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Por: Víctor H. Vinueza

Fotos: Vladimir Cruz

Violencia política y criminalización de la protesta social

 

Desde la perspectiva histórica la violencia política ha sido utilizada como medio para conseguir y sostener el poder. El poder en el sistema capitalista está bajo la salvaguardia de la clase dominante, la burguesía. El color o el nombre, ha cambiado conforme la coyuntura específica; las políticas y medios de ejercer la violencia, también. Lo que no ha variado es que el Estado ejecuta la violencia, con el propósito de defender el lucro, la acumulación de riqueza en favor de la clase minoritaria y constantemente en detrimento de la mayoría de la población.

 

En consecuencia, el Estado es quien organiza y monopoliza la violencia, intentando, legitimar y justificar su uso y abuso bajo la presentación de ser el garante del buen vivir, de la “ley y el orden”, así como, de la “gobernabilidad y la paz social”.

 

De ahí que, en el caso del gobierno de Rafael Correa sea recurrente en mencionar que la fuerza pública actúa para evitar la “anarquía”; para no “regresar al pasado” y otra palabrería populista. El marketing político del gobierno se encarga de sugerir que los “pocos inconformes” quieren atentar la estabilidad de su gobierno, ante ese peligro eminente, a esos indignados, cuestionadores y críticos hay que imponer la “ley”. La táctica es justificar la violenta represión contra las mujeres indígenas, jóvenes y personas de la tercera edad, encubrir la violencia estructural y deslegitimar la lucha social y resistencia de los pueblos del campo y la ciudad.

 

 

¿Porque esta forma abusiva y discriminatoria de actuar?  El gobierno y su caudillo saben bien que unas carreteras, aulas, edificios inteligentes construidos no solucionan las desigualdades, que sostener o aumentar el gasto social no es suficiente para que la riqueza llegue a los trabajadores, más, se ha convertido en una fuente de mayor tasa de ganancia de ciertos grupos económicos en las aéreas sociales de inversión pública, constructoras, farmacéuticas, grandes hospitales y clínicas privadas, bancos, etc. Esta respuesta pone en evidencia que la violencia política desde el Estado dirigido por los “revolucionarios ciudadanos” es para ahogar el descontento, sostener el control social y principalmente, defender la concentración de la riqueza y la acumulación .que han logrado los viejos y los nuevos ricos del país, durante los ocho años de gobierno de Rafael Correa.

 

En este contexto se puede entender que el uso de la violencia desde el Estado es aplicado porque existe una sociedad injusta, existe explotación del trabajo, discrimen y marginación social, económica y cultural. Por esta razón, el gobierno promueve la manipulación y desinformación ideológica en los medios incautados y públicos, condena perversamente el cierre de carreteras, la paralización de los servicios públicos, los daños de la propiedad pública y privada y minimiza la carencia de servicios, la falta de empleo, el alto costo de vida, la tierra para el campesino, el crédito, medicinas, etc. El rechazo al autoritarismo, el abuso del poder, la mentira, la imposición, la negación de derechos y libertades, seguridad social, la negativa de más del 80% de la población ecuatoriana que no quiere las enmiendas, es decir, las razones para que el pueblo haya retomado la calle como punto de encuentro de quienes luchan por el cambio social.

 

La respuesta de los pueblos, nacionalidades, juventud, pobladores a la actual situación económica, política y social en Ecuador es la resistencia con la diversidad de formas de expresión y participación. La calle es un termómetro democrático que ha evidenciado la nueva correlación de fuerzas, la pérdida progresiva del miedo a protestar, ha fortalecido la unidad en la lucha, ha unificado las banderas de lucha y se esta ha proyectado como una alternativa política de la izquierda.

 

El gobierno ante el creciente descontento social ha retomado el uso de la ley penal, como herramienta de control y dominación, la actuación de los tribunales penales en los más de 400 procesados, entre los más renombrados, los 26 de Saraguro, los 9 de Orellana, los de Cotopaxi, dirigentes de la CONAIE, representantes de GAD,s, etc., confirman, la malévola relación entre el poder político y la criminalización.

 

Criminalizar la lucha y a los luchadores sociales ha sido la tónica de este gobierno autoritario, convertir actos lícitos en ilícitos ha sido el papel de los fiscales y jueces; el abusivo uso político del derecho penal ha hecho que se pierda la confianza en la justicia, porque se criminaliza la rebeldía y la resistencia.

 

Al respecto, Daniela Salazar Marín escribe:

“  Es preocupante que los fiscales y jueces penales ecuatorianos, al analizar denuncias relativas a supuestos delitos cometidos en el marco de una protesta, ni siquiera consideren para sus decisiones que uno de los bienes jurídicos a proteger en los casos de acusaciones penales relacionadas con demostraciones sociales es justamente el derecho a la libertad de expresión”

 

Los procesos surgidos el 13 de agosto del 2015, día en que se desarrolló el llamado paro del pueblo demuestra que el análisis jurídico se omite frente a la decisión política de enjuiciar y condenar, no importan como y de que se sentencie, la intención del gobierno es amedrentar, algo que el momento social ha aprendido a contrarrestar

 

Por esta razón las organizaciones sociales y populares, están desplegando varios actos y acciones tendientes a exigir la libertad, que se pare la persecución política, y que la justicia actué con independencia.

 

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Las Casas Oe3-128 (entre América y Antonio de Ulloa)

Quito-Ecuador

ISSN 1390-6038

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