El Gobierno del Ecuador convocó a la ciudadanía a participar en una consulta popular y referéndum el 16 de noviembre de 2025, con el objetivo de reformar diversos artículos de la Constitución y modificar leyes relacionadas con la seguridad, el trabajo, la economía y el funcionamiento del Estado. La propuesta oficial fue presentada como una respuesta urgente a la crisis de inseguridad, la inestabilidad política y la necesidad de atraer inversión extranjera. Sin embargo, diversos sectores sociales, académicos, sindicales, indígenas y organizaciones de derechos humanos han manifestado su preocupación frente a los posibles efectos de esta consulta.
Desde esta perspectiva crítica, se sostiene que aprobar el “Sí” en la consulta significaría abrir la puerta a la flexibilización laboral, la intervención de fuerzas militares extranjeras, la reducción de representación legislativa, y, en algunos casos, la posibilidad de reescribir la Constitución sin participación plena y deliberativa del pueblo. Votar “No” se configura entonces como un acto de defensa de la soberanía nacional, de la Constitución de 2008, de los derechos laborales y sociales conquistados, y de la democracia participativa consagrada en el artículo 95 de la Carta Magna.
Soberanía nacional y bases militares extranjeras
Una de las preguntas más controvertidas es la del casillero A, que plantea permitir la instalación de bases militares extranjeras en el territorio nacional. La Constitución del Ecuador (artículo 5) prohíbe expresamente la presencia de bases militares extranjeras, como parte de la defensa de la soberanía y autodeterminación de los pueblos (Asamblea Nacional, 2008).
Aceptar esta propuesta significaría ceder territorio a intereses militares externos, especialmente de Estados Unidos, lo que implicaría dependencia política y pérdida de autonomía. Como advierte el texto de la imagen: “Una nación ocupada militarmente no es libre, aunque conserve su bandera”. La historia regional demuestra que las bases no traen seguridad ni desarrollo, sino injerencia, espionaje y conflictos (Quintero, 2021).
Participación política y financiamiento democrático
La pregunta B propone eliminar el financiamiento estatal a partidos y movimientos políticos. A primera vista puede parecer una medida de ahorro, pero en realidad debilita a las organizaciones pequeñas, indígenas, campesinas y obreras, que no cuentan con respaldo empresarial. Según el Consejo Nacional Electoral (2023), el financiamiento público garantiza la pluralidad política y permite que diversas voces participen en los procesos electorales.
Eliminar este financiamiento derivaría en un escenario donde solo quienes tienen poder económico podrían sostener campañas políticas. Esto vulnera el principio de participación promovido por el artículo 95 de la Constitución y consolidaría una democracia elitista. Tal como advierten las imágenes, votar “No” es proteger el derecho del pueblo a participar en política real, no solo formal.
Representación territorial y concentración del poder
La pregunta C propone reducir el número de asambleístas. Aunque se presenta como una medida de eficiencia y austeridad, su verdadero impacto sería debilitar la representación de provincias pequeñas, sectores rurales y pueblos indígenas (Ramírez, 2024). En un país plurinacional y diverso como Ecuador, reducir escaños significa concentrar el poder en zonas urbanas y elites políticas.
Además, menos legisladores significan menos voces fiscalizando al poder ejecutivo y menos control social sobre decisiones estratégicas del Estado. Por ello, como se destaca en la argumentación del “No”, esta medida no busca eficiencia estatal, sino limitar la voz del pueblo en el Parlamento.
Defensa de la Constitución y del Estado democrático
La pregunta del casillero D propone convocar a una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución. Sin embargo, organizaciones sociales alertan que este proceso no surge de la voluntad popular, sino como una estrategia para rediseñar el Estado en favor de intereses económicos privados y organismos financieros internacionales (FMI) (Vega, 2024). Aprobar esta propuesta implicaría abrir la posibilidad de reformar derechos laborales, sociales y ambientales ya garantizados por la Constitución de Montecristi.
El artículo 444 de la Constitución establece que una Asamblea Constituyente debe ser convocada por la ciudadanía mediante mecanismos democráticos, no por una imposición gubernamental. Por ello, votar “No” defiende el principio de soberanía popular y evita que se reescriba la Constitución en favor de minorías económicas (Asamblea Nacional, 2008).
Derechos laborales y regresión social
Votar “No” también es rechazar reformas que flexibilizan los derechos laborales. Diversos análisis señalan que las preguntas sobre modalidades contractuales buscan legalizar jornadas extendidas, contratos por horas y reducción de beneficios laborales (Sierra, 2024). Esto contraviene el artículo 326 de la Constitución, que garantiza estabilidad, seguridad social y trabajo digno.
Al igual que en procesos anteriores, las reformas planteadas responden a exigencias de organismos internacionales a cambio de créditos y financiamiento. Aceptarlas significaría aumentar la precarización del empleo, especialmente en jóvenes y sectores populares.
Seguridad sin recorte de derechos
El gobierno ha promovido la consulta como una respuesta a la crisis de seguridad. Sin embargo, especialistas indican que la violencia no se resuelve con reformas constitucionales, sino con políticas integrales en educación, justicia, empleo y combate a la corrupción (Pérez, 2024). Votar “No” no implica rechazar la seguridad, sino exigir soluciones efectivas sin sacrificar derechos y soberanía.
Votar “No” en la consulta popular es una decisión política consciente para defender la Constitución, la soberanía, la democracia participativa y los derechos conquistados por el pueblo ecuatoriano. No se trata de oponerse por oposición, sino de exigir que cualquier reforma se construya colectivamente, sin imposiciones ni regresiones. Como señalan el texto, “El poder del pueblo no puede reducirse; debe multiplicarse con la organización”.
El camino hacia un país más justo no se construye entregando derechos, sino fortaleciéndolos. En palabras de Galeano (1998), “Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo”.
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