antecedentes
En 1947, en Estados Unidos fue promulgada la ley que desarrollo el Estado de seguridad nacional, con este instrumento jurídico se crearon el Consejo de Seguridad Nacional (NSC) y la Agencia Central de Inteligencia (CIA), organismos que instituyeron un nuevo modelo para el Estado y la sociedad, en virtud del papel hegemónico que asumía EE.UU. en el concierto político mundial.
Después de la Segunda Guerra Mundial, el país norteamericano rescató el uso político que la palabra seguridad ha tenido desde la antigüedad, para elaborar el concepto de “Estado de seguridad nacional”. Este concepto se utilizó para designar la defensa militar y la seguridad interna, frente a las amenazas de revolución, la inestabilidad del capitalismo y la capacidad destructora de los armamentos nucleares. El punto de vista moderno de seguridad nacional ha estado explícito por este origen y fue influenciado por la estrategia estadounidense de contención. La ideología del anticomunismo, propia de la Guerra Fría, le dio sentido, y la desconfianza entre las naciones le suministró su dinámica. Con la generalización del uso de esta categoría política el plano militar se convirtió en la base de las relaciones internacionales
En 1945, los países del continente americano firmaron un conjunto de acuerdos conocido como Acta de Chapultepec, también llamada, Declaración sobre Asistencia Mutua y Solidaridad Americana, como acto final de la Conferencia interamericana sobre los Problemas de la Guerra y de la Paz. Esta fue la antesala del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), firmado en Río de Janeiro en 1947. Este acuerdo fue clave implicó la integración de las instituciones militares de América Latina a un bloque bélico cuya dirección estratégica estaba a cargo de Estados Unidos.
La seguridad nacional tuvo una variante en América del Sur: la Doctrina de Seguridad Nacional. Esta variante mantuvo la idea de que a partir de la seguridad del Estado se garantizaba la de la sociedad. Pero una de sus principales innovaciones fue considerar que para lograr este objetivo era menester el control militar del Estado. El otro cambio importante fue la sustitución del enemigo externo por el enemigo interno. Si bien la Doctrina de Seguridad Nacional ubicó como principal enemigo al comunismo internacional, con epicentro en la Unión Soviética y representación regional en Cuba, entendía que era a Estados Unidos a quien correspondía combatir a esos países. Los Estados latinoamericanos debían enfrentar al enemigo interno, enfocados en los partidos comunistas, los ejércitos guerrilleros, el enemigo interno podía ser cualquier persona, gremio u organización con ideas contrarias a las de los gobiernos militares.
La creación de la Doctrina fue obra de unos pocos países suramericanos, especialmente Argentina y Brasil, y en menor grado y con posterioridad, Chile, Perú y Ecuador elaboraron versiones diferentes de las del Cono Sur, con tendencias desarrollistas. La Doctrina de Seguridad Nacional ha sido el mayor esfuerzo latinoamericano por militarizar el concepto de seguridad.
El Enemigo Interno
Después del levantamiento indígena y popular el gobierno a través de los ministros de defensa y de gobierno, en alianza con los grandes medios privados de comunicación vuelven a demonizar la protesta social apelando al discurso del enemigo interno. Esta construcción discursiva de “nuevas amenazas” que atentarían contra la seguridad nacional pretende, en la práctica, construir un nuevo enemigo interno a quien es necesario enfrentarse con todo el poder de la ley y de la fuerza. Han dicho que tienen financiamiento y preparación de fuerzas revolucionarias y que es necesario eliminarlo. Este nuevo intento de encontrar subversivos, o terroristas en los sujetos políticos y organizaciones sindicales, indígenas, juveniles, barriales, etc., participantes del levantamiento y resistencia ha sido rechazada por distintos sectores sociales, políticos, intelectuales y organismos de derechos humanos, quienes, han denunciado la fachada de este supuesto enemigo interno que promueve el gobierno para desplegar una mayor capacidad de control y represión sobre los opositores al modelo neoliberal pro imperialista que busca implementar.
Las prácticas en ese sentido tienen larga historia por parte de las clases dominantes de nuestro país. La idea de un enemigo interno que amenaza la integridad nacional, su territorio o los bienes patrimoniales, se han repetido en discursos, documentos, leyes, decretos. Parte sustancial en cada etapa fue instalar en la sociedad el miedo a ese enemigo, hacerlo presente, para luego sobre esa base legitimar las formas terroríficas, ilegales y violentas que despliegan sobre los indígenas, juventud, obreros, mujeres, etc.
El correísmo utilizó este chapucear conceptual para desplegar a sus comunicadores que ellos son un gobierno democrático, y que por lo tanto todo aquel que se pronuncie o se oponga con cualquier método de protesta es enemigo a su gobierno, por esta razón, puso en vigencia la ley penal de la dictadura para perseguir, enjuiciar, encarcelar a líderes indígenas, campesinos, obreros y a la juventud rebelde. Esta práctica de manipular la opinión pública para neutralizar y respaldar la violencia estatal, no es únicamente practica represiva de las dictaduras militares, lo ejecutan, gobiernos autoritarios, populistas, socialdemócratas bajo el manto de la democracia, así lo hizo Correa y sus ministros del Interior, Defensa en acuerdo con la función judicial para silenciar la rebeldía popular.
Exactamente es el mismo plan estratégico diseñado por el imperialismo norteamericano guardando la distancia y la realidad ecuatoriana. Oswaldo Jarrin, ministro de defensa, quiere engendrar la combinación del Estado gendarme, control social, servicios de inteligencia, policía militarizada, persecuciones judiciales, detenciones ejemplificadoras y linchamientos mediáticos. Formas de represión que intenta instaurar aun cuando cueste la vida de manifestantes, acompañada de campañas para instalar en una parte de la población que por “seguridad de todos” se deba vulnerar el propio Estado de derecho y las garantías constitucionales.
¿Quién es en realidad el enemigo interno?
Existe una situación cada vez más injusta en la distribución de la riqueza a nivel mundial y de América Latina. Según un informe de Oxfam de enero del 2019, el 82% de la riqueza mundial generada durante el 2017 fue apropiada por el 1% más rico de la población mundial, mientras el 50% más pobre -3 mil 700 millones de personas- no se benefició de ese crecimiento. El informe señala que 8 personas, tiene la riqueza de 3 mil 600 millones de personas, es decir de la mitad más pobre del mundo.
En el caso de Ecuador, la desigualdad en la distribución de la riqueza se encuentra reinante. “El decil más rico (decil 10) aumenta su participación en el ingreso –per cápita- a junio de 2018 con un 36,1%, considerando que en junio de 2017 alcanzaba el 34,9%. Por un lado, eso implica una recuperación de cierto sector privilegiado de la población en sus ingresos. Por el otro, que en los sectores de la población más vulnerable –que acumulan una serie de desventajas históricas- ven disminuir su participación. La medición por nivel de ingresos de acuerdo al coeficiente Gini de es de 0.68 (…) implica que el 20% de los hogares más ricos concentran el 70% del valor bruto total de los activos físicos y financieros”
Esto demuestra que existe concentración y acumulación de riqueza en pocas familias ecuatorianas, 270 grupos económicos, según SRI, 2018, 69 empresas que forman parte de los 10 principales grupos económicos tienen presencia en los paraísos fiscales.
Ellos son los que definen leyes, acuerdos, compromisos con organismos financieros internacionales, programas militares, concesión de territorios para la extracción de los recursos naturales, elevación de los impuestos, etc. La incapacidad de los grupos de poder económico y político para generar políticas públicas que mejoren la condición de vida y satisfaga las necesidades de las mayorías, su disposición a elaborar leyes que les permite meter la mano al bolsillo de las familias ecuatorianas, blindándose ellos, de la evasión y elusión tributaria.
Son estos grupos económicos los responsables que aumenta la precarización, la pobreza y la extrema pobreza y la desigualdad social y económica. Las instituciones oficiales entregan los siguientes datos:
El 25,5 % de la población nacional tuvo ingresos inferiores a $84,99 en junio del 2019 por lo que son considerados pobres, según el último cálculo de pobreza del Instituto Nacional de Estadística y Censos del Ecuador (INEC).
En el mismo periodo, las zonas rurales son las más afectadas con el 43,8 % de la población del campo y en las áreas urbanas llega al 16,8 %.
La pobreza extrema, en cambio, que incluye a los que obtienen menos de $47,9 de ingresos afecta al 9,5 % de la población nacional. En el campo fue del 17,9 % y en el área urbana de 5,6 %. Por cada 10 pobres en las ciudades, hay 26 en las ruralidades.
De acuerdo con los registros que tiene la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Senescyt), son al menos 165.251 los bachilleres que, hasta ahora, no han logrado ingresar al sistema de educación superior.
68 mil trabajadores del sector público despedidos, y varias decenas en el sector privado. El 40% de la población económicamente activa tiene empleo adecuado.
El enemigo del pueblo es la concentración de la riqueza y la ampliación de la explotación a los trabajadores, el recorte de sus derechos laborales y de seguridad social. La lucha social es el resultado de la inoperancia del gobierno y los empresarios ellos son el enemigo interno, representan a las clases sociales dominantes.
La protesta social que encaminan las organizaciones indígenas y populares son para recuperar la pérdida del bienestar de la población ecuatoriana.
Bibliografía
La doctrina de seguridad nacional: materialización de la guerra fría en América del Sur. Francisco Leal Buitrago
Ecuador: su realidad Fundación José Peralta
Jonathan Báez, Desigualdad de riqueza en Ecuador
INEC; ENEMU
La hora, enero,2018
El Universo, septiembre,2019
- El enemigo interno, control social y protesta social - enero 20, 2020
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