Aquel jueves 30 de septiembre de 2010 un grupo de policías se insubordinó en Quito, Guayaquil y Cuenca en rechazo de la Ley de Servicio Público que perjudicaría sus ingresos y varios beneficios corporativos. El ex presidente Rafael Correa se dirigió al Regimiento Quito N° 1 en donde desafió a los manifestantes uniformados. Empezaba el mito correísta de que aquello era un golpe de estado, una conspiración policial aupados por los pelucones y la prensa corrupta.
El golpe de Estado (del francés coup d’État) es una acción violenta llevada a cabo por fuerzas militares o rebeldes que busca quedarse con el gobierno de un Estado. Supone la sustitución de las autoridades existentes y el cambio de mando de las instituciones estatales por imposición. Constituye una violación y falta de reconocimiento hacia la legitimidad constitucional ya que atenta contra las reglamentaciones legales de llegada y permanencia en el poder.
Se distinguen dos grandes tipos de golpes de Estado: el golpe institucional es aquel que tiene lugar cuando llegan al poder ciertos integrantes del propio partido en funciones, mientras que el golpe de carácter militar es concretado por las fuerzas armadas. En las últimas décadas se ha sumado la noción de golpe de mercado para hacer referencia a los cambios institucionales que tienen lugar por la presión de grupos económicos en condiciones de desestabilizar la economía.
La Revuelta es una alteración, una sedición o un alboroto a nivel social. Es un movimiento social que se opone a alguna figura de poder o a una cierta medida del gobierno y que suele tener un carácter violento.
La Comisión 30S creada por el Gobierno de Rafael Correa apuntaló la teoría del golpe de Estado blando que consiste en usar “estrategias conspirativas no violentas” para deponer un gobierno, fue acuñada en 1973 por el politólogo, filósofo y escritor estadounidense Gene Sharp. Sharp la describe como una “modalidad de desestabilización” que se desarrolla en determinadas condiciones políticas internas y externas.
Esta Comisión fue dirigida por Carlos Baca Mancheno (más tarde nombrado Fiscal General) Oscar Bonilla Soria, ex subsecretario de la política y actual funcionario de Lenin Moreno y Diego Guzmán Espinosa, que en la actualidad lidera a la empresa estatal Seguros Sucre y es familiar de Richard Espinosa, ex director del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).
La conclusión a las que llegaron fue que el 30S es un intento de golpe de Estado blando concurrente con una estrategia de desestabilización regional. Según estos asalariados de Rafael Correa, hubo planificación con reuniones en Quito y fuera de la ciudad con el objetivo de debilitar la imagen del gobierno desde distintas áreas y preparar un escenario para el derrocamiento presidencial. En esos encuentros se habría planificado el despliegue de las protestas policiales. Nombres como el de Cléver Jiménez, Mery Zamora (declarada inocente por la Corte Nacional), Diego Cano, Pepe Acacho, Lourdes Tibán, Luis Villacís se mencionaron entre los protagonistas de esa operación.
La Contraloría General del Estado identificó a Carlos Baca Mancheno, a Pablo Romero Quezada, exsecretario nacional de inteligencia (SENAIN) entre otros funcionarios, como autores del presunto delito de peculado. Lo estableció en un informe del 23 de diciembre de 2016 que fue dirigido por el Contralor Subrogante, Daniel Fernández de Córdova, al entonces fiscal general Galo Chiriboga Zambrano, por una serie de irregularidades en la entrega de sueldos y pagos realizados por la comisión que se encargó de la investigación de la revuelta policial del 30 de Septiembre de 2010 (30-S).
El examen de contraloría estableció que “CATO”, “OBAN” y “WALDO”, (sobrenombres que usaron Carlos Baca Mancheno, Oscar Bonilla Soria y Diego Guzmán), recibieron sueldos indebidos y solicitaron pagos no justificados a nombre de la C30s por un valor parcial de $ 84.285 dólares, aunque el informe de Contraloría establece un monto total de $ 206.889. Baca, Bonilla y Guzmán recibieron $ 5.500,00 cada uno por concepto de sueldos correspondiente al mes de febrero de 2014, por ejemplo pese a que el decreto ejecutivo 22, emitido por Rafael Correa, estableció que los miembros de la mencionada comisión ejercerían el cargo de manera gratuita.
El informe de la Comisión 30-S fue clave para judicializar a decenas de ciudadanos acusados de haber participado en un supuesto golpe de estado blando, intento de magnicidio y secuestro del expresidente Rafael Correa Delgado, en la revuelta policial del 30 de septiembre. Muchos inocentes fueron enjuiciados o encarcelados.
La egolatría de Rafael Correa creó un spot publicitario en que se menciona que el 30-S es el día en que nació la Megan (una bebé con pañales verdeflex) el día en que el país volvió a nacer, el día en que triunfó la democracia, el día en que Alianza PAIS se tomó todas las señales de radio y de televisión para repetir su propaganda falsa, era cansona. Hoy sabemos que todo fue un manejo propagandístico con compra de videos para manipularlos a favor de su tesis.
En mi apreciación, el 30-S es el día en que el cinismo de Rafael Correa no tuvo límites ni vergüenza. No le importó poner en riesgo a los enfermos internos del Hospital de la Policía, ni la muerte del policía Froilán Jiménez, el asunto era volver a la Plaza de la lndependencia entre vítores y aplausos de sus borregos,
Carlos Baca Mancheno, Oscar Bonilla y Diego Guzmán siguen impunes al igual que Rafael Correa Delgado que deberían ser juzgados por crímenes de lesa humanidad.
A propósito del 30S
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