Por: Ezequiel Rojas
Los decretos con fuerza de ley es una de las clasificaciones que hacen los expertos a los decretos presidenciales, en el caso del decreto 730, el presidente Lasso dispone el uso progresivo de la fuerza posterior a la aprobación que realizó la Asamblea Nacional a la Ley Orgánica Reformatoria a Varios Cuerpos Legales para el Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales y la Seguridad Integral y el decreto 707. Vale recordar que el Consejo de Seguridad Pública y del Estado (COSEPE), resolvió declarar “terroristas” a los grupos delictivos organizados activos en el país y, “recomendó al presidente expedir un decreto estableciendo medidas coercitivas urgentes y eficaces para el empleo incluso de armas letales para combatir esta grave amenaza”.
Este nuevo decreto es un acto administrativo y político que pretende generar la percepción en la población que el gobierno está trabajando para detener la inseguridad en el país (aún con policías y militares en las calles, permanece los asesinatos). El decreto no establece qué, cómo, se va aplicar las disposiciones escritas en los 5 artículos, estos vacíos generan incertidumbre, posibles falsos positivos jurídicos contra las organizaciones sociales, uso indebido de la fuerza, irrespeto a las garantías constitucionales y aumento de la violencia en las calles y cárceles del Ecuador.
Es necesario anotar que la ley reformatoria, el decreto 707 y el 730, se complementan en la lógica de establecer un enemigo interno, en este caso, el crimen organizado, hoy, catalogado como terroristas. Esta definición busca militarizar las ciudades del país, cogobernar con los generales, imponer la ley por la fuerza, es consustancial a la poca confianza que tiene el gobierno para mejorar las condiciones de vida de los pueblos y la juventud.
Es oportuno conocer lo que dice la Convención contra la Delincuencia Organizada de las Naciones Unidas sobre “grupo delictivo organizado”, la misma solo incluye grupos que, mediante sus actividades, buscan obtener, directa o indirectamente, “un beneficio económico u otro beneficio de orden material”. Esto, en principio, no incluye algún grupo terrorista o insurgente, “siempre que sus objetivos sean puramente inmateriales”. Esta ambigüedad en la definición de “terroristas”, alerta a todas las fuerzas organizadas sociales, populares y de izquierda.
Es evidente que el gobierno no ha identificado las causas de la inseguridad, es ciego y sordo, frente a la estructura de corrupción y penetración del crimen organizado en las instituciones del Estado. Esta decisión política de combatir con la fuerza, al crimen organizado, desatendiendo las necesidades económicas y sociales de los pueblos y la juventud, es propia del autoritarismo neoliberal.
¿Qué dice el decreto 730?
Declarar al crimen organizado como “terroristas”, indica que la estrategia del gobierno y las fuerzas armadas es la “declaratoria de guerra contra el terrorismo”. Este enemigo al estar ligado a carteles de narcotráfico sudamericano, centroamericano y europeo se convierte en una amenaza interna y externa, acordado así el relato gubernamental, ya no es un asunto exclusivo policial, de seguridad ciudadana, es de defensa de la soberanía nacional y la integridad territorial. Esta disposición es parte de un plan de las fuerzas armadas diseñado hace un año, en este se incluye, la reunión con el Comando Sur, DEA, FBI, la visita del presidente Lasso a Israel, la compra de armamento, tecnología y asesoramiento en técnicas de combate urbano a la industria militar y fuerzas israelitas.
En consecuencia, cambia el rol de las Fuerzas Armadas, asumen la conducción de las operaciones militares, en la “guerra contra el terrorismo” sus órdenes son investigar y eliminar la amenaza. “El miedo a los falsos negativos (no detectar una amenaza) conduce a ampliar la red de vigilancia vulnerando los derechos ciudadanos y facilitando el abuso policial y militar. Y el miedo al fracaso (no derrotar la amenaza) conduce a los falsos positivos” (Luis Córdova, Semáforo en Rojo).
Oswaldo Hurtado en Ecuavisa dijo, “…hay un grupo terrorista dentro del movimiento indígena…”, en el levantamiento de junio del 2022, el Ministro de Defensa acuso de “actos criminales las movilizaciones indígenas” “se vinculó con el narcotráfico” con estas opiniones, la inquietud es que la “guerra contra el terrorismo” se convierta en terrorismo de estado para golpear la organización, lucha y resistencia del movimiento indígena y popular ante la arremetida de la minería, la explotación petrolera en sistemas ecológicos frágiles y biodiversos, mientras las estructuras del crimen organizado se deleitan con el resguardo estatal.
En esta “guerra” la fuerza conductora principal de “las acciones para reprimir la amenaza terrorista”, es el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, la fuerza auxiliar es la Policía Nacional. El gobierno al determinar el camino guerrerista deposita la confianza en unas instituciones que han sido descompuestas por el crimen organizado. ¿Cómo van a garantizar el éxito de las operaciones militares? ¿Cuándo harán una depuración minuciosa a generales y mandos medios, denunciados por la Embajada Estadounidense? ¿Los retenes militares que se despliega en las ciudades del país, garantizan la vida y la seguridad de los ecuatorianos? Muchas preguntas, pocas certezas
La ley reformatoria sobre seguridad integral entrega las herramientas legales para afianzar las acciones punitivas en la “guerra contra el terrorismo”. La reforma al artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), contiene “colaborador” del crimen organizado, el art. 366 del COIP, amplía la pena por el delito de terrorismo y el art. 67 de la ley reformatoria autoriza el ciberespionaje. De esta manera, se cobijaron con remiendos legales y decretos, para desarrollar una política represiva, de espionaje que apunta a violentar derechos civiles y políticos, así como, la organización social, la protesta y la resistencia de los trabajadores, indígenas y la juventud.
Esta declaratoria de “guerra contra el terrorismo” presume la existencia de muertos y heridos. Si los miembros de la fuerza pública hacen uso “legítimo” de la fuerza, el presidente Lasso en el decreto señala. “Disponer al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), para el personal militar y policial… garantizar su integridad en los centros de privación de la libertad”. Frente a la incertidumbre de este lacónico artículo, Paco Moncayo el nuevo asesor de seguridad, señalo “…queremos que nuestros policías y militares sepan que están protegidos”.
Bajo el “control” del SNAI en las cárceles del país hubo, once masacres carcelarias y 413 presos asesinados desde el 23 de febrero del 2021 al 18 de noviembre del 2022, se han producido, fugas masivas, liberación de presos sentenciados, sin apelación oportuna. Esta institución no ha sido capaz de garantizar la vida de los presos de la pobreza, pero aún, garantizar a quienes tienen el monopolio de la fuerza, a fin de cuentas, quien controla las cárceles es el crimen organizado, las masacres confirman esta realidad. Por tal razón, la indefensión es una preocupación que nace de las familias de los uniformados, sobre todo de aquellos que cumplen la orden de disparar. Se puede advertir otro problema social, frente a una función judicial contaminada y sometida al crimen organizado.
Cuando se dispone al Ministerio de Economía y Finanzas “asignar los recursos necesarios” no existe explicación o argumentación sobre cuanto se va invertir, de donde saldrá el dinero, que tiempo se va a financiar esta “guerra”. Sería inadmisible que se pretenda financiar este grave problema social, recortando otros servicios públicos cuyos presupuestos se mantienen escuálidos.
Por último, la sociedad ecuatoriana está colmada por la crisis política, económica, moral y social. Existe fuertes contradicciones entre las instituciones del Estado. Las instituciones del Estado incluido la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, tienen poca credibilidad y confianza de los ecuatorianos. La justicia libera personas en delito fragante, policías y militares son parte de organizaciones delictivas, algunos asambleístas están involucrados en grupos y empresas de narcotraficantes. En este contexto el decreto “Exhorta a las funciones del Estado… apoyar esta lucha contra el terrorismo” … o son audaces o buenos cuenteros.
El crimen organizado no será derrotado solo con armas y militares, tampoco armando a la población. Mientras se fomente la pobreza y la extrema pobreza desde el gobierno, la intimidación y el coqueteo de los grupos delincuenciales hacia la juventud crecerá.
¿Qué hacer? El crimen organizado es un hecho objetivo, su existencia en la sociedad ecuatoriana genera miedo y muerte. Las medidas que ha realizado el Estado son mínimas. Es necesario contar con políticas públicas que prevenga los delitos de cuello blanco y los abiertamente criminales, esto no comprenden los neoliberales. Garantizar la vida es pensar y actuar en favor de las mayores desechando la impunidad y la corrupción. Por esta razón se debe debatir con seriedad, entre otros aspectos los siguientes:
- Incrementar el presupuesto para educación y salud, como dispone la Constitución.
- Iniciar una depuración eficaz de los mandos policiales y militares
- Realizar una evaluación exhaustiva a jueces y fiscales. Identificar como emiten las sentencias y como realiza las investigaciones la fiscalía y los esquemas de corrupción
- Investigar en que estructuras empresariales están las economías ilícitas del crimen organizado
- Como y donde se está realizando el lavado de activos, los empresarios deben por ética conocer el origen de los inversores.
- Controlar que empresas producen precursores químicos utilizados para el proceso de producción de estupefacientes.
- Efectiva política que detenga el contrabando de combustibles (el alza del precio nunca fue solución)
Denunciar que la “guerra contra el terrorismo” no puede ser asesorada por Israel, porque sus operaciones contraterrorismo son terrorismo de Estado.
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