Desde el 2022 y en lo que lleva del 2023 altas tasas de mortalidad no solo por siniestros viales, sino también por el alto nivel de criminalidad que se ha elevado en este año y medio que llevamos. La violencia de género, las revueltas carcelarias, los secuestros y la corrupción es la realidad que los casi dieciocho millones de habitantes vivimos a diario. En la que el actual gobierno no pudo dar solución y deriva una crisis política por la que cual fue llamado a juicio político. Ante su inminente destitución por parte de la Asamblea, Guillermo Lasso, decidió aplicar el artículo de la constitución que le permite lo que se conoce como muerte cruzada. Revisemos el contexto en el cual se desarrolló esta causal para disolver la Asamblea y llamar a elecciones anticipadas.
Hace 16 años el 20 de octubre de 2008 en Montecristi Manabí se dio a conocer la nueva Constitución de la República del Ecuador por el ex presidente Rafael Correa para reemplazar la Constitución Política de 1998. En la actual constitución existe el artículo 243 que manifiesta:
“La Presidenta o Presidente de la República podrá disolver la Asamblea Nacional cuando, a su juicio, ésta se hubiera arrogado funciones que no le competan constitucionalmente, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional; o si de forma reiterada e injustificada obstruye la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, o por grave crisis política y conmoción interna”.(2008,pág.57)
El desarrollo de este artículo y aplicación del mismo tiene tres causales claramente detalladas que manifiestan las razones bajo las cuales se aplicaría la muerte cruzada y es justamente la grave crisis económica y conmoción interna la que refleja por qué el actual Presidente del Ecuador Guillermo Laso declara el 17 de mayo de 2023 la disolución de la Asamblea. Dicha medida trae como consecuencia elecciones anticipadas y una consulta popular que se efectuará el 20 de agosto de 2023.
En Latinoamérica, Ecuador es el primer país en aplicar dentro de su constitución la muerte cruzada por inestabilidad política, económica y social. Para la mayoría de ecuatorianos existe desconocimiento total o parcial sobre qué significa el artículo 243 e incluso las consecuencias que conlleva la ejecución de este decreto.
Dentro del campo educativo existe incertidumbre por el porvenir del país por parte de los directivos, administrativos y docentes, sin embargo si hablamos de los estudiantes las reacciones son diferentes debido a que influye de forma radical la edad y el nivel académico que estos posean. Si hablamos directamente de los niveles de educación desde inicial hasta básica superior el interés que los dicentes ponen sobre los problemas políticos que vive el Ecuador es casi nulo, en bachillerato la atención sobre el tema es parcial, pero si hablamos de la educación superior podemos decir que existe curiosidad, atención y mayor interés sobre la realidad social y política que vive el país.
Por lo tanto, tomaremos como referencia la educación superior debido a que la mayor parte de estudiantes posee carácter crítico y reflexivo acerca de lo que sucede actualmente. Una de las reacciones y preocupaciones que gran parte de estudiantes universitarios tiene es ¿qué pasará con Ecuador durante los últimos ocho meses de gobierno del presidente Laso? o ¿se podría generar nuevos decretos durante estos últimos meses de mandato? e incluso ¿podría existir mayor crisis económica debido a la inversión que se dará por las elección anticipadas?
De forma superficial podemos dar una respuesta breve que vendría a ser más como una hipótesis que englobaría a estas tres preguntas en la que se manifestaría que durante los últimos meses de mandato podrían darse cambios que vayan en beneficio de ciertos sectores o grupos sociales especialmente de aquellos más favorecidos y las consecuencias de las decisiones o aplicación de las mismas recaigan sobre los menos favorecidos generando mayores desigualdades e inequidad social en Ecuador.
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