Desprotección estatal ecuatoriana ante la delincuencia organizada

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Desprotección estatal ecuatoriana ante la delincuencia organizada

El Estado ecuatoriano históricamente ha sido un país receptor de solicitudes de protección internacional. Las peticiones son realizadas en su mayoría, por personas de nacionalidad colombiana y venezolana. En menor proporción son solicitadas por ciudadanos extracontinentales.

Esta situación es el resultado de los diversos problemas políticos, económicos y sociales que atraviesa una nación, son analizados bajo la normativa nacional, de la  Ley Orgánica de Movilidad Humana, emitida el 06 de febrero de 2017, así como de los los acuerdos y convenciones internacionales entorno a esta  temática, entre ellas, la Convención de Ginebra de 1951 y la Declaración de Cartagena de 1984.

Es clave señalar que una persona que tiene temor a ser perseguida por su origen étnico, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social, así como por su opinión política, puede considerarse como una persona refugiada o en necesidad de protección internacional. Esto se aplica de igual manera cuando ocurren eventos de violencia generalizada, de desorden público, y de violación masiva de Derechos Humanos y por tales circunstancias particulares o ampliadas sus ciudadanos no quieren o no puede acogerse a la protección de su Estado.

Sin embargo, la coyuntura sobre protección internacional, nos lleva a analizar la problemática desatada en las cárceles de Ecuador, ocurrido el pasado 23 de febrero de 2021, donde se suscitó la ejecución de aproximadamente 75 personas privadas de libertad (ppl). Podríamos asumir que este hecho fue perpetrado por delincuentes comunes y que los amotinamientos son parte de un sistema carcelario caduco en América Latina. Lastimosamente, Ecuador se encuentra en la actualidad cara a cara con una delincuencia organizada vinculada a los carteles internacionales del narcotráfico, quienes en un inicio buscaron apoderarse de las rutas de la droga en Manabí y posteriormente en el puerto principal de este país, Guayaquil.

Por lo tanto, se evidencia que el Estado no ha generado las garantías de seguridad necesarias para el Ecuador.  Estas pequeñas agrupaciones que no tenían relevancia alguna en el territorio ecuatoriano han ido avanzando, obteniendo más poder, fortaleciéndose en el tiempo con una estructura jerárquica organizada de aproximadamente 20 años. Son respaldadas por mafias internacionales que crean violencia generalizada en las provincias de Manabí y Guayas, además de desarrollar un control interno en las diferentes cárceles del Ecuador con el aparente apoyo de autoridades policiales. Cabe destacar según varios medios de comunicación, que la guerra por el poder logístico o territorial de estos grupos estaría conformada por más de 5.000 hombres, subdivididos en diferentes agrupaciones, agudizando así el fenómeno de las fronteras invisibles por el microtráfico y sicariato que se reflejan en los barrios populares de estrato bajo de estas urbes.  ¿Quién garantiza, por ejemplo, que los pescadores capturados transportando droga en altamar lo hagan de forma voluntaria para obtener dinero? O quizás fueron coaccionados y por temor no denunciaron. La historia ha demostrado que estas situaciones frecuentemente suceden con los grupos irregulares o grupos armados organizados, que someten a sus víctimas cuando se niegan a cumplir su “Ley”, con la finalidad de demostrar quién manda en dicho territorio.

No es la primera vez que este país enfrenta situaciones de tal índole. En enero de 2018, una desgracia anunciada ocurrió en San Lorenzo, provincia de Esmeraldas, cuando grupos subversivos dinamitaron el centro policial. Si bien este hecho no tiene relación con lo ocurrido en las cárceles es una muestra más de la desprotección estatal que vive el Ecuador y su falta de preparación ante el empoderamiento criminal a escala nacional e internacional.

Es tiempo de replantear el paradigma de la seguridad del Estado y es necesario un estudio profundo de protección por parte de los organismos internacionales competentes ante un posible conato de violencia generalizada, que está haciendo metástasis en el Ecuador ¿Qué tan seguro se torna este país para sus ciudadanos a merced de la violencia? Solo el tiempo nos dará la razón. Esperemos que no sea demasiado tarde.

María Gabriela Benavides Velasco
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