Por: Ezequiel Rojas
Antecede a la aprobación del proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a Varios Cuerpos Legales para el Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales y laa Seguridad Integral, (29-03-2023) y al Decreto Ejecutivo N° 707 (1-04-2023), unos hechos que influyen y permiten sospechar que, existen acuerdos anticipados entre los actores y beneficiarios de estas normas punitivas.
Vale recordar que, en septiembre del 2022, estuvo presente una delegación de altos jefes militares del Comando Sur, para establecer acuerdos sobre el combate al “narcotráfico, el terrorismo y el crimen organizado”, y también, sobre la seguridad ciudadana y los problemas del cambio climático”.
En noviembre de 2022 el Ministerio del Interior subscribió un acuerdo con la AFT (la Dirección de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos del gobierno de EE.UU.) para poder integrar al sistema eTrace de exploración digital de portabilidad de armas. La “recomendación” del Comando Sur es que el control de las armas, este a cargo de las Fuerzas Armadas.
En marzo de 2023, la Armada Nacional presentó un reglamento que normaliza la presencia de las empresas de seguridad privada en los espacios marítimos.
La embajada norteamericana tienen una estrategia para intervenir en todos los ámbitos del Ecuador, para impedir la injerencia de China en los espacios comercial, industrial y financiero, utilizando una conocida expresión de “ayuda” en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado.
El año 2022, finalizó, con un altísimo índice de muertes violentas. 1301 Homicidios, 57 Sicariatos, 228 Femicidios y 5332 Asesinatos, que da un total de 6918, muertes violentas. 25 asesinatos diarios por cada 100.000 habitantes, el quinto más violento de Latinoamérica. Esto refleja la incapacidad y la descomposición de las instituciones encargadas de garantizar la seguridad de los ecuatorianos. La ausencia de políticas públicas que asegure la paz y la convivencia sin zozobra de las familias que habitan los barrios.
Esta realidad tiene relación con la política neoliberal que impulsa el gobierno del presidente Lasso. Tributos para los sectores medios, pobres y condonación a los ricos. Mayores ganancias para la banca y empresarios, sueldos y salarios bajos para empleados y trabajadores. Extractivismo agresivo legal e ilegal en las fuentes de agua y áreas protegidas por su biodiversidad. Pobreza y pobreza extrema, baja inversión en salud, medicina, educación, mayor acumulación de riqueza de los grupos económicos.
Esto implica, que el Estado no garantiza la vida, el trabajo, y peor aún, no administra ni garantiza la protección de los ciudadanos, la ley de la Asamblea y el Decreto ejecutivo convierten a la seguridad ciudadana en otra mercancía.
Las reformas al COIP, restan derechos y libertades
Las reformas aprobadas en la nueva ley, cambia o descarta los articulados de las siguientes normas: Ley Orgánica de Seguridad Pública y del Estado, Ley de Defensa Nacional, Código Orgánico Integral Penal, Código de la Niñez y Adolescencia, Ley Orgánica de Extinción de Dominio, Código Orgánico de la Función Judicial, Ley de Telecomunicaciones y el Código de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público.
Las 89 reformas al Código Orgánico Integral Penal, entraran en vigencia desde el 12 de mayo del 2023. La más compleja es la creación de la figura del agente encubierto informático. Este permite la grabación de audio y video de cámaras de vigilancia, ojos de águila, convirtiéndolas en pruebas para inculpar. Correa lo hizo durante todo su periodo, al margen de la ley, hoy, Lasso y la Asamblea Nacional, amplían, el carácter punitivo y represivo, la persecución y el espionaje afectará a todos quienes expresen oposición al gobierno de turno, es decir, no solo aplica a las personas ligadas a las organizaciones criminales, sino a dirigentes, sociales y políticos.
La infiltración de un policía o militar con falsa identidad en foros, chats, etc., para acopiar datos de las distintas redes sociales, plataformas virtuales, etc., sin autorización de un juez, es un nuevo paso para configurar un estado policial, debilita aún más, el debido proceso.
Para afirmar este poder punitivo del casco y el tolete, el gobierno ha acordado comprar, o talvez, ya lo hizo, el programa Pegasus de fabricación israelí, los expertos señalan que esta herramienta tecnológica puede rastrear todo tipo de información. Se asemeja a lo aplicado por Correa que desde el 2012 a través del programa Galileo espiaba a líderes sociales y organizaciones sociales y defensores de la naturaleza y los derechos humanos.
En el artículo 369 del COIP se incorpora un inciso que dice “colaborador”.
“Por colaborador se entenderá a quien ofrezca, preste o facilite conocimientos jurídicos, contables, técnicos, científicos, ya sea de manera ocasional o permanente remunerados o no con el propósito de servir o contribuir a fines ilícitos de la organización “.
Esta es una ruleta rusa para varios profesionales que podrían ser involucrados y hasta sentenciados por ser contratados por una empresa que tiene vínculos con las organizaciones de trafico de estupefacientes u otros y que el contador o abogado desconocía la subterránea actividad de la empresa equis.
Surgen varias preguntas ¿Qué instituciones son las encargadas de registrar a las empresas? ¿Quién controla los flujos de dinero en las cuentas? ¿La licitud de esos dineros? ¿Quién persigue los indicios de ilegalidad? Es conocido que los grandes flujos de dinero que circula del narcotráfico es a través de empresas financieras, comerciales, navieras, industriales formales. Sino recordemos la estructura del Gran Padrino y otras. Las personas honestas demandan una investigación justa.
La tenencia y porte de armas, más violencia
Esta es una vieja aspiración de ganaderos, dueños de las empresas de seguridad privada y entidades financieras. La flexibilización de la tenencia y porte de armas deja claro quiénes se benefician. Son quienes pueden comprar armas, municiones, explosivos. Apunta a enriquecer y favorecer a los grupos de poder. La seguridad y protección se convierten en una mercancía para las elites. ¿Quién puede pagar? Los agroindustriales, ganaderos, banqueros.
Los que sufren la violencia estructural no pueden dejar de alimentar o educar a sus hijos para comprar un arma. Los más de 6 millones de personas en Ecuador que sobreviven con menos de US$3 diarios, el 40% de la población económicamente activa que no tienen empleo adecuado, los aproximadamente 800.000 jóvenes de entre 18 y 24 años que no estudian ni trabajan, solo un Estado dirigido por un gobierno que se declara incapaz de resolver los acuciantes problemas de la población como la inseguridad, obvia esta realidad.
La flexibilización de la tenencia y porte de armas, encarga el control a las Fuerzas Armadas de las existentes y las que se importarán. Esta atribución a generado escepticismo, por cuanto, se ha difundido que existe tráfico de armas y municiones fabricadas en la Empresa Pública Santa Bárbara, a cargo del Ministerio Defensa, los robos de las amas de los rastrillos de la Policía y las Fuerzas Armadas y el creciente tráfico de armas de grueso calibre que circulan y son usadas en actos ilícitos y en las masacres carcelarias.
Pese a la falta de transparencia y rendición de cuentas la fabricación de armas, de explosivos, gases sólo lo harán las empresas que la mayoría de acciones le pertenezca a las Fuerzas Armadas o al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA). Se otorga a la institución castrense mayor poder económico en nombre de la seguridad y la defensa nacional.
Las Fuerzas Armadas protectora de la política extractivista
El poder que autoriza esta ley a las Fuerzas Armadas es dar garantías de seguridad a los inversionistas que exploren un pozo petrolero o surquen los suelos para obtener minerales. Consta en la ley que debe haber una clausula especial de seguridad en todos los contratos relacionados a los sectores estratégicos y servicios públicos.
Esto se inscribe en la lógica de la doctrina de seguridad nacional que impulsa el Comando Sur, hoy denominada disuasión integrada, que hace alusión al enemigo interno. Esto supone que las concesiones mineras y petroleras se impondrán por la fuerza, vulnerando los derechos colectivos ciudadanos y las comunidades de indígenas y campesinos, en la práctica, se busca eliminar la consulta previa, libre e informada que señala la Constitución.
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