Casualidad, causalidad y ajuste presupuestario.
Una constante en la Universidad Pública, como resultado de las políticas del FMI.
Para un sector de actores del mundo académico el estallido de la crisis económica, social y política, develada a partir del surgimiento de la Pandemia COVID 19, no resulta nada novedoso o extraordinario, pues las causas que provocan dicho fenómeno social, son en realidad aspectos de carácter histórico-social que durante décadas han provocado denuncias y la consecuente exigencia a los distintos Gobiernos de turno en América Latina y el Mundo, sobre todo desde las organizaciones de maestros y estudiantes.
El actual estado de situación, es sin duda el resultado de décadas de aplicación de las políticas neoliberales y globalizantes cuya constante es de forma inevitable la depredación de los recursos naturales y la mega concentración del capital en pocas manos. Aspectos que se pueden deducir fácilmente si dirigimos nuestro análisis a los aportes conceptuales de, Mejía Ortega & Franco Giraldo. 2007.
El modelo neoliberal parte del supuesto que todos los individuos tienen ingresos suficientes para satisfacer sus necesidades en un mercado que les ofrece una variada gama de bienes y servicios; y se caracteriza por las formas que establece de interacción entre los individuos y dichos mercados, cuyo único interés es la rentabilidad económica bajo el principio de la libre competencia, pasando a ser en su mayoría del sector privado. p.475.
Libertad de mercado y competencia que hoy visibiliza de forma exponencial los índices de pobreza, subempleo y desempleo, así como la deficiente o calamitosa situación de los sistemas de salud, educación, seguridad social, seguridad alimentaria y vivienda en todos los países del mundo, azotados por la pandemia que ya supera los millones de infectados y cientos de defunciones sobre todo en los sectores empobrecidos de la sociedad.
Es decir, hoy estamos pasando factura a la permanente eliminación y/o intervención del Estado en la economía y reducción de sus funciones relacionadas con el bienestar social; mediante la privatización de las áreas estratégicas y la producción de los servicios, así como el recorte al gasto social, impuestas por el FMI, el Banco Mundial entre otros organismos internacionales.
En este marco económico y social es que las Instituciones de Educación Superior públicas en el Ecuador, han desarrollado su devenir, marcadas por un permanente asedio de las élites intelectuales y políticas en su objetivo de mediatizarlas a estos intereses, no solo desde los ajustes presupuestarios, los mismos que han sido permanentes, sino que además hicieron uso del poder para maniatar su Autonomía y alejarla de su verdadero carácter social y humanista.
Según García Guadilla. (2003). p 18. A fin de responder a los principios y características del neoliberalismo, el sistema de educación superior se dio a la tarea de generar diversos cambios caracterizados principalmente por cambios en los modelos de financiamiento, exigencia de eficiencia a través de la implementación de sistemas evaluativos y presiones por relaciones más estrechas con el sector productivo
Con este despropósito, en este Gobierno y en todos los Gobiernos anteriores, la asfixia económica, siempre estuvo acompañada de la promulgación de leyes y decretos, para maniatarla a través de supra organismos vinculados a la gestión educativa, como agencias de evaluación y acreditación, así como lineamientos que reducen sus funciones sustantivas a procesos burocratizados e ineficientes alejados del contexto social y sus necesidades.
Si miramos las cifras de forma retrospectiva, encontraremos que en nuestro país los recortes y ajustes a los presupuestos de las universidades públicas constituyen una tónica de los Gobiernos de los últimos 50 años, con argumentos que van desde la crisis económica hasta la eficiencia o calidad del gasto, como sucedió en los últimos años del Gobierno del Economista Rafael Correa Delgado y de este Gobierno en particular.
Y es que resulta necesario analizar un conjunto de variables que intervienen en esta temática para establecer conclusiones que rebasen el discurso tecnócrata derivado de los voceros gubernamentales quienes afirman permanentemente su preocupación por la educación en general y la educación universitaria en particular.
Una de esas variantes obligatorias en educación superior es la referida a la población, la misma que de acuerdo al INEC, desde el año 1950 el país ha incrementado su tamaño en más de 4 veces. En el 2010 se registraron 14.483.499 habitantes, mientras que las proyecciones que se esperan para el año 2021 señalan que llegará los 17.710.643 millones de habitantes (aproximadamente).
Según esta institución estatal, el país suma 249.751 habitantes cada año, con una particularidad que es necesario tomar muy en cuenta, el año 1999 fue declarado el año que reporto el mayor número de nacidos vivos, lo que quiere decir que actualmente esta masa poblacional se encuentra en los rangos comprendidos entre 19 y 21 años de edad, jóvenes que potencialmente buscan el ingreso al sistema de educación superior
Es esta población la que hoy mismo demanda acceso a la educación superior con un agravante tangible como es el de la infraestructura de las IES, las mismas que no han cambiado substancialmente desde el año 1950, una más de las razones por la cual la universidad no puede ampliar su oferta, abriendo una amplia brecha entre los que ingresan y los que deberían ingresar, aspecto que se puede evidenciar con más de 800.000 mil bachilleres que no han podido ingresar a las universidades del país.
Este entre otros aspectos como el déficit de infraestructura tecnológica y la precarización del trabajo docente constituyen una realidad a la que el Gobierno del Licenciado Lenin Moreno y el Ministerio de Finanzas Richard Martínez pretenden agravar con las medidas a propósito del Estado de Emergencia decretado en marzo del 2020.
En realidad, su objetivo es consumar su política neoliberal y sumisa al Fondo Monetario Internacional, que fue ya expuesta en noviembre del 2019, mediante el proyecto de Crecimiento Económico enviado a la Asamblea Nacional, en la que se advierte la disminución presupuestaria para la enseñanza superior pública de 144 millones de dólares, la misma que tras una multitudinaria marcha estudiantil en Quito convocada por la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador(FEUE) y otros organizaciones de docentes y estudiantiles fue desechada parcialmente.
Hoy con el manto del confinamiento, el estado de toque queda y bajo la exigencia de los banqueros y prestamistas internacionales decretan un recorte presupuestario de alrededor de USD 98 210 190,78; constituyendo una grave violación a la Carta Magna de la nación, la misma que dice:
Art. 26.- La Educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo.
Art. 165.- Durante el estado de excepción la Presidenta o Presidente de la República únicamente podrá suspender o limitar el ejercicio del derecho a la inviolabilidad de correspondencia, libertad de tránsito, libertad de asociación y reunión, y libertad de información, en los términos que señala la constitución.
Declarado el estado de excepción, la Presidenta o Presidente de la República podrá:
- Decretar la recaudación anticipada de tributos.
- Utilizar los fondos públicos destinados a otros fines, excepto los correspondientes a salud y educación.
- Trasladar la sede del Gobierno a cualquier lugar del territorio nacional.
En su pensamiento macro económico neoliberal, no cabe una posible reflexión n los estudio realizados por importantes Universidades del mundo e intelectuales entre los cuales podemos citar a López, Thomas y Wang (1999) quienes en sus notas luego del procesamiento de los reportes del mismo Banco Mundial, concluyen:
Un gran número de países que han logrado un fuerte desarrollo económico lo han acompañado de una inversión substancial en capital humano. Las principales teorías económicas confirman esta relación causal entre la educación y el crecimiento, y muchos estudios demuestran la rentabilidad de una inversión en educación.
Esto quiere decir que desde el campo práctico de la economía y de la lógica social cualquier recorte a los presupuestos, por demás escuálidos, de las Universidades públicas del país, constituye un atentado a las aspiraciones de reactivación del aparato productivo y de la economía post pandemia.
Desde todo punto de vista la inversión estatal en el Alma Mater, es el instrumento más idóneo y debe convertirse hoy en el aspecto clave para garantizar el desarrollo de del país, reducir la brecha de desigualdad y pobreza, así como para brindar oportunidades laborales de profesionales calificados y comprometidos con su pueblo. Toda vez que la educación superior trae consigo de forma innegable la necesidad de formar y trasformar al individuo y por tanto a la sociedad, mediante procesos sostenidos de Investigación y Vinculación con la Sociedad
Bibliografía.
García Guadilla, C. (2003). Balance de la década de los ‘90 y reflexiones sobre las nuevas fuerzas de cambio en la Educación Superior. En M. Mollis, Las universidades en América Latina: ¿reformadas o alteradas? La cosmética del poder financiero (págs. 17-37). Buenos Aires, Argentina: CLACSO.
López, Thomas y Wang. (1999). Addressing the Education Puzzle: The distribution of education and economic reforms, World Bank draft paper.
Mejía Ortega, L. M., & Franco Giraldo, A. (2007). Protección Social y Modelos de Desarrollo en América Latina. Salud pública, 9 (3), 471-483.
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