Por: Mateo Rodriguez
El gobierno de Lasso fue derrotado por un gran movimiento popular que construyo redes de solidaridad que se fueron consolidando en acciones de unidad para enfrentar el neoliberalismo.
Los pueblos y trabajadores del Ecuador protagonizaron 18 días de movilizaciones con el objetivo de exigir al gobierno de Lasso el cumplimiento de la plataforma de 10 puntos presentados por la Conaie, que resume las principales revindicaciones que los sectores populares han venido planteando, y estas se resumen en: Congelamiento y reducción de los precios de los combustibles; moratoria de las deudas de la banca pública, privada y cooperativas; precios justos, control de precios y combate a la especulación; oposición a la precarización laboral y defensa del IESS; oposición a la ampliación de la frontera extractiva y derogatoria de los decretos 95 y 151; respeto a los 21 derechos colectivos; alto a las privatizaciones de los sectores estratégicos; garantizar el pleno ejercicio de los derechos de salud y educación; impulso de políticas públicas efectivas que frenen a inseguridad.
El levantamiento indígena y popular, que tuvo como principal protagonista a las organizaciones indígenas, así como, la de varios sectores políticos y sociales como el Frente Popular y Unidad Popular, entre otros, se desarrolló a nivel nacional e incorporó a varios sectores sociales en especial la juventud y las mujeres. Este levantamiento es el más largo de la historia y muestra la decisión de lucha de los pueblos. El principal centro de las acciones de combate se desarrolló en las calles de Quito, pero no era el único escenario de lucha. Las carreteras de la Sierra y el Oriente, estuvieron totalmente cerradas; en las capitales provinciales se desarrollaron masivas movilizaciones que, en muchas ocasiones, terminaron en enfrentamiento con las fuerzas del orden. En varios territorios se desarrollaron tomas de gobernaciones, pozos petroleros y otras infraestructuras estatales. En las provincias de la Costa, como Guayas, SantoDomingo de los Tsáchilas, Manabí, Esmeraldas y El Oro, las organizaciones de docentes, estudiantes y afiliados al seguro social campesino (FEUASSC) parte del Frente Popular, realizaron cierres de vías y varias movilizaciones en las capitales de esos sectores.
Los niveles de organización y combate de los pueblos fue creciendo en la medida en que avanzaba el Paro; la represión policial fue enfrentada con el combate de la juventud y la guardia indígena. El cerco mediático que se trato de generar fue roto en varias ocasiones por el accionar de propaganda de las organizaciones sociales y de los medios comunitarios. La amplitud y generalización del movimiento generó temor en la burguesía. El discurso racista y xenófobo fue reproduciéndose en las redes sociales y en medios de comunicación tradicionales; los principales opinólogos de la derecha justificaban la mano dura contra el levantamiento y vieron a los ministros de Interior y Defensa como los principales voceros del gobierno; las declaratorias de emergencia permitieron que las fuerzas militares asalten la Casa de la Cultura y el parque El Arbolito para impedir la concentración de la movilización indígena que venía de las comunidades. El carácter de clase del gobierno le llevó a querer ahogar la rebelión con fuego y toletes, según los datos del monitoreo realizado por organizaciones de derechos humanos, se sabe que hubo seis luchadores asesinados, 331 personas heridas, 152 detenidos y 76 vulneraciones a los derechos humanos.
La fuerte represión fue enfrentada por la organización de las masas y la violencia organizada de las mismas, que se organizaron para protegerse frente a la violencia del Estado que ataco comunidades, golpeo a mujeres, niños y adultos mayores.
La contundencia del Paro llevo a que, pese a las bravuconadas de Lasso, el gobierno tenga que ceder y se acepte la reducción del precio del combustible Extra y Diesel, en 15 centavos el galón, la derogación del estado de excepción, así como una serie de compromisos para respetar los derechos de los pueblos indígenas en sus territorios y garantías para que las industrias extractivas no afecten las áreas naturales de país. Cabe señalar que, en esto último, la derogatoria del decreto 95 fue muy importante pues, permite la ampliación de la frontera petrolera, afectando los derechos de los pueblos indígenas y sus territorios ubicados en la Amazonía. Otro de los triunfos se plasma en la reforma al Decreto 151 que define la política minera en el país; en el acuerdo el gobierno de Lasso se compromete a poner un alto a la minería en áreas protegidas y territorios ancestrales indígenas, así como en zonas declaradas como intangibles, arqueológicas y de protección hídrica, significando un aliento importante a la oposición a la minería en territorio como los de Fierro Urco pues, no eran tomadas en cuenta por la legislación como zonas de protección.
La lucha nos dejó muchas enseñanzas, así: vale rescatar en estas líneas el accionar unitario que se fue construyendo en el combate. Esta unidad tuvo su expresión más elevada en la Asamblea Popular, ahí estuvieron los sectores del Frente Popular, así como laos dirigentes y militantes de Unidad Popular, debatiendo y combatiendo juntos.
El gobierno queda muy golpeado, la derrota que le propinó el movimiento popular arrinconó varias de las medidas neoliberales planteadas por el fondomonetario. La reducción del alza de los combustibles es uno de esos hechos y afectará en algún tiempo la ejecución de la carta de intención. Consecuencia de esto, se han conocido varios cambios en los ministerios empezando por el de Economía y Finanzas; Salud; Secretaria de los Pueblos y la SENESCYT.
Por su parte, el movimiento popular alcanzó un gran triunfo, la unidad expresada en las acciones deberá ir fortaleciéndose. La profundidad y consistencia de la misma permitirá que se avance en el proceso de acumulación de fuerzas y se vaya consolidando un Frente Político y Social que permita alcanzar triunfos políticos y electorales en los próximos meses.
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