El COVID ha cambiado las relaciones sociales y ha puesto en riesgo la institucionalidad de varios sistemas políticos democráticos. Estas relaciones de poder, que se ven sofocadas por la demanda cada vez más creciente de las personas para garantizar sus derechos fundamentales, revela la inoperancia de las instituciones públicas, pero, además, de la clase política dominante que, en algunos casos poco o nada pueden hacer para solventar esta realidad. Las personas han optado en algunos países obviar las limitaciones sobre los derechos humanos y fundamentales de reunión y la libertad de expresión para comunicar sus ideas, en especial, la falta de garantías y cumplimiento por parte del Estado de cuestiones básicas como una salud digna para todos, sin distinción del poder adquisitivo, educación de calidad, trabajo o subsidio de cesantía, entre otros.
En líneas posteriores se revisarán tres ideas principales: cuáles han sido los límites que la sociedad del COVID ha tenido sobre las protestas sociales, sus efectos en la sociedad, y, por último, que nos depararán los años posteriores con estas medidas y el beneficio para la clase política dominante.
Los límites de la protesta social en la sociedad del COVID
El COVID llegó a los países, en este contexto globalizado, cuando muchos países alrededor del mundo se encontraban protestando duramente contra sus gobiernos por la falta de respuesta de las instituciones democráticas. Es así, como podemos encontrar los casos de Ecuador en octubre del 2019, el caso de las protestas constituyentes en Chile, Haití a finales del 2019, entre otros que revelaban un ánimo generalizado de inconformidad con la calidad democrática y el cumplimiento de los deberes fundamentales del Estado.
Con las medidas tomadas por precautelar la salud pública, tales como el confinamiento general, salvo ciertas excepciones a los sectores estratégicos, se limitó el derecho al tránsito y libre circulación, así como el derecho de reunión de las personas. No obstante, esto tuvo un efecto importante para limitar también la libertad de expresión, pues este último derecho va relacionado de manera próxima con el derecho de reunión para poder ejercer de manera libre las acciones de protesta en el foro público.
Las limitaciones impuestas a estos derechos fueron reemplazadas por un ciberactivismo que, a pesar de tener ciertos elementos importantes que permiten las nuevas tecnologías de la información como las peticiones, foros, campañas, etc., son un reto por los altos niveles de brecha digital y la cultura de expresión popular que se materializa en las calles de la región.
Sin duda las expresiones populares que reclaman el cumplimiento efectivo de sus derechos fundamentales en las calles no podrán ser reemplazadas por cacerolazos en las casas o por un celular, y parece que según el avance de la vacunación masiva no tiene la celeridad adecuada, prolongándose estas limitaciones a la libre movilidad, reunión y libertad de expresión en el tiempo.
Los efectos de estas limitaciones en la sociedad
Estas limitaciones tienen efectos muy importantes en la sociedad que van más allá del tema de la protesta social y que se reflejan en la salud mental de las personas. Han sido ya varios los estudios relevantes sobre el confinamiento que establecen que el miedo, la preocupación y el estrés son respuestas que tienen los seres humanos frente a la incertidumbre de la situación. La Organización Mundial de la Salud ha compartido una serie de estudios e instrumentos para enfrentar esta problemática, así como la ejecución de políticas públicas en conjunto con los países para mitigar el avance de estas condiciones.
Adicionalmente, existen efectos económicos preocupantes en ciertos sectores de la industria que han perdido, pero, también ciertos sectores han tenido ganancias más que significativas como la compra de bienes por internet, entrega remota, streaming, y, los servicios relacionados con la higiene y salud en el ámbito privado, entre otros. Estos contextos facilitan una precarización laboral y el incumplimiento de las obligaciones por parte de ciertos empleadores, cuestión que se ve agravada cuando no existen instituciones de control sólidas en los Estados.
En cuanto a la protesta, existe una represión que, si bien es justificada en un interés mayor como es la salud de la población, también guarda y encasilla los sentimientos de desconformidad que tienen las personas sobre las cuestiones o puntos que eran anteriores de la pandemia, pero, también, respecto al manejo de las decisiones de poder durante la pandemia. En este escenario, podemos encontrar que existe una represión muy importante de ciertos colectivos que cada día se va encrudeciendo por la omisión de las autoridades del Estado.
La presión que tienen los colectivos tarde o temprano volverá a salir, así como sucedió en Chile con las protestas que se dieron en el marco de las medidas adoptadas por el COVID o el caso de Perú con los movimientos que se dieron antes y después de las elecciones presidenciales. Es preciso que exista un equilibrio en las medidas ante el evidente fracaso institucional que están viviendo las sociedades latinoamericanas en muchos de los países. Se necesita que las peticiones de los oprimidos se materialicen en políticas públicas concretas.
Un futuro de restricciones normalizado y beneficioso para la clase política dominante
El problema que podemos encontrar es que las medidas que limitan los derechos fundamentales de libre movilidad, reunión y libertad de expresión cada vez se van normalizando como parte de esta “nueva realidad”, cuestión que representa no solo un interés por la salud pública, sino que también representa un beneficio claro hacia el establishment político, pues podrán controlar mediante el derecho punitivo y acciones coercitivas del Estado a la sociedad, evitando que las decisiones, sean acertadas o no, se vean cuestionadas por las expresiones populares.
¿Se puede plantear un sistema democrático con la restricción de estos derechos fundamentales? ¿Podemos vivir en estado de zozobra y de restricciones durante más meses? Al parecer con las diferentes variantes de la COVID como la delta, pasarán muchos meses más hasta ejercer con plena libertad los derechos fundamentales, en especial, la protesta social.
Estas nuevas circunstancias nos llevan a pensar si en verdad estamos en un modelo democrático o si vamos hacia senderos distintos, como sociedades, creo que aún no tomamos conciencia plena de la limitación de derechos y la necesidad de preguntarnos ¿Hacía donde caminamos como sociedad frente al COVID? Tal vez es momento de repensar las relaciones de poder y plantear un sistema político más justo y equitativo. Que la pandemia no sea un instrumento de ventaja para la clase política dominante que fortuitamente aprovechan para su perpetuidad, más bien que la pandemia sea un elemento para la reestructuración de las relaciones de poder y el cumplimiento de los derechos fundamentales, que se escucha más allá de las fronteras imaginarias de América Latina.
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