grande es el peso de la masa laboral correísta dentro del sector público que no se puede prescindir de ella? Si esto es así, el gobierno debe explicarlo para no caer en contradicciones. Por otra parte, ¿quién nos garantiza a los ciudadanos que los potenciales boicots a la democracia no se gesten desde las entrañas de las entidades públicas (tomadas por el correísmo) por sobre cualquier movilización o riña de calle?
El mandato del pasado 11 de abril fue claro y el gobierno del Presidente Lasso lo sabe: cero tolerancia a corruptos, corruptores y sus operarios; y esto solo se conseguirá con la descorreización del Estado y su posterior reinstitucionalización. Tarea que no se puede postergar, mucho menos relegar al olvido por priorizar el Plan de Vacunación, pues ambas actividades deben y tienen que trabajarse a la par, solo así la ciudadanía no se sentirá engañada nuevamente.
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