El escándalo internacional motivado por la posición rusa de no comprar banano a cinco empresas ecuatorianas tiene sus raíces no solamente en la incompetencia de los funcionarios de Cancillería ecuatoriana, sino en el servilismo gubernamental en lo diplomático, económico, y político.
En primera instancia se presumía que las declaraciones hechas en 2023 contra Rusia expresadas por el exministro Juan Carlos Holguín en su guerra con Ucrania, habían incomodado a la embajada rusa en Quito.
Quedó claro que los EEUU presionaron para ese alineamiento diplomático a favor de Ucrania. Pero Holguín no pensó que su postura ponía en riesgo las exportaciones ecuatorianas, que alcanzaron la nada despreciable suma de 639 millones de dólares en el 2023, con tendencia a subir el siguiente año.
Ahora se conoce que había otro antecedente. Los helicópteros que Rusia vendió al Ecuador por 22 millones, requerían mantenimiento. El ministerio de Finanzas situó el dinero respectivo, pero en ese trecho intervino la inteligencia militar norteamericana en Quito, para impedir el pago y más bien enviar esos equipos (y probablemente otros más) en calidad de chatarra a Ucrania a efectos de usarlos en la guerra.
Se trata de una acción prohibida por los acuerdos de compra-venta. Es decir, aquellas armas no podían ir a terceros países sin el acuerdo del vendedor, es decir Rusia.
Deben haber muchos otros aspectos en este incidente que perjudica a la economía del Ecuador, pero lo que queda claro es la pública injerencia norteamericana en los asuntos internos y externos de la República del Ecuador, como se deduce además de los compromisos contrarios a la Constitución adquiridos por el Ecuador, aprobados por el Tribunal Constitucional e ignorados por la Asamblea Legislativa.
A partir de la salida de Rafael Correa y contando con el servilismo de Lenin Moreno y Guillermo Lasso, los EEUU han buscado recobrar el espacio perdido para lo cual se han valido de cuanto instrumento internacional esté a su alcance. Han utilizado las rogativas que hizo Lasso a cuenta del déficit fiscal y la crisis económica, y ahora por la presencia del narcotráfico en la vida social del país, y recobrar los vínculos a través de acuerdos, numerosas visitas civiles y militares, donaciones de armamento, y un detenido trabajo de inteligencia.
El Ecuador ha perdido completamente su soberanía. Los EEUU monitorean la economía nacional, la organización, equipamiento y entrenamiento militar, aéreo y marítimo. Poseen información privilegiada que le permitió al embajador Fitzpatrick, informarnos que hay narcogenerales, aunque nunca entregó la identificación.
Noboa no ha transparentado la información y de los detalles se conoce muy poco. La Asamblea está muy lejos de ocuparse de estos temas que tienen que ver con la soberanía. Mientras tanto y de manera oficial, los militares estadounidenses “y los contratistas” podrán realizar operaciones especiales, pero especialmente tendrán “privilegios, exenciones e inmunidades”, equivalentes a las que tiene el cuerpo diplomático. Los militares extranjeros podrán hacer valer sus licencias profesionales y estarán autorizados a vestir sus uniformes y portar armas mientras están en servicio. El control disciplinario y la jurisdicción penal sobre su personal será responsabilidad de las autoridades norteamericanas.
Los militares extranjeros, según lo que se ha acordado, no pagarán impuestos locales y podrán importar o exportar bienes personales, equipo, suministros, pertrechos, tecnología, entrenamiento o servicios relacionados con el acuerdo.
El personal y equipo estarán libres de “cualquier inspección”, licencia, tasas aduaneras, impuestos, y el Ecuador cooperará en la seguridad y protección del personal, bienes e información propiedad de los EEUU. Las aeronaves, buques y vehículos de los EEUU podrán desplazarse libremente, y no estarán sujetos a pagos de parqueo, puerto, sobrevuelo, terminales y otras tarifas.
El personal extranjero tendrá libertad de movimiento y acceso a medios de transporte, entrenamiento y el uso del espacio radioeléctrico, para usos de sus sistemas, sin ningún pago. Podrá además hacer acciones de interceptación aérea.
La bendición final a esta lista de privilegios ilegales estuvo a cargo de la Corte Constitucional, que resolvió el 23 de enero del 2024, dar paso libre a esta “cooperación militar marítima” con EEUU, y decretó además, de la manera más ilegal posible, que este acuerdo no requiere aprobación del legislativo.
El Ecuador ha perdido su soberanía. Con la misma letra de los acuerdos y al amparo de los mismos privilegios hay miles de víctimas en todo el mundo, especialmente cerca de las 200 bases militares.
El Plan de Seguridad de cinco años contempla el incremento paulatino de ayuda militar e intercambio de inteligencia, que incluye además la autorización para la presencia permanente de una delegación del FBI.
Como dato esclarecedor el Plan Colombia, efectuado del 2000 al 2015 requirió un gasto de 10 mil millones de dólares y afectó duramente las estructuras de las FARC de Colombia, pero su eficacia en la lucha antidrogas fue un absoluto fracaso, lo cual indica claramente lo que puede pasar en el Ecuador.
De aquí a la injerencia política hay un paso, porque para decirlo con claridad, la preocupación por el narcotráfico en el Ecuador es más bien el pretexto para asegurar el apoyo ecuatoriano en la confrontación interimperialista que ahora le ahoga.
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