Por: Manuel Tonato
El día jueves 20 de mayo del 2022, las fuerzas policiales realizan el “Operativo Dominó”, en el que toman como prisioneros a ocho miembros de la organización política Movimiento Guevarista Tierra y Libertad, acusados de delincuencia organizada, trata de personas y reclutamiento para grupos guerrilleros.
Esta actuación del gobierno a través de su aparato represor, es una muestra que evidencia el sello de clase del Presidente Lasso y su gabinete, efectivos para perseguir a los luchadores sociales y sus organizadores, incapaces para perseguir a la delincuencia, el narcotráfico y la corrupción, por ejemplo, de acuerdo con Vistazo, “de 100 casos encontrados por la Policía, en los cuales hubo claros elementos de convicción, esto es, indicios de delitos relacionados con tráfico de drogas…, la justicia se inhibió de acusar…, en 85 de los expedientes, se detectaron problemas con el fiscal o con el juez que conoció el expediente” (Vistazo, 2022).
Mientras que desde el 2021 se entregan, más de 1.000 pedidos de habeas corpus, incluyendo el habeas corpus concedido al Ex Vicepresidente Jorge Glas, involucrado ahora en videos de presuntos actos de corrupción, presentados por portales digitales. El gobierno busca tapar con una cortina de humo lo que los ecuatorianos vivimos a diario, y que no ha resuelto hasta el momento, amotinamientos en las cárceles del país con verdaderas masacres, delincuencia organizada atacando a la población a toda hora y en todo momento, estados de excepción fallidos, cambios de ministros incompetentes, y en general, crisis económica de los sectores sociales y populares.
La lucha social no es terrorismo, la derecha, el gobierno de Lasso y la oligarquía en el país tienen sabor amargo del Levantamiento Indígena y Popular de Octubre, que frenó con la movilización y la protesta las intenciones de entregar el país al imperialismo y a los grupos de poder, imitando a sus panas Correa y Nebot, le ponen a la izquierda y a las organizaciones sociales como blanco de persecución.
Ahora persiguen a estudiantes, docentes universitarios y luchadores sociales, las pruebas con las que cuenta el gobierno, son las convocatorias a escuelas de formación política, libros y declaraciones políticas, recordando a los “10 de Luluncoto”, que estuvieron en prisión un año acusados de terrorismo por el correismo, con más que unas botas y retratos del Ché Guevara como evidencias.
El pueblo empieza a movilizarse contra la política neoliberal y entreguista del gobierno de Lasso, contra el alto costo de la vida, la falta de empleo, la delincuencia, la falta de medicinas en los hospitales, estos elementos van calentando las calles, la movilización de los maestros y en esta semana de los estudiantes universitarios, las movilizaciones de los agricultores y productores de leche, entre otras, son expresiones de descontento e inconformidad frente al año de gestión del actual gobierno, en medio de este escenario, se reactiva la persecución contra las organizaciones sociales y populares.
Hasta el momento no se resuelve la apelación contra el habeas corpus de Glas y otros delincuentes, se roban las armas de los policías, y la judicatura se encuentra en franca pelea por espacios de poder, todo esto antes del discurso por el 24 de mayo del Presidente Lasso, quien al parecer empieza a construir nuevos enemigos públicos para desviar la atención de los verdaderos problemas que atravesamos, como consecuencia de acciones, omisiones intencionales e incapacidad del “gobierno del encuentro”.
Nos solidarizamos con los luchadores sociales detenidos, con el movimiento MGTL, llamamos para que los organismos de derechos humanos velen por la seguridad de los apresados y rechazamos esta nueva persecución política, ahora en tiempos de Lasso, la lucha social no es terrorismo.
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