Cuenca se prepara para el SI a favor de la vida y el agua

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Cuenca y el Azuay han sido en lo que va del siglo, lugares de importancia vital en la defensa del agua. La lucha colectiva ha significado enfrentarse a las presiones, incluso violentas, de las mineras, los continuos intentos de dividir a las comunidades como suelen hacer las industrias extractivas alrededor del mundo y buscar el esclarecimiento de la verdad en medio de campañas publicitarias cargadas de mitos y falsedades.

 

Ahora avanzan a un nuevo momento que puede ser el mayor de los ejemplos para señalar que en el Ecuador el agua es más importante que el oro. Lo es porque el pueblo cuencano, a través de su Concejo Cantonal, logró la aprobación legal para llevar adelante una Consulta Popular que coincidirá con las elecciones generales este 7 de febrero. En ella, hay cuatro preguntas en las que se consulta a la ciudadanía si está de acuerdo con prohibir la explotación minera metálica a gran escala en las zonas de recarga hídrica de los ríos Tarqui, Yanuncay, Tomebamba y Machángara; y, una quinta pregunta, consultando si se está de acuerdo con prohibir la explotación minera metálica a mediana escala en las zonas de recarga hídrica del río Norcay.

 

Las zonas de Recarga Hídrica han sido técnicamente delimitadas por la empresa municipal ETAPA EP. Se trata de los lugares donde se capta el agua que se consume en la ciudad y en los sistemas comunitarios de agua potable, agua que se emplea en generación de energía eléctrica, en los cultivos, ganadería, acuicultura y turismo. Agua que da vida, permite la alimentación, la biodiversidad y la economía. Agua que en su trayecto genera paisaje, orgullo y sana relación entre la sociedad y la naturaleza.

 

La victoria de cinco veces SI responderá a los derechos de la naturaleza y al derecho humano ligado a vivir en un ambiente sano y libre de contaminación, derechos que se imposibilitan con la minería. Es también defender el agua como un derecho humano fundamental, como señala nuestra Constitución. De esta manera, el país entero debe apoyar el Si en la consulta de Cuenca como un paso progresivo en la defensa y concreción de los derechos, para evitar un retroceso que afectará a toda la población.

 

No se trata de que la minería sea legal o ilegal, se trata de que estas actividades empresariales, anteponiendo la ganancia privada, consideran al agua solo como un recurso necesario para las minas. Cabe señalar que impedir la minería ilegal es fácil para el Estado porque se sabe dónde están extrayendo, por donde circulan, comercian en entidades conocidas y existe toda la legislación necesaria. No se puede sino concluir que se permite esta actividad ilegal como pretexto para justificar la igualmente (o mayormente, por el volumen) destructiva minería legalizada y que podría haber otros intereses involucrados. La minería ilegal sirve también para generar un ambiente que atemorice a la población, la divida o la lleve a abandonar sus tierras y fuentes de vida.

 

Por otra parte, hay claros mandatos constitucionales (por ejemplo, los artículos 57 y 398) que apoyan la realización de la Consulta, que no habría sido necesaria si no se hubiese aprobado en el gobierno anterior una Ley de Minería y luego reformas pensadas en beneficiar a los empresarios burlando la obligación de la consulta pre-legislativa antes de aprobar normas que claramente ponen en riesgo derechos y condiciones de vida.

 

Si están bajo amenaza los ríos que embellecen la ciudad de Cuenca facilitando el turismo y el agua que se potabiliza, este no es un problema local. Lo que suceda en una de las ciudades más importantes del país, será determinante para lo que luego pase en el país entero.  Por ello los empresarios, y no solo los que ya tienen inversiones mineras, han saltado como canguil, pagan publicidad y son convocados en los medios de comunicación también empresariales.

 

De manera insistente los empresarios exponen algunos mitos mayores, sin que repetirlos los convierta en verdad: la minería metálica es nuestro destino, cuando debería ser “la última opción de un país sin más opciones”; brindará empleo, cuando en América Latina se observan los datos que demuestran que la fantasía se presenta solo al inicio y luego queda muy poca mano de obra especializada; que desarrollan la localidad, cuando en Perú los cantones pobres con la actividad minera pasaron a muy pobres; que no dañan el ambiente, tratando de ocultar los daños extremos en los deslaves que se presentan en las trasnacionales más “famosas”, la contaminación de las aguas y suelos es permanente, las enfermedades por contaminación ambiental se mutiplican; que brindan recursos al país, con proyectos de 12 a 30 años que dejan el suelo destruido y con cifras que no coinciden a la realidad; y, por supuesto, callan por ejemplo sobre las responsabilidades de las empresas mineras en guerras internacionales y civiles (los casos en África son los más conocidos).

 

El debate, entonces, está abierto. Será necesario participar en él y exigir a los candidatos definirse: están a favor de las transnacionales y la mercantilización de los recursos colectivos; o están a favor del agua y la vida. Si no están abiertamente a favor de la defensa del agua, no deben recibir el voto popular; si dicen incoherencias como en el supuesto “debate presidencial”, deben ser rechazados; si pretenden “irse por la tangente” con bonitas metáforas y análisis generales, pero no fijan una posición clara, tampoco merecen el respaldo.

 

Para ello hay que añadir esta cuestión en los temas de interés nacional y brindar argumentos válidos para decir, por cinco veces y las que sean necesarias, SI a la vida, SI al agua, Sí a los derechos de las poblaciones. Cuenca se gana el respeto nacional y lo hará mucho más cuando se contabilice la victoria del SI.

Edgar Isch Lopez