Por Carlos Alvarado Santana
Como es de conocimiento general, el 20 de febrero del año en curso, el Presidente de la República anuncio a través de los medios de comunicación, un nuevo acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y algunos organismos multilaterales de desarrollo, que según el principal del gobierno, entregarían más de 10.200 millones de dólares, “olvidando” informar los compromisos adquiridos y las consecuencias para los ecuatorianos.
Tal acuerdo fabricado hace algún tiempo y anunciado oficialmente hace pocas semanas, ha despertado las simpatías y el entusiasmo de algunos sectores empresariales y de algunos dirigentes políticos y analistas al servicio de los monopolios internacionales, los grandes empresarios y del gobierno de turno, en tanto que, los trabajadores, campesinos, los moradores de los barrios pobres, las amas de casa, y otros sectores sociales han tomado con recelos y hasta con rechazo, el anuncio oficial.
LA MESA SERVIDA PARA EL FMI
Rafael Correa Delgado, su administración gubernamental, considerada la más corrupta de la historia del país, al cabo de 10 años, dejo una economía quebrada, con escasas reservas monetarias, con una elevada deuda pública que sobrepasaba el 60% del PIB, con diversas obligaciones incumplidas, con los trabajadores del sector público, con los jubilados a los que aún no cancelan sus haberes y compensaciones, con una seguridad social al borde de la quiebra, con una buena parte de la producción petrolera comprometida con bancos chinos y empresas tailandesas, entre otras cosas.
A esto se suma toda una estructura jurídica creada para cubrir y “legalizar” la corrupción que se desarrollo de arriba abajo y en todas las instituciones del poder burgués.
Ante los males evidentes de la economía y ya con pocos recursos, Correa abrió las puertas del país al Fondo Monetario Internacional, que paso a analizar las cuentas nacionales. Por tanto, hay que tener claro que este organismo internacional viene desde tiempo atrás, proponiendo y presionando por la adopción de medidas de ajustes que contiene el recetario fondomonetarista, en su mayoría inspiradas en el esquema neoliberal.
Ya en el gobierno del Lcdo. Moreno -extensión y continuación de la administración correista- el Fondo Monetario Internacional siguió a través de la Comisión Técnica instalada en el país, presionando, dirigiendo las medidas económicas que fueron impuestas.
Durante el 2.018, la comisión técnica del FMI y las autoridades económicas del gobierno fueron diseñando el programa de ajuste, determinando los tiempos, generando las condiciones para su implementación. En esa dirección se lanzó desde la presidencia y del Ministerio de Finanzas una campaña publicitaria y argumentativa, orientada a justificar la presencia del Fondo en el país, casi que en ocasiones, algunos articulistas y analistas liberales a ultranza, nos convocaban a batir palmas por los supuestos salvadores de la economía.
A momentos se quejaban de la nefasta administración correista, para recurrir a la aceptación popular de las medidas que le impondrían.
El acuerdo con el FM fue cuajando y concretándose en un proceso y se cerró en el cuadragésimo noveno Foro de Davós realizado desde el 22 al 25 de enero del presente año, escenario aprovechado para la reunión entre la Directora Gerente del Fondo, Christina Legarde y el Lcdo. Lenín Moreno acompañado de su Ministro de Finanzas, Economista Richard Martínez. El 20 de febrero se hizo el anuncio oficial de lo que se venía trabajando más de un año.
El gobierno para concretar tal acuerdo, fue dando al Fondo muestras de su decisión de someterse, elevando el precio de las gasolinas Super 92, luego la extra y la eco, el diesel para algunas actividades, luego viene la reducción del gasto público, principalmente en Salud y educación. (Ver Presupuesto General del Estado)
El programa del bono de “solidaridad”, de la miseria -llaman muchos-, va siendo reducido enormemente. Actualmente, se dice que de 2 millones de madres pobres inscritas en el programa quedarían cerca de 400.000 mil.
LAS CONCESIONES COMO PARTE DE LA POLITICA PRIVATIZADORA
Se ha anunciado por parte del asesor presidencial, Santiago Cuesta, el impulso de las concesiones de las empresas públicas. Ha dicho que la empresa más rentable, la CNT se concesionara por 4.000 millones de dólares por el tiempo de 20 años, que las eléctricas se concesionaran por 20.000 millones de dólares, que se concesionaran algunas carreteras, que se venderá TAME y otras empresas públicas.
De fuentes gubernamentales, y de las informaciones de prensa, se conoce que tratan de deshacerse de 26 empresas públicas, para lo cual van a reducir el 10% del personal con nombramientos, lo que significaría el despido de cerca de 4.000 trabajadores de planta, además del despido de miles de trabajadores con contratos, lo cual ya está ocurriendo en el área de salud y educación.
LAS COSAS DEBEN DECIRSE COMO SON
El gobierno calcula qué en el periodo de tres años, recibirá más de 10.200 millones de dólares. ¿Como es esto?.
En realidad, el Fondo Monetario Internacional prestará (no regalará), 4.200 millones de dólares que entregará por partes en el periodo de 30 meses, todo bajo la supervisión de la denominada comisión técnica que seguirá de cerca el cumplimiento del acuerdo por parte del gobierno. Se dice que por la tercera semana de marzo se entregará la primera parte, 1.800 millones de dólares.
Pero esto supone la implementación de medidas tributarias, entre ellas, la elevación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 12 al 14%, impuesto indirecto que pagamos todos los ecuatorianos, el mismo que contribuirá a elevar el costo de la vida. Algunas reformas en este terreno irán en dirección de aliviar la carga a los empresarios, y sacar más recursos de los bolsillos de la gente trabajadora y pobre del país.
Se pretende presentar como un logro los recursos que estiman podría obtener el gobierno, buscan generar la idea que es consecuencia de la buena gestión gubernamental que esos presuntos créditos sean a largo plazo y bajas tasas de interés.
Como ya dijimos, el FMI otorgará 4.200 millones de dólares (Ver google, página del FMI y su departamento de comunicaciones del 21 de enero) donde se informa del crédito de 4.200 al Ecuador. Estos recursos se conceden en condiciones de déficit de Balanza de Pagos y fiscal.
Los otros 6.000 millones de dólares provendrían, según estimaciones del gobierno, de los denominados organismos multilaterales de desarrollo, Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Mundial (BM), Banco Europeo de Inversiones (BEI), Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), la CAF, y Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR).
Al respecto cabe señalar que lo de los plazos largos y bajas tasas de interés, no es un logro del gobierno, eso es parte de la política que siguen esos organismos por más de tres décadas, es lo que se conoce como créditos blandos. En general, son créditos de inversión, van para obras ciertas, para lo cual se debe justificar todo anta las comisiones respectivas. En verdad, son créditos dependientes, amarrados a las decisiones de esos organismos. No han faltado ocasiones, en que los constructores de las obras son empresas de los países donde tienen domicilio estos organismos.
Según algunos medios de prensa, esos créditos se desembolsarán en el periodo de tres años. Así, en 2.019 , 4.600 millones de dólares, en 2.020, 3.100 millones de dólares, y en 2.021, 2.500 millones de dólares, para lo cual, como dicen ellos, se deben “aplicar reformas profundas”.
LAS CALLES Y LA ACCION DE MASAS DEBE Y PUEDE DETENER LAS SEVERAS CONSECUENCIAS DE ESTE NUEVO ACUERDO CON EL FMI Y OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES.
Se confirma una vez más que el gobierno de Moreno es una administración continuista, una extensión desarrollada del correismo, en realidad, es en esencia, profundamente reaccionario, neoliberal y servil a los intereses de los grandes empresarios del país y las transnacionales.
No son los responsables de la crisis, los que cargarán con el peso y las graves consecuencias de los compromisos adquiridos por el gobierno de Moreno con el FMI, sino los trabajadores y pueblos de Ecuador que quieren condenarlos a seguir sumergidos en el hambre y la miseria. Esto es un reto, se convierte en convocatoria a la pelea.
Hay varios escenarios para esto, pero las calles es uno de ellos y ellas deben llenarse de pueblo y con bravura echar abajo este malhadado acuerdo antipatria y antipopular.
Si el gobierno quiere recursos para superar la iliquidez y resolver el tremendo déficit fiscal que en verdad sobrepasa los 13.000 millones de dólares, debería empezar afectando los intereses de los responsables y beneficiarios de la crisis. Debe recuperar los recursos que se llevaron los corruptos correistas y otros, Debe recaudar los impuestos que no pagan las grandes empresas y los ricos que siempre se aumentan sus fortunas a costa de la explotación y el sufrimiento de los trabajadores y los pueblos del Ecuador. En general, deben incautar los bienes y recursos mal habidos. Declarar la moratoria de la deuda externa y en vez de perdonar, deben recaudar las deudas de los morosos al estado y al IESS, entre otras medidas.
A su vez, se debe defender el patrimonio de todos los ecuatorianos, generar fuentes de empleos, aumentar sueldos y salarios para los trabajadores del sector público y privado, pagar a los jubilados que reclaman por años que les paguen los recursos adeudados, aumentar presupuesto a la educación y a la Salud.
Todo esto, es claro que no lo harán, los representantes de la burguesía y del capital foráneo, sólo el pueblo organizado y en el poder podrá cumplir con las realizaciones que nos de libertad, trabajo, prosperidad y bienestar general
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