Reformas electorales. Receta perfectible para mejorar el sistema de partidos

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La Corporación Participación Ciudadana y un grupo de expertos electorales presentaron el pasado lunes a la opinión pública, una propuesta seria de “Reforma al Sistema de Partidos y Movimientos Políticos” del Ecuador, la misma que contiene doce puntos de discusión para el debate nacional.

Sin lugar a dudas, en el país urge una reforma electoral seria. Que fortalezca y delimite el ámbito de acción y participación de partidos y movimientos, y corte de raíz la dispersión y el aventurerismo político que en la actualidad promueve el Código de la Democracia bajo el argumento laxo de la promoción del derecho a la participación, que hasta la fecha deja como resultado más organizaciones políticas (250) que cantones; muchas de ellas –la gran mayoría– estructuras de papel creadas con principios filosóficos, ideológicos y programas poco ingeniosos y redundantes (parafraseados de partidos foráneos) cuyos propósitos son: adecentar las hojas de vida de sus fundadores y candidatos, y recibir recursos del Estado para la promoción de advenedizos carentes de representatividad.

Sin embargo, para conseguir esto, no basta únicamente con redefinir el alcance territorial de los partidos (ámbito nacional) y movimientos (ámbito provincial), pues el cambio en la reglamentación electoral debe ir acompañado de requisitos más estrictos para mejorar la calidad de los candidatos y, por ende, de la representación política.

A través de una nueva reforma electoral se debe exigir la permanencia (afiliación) mínima de dos años comprobados a los miembros de las organizaciones políticas para que estos participen de manera activa en los procesos de democracia interna (elecciones primarias) y, consecuentemente, disputen un puesto en las directivas de los partidos y movimientos, así como en la conformación de las listas para las distintas dignidades de elección popular. Durante este mismo tiempo (dos años) los afiliados -y potenciales precandidatos y candidatos- deberían recibir cursos y talleres de capacitación en los que certifiquen –previa evaluación– conocimientos mínimos en temas como: democracia y régimen político, parlamentarismo, manejo de la normativa constitucional, oratoria, derechos humanos, género y diversidades, medioambiente, economía y desarrollo. Los cuáles tendrían que contar con el acompañamiento y aval del Instituto de la Democracia del CNE, pues este instituto por ley se financia con el 30% del total del Fondo Partidario Permanente de las organizaciones políticas.

¿Por qué son importantes estos cursos y talleres de capacitación para los afiliados, potenciales precandidatos y candidatos? Porque de esta manera, se podría evitar que las deficiencias académicas, la improvisación política y las interpretaciones antojadizas de la Constitución generen un ambiente de inestabilidad, como ocurrió en los últimos días con el Informe que presentaron los legisladores de mayoría (UNES y Pachakutik) que integran la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional respecto a su “investigación” sobre el caso “Pandora Papers”.

En otro aspecto, la creación de padrones de afiliados nacionales y provinciales por cada organización política resulta novedosa, pero deja algunas inquietudes. ¿El manejo del padrón será de uso exclusivo de los partidos y movimientos o también del CNE? ¿Cómo garantizar su manejo prolijo? ¿En qué medida la creación del padrón de afiliados evitará que continúen apareciendo ciudadanos que, por fuera de su voluntad, constan como miembros activos de distintas tiendas políticas? La propuesta del padrón de afiliados debe ir acompañada de un sistema en línea para que los ciudadanos no solo conozcan si están en los registros de un determinado partido o movimiento político, sino también para que puedan solicitar su desafiliación e inicien las denuncias respectivas por el uso arbitrario de su firma.

Respecto a la propuesta que plantea que los partidos políticos tengan la obligación de destinar un porcentaje del fondo partidario para la formación política de las mujeres, esta debe ampliarse a los jóvenes (hombres y mujeres) y diversidades sexuales. En el caso de la participación política de las mujeres, se debe llegar a acuerdos con las organizaciones políticas para que estas no sean “designadas” a encabezar las listas en localidades en donde sus partidos y movimientos no tienen acogida, pues se las estaría condenando al fracaso. Mientras que en lo referente a la aplicación de la cuota del 25% de jóvenes de 18 a 29 años en la conformación de las listas para las elecciones pluripersonales, se debe explicitar cómo se distribuirá ese porcentaje que –al momento- no consta en el Código de la Democracia. La propuesta de varios colectivos de jóvenes es que ese 25% se desagregue en 13% para candidatos principales y 12% para suplentes.

Los errores (conceptual y de interpretación) de la persona que leyó los resultados del conteo rápido de la primera vuelta electoral del 7 de febrero, no guardan relación con el trabajo eficiente del equipo que estuvo a cargo de recolectar y sistematizar los datos de una muestra estadística de 2.425 juntas receptoras del voto. En tal virtud, se debe debatir a profundidad sobre qué tan pertinente es quitar la responsabilidad del CNE en este procedimiento para los siguientes procesos electorales. ¿Qué hay detrás de esto? ¿Quién o quiénes están deseosos de manejar este tema? ¿Por qué no fomentar acuerdos de cooperación y alianzas entre el CNE, la sociedad civil y la academia para que el conteo rápido se fortalezca sin que el Órgano Electoral pierda esta facultad?

Esta propuesta de reformas electorales liderada por la Corporación Participación Ciudadana no es un parche ni un remiendo, tampoco un experimento o una apuesta para justificar su sola presencia. Las posibles reformas al sistema de partidos políticos son perfectibles y abren un debate nacional en el que nuevos rostros esperan involucrarse, ya que la política –como toda actividad- también demanda una renovación. No obstante, debido al momento de crisis política y económica que atraviesa el país hay inquietudes que no se pueden dejar de hacer. ¿En qué medida la propuesta de una nueva reforma electoral está dentro de la agenda de prioridades de los legisladores o incluso del mismo Gobierno Nacional? ¿Hasta qué punto el cambio parcial de autoridades en el CNE puede incidir en el tratamiento o no de las reformas propuestas por Participación Ciudadana y el grupo de expertos electorales? ¿La propuesta de una nueva reforma electoral puede convertirse en el eje de una macro reforma política o esta se verá anclada como relleno a la posible consulta popular que convoque el régimen?

La reforma electoral es un tema de fondo. ¿Será que al Gobierno Nacional, a los legisladores, al propio Órgano Electoral y a las organizaciones políticas les interesa?

Alfredo Espinosa Rodriguez