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Por:  Mateo Rodríguez

Fotografía: Agencias

¿Quiénes son los rebeldes del Consejo de la Judicatura?

 

Los incidentes al interior del Consejo de Participación Ciudadana transitorio durante la evaluación del Consejo de la Judicatura hizo público tres nombres de los vocales de dicho organismo: Gustavo Jalhk, Nestor Albito, Karina Proaño.

 

A parte de su accionar para corporativizar a la función judicial y neutralizar, durante estos últimos cuatro años, la independencia de la misma frente a Carondelet, son personajes que han trabajado juntos desde hace más de una década. Jalkh, Albito y Proaño trabajaron para Projusticia, proyecto financiado por la USAID y cuyo objetivo era impulsar la reforma judicial bajo los parámetros establecidos por el Departamento de Estado. Según un informe del 2005 de esta Agencia, se conoció que Washington destinó USD 38,9 millones.

 

Este proyecto es parte de las reformas que el gobierno norteamericano ha venido impulsando en la región para cambiar la institucionalidad a las necesidades del mercado, mismo que tiene dos objetivos muy marcados: 1) ofrecer a los inversionistas (sobre todo, trasnacionales) un clima estable para reforzar reglas de juego “predecibles”; y 2) asegurar las condiciones mínimas en el orden público necesarias para que “operen los mercados.

 Gustavo Jalhk

 

Este proceso de reforma judicial impulsada por Washington ha tenido a la tecnocracia como una de sus principales aliadas, misma que se representa actualmente en estos tres vocales del Consejo de la Judicatura y que sin importar su credo político han servido a los objetivos del imperialismo. Las políticas tecnócratas impulsadas por estos grupos se han materializado en el país y en la región en: “i) la profesionalización de los derechos humanos en EEUU; ii) el giro de la academia hacia un nuevo modelo económico consistente con los principios del neoliberalismo pero que toma en cuenta la importancia de las instituciones y la trayectoria de la historia económica7 ; iii) el hecho de que este fenómeno haya transformado al Banco Mundial; iv) que haya habido una transformación de la ciencia política, que ayuda a que los economistas sean vistos como figuras clave en la promoción del Estado democrático liberal y v) que los líderes del Sur se hayan articulado a esta estrategia mediante el discurso de los derechos humanos.”

 

Este proceso de reforma utilizó a los profesionales formados en el exterior para desplazar a un grupo de activistas en DDHH hacia el Estado y cooptarlos para el objetivo de fortalecer la institucionalidad, el discurso de los derechos se vacía de contenido y justifica la imposición de proyectos autoritarios que fortalecen el capital y desarticulan al movimiento social. Esto fue lo que ha venido ocurriendo en los últimos años, incluso varios burócratas como altos directivos de la Defensoría del Pueblo se autocalificaron como defensores y activistas de Derechos Humanos, pese a que hicieron nada para impedir la criminalización de la protesta y su discurso siempre fue desde el escritorio legitimando un discurso gubernamental que descalificaba a los activistas sociales que se movilizaban por los derechos de sus sectores.

 

 

Estos tres vocales antes señalados trabajaron en el gabinete de Correa, fueron funcionarios de primera línea en el Ministerio de Justicia y hoy son los principales actores de los procesos administrativos y financieros al interior del Consejo de la Judicatura, que juntos a su brazo ejecutor Tomás Alvear, se encargaron de perseguir a los jueces y legalizar la criminalización de los luchadores sociales.

 

Para finalizar, cabe recordar que contra Jalkh y Albito se abrió en el 2010 una investigación penal por el mal manejo de $ 1,7 millones en la implementación de un plan informático para la Función Judicial. Según la indagación, esta ONG contrató a la empresa DPK, con sede en EE.UU., para la instalación de un sistema informático que nunca funcionó. El fiscal de ese entonces Pesantez dejó su puesto y la investigación fue archivada.

 

 

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