La proforma presupuestaria del presente año, enviada por el ejecutivo para su aprobación en la Asamblea Nacional refleja un recorte en el presupuesto para la educación superior, en esta ocasión el recorte es de $45 millones de dólares, este recorte afecta a varias universidades del país.
Durante la pandemia uno de los sectores que más golpes ha sufrido es la educación, se develaron las reales condiciones educativas en las que la juventud intenta acceder a la universidad, de acuerdo con una de las encuestas socioeconómica de la Universidad Central del Ecuador (UCE), realizada en el periodo 2020-2020, se determina que el 75% de estudiantes comparten un equipo informático en sus hogares y el 30% de estudiantes no cuenta con acceso a internet.
Los recortes de presupuesto contra las universidades han sido permanentes desde el 2016, generando un déficit en las universidades públicas, en el caso de la UCE el déficit llega a 12 millones de dólares, produciendo una paralización en actividades consustancias como son la investigación, capacitación docente, prácticas preprofesionales, vinculación, becas estudiantiles, que solo en el último periodo sufrieron una reducción de 200 mil dólares, entre otras actividades afectadas.
La falta de pago por conceptos de reliquidación del IVA y del Impuesto a la Renta, los recortes de presupuesto ilegales durante la pandemia, la reducción del presupuesto en el anterior gobierno en total de 500 millones de dólares aproximadamente en 4 años, ponen en peligro la educación y la universidad.
La Constitución de la República establece que debe darse un aumento del 0,5% del PIB cada año para educación, hasta llegar al 6% del PIB, de acuerdo con datos oficiales el PIB actual estimado para el 2021 es de USD103.877,86 millones, el 0,5% del PIB representaría USD 519,35 millones de aumento para educación a nivel general, se intenta engañar a la ciudadanía tomando como referencia para la actual proforma presupuestaria el presupuesto codificado al 31 de diciembre del 2020, sin tomar en cuenta el presupuesto asignado del 2020 en la proforma inicial, que refleja para educación general una reducción de USD575, 44 millones de dólares.
En el caso universitario varias entidades educativas se han visto afectadas, la Universidad de Guayaquil, la más grande en número de estudiantes sufre un recorte de USD27.231,187 millones de dólares, la Universidad Técnica del Norte sufre un recorte de USD3 millones de dólares, la Universidad Técnica de Manabí en USD6 millones de dólares, la Universidad del Sur de Manabí de USD1.407,561 millones de dólares, la Universidad Técnica de Babahoyo USD2 millones de dólares, la Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas USD1.150,594 millones de dólares, la Universidad Estatal de Bolívar de USD651.000 dólares, entre otras universidades que si bien no sufren recorte, no alcanzan a salir del déficit presupuestario en las que se encuentran.
Si bien estamos viviendo una crisis económica develada por la Pandemia de la COVID-19, existen otras alternativas de financiamiento que pueden generar recursos para enfrentar esta crisis, una de ellas es simple; cobrar los impuestos a los grandes evasores, que de acuerdo con la CEPAL se estima que los valores por concepto de evasión de impuestos de las grandes empresas en el país suman los USD7.600 millones de dólares, dinero que permitiría la reactivación económica, y garantizaría que no se reduzca el presupuesto para salud y educación.
La actuación del gobierno de Lasso, de cerrar las puertas al diálogo con los representantes del movimiento universitario, generó que en los últimos días los gremios anunciarán que retoman las movilizaciones a nivel nacional, en exigencia de mayor presupuesto para la educación, que se apruebe la propuesta de LOES presentada por la FEUE Nacional y los gremios nacionales y en rechazo a las medidas económicas neoliberales que se implementan en el país, esta movilización nacional se desarrollo en Quito el 9 de septiembre con más de 2.500 participantes entre estudiantes, docentes, trabajadores y empleados universitarios.
Si la educación no es prioridad para el gobierno de turno, además de no cumplir con sus ofertas de campaña, está limitando el desarrollo de la sociedad y los pueblos, la propuesta de la FEUE Nacional de LOES, presentada a la Asamblea Nacional, de implementar nuevas formas de financiamiento cobrando por ejemplo un impuesto del 2% sobre las ganancias a las grandes empresas telefónicas transnacionales, permitirían resolver el aumento del presupuesto para las universidades, demostrando que si existen diferentes alternativas para garantizar una educación de calidad al servicio de los pueblos.
El movimiento universitario, en conjunto con el movimiento social, empiezan a calentar las calles al ver que las promesas de campaña no se cumplen, que no existen fuentes de trabajo, que se entrega la soberanía y los recursos naturales a los capitales extranjeros, al ver que el costo de la vida sube cada día fruto del aumento del precio de la gasolina, al ser afectados por el recorte para salud, educación y educación superior, al sentir cada día más la crisis económica y ver por el otro lado de la moneda, como los capitales de los grandes grupos económicos aumentan de manera desmedida, los que más ganan más deben contribuir, para enfrentar esta crisis económica y sanitaria que tiene perdedores y también ganadores.
Ex Presidente de la Feue Nacional
Ex Secretario Ejecutivo de la OCLAE
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