La ofensiva empresarial que viene desplegándose desde hace tiempo atrás, alcanza sus objetivos en medio de la crisis sanitaria que atraviesa el Ecuador y el mundo, y que afecta fundamentalmente a los trabajadores y los pueblos del Ecuador, pues junto a su principal aliado el gobierno pro empresarial y anti obrero de Lenin Moreno acaba de plasmarse nuevos mecanismos que precarizan aún más la mano de obra en nuestros país.
Para analizar lo que está aconteciendo en el mundo del trabajo, desde inicios del actual gobierno la presión empresarial busco establecer acuerdos, que signifique el retorno de las épocas neoliberales, esta fue enfrentada de manera importante por los trabajadores organizados en el FUT, así como también por los sectores sociales y populares organizados en el Frente Popular, unidad que impidió durante algunos años que se cristalice los acuerdos entre el gobierno y los empresarios.
Desde inicios del 2019 la ofensiva del comité empresarial y del Fondo Monetario Internacional, buscaron imponer la flexibilización laboral que establecía nuevas modalidades de contratación, eliminación de los recargos en los contratos como el contrato a tiempo parcial, ampliación de los contratos a prueba hasta 3 años, ampliación de la jornada laboral hasta 12 horas diarias, eliminación de los valores en las jornadas de sábado y domingo, ya que estos pasarían hacer parte de la jornada normal, reducción en las indemnizaciones por despido intempestivo, poniendo en riesgo la estabilidad laboral, eliminación de las utilidades y de la jubilación patronal, propuesta que fue acordada casi en su totalidad por el gobierno, los empresarios y organizaciones como la CUT, la CTE en el Consejo Nacional del Trabajo y Salarios.
Estos acuerdos fueron enfrentados con firmeza en las calles por el movimiento obrero, la juventud y los pueblos y nacionalidades indígenas agrupados en el FUT, FP y la CONAIE, dando como resultado la consolidación de la unidad de estos tres importantes actores de la lucha social en el país, quienes han liderado la oposición al retorno al neoliberalismo en nuestro país, y encabezando el levantamiento indígena y popular, la huelga nacional y el paro del pueblo que en octubre del 2019 voto a bajo las medidas económicas, la reforma laboral anunciadas por Moreno.
La tesis empresarial que les reocupaba los altos niveles de desempleo en el país, y que para enfrentar esto era necesario realizar una reforma laboral que flexibilice las modalidades de contratación, y que fue no solo bien vista por el gobierno sino que además la sostuvo, ha caído por su propio peso pues los argumentos y planteamientos que hemos venido sosteniendo los trabajadores han demostrado que la flexibilización laboral no resuelve el problema del desempleo sino que por el contrario lo agrava, pues esta lo que hace es precarizar las condiciones de trabajo y la vida delos obrero, por lo que han sido rechazadas por la mayoría de ecuatorianos.
Sin embargo y como era de suponerse esta disputa intensa que se desarrolla en el sistema capitalista entre los dueños del capital y quienes vendemos nuestra fuerza de trabajo a cambio de un salario es decir entre empresarios y trabajadores, entre ricos y pobres, no está saldada todavía y cada vez más se presentaran nuevas disputas.
Desde ámbito es los empresarios aprovechándose la pandemia del corona virus buscan cristalizar sus anhelos de alcanzar la tan soñada flexibilización laboral, que les garantice obtener o al menos mantener sus jugosas ganancias y acrecentar sus fortunas, sin importarles incluso la vida de los trabajadores lo que expresa su verdadera condición inhumana, pues para ellos primero está el capital, así tengan que arrasar con la vida de sus trabajadores.
Es así que el martes 25 de marzo el Consejo de Cámaras y las Asociaciones de la Producción, en carta pública dirigida al Presidente Lenin Moreno solicitan algunos elementos ya conocidos dentro de la propuesta de flexibilización laboral entre ellos: el pago de utilidades de manera prorrateada para 12 meses, diferimiento del pago de las obligaciones patronales con la seguridad social por 90 días de los meses de marzo, abril y mayo, y finalmente establecer normas para que en el sector privado se posibilite la figura de la licencia sin remuneración, es decir despidos o vacaciones no remuneradas obligatorias, reducción de erogaciones inmediatas es decir disminución de salarios y derechos , nuevas formas de contratación con jornadas acordadas laborales todas estas “con acuerdos entre las partes”.
Aprovechando de la amenaza que significa la pandemia del corona virus, el gobierno recoge de manera integral el pedido de las Cámaras y Asociaciones de la Producción, cristalizando el mismo el 28 de marzo mediante el acuerdo ministerial se establece la libertad para que se pueda “llegar a acuerdos” para prorratear los salarios, para que las jornadas se alarguen de ser necesario o se pueda prescindir del personal de trabajadores es decir se pueda despedir u obligar a salir de vacaciones o tomar vacaciones anticipadas no remuneradas.
Situación que ha sido aprovechada rápidamente para iniciar con toda una oleada de despidos de los trabajadores como está ocurriendo en el sector de las floricultoras de Cayambe y Tabacundo sectores en donde incluso se han dado acciones de protesta a las afueras de las empresas florícolas como las ocurridas el día lunes 30 de marzo; el mismo escenario se está presentando en las empresas de línea blanca como Ecasa donde se ha iniciado los despidos de los trabajadores a quienes se les quiere obligar a cobrar sus indemnizaciones con artefactos en vez de dinero en efectivo como señala la ley, lo que pone a las claras que no es posible un acuerdo entre las partes de manera voluntaria y por el contrario lo que se está ejecutando es la imposición y abuso de la patronal que busca proteger su capital, sin importarte la vida de sus trabajadores, quienes en medio de esta emergencia de salud que vivimos el pueblo ecuatoriano y que afecta en lo fundamental a los trabajadores y sus familias, lo que deja en claro la naturaleza rapaz de los dueños del capital.
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