Por: Ezequiel Rojas
El pasado 22 de abril se recordó el Día Internacional de la Tierra, una fecha que procura concienciar sobre la necesidad de proteger y preservar el medio ambiente, la naturaleza y su biodiversidad. La ONU escogió esta fecha a partir de 1970, por la protesta de millones de hombres y mujeres producida en las calles de las principales ciudades de Estados Unidos por el daño que la codicia del capitalismo ha causado al medio ambiente.
Esta codicia por acumular, ha provocado numerosos conflictos sociales y ambientales atribuidos a la extensión de la agroindustria, los megaproyectos de minería a cielo abierto, la construcción de grandes represas hidroeléctricas y la expansión de la frontera petrolera y energética a hidrocarburos no convencionales. En América Latina las comunidades campesinas e indígenas, los defensores de los derechos de la naturaleza, las organizaciones sociales y populares, resisten y cuestionan la matriz productiva, desarrollan la conciencia ambiental y los derechos colectivos; promueven la exigencia social en el contexto de la movilización social y la comprensión de los instrumentos jurídicos que respaldan sus reivindicaciones. Estas fuerzas sociales de los de abajo, discrepan con los intereses y valores que representan las empresas multinacionales y la oligarquía que pretenden el acceso y control de los bienes naturales y el territorio donde se concentra los recursos; proclaman que el crecimiento económico es el impulsor de la “riqueza y prosperidad”, incentivando la mercantilización del suelo, de los recursos naturales y el consumo de bienes y servicios.
No es justo que los capitalistas se sientan con el derecho de apropiarse de la naturaleza, despojar a las comunidades, desaparecer un bosque nativo para implantar el agro negocio, así como, se desvalorice al territorio y sus gentes “el monte no sirve para nada”, “los indios son regresivos para el progreso”, argumentos descalificatorios que reeditan la matriz de pensamiento colonizado, vigente en América Latina desde la llegada de los europeos (Alimonda,2011). De ahí que, la conciencia ambiental surgida desde la practica social, la defensa del territorio y a las comunidades, más la teoría, permite que se junten movimientos y se comprenda que la lucha por la justicia ambiental y social es profundamente política, unitaria y colectiva.
La resistencia, herramienta popular
Los gobiernos progresistas asumieron un discurso beligerante en defensa del desarrollismo y el extractivismo, atizado, por la acción criminalizadora y represiva al movimiento indígena y campesino, a los defensores de los derechos de la naturaleza y sus organizaciones por defender el agua, las reservas de biósfera, los páramos, los humedales, entendidos como fuentes de vida.
La extensión de los megaproyectos en América Latina, en particular, en América del Sur, respondió a los Planes Nacionales de Desarrollo (2007-2012), ejecutados por los diferentes gobiernos de acuerdo a sus recursos existentes enfocados en actividades extractivas: minera, petrolera, hidroeléctrica o los cultivos transgénicos. En este periodo los gobiernos ejecutaron grandes proyectos viales (aéreos, hidrovías, puertos), de energía (represas hidroeléctricas) y comunicaciones siguiendo la hoja de ruta del programa conocido como Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA), luego, Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento (COSIPLAN), conducido desde el 2007 por la Unión de Naciones Suramericanas, (UNASUR), el propósito principal de estos proyectos es aprovechar la infraestructura para extraer y exportar la materia prima a los mercados internacionales.
Un estudio del Laboratório de Estudos de Movimentos Sociais e Territorialidades de la Universidade Federal Fluminense, daba cuenta que “el IIRSA afecta directamente el modo de vida de 664 comunidades indígenas, 247 comunidades campesinas, 146 comunidades de afrodescendientes y 139 comunidades de poblaciones tradicionales, además de un amplio espectro de ecosistemas de gran biodiversidad. Muchos son los casos de conflictos abiertos contra obras de la IIRSA, como la movilización indígena en defensa del parque natural del TIPNIS en Bolivia, la huelga de trabajadores de la construcción en la represa de Jirau en la Amazonía brasileña, o el rechazo que ha generado los sobrecostos cobrados por Odebrecht en Ecuador”.
Estos conflictos representativos rebasaron las fronteras de sus países porque las expectativas de cambio y el buen vivir, estuvieron distantes de la practica social y económica. En el mismo andarivel estuvieron los gobiernos neoliberales, la lucha indígena y campesina contra el proyecto minero Conga, en Perú, es un ejemplo importante de la resistencia anti minera latinoamericana, este proyecto está suspendido desde el 2011; otro caso transcendente que costó la vida a Berta Cáceres, fundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), es la represa Agua Zarca, en Honduras, los trabajos en la central hidroeléctrica fueron paralizados tras el asesinato de la activista (2016); 14 años de lucha les tomó a las comunidades del Tolima, Colombia contra la mina a cielo abierto llamado La Colosa, la consulta popular negó definitivamente este proyecto suspendido en el 2017; en sentencia de primera instancia el 1 de noviembre del 2023, el Juzgado Segundo de Ibagué ratificó el resultado de la consulta popular que dijo no a la megaminería de oro La Colosa.
El Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL), ilustra cómo ha evolucionado los conflictos sociales y ambientales entre las transnacionales mineras y comunidades en 2010 había 120 conflictos mineros que afectaban a 150 comunidades; en 2012 éstos ascendían a 161 conflictos, que incluían 173 proyectos y 212 comunidades afectadas. En febrero de 2014, el número de conflictos era de 198, con 297 comunidades afectadas y 207 proyectos involucrados. En enero de 2017, había 217 conflictos, que involucraban 227 proyectos y 331 comunidades. Los países con mayor cantidad de conflictos son Perú (39), México (37), Chile (36), Argentina (26), Brasil (20), Colombia (14) y Ecuador (7)
En el caso de Ecuador, la conflictividad social y ambiental, está marcada por la criminalización de la protesta, juicios penales y sentencias a líderes indígenas, campesinos y sociales, retiro de personería jurídica y expulsión de ONG´S ambientalistas ejemplo Fundación Pachamama (2013), hostigamiento y amenaza de disolución de Acción Ecológica (2009 y 2016). También, el gobierno anuló la demanda de Iniciativa Popular, propuesto por Yasunidos, luego de que decidiera el inicio de la explotación petrolera en el Parque Yasuni. Minar la naturaleza “…sigue siendo asumida, por gobiernos de diferente orientación ideológica, como un elemento a ser domado, explotado y por cierto mercantilizado” (Acosta, 2013). Desde el 2012 que inicia la minería metálica a cielo abierto en Ecuador se ha militarizado los territorios, no se ha realizado la consulta previa o se la ejecuta a punta de fusil; se estigmatiza a las comunidades como “delincuentes” o “terroristas”, se judicializa y sentencia a los pobladores que resisten, claros ejemplos son: Intag (Imbabura), Mirador (Zamora Chinchipe), Quinsacocha (Azuay) y recientemente en Las Palmas y Palo Quemado (Cotopaxi). Los gobiernos de Ecuador, actúan violentando la Constitución que “prescribe, por un lado, garantizar la justicia ambiental, atendiendo a la defensa de la calidad y condiciones de vida de la población ante impactos ambientales; y por otro, contempla los derechos de la naturaleza en cuanto garante de la sobrevivencia de las especies y los ecosistemas” (Acosta, 2010).
En la actualidad, en Latinoamérica los retos que requiere solución urgente son la deforestación, la contaminación, la minería, derrames petroleros, el despojo de tierras ancestrales y el asesinato de defensores ambientales. Según la Red Latam de Jóvenes Periodistas, entre 2001 y 2021 la región ha perdido más de 39 millones de hectáreas de bosques primarios, este desastre contribuye a la pérdida de la biodiversidad y el calentamiento global. Entre las causas se identifica: la ganadería, la agricultura, la captación de agua, los incendios, la tala ilegal, la extracción de minerales y la creación de infraestructura de transporte, entre otras. En Brasil, la ley 2903, solo demarca los territorios ocupados por pueblos indígenas hasta 1989, dejando sin derechos a los pueblos que fueron expulsados antes de ese año. En Ecuador, se mantienen los derrames, no se aplica la decisión de las consultas populares ambientales, se sigue explotando el petróleo en el Yasuni y la minería continua en el Choco Andino, se pretende ampliar a la fuerza la megaminería. La expansión minera y la falta de reconocimiento y titulación de los territorios ancestrales pone en riesgo la biodiversidad y la vida de los defensores ambientales, entre el 2016 y el 2021, cincuenta y ocho líderes y pobladores indígenas fueron asesinos en las fronteras de Brasil, Colombia, Perú y Ecuador. Existe una denuncia a Bayer de un grupo de organizaciones de Argentina, Brasil, Paraguay y Bolivia presentada ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) por los graves daños ambientales y sociales; las intoxicaciones y enfermedades, y la contaminación de las fuentes agua por el avance del cultivo de la soja. Bayer, es la más grande comercializadora de semillas de soja resistentes al glifosato. La transición energética, sigue siendo un asunto mediático, en diciembre del 2023, la COP28 realizada en Dubai, acordó poner fin al uso de combustibles fósiles, pero no fijó objetivos precisos; la campaña carbono cero se aplica en medianas empresas e industrias, no alcanza, para reducir el calentamiento global, porque países como China, (30,9%); Estados Unidos (13,5%), India (7,3%), Rusia (4,7%) son los mayores emisores de carbono por la intensificación de combustibles fósiles. (Revista Ekos), De la misma manera un informe de Oxfam, revela que el 1% de los multimillonarios es responsable del 16% de las emisiones de carbono a nivel mundial, Jeff Bezos, Bill Gates, Elon Musk y Carlos Slim, encabezan la lista; en total 12 de estos personajes, producen más emisiones de gases de efecto invernadero con sus yates, autos, jets privados, mansiones e inversiones financieras que las emisiones anuales de energía de 2,1 millones de hogares. Los potentados están incendiando el planeta y los pobres sufren las mayores consecuencias, el calentamiento global es otra expresión de la desigualdad social y económica.
La vida enseña que mientras el sistema capitalista a través de sus presidentes neoliberales, use el terror, el engaño y la violencia para favorecer a las empresas mineras, agroindustriales, petroleras, la herramienta que tiene los pueblos para defender la vida y la naturaleza es la organización y resistencia.
Referencias
Capítulo 2. Conflictos socioambientales y lenguajes de valoración, MARISTELLA SVAMPA
La Naturaleza con Derechos Una propuesta para un cambio civilizatorio, Alberto Acosta
Los conflictos ambientales en América Latina I, Francisco Suárez y Carlos Ruggerio Compiladores
- Estados Unidos desata crack financiero global - septiembre 9, 2024
- La palma africana - agosto 20, 2024
- Presentación del repositorio digital de la Revista Espacios - julio 9, 2024
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