El Plan de prosperidad no hace referencia directa a la seguridad social, sin embargo el impacto que tendrá en ella es devastador.
El Fondo Monetario Internacional (FMI), instancia multilateral con la que Ecuador ha firmado un acuerdo y que inscribe sus política en el contexto del denominado neoliberalismo, tiene su propia visión de lo que la seguridad social debe ser, muy lejana de lo que los pueblos necesitan.
El FMI ha sido duramente cuestionado en todo el mundo debido a los nulos resultados de sus recomendaciones, en realidad imposiciones, que, cumplidas a raja tabla por muchos países, han llevado a grandes poblaciones a profundizar sus padecimientos.
Esto conllevó a que tenga una mala imagen en todo el mundo, situación que sus directivos intentan cambiar. Para ello sus negociadores ya no imponen cartas de intención, sino que sugieren medidas que los propios países deben tomar. De esa manera ya no aparecen como los que obligan, sino solo sugieren. Así esperan que su imagen mejore. Para conseguirlo cuentan con los altos funcionarios de los diferentes gobiernos que han sido formados con la ideología que rige al FMI, el liberalismo y neoliberalismo. Entonces, la acción conjunta es posible y se da lo que se concretó en Ecuador, un fácil y rápido entendimiento. Ellos, el FMI y el gobierno de Ecuador, con su ministro de Finanzas a la cabeza, piensan igual, tienen ideologías iguales y encuentran iguales salidas.
Respecto de la seguridad social el FMI, en general, plantea lo siguiente: incentivar a las personas a que incrementen su vida productiva, también incentivarlos a que ahorren para su etapa de jubilación y, además, recomiendan la reducción del aporte patronal a la seguridad social.
Por otro lado, los acuerdos con Ecuador contemplan una importante preocupación con los aspectos de protección social, fuertes medidas para superar el déficit fiscal y ausencia expresa del tema de seguridad social, todo esto en forma general. Las generalidades expuestas no son gratuitas, persiguen la inacción de la gente que las lee y no logra inferir lo que esconden, pues no dicen mucho, aunque en realidad definen políticas de gran impacto negativo en la sociedad, difíciles de percibir con una simple lectura. Sin embargo el Plan de prosperidad es explícito en definir que para “protección social” el Estado destinará el 1% del PIB, que aproximadamente es 1100 millones de dólares, una cantidad importante pero definitivamente insuficiente para las necesidades del país.
Solamente en cubrir el pago del 40% del aporte estatal a pensiones se necesitarán para el año 2020 un valor en torno a los 1600 millones, cubrir las enfermedades catastróficas y de los jubilados no será inferior a los 300 millones, el aporte al seguro social campesino demandará otros 80 millones. Pero también será necesario sostener el bono solidario que costará unos 600 millones, al ISSFA e ISSPOL que deberían recibir unos 700 millones, entre otros, como los ofrecimientos de campaña de Lenín Moreno como plan toda una vida o vivienda para todos. Es decir, para el 2020, si se aplica la normativa vigente sobre beneficios sociales o como lo llama el acuerdo con el FMI, protección social, se necesitarán unos 4000 millones de dólares. La simple lógica nos dice que se planea reducir a menos de la cuarta parte el aporte del Estado al bienestar de los ecuatorianos.
Cabe resaltar que el FMI tiene el objetivo de equilibrar las cifras públicas, entonces todas sus “recomendaciones” giran en ese sentido. Si el gobierno tiene poco dinero para gastar encuentran mecanismos para que gaste lo justo y recomienda, no gaste más de lo que tiene, pero lo hace de forma sesgada, perjudicando a los amplios sectores de la población y beneficiando a las grandes empresas.
Ofrece importantes recursos económicos a bajo interés y la intermediación para que otros organismos como el Banco Mundial y otros bancos y países apoyen, pero sobre la base de un “plan”, como el Plan de la prosperidad, presentado por Ecuador, en el que se explica, también en forma general, qué hará el país.
El IESS y el FMI, ¿Tienen relación?
Sí tienen relación y el FMI define. Las políticas que este organismo plantea perjudican directamente a los millones de afiliados, jubilados, campesinos, pescadores.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha llegado a acuerdos con el gobierno ecuatoriano. Es recurrente la afirmación sobre la “protección social” lo que les lleva a destinar el 1% del PIB a ese ámbito, lo que persigue reducir y controlar el impacto de las otras medidas que se implementarán, pero, en los hechos, trae la reducción de la inversión social ya que actualmente se destina a ese sector mucho más que ese rubro.
Si bien, este acuerdo no hace mención expresa al IESS o a la seguridad social, es importante conocer la posición de ese organismo multilateral respecto del tema, en general, plantea lo siguiente: incentivar a las personas a que incrementen su vida productiva, también incentivarlos a que ahorren para su etapa de jubilación y recomiendan la reducción del aporte patronal a la seguridad social.
Incremento de la vida productiva
Esta recomendación del FMI tiene como objetivo que el afiliado se jubile más tarde, la justificación que exponen es que el promedio de edad que vive una persona ha incrementado, por tanto, según ellos, se justifica que se aumente la edad de jubilación.
Proceder de esta manera conlleva que, en épocas de escasez de empleo, los jóvenes y los adultos mayores sufran las consecuencias. Los primeros, los jóvenes, debido a que, como se crean pocas plazas de trabajo nuevas, su única esperanza de obtener una sea que alguien se jubile para ocupar su plaza, lo que se dilata si se aumenta la edad de jubilación. Los segundos, los adultos mayores, que teniendo el derecho a jubilarse no lo hacen por diversas trabas administrativas o legales, lo que limita su derecho al disfrute de su pensión y demás atenciones. Situación que menosprecia su aporte a la sociedad a lo largo de su vida laboral.
La esperanza de vida es el argumento técnico expuesto para tomar esta medida. En Ecuador, igual que en la mayoría de países, la gente vive más y, por tanto, la simple lógica dice que entonces puede también trabajar más.
Ahorrar para la etapa de jubilación
Esta recomendación, que aparece como adecuada, tiene por detrás su complemento que es el cambio del sistema de aportes de reparto al individual.
El ahorro, visto desde la óptica del futuro jubilado, tiene el objetivo de concretar una mejor pensión y así se lo promociona. De esta manera, para su vejez el trabajador dispondría de dos vías de donde vendría su pensión, sus aportes al IESS y sus ahorros previsionales. Visto así no habría más que beneficios. Pero no es así.
Millones de personas dedicando recursos adicionales para su jubilación son miles de millones de dólares para el sector financiero, concretamente para las AFP (Administradora de Fondos de Pensiones) que obtendrán beneficios con recursos ajenos. Entregarán información sobre el uso y destino de los recursos de los afiliados y garantía de un manejo pulcro, lo que no ha sido posible confirmar en países como Chile en donde las AFP son grandes empresas que pagan pensiones de miseria, porque utilizan los recursos de los afiliados para generar alta rentabilidad a la empresa, mientras solo reconocen bajas tasas de interés a los afiliados.
En concreto, el aporte de los trabajadores para financiar el crecimiento económico de empresas privadas.
Los recursos del IESS del seguro de pensiones tendrán igual destino, es decir pasar a manos de las AFPs con el justificativo de que su manejo es poco claro, que han servido de “caja chica” de los gobiernos.
El sistema de reparto sería reemplazado por el sistema de ahorro individual, muy parecido a tener una cuenta de ahorros. Los resultados de estas medidas serán que las pensiones, incluso con un mayor aporte de los afiliados, se disminuirán y los propios fondos correrán el riesgo de desaparecer o disminuir en función de la falta de honestidad de los administradores.
Desde la óptica de las finanzas públicas esta medida tiene el objetivo de reducir los aportes del fisco al bienestar de los jubilados quitándole la responsabilidad al Estado y descargándola en los propios beneficiarios, con el justificativo de que esos aportes tienden a crecer en el tiempo tanto que se vuelve insostenible generando un problema que hace falta resolver, como siempre por el lado del más débil.
Reducción del aporte patronal
En recomendaciones como esta se confirma fácilmente la coincidencia ideológica-política-económica entre el FMI y los grandes empresarios. Ese organismo, aun conociendo, como conoce, la precaria situación de la seguridad social en Ecuador y el mundo, insiste en beneficiar a los empresarios.
Es evidente, si se reduce el pago de aporte patronal se aumentan sus ganancias.
La justificación que ellos ven para adoptar esta medida radica en la “rigidez del mercado laboral” que impone al empresario fuertes restricciones que le impiden, dicen ellos, contratar y generar empleo. Dadas las condiciones actuales de aumento del desempleo y subempleo esta posición de empresarios y gobierno es sumamente perniciosa para los trabajadores ya que, al sostener que las legislaciones que protegen derechos les impide contratar personal, logran recabar el apoyo de miles y miles de desempleados y subempleados que presionados por obtener algún ingreso aceptan las iniciativas empresariales y hasta agradecen, apoyando, sin querer, ni saber, el desmonte de los derechos laborales en favor de la precarización.
Esta medida es poco promovida por los empresarios ecuatorianos debido a que en momentos que se enfrenta una crisis de la seguridad social no es conveniente empujar esta medida.
Ahora que conoce lo que está detrás del acuerdo con el FMI, ¿Usted qué hará?
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