El decreto presidencial 726 es uno de varios pasos que el gobierno planea dar para concretar la eliminación de los subsidios al gas, según lo disponen los acuerdos con el FMI.
La eliminación del subsidio al gas ha dado inicio mediante el decreto presidencial 726, como parte de las medidas para cumplir los acuerdos con el FMI, en el camino para implantar el neoliberalismo en Ecuador, mediante una astuta medida que inicialmente reduce los precios del gas proveniente del “campo amistad” en dos dólares para uso industrial y comercial y medio dólar para uso doméstico.
Así, antes del decreto el precio del gas de uso doméstico estaba en 1.60 dólares el tanque de 15 Kg, (0.106 dólares por kilo), pero ahora estará a 0.35 dólares el tanque de 15 kilos (0.023 dólares por kilo). Una enorme rebaja. Pero el decreto no deroga la disposición anterior que fija el precio en 1.6 dólares el tanque, por lo tanto no habrá rebaja para el consumidor final, habrá ganancia para los intermediarios.
Igual sucede con el gas industrial que pasa de costar 0.748 dólares a 0.093 el kilo.
En ambos casos son precios para el gas proveniente del campo amistad.
Pero, el 76% del gas que se utiliza en el Ecuador es importado, lo cual implica que se generará un enorme diferencial entre las ventas del gas de producción nacional y el importado.
La trampa está en el literal c, del artículo 1 del decreto en mención que sustituye el artículo 11-A del reglamento reformado, que dice:
“c) El precio del gas natural, gas natural licuado y gas natural comprimido a nivel de abastecedora EP PETROECUADOR y comercializadoras se fijará según las condiciones del mercado y será comercializado en millones de BTUs mas los impuestos aplicables.”
Entiéndase “las condiciones del mercado” como los precios más altos o precios de importación de este derivado. Es decir, en el futuro habrá incremento del precio del gas.
Esto porque el “mercado” para los neoliberales es el que define los precios a través de su “mano invisible” o “la mano de dios”. La experiencia es que los “mercados” no son más que el conglomerado de grandes empresarios que imponen sus decisiones al resto de la sociedad, la mano de díos generalmente está por cuidar los intereses de quienes más tienen.
Los incrementos del precio del gas, están a las puertas, con el agravante que la diferenciación expuesta en el decreto entre la producción del campo amistad y el resto, que tiene el objetivo político de ocultar la liberalización de los precios, presentará dos mercados, con diferentes precios, para un mismo producto, lo que conllevará a una grave dificultad.
La inclusión del término BTU (British Thermal Unit) y no de bombona de gas de 15 Kg., o kilogramo de GLP, dificulta el entendimiento de las personas sobre un tema que les afecta directamente, lo cual tampoco puede ser tomado como una acción ingenua, sino como un mecanismo que contribuye a la confusión y conlleva a la falta de reacción ante una medida que siempre genera rechazo, aunque sea cierto que “millones de BTU” es una medida técnica1.
Por otro lado, cabe reflexionar sobre el hecho del incremento de la capacidad productiva eléctrica del país, que, si se solucionan los problemas en la construcción y en los contratos, las ocho hidroeléctricas públicas y otras privadas proporcionarán al país grandes cantidades de energía eléctrica, según los entendidos, creando un exceso de oferta. ¿Qué hacer con ella?, es la pregunta.
Una de las posibilidades sigue siendo que reemplace al gas de uso doméstico. Quizá convenga, democráticamente, no autoritariamente, iniciar un diálogo nacional en el que se expongan los costos reales de producción de energía eléctrica, alternativas de su destino y llegar a acuerdos sobre el tema, sobretodo porque el gas (en cualquiera de sus presentaciones) tiene tres falencias graves: produce gases de desecho que incrementan la contaminación ambiental; los costos de importación son elevados; la producción nacional no cubre la demanda y tiende a reducirse.
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