El Gran Premio Mundial del Agua ‘Rey Hassan II’ y el doble rasero en los foros globales

 

En marzo de 1997, en Marrakech, se realizó el Primer Foro Mundial del Agua, evento global copatrocinado por Marruecos, igual que otras cumbres donde la comunidad internacional ha mirado de reojo la causa saharaui. Hoy la monarquía alauí ‘premia’ los logros en cooperación y gestión del agua.

 

Desde aquella fecha, se habrán realizado ocho foros que han sido acogidos por Marruecos, los Países Bajos, Japón, México, Turquía, Francia, Corea del Sur y el último, previsto en marzo de este año en Brasilia, Brasil. Todos ellos copatrocinados por los países anfitriones, el Consejo Mundial del Agua y varias organizaciones de las Naciones Unidas, como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

 

Desde su creación, en 1996, el Consejo Mundial del Agua -una organización internacional con sede en Marsella, Francia, que acoge a un mixtura de miembros, entre los cuales se encuentran el Banco Africano de Desarrollo, el Banco Mundial, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y Petrobras- a través de lo que denomina hidro-política activa, pretende actuar como enlace entre actores y tomadores de decisiones, en torno a temas críticos del agua.

 

Ética y halagos del poder

 

En este contexto, el Reino de Marruecos crea el Gran Premio Mundial Hassan II, como un instrumento político, cuyos primeros beneficiarios -Mahmoud Abu-Zeid (Egipto) y Jerson Kelman (Brasil)- lo recibieron en el III Foro Mundial del Agua, en Kioto, Japón.

 

Paradójicamente, años más tarde, el tema específico para la sexta edición de este ‘premio’ es ‘fomentar la solidaridad y la inclusión para garantizar la seguridad hídrica y la justicia climática’. Tal parece que el trofeo, el certificado y los cien mil dólares que recibe el ganador se han convertido no sólo en una valiosa estrategia de marketing político de la monarquía marroquí, sino en una verdadera atracción para determinadas personalidades o instituciones que no tienen reparo alguno en recibir este ‘galardón’ de manos de quien proviene. Sin duda alguna, la ética no es un valor a considerar cuando de halagos reales se trata.

 

Aunque, ciertamente, la historia nos demuestra que innumerables personalidades rechazaron ‘honores’ similares en el mundo literario o académico, entre otros. Tan sólo para recordar algunos ejemplos: el escritor y filósofo francés Jean Paul Sartre rechazó el Premio Nobel de Literatura en 1964, el general y diplomático vietnamita Le Duc Tho procedió igual con el Premio Nobel de la Paz en 1973, el actor estadounidense Marlon Brando declinó el Premio Oscar ese mismo año y, recientemente, el economista francés Thomás Piketty rechazó la Legión de Honor concedida por el Gobierno de François Hollande, en 2015.

 

Todos argumentaron razones y principios éticos para no recibir reconocimientos provenientes del ‘poder’.

 

 

 

El agua, una cuestión de derechos

 

El debate global sobre la grave crisis originada por el abastecimiento insuficiente de agua y la progresiva demanda de la misma para cubrir sobre todo las necesidades humanas, proviene del seno de las Naciones Unidas.

 

Reconocer este hecho no significa desvalorizar las iniciativas, del Consejo Mundial del Agua, desde 1996; no obstante, es imprescindible visibilizar y fortalecer el enfoque sobre el agua como una cuestión de derechos humanos. Y es, precisamente, esa perspectiva que las Naciones Unidas ha promovido mediante los siguientes hitos: La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua (1977), el Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental (1981-1990), la Conferencia Internacional sobre el agua y el medio ambiente (1992), la Cumbre de la Tierra (1992) y el Decenio Internacional de Acción “Agua para la Vida” 2005-2015.

 

En el ámbito de los derechos humanos, la señal más importante ha sido el reconocimiento explícito del derecho humano al agua y al saneamiento, por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas, a través de la resolución 64/292, de julio 28 del 2010, en la que reafirma que el agua potable limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos humanos.

 

Años atrás, en noviembre del 2002, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales -órgano encargado de supervisar la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966-, adoptó la Observación General N° 15 sobre el derecho al agua.  El numeral uno señala que “el derecho humano al agua es indispensable para vivir dignamente y es condición previa para la realización de otros derechos humanos”.

 

En efecto, desde la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, celebrada en Viena, en junio de 1993, delegaciones de 171 Estados admitieron que “todos los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes y están relacionados entre sí” y que la “comunidad internacional debe tratar los derechos humanos en forma global y de manera justa y equitativa, en pie de igualdad y dándoles a todos el mismo peso”.

 

Bajo este enfoque, es claro suponer que las condiciones extremas en las que vive el pueblo saharaui, tanto en el Sáhara Occidental como en los Campamentos de Refugiados en la hamada argelina, no sólo son consecuencia de cuatro décadas de ocupación ilegal e ilegítima de su territorio, por parte del Reino de Marruecos, sino que responden a la inacción e intereses del Consejo de Seguridad -en particular de los Miembros Permanentes-, que perpetúa esta situación anómala que viola sistemáticamente los derechos humanos del pueblo saharaui, incluidos sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Y, sobre todo, su derecho a la autodeterminación reconocido en la Carta de las Naciones Unidas.

 

Libre determinación y recursos naturales

 

Durante el examen del cuarto informe periódico de Marruecos sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), en octubre del 2015, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas recomendó, primero, que el Estado parte “adopte medidas para respetar los derechos de los refugiados saharauis a su regreso” y, segundo, que “garantice el respeto del principio del consentimiento previo, libre e informado de los saharauis para que puedan ejercer su derecho a disfrutar y utilizar plena y libremente sus riquezas y recursos naturales -incluida el agua-, de conformidad con el artículo 25 del Pacto”.

 

De igual forma, el Comité de Derechos Humanos -otro de los nueve órganos que supervisan la aplicación de los tratados internacionales de derechos humanos-, en noviembre del 2016, expresó su preocupación por “los limitados progresos logrados en relación con la cuestión de la libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental” y por “las informaciones según las cuales el Estado parte no adopta todas las medidas necesarias para consultar al pueblo del Sáhara Occidental respecto de la explotación de los recursos naturales en dicha región”.

 

Hace más de una década atrás, la opinio juris de Hans Corell, Secretario General Adjunto de Asuntos Jurídicos-Asesor Jurídico de la Secretaría General de la Organización, solicitada por el presidente del Consejo de Seguridad, en noviembre del 2001, y emitida en enero del 2002, en la que citaba las resoluciones de la Asamblea General -entre ellas las resoluciones 48/46, de 10 de diciembre de 1992, y 49/40, de 9 de diciembre de 1994- ya estableció que “la Potencia administradora que prive a los pueblos coloniales de los Territorios no autónomos del ejercicio de sus legítimos derechos sobre sus recursos naturales... incumple las solemnes obligaciones que ha contraído en virtud de la Carta de las Naciones Unidas”.

 

Por ello, no deja de llamar la atención la estrategia política de la monarquía marroquí en este proceso global conducido por el Consejo Mundial del Agua, para intentar posicionarse como un actor relevante en la esfera de los derechos humanos.

 

Marruecos, ¿adalid de los derechos humanos?

 

Para sorpresa del movimiento global de derechos humanos esta es la tesis que el Reino de Marruecos intenta posicionar entre la comunidad internacional, sin mayor éxito por sus profundas contradicciones casa adentro. Los acontecimientos en Alhucemas son una muestra de ello.

 

Sin embargo, la monarquía marroquí lo hace de la mano de ‘prestigiosos’ premios, generosas invitaciones a dirigentes empresariales y políticos e ingentes recursos económicos que reparte entre sus aliados, amigos y gobiernos que no tienen reparo alguno en dar la espalda a los principios fundacionales de las Naciones Unidas a cambio de presuntas inversiones en sus países.

 

Es así como en el tercer ciclo del Examen Periódico Universal (EPU), en mayo del 2017, Marruecos se ufanó de haber albergado varios encuentros internacionales como la segunda edición del Foro Mundial de Derechos Humanos, que tuvo lugar en Marrakech, en noviembre del 2014, bajo los auspicios del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Obviamente, a pesar del boicot proveniente de múltiples organizaciones y activistas de derechos humanos marroquíes, saharauis, europeos y de otras nacionalidades, que este foro tuvo que sortear.

 

También citó el 22º período de sesiones de la Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, otra de las cumbres mundiales que han contribuido a ocultar la realidad saharaui.

 

Mencionó, además, su participación en la troika -junto a Bangladesh y Alemania- responsable de la décima primera edición del Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo, previsto para diciembre de este año, en Marrakech. Un encuentro internacional más, cuya sede causa enorme malestar entre los miembros del Foro Social Mundial de las Migraciones (FSMM).

 

Estas son algunas de las consideraciones que en su momento la monarquía marroquí y su diplomacia esgrimieron para crear un premio internacional que, además, lleva el nombre de ‘Hassan II’, monarca alauí responsable de la invasión militar del Sáhara Occidental, el 31 de octubre de 1975, y de la Marcha Verde, días más tarde, el 6 de noviembre, y uno de los gestores de la firma de los Acuerdos Tripartitos de Madrid, el 14 de noviembre, que consagraron la agresión militar contra el pueblo saharaui y el despojo de su territorio, con la complicidad del Reino de España, los Estados Unidos de América, el Estado de Israel, la República Francesa y el Reino de Arabia Saudita.

 

Toda esta avalancha de acontecimientos tras desoír o, mejor dicho, interpretar a su manera, la Opinión Consultiva de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, del 16 de octubre de ese mismo año, en la que se concluyó “de que los elementos e informaciones puestos a su disposición no demostraban la existencia de ningún vínculo de soberanía territorial entre el territorio del Sáhara Occidental […] y el Reino de Marruecos”.

 

Desde aquella fecha, han transcurrido 42 años y alrededor de 200 mil refugiados saharauis permanecen en el desierto argelino, en la mitad de la nada, mientras el Reino de Marruecos presume de su protagonismo ante la comunidad internacional como líder de los derechos humanos, incluidos los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, entre ellos el derecho humano al agua.-

 

(*) Coordinador de la Asociación Ecuatoriana de Amistad con el Pueblo Saharaui (AEAPS) y Coordinador del Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo S.J.” (CSMM).

 

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