La necesidad de institucionalizar la lucha contra la corrupción

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La sociedad ecuatoriana ha tenido un largo y extendido conflicto con la corrupción, desde las mismas causas que fueron el motor de la independencia colonial, pasando por la época republicana hasta los actuales momentos que discutimos sobre los mecanismos y métodos para enfrentar este fenómeno no ha dejado de ser una realidad claramente palpable. Podemos ver diversas conceptualizaciones de corrupción en las diferentes conductas individuales o colectivas, en instituciones públicas o privadas, e inclusive sobre los sentimientos morales y las normas jurídicas.

El escenario que tenemos en la actualidad tiene una vinculación directa con este pasado, la corrupción en el Ecuador tiene características sistemáticas, es decir, se encuentra más allá de los tres sectores reconocidos como público, privado y sociedad civil, por lo tanto, esta no puede ser autónoma de un determinado grupo de personas, partido o movimiento político, institución pública o empresa privada, la encontraremos de manera indiscriminada en los diferentes contextos y situaciones que involucren las conductas del ser humano.

En la actualidad existen una gran cantidad de casos que se encuentran judicializados o no, pero con especial énfasis los que ocurrieron en la gestión de la anterior administración, entre otros, siendo algunos de estos casos hechos públicos y notorios, como los casos que involucran a la EP Petroecuador y otros relacionados con estructuras privadas transnacionales de la corrupción, tal como “Odebrecht”. También existe un serio cuestionamiento sobre los mecanismos e instituciones de control de la corrupción como el CPCCS, poniendo en entre dicho su propia existencia, también, se han planteado esfuerzos más políticos que técnicos por el ejecutivo y cierto sector con influencia empresarial, y se busca firmar cualquier acuerdo internacional esperando que con su sola suscripción la corrupción se reduzca.

Una vez revisada de manera breve pero concisa, el contexto en el que se desenvuelve la corrupción, es importante respondernos dos preguntas importantes: ¿Cómo podemos enfrentar la corrupción?, y ¿Qué medidas son las que se deben emplear?

En nuestro país, como en ningún otro, hemos decidido enfrentar la corrupción con una estructura jurídica-política particular, hemos modificado la regular tesis europea republicana de los tres poderes por cinco funciones del Estado, siendo una de estas la Función de Transparencia y Control Social o FTCS, la cual es rectora de la normativa en materia de control social y transparencia, buscando incentivar, promocionar y enfrentar la corrupción de manera independiente de las otras funciones del Estado, generando políticas públicas de transparencia, control social, rendición de cuentas, promoción de la participación ciudadana y lucha contra la corrupción, pero sobre todo, agrupa una serie de instituciones como el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social –siendo una institución central por sus competencias-, Defensoría del Pueblo, CGE, y las Superintendencias.

En el caso del CPCCS, como institución relevante para el cumplimiento y ejecución de la FTCS, se debe aclarar que tiene la obligación jurídica de ejecutar dos áreas sustantivas, la primera es la designación y evaluación de autoridades, y la segunda, respecto a la promoción y gestión de la participación ciudadana, transparencia, rendición de cuentas y lucha contra la corrupción. Por lo tanto, es una institución especializada para lograr que mediante los mecanismos antes mencionados, se logre una relación más próxima entre ciudadanía y Estado –la denomina construcción “del puente de plata” de la democracia directa o participativa- que permita empoderar al ciudadano de sus derechos para la construcción de políticas públicas, normativa o la fiscalización de los actos ejecutados por el sector público.

En el caso de la segunda pregunta, las medidas que deben ser empleadas deben alejarse relativamente de las decisiones del poder, y con esto no quiero decir que sea una ruptura absoluta, sino que debe ser complementaria y proporcional. Deben preponderar las medidas debidamente motivadas de carácter técnicas y holísticas, complementadas por la voluntad política. Si solo se establecen móviles netamente políticos, será la corrupción política la que genere un abuso del discurso anticorrupción para su finalidad privada o particular, degenerando más la calidad democrática y evadiendo el problema de la corrupción, como bien ha venido sucediendo hasta el momento. Manifestar que una institución pública estatiza la participación ciudadana, es inverosímil, la participación ciudadana no puede ser estatizada, es propiedad de la sociedad, podrán criminalizarla, manipularla o reprimirla, pero por su naturaleza, jamás podrá ser estatizada, la historia de los diversos pueblos nos ha enseñado que tarde o temprano la ciudadanía y su participación puede actuar contra el Estado, y cuando lo hace, no hay Estado o régimen que pueda controlarla.

Se ha escuchado de manera repetitiva que se “debe eliminar el CPCCS”, a posteriori que se debe “eliminar ciertas competencias del CPCCS”, aportando para el sentir de inseguridad y aparente desconocimiento del ¿Qué se debe hacer? Sin embargo, es inverosímil que la decisión de eliminar una institución del Estado o limitar sus competencias pueda darse bajo un análisis solamente político o de opinión sin el debido sustento metodológico y un informe técnico que establezca conclusiones o recomendaciones específicas sobre el tema –o por lo menos una auditoría que revele objetivamente una necesidad de eliminar la institución-, ese es el primer paso que se debe dar para generar una verdadera institucionalidad, que es un factor necesario para reemplazar las antiguas y regulares prácticas que permiten que las opiniones, sin una debida justificación, se materialicen y ejecuten como políticas públicas que inciden y nos afectan como parte del sistema democrático. Es necesario que impere la razón argumentada frente a las calenturas del poder, sea para eliminar, limitar, repotenciar o modificar la normativa o cualquier institución pública, más aun las que tienen potestad de control como en el caso del CPCCS, cuando estas propuestas provienen de manera directa o indirecta de sectores económicos de poder.

Pedro Martín Páez Bimos

Abogado, investigador en ciencias jurídicas y sociales, sensible a las injusticias sociales
Pedro Martín Páez Bimos