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Por: María Ramos Casiano1, José Ramos Landa2

Fotografía: Archivo

Algunas notas sobre la movilización magisterial en México

 

El gobierno federal impuso en el 2013 una supuesta “Reforma Educativa”,  que consiste principalmente en un conjunto de modificaciones a los artículos 3° y 73 de la constitución mexicana; en los cuales se garantizaba el derecho a la educación pública y se definían las facultades del congreso para legislar sobre la misma. Dicha “reforma” contiene un conjunto de modificaciones administrativas que colocan en el centro, la evaluación como eje de la reforma, y el establecimiento de un régimen laboral para las y los trabajadores de la educación.

 

El magisterio democrático manifestó desde un inicio su rechazo, así mismo algunos sectores comenzaron a criticar su contenido, y a señalar la formulación de la evaluación como un mecanismo regulador, para contratar y despedir maestros. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), ha fijado una postura clara y ha manifestado como demanda central, la derogación de la mal llamada “reforma educativa”, porque atenta contra la educación pública y va en contra de la legislación laboral vigente.

 

La negativa del gobierno mexicano a establecer un diálogo y escuchar las distintas opiniones manifestadas contra la reforma, y a favor de construir un proyecto educativo en el que involucre a todos los sectores, decantó en un conflicto magisterial que ha tenido distintos episodios.

 

Desde que fue anunciada la “reforma”, se señaló la ausencia de un proyecto educativo que realmente planteara una solución a la problemática educativa, que no está de más señalar tiene su origen en la crisis social y económica por la que atraviesa México desde hace varias décadas, la cual se ha agudizado en los últimos años. Se ha puesto énfasis también, en que las y los maestros no se niegan a ser evaluados, ya que este es un ejercicio que hacen en su día a día  junto a estudiantes y padres de familia; lo que se rechaza es la formulación de la evaluación y el uso de esta para generar precariedad e inestabilidad laboral, por ejemplo, si los resultados de la evaluación  son favorables, el maestro permanece en su puesto por cuatro años,  lo cual coarta la antigüedad laboral; en caso de suceder lo contrario y que el maestro no apruebe, será relegado a realizar funciones administrativas;  y para quienes se nieguen a presentar la evaluación, serán despedidos.

 

 

Desde el 2013 han sido diversas las estrategias que impulsadas por el magisterio, movilizaciones, protestas, boicots a procesos electorales, jornadas de lucha contra la reforma educativa y la evaluación docente, lo cual ha traído como resultado, que cada vez más sectores se sumen a la lucha, hasta lograr el carácter nacional de la resistencia magisterial.

 

Uno de los episodios más, se dio en septiembre de 2014 ante la desaparición forzada de 43 normalistas, y el asesinato de seis jóvenes estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, Guerrero, todos ellos potenciales maestros, hijos de campesinos y obreros provenientes de comunidades rurales y marginadas de nuestro país. El atentado contra los normalistas, es parte de la ofensiva contra la educación pública y la política que el gobierno ejerce hacia uno de los sectores más importantes de nuestro país, el de los jóvenes.

 

La demanda de justicia por Ayotzinapa, hizo eco importante y sumo a distintos actores en la defensa de los derechos humanos y laborales. Bajo esta indignación y la suma de agravios a los que se ha sometido al pueblo mexicano, se continuó en la lucha exigiendo justicia para Ayotzinapa, y por la defensa de la educación pública.

 

En el 2015 en medio del proceso electoral de ese año, se logró la suspensión temporal de las evaluaciones, sin embargo fue inmediatamente retomada ante los reclamos de los empresarios y su exigencia de continuar con el cumplimiento de la “reforma educativa”, por lo cual el gobierno avanzó con la evaluación y  el camino para imponerla como mecanismo de ingreso y permanencia de las y los docentes.

 

Ante la falta de voluntad política del gobierno para solucionar el conflicto, en el 2016 la CNTE anunció una nueva jornada de lucha, que arrancó con el paro indefinido el 15 de mayo (día del maestro), seguido de marchas nacionales y por provincias, plantones, bloqueos carreteros, etcétera; en estas movilizaciones los estados del sur han sido la vanguardia, sin embargo los estados norteños y de otras regiones se han levantado y han logrado reactivar el movimiento magisterial, como es el caso Nuevo León, Coahuila, Sonora, por mencionar algunos.

 

Con el incremento de la participación en la jornada de lucha, el gobierno tomo medidas represivas, principalmente contra las provincias más combativas;  durante el mes de mayo desalojó con uso de la fuerza pública, los plantones instalados en el centro histórico de la Ciudad de México; posteriormente se impidió que centenares de maestros provenientes de las provincias de Chiapas y Oaxaca  llegaran a la ciudad, para incorporarse a las movilizaciones – las y los maestros fueron deportados en su propio  país -; para continuar con una oleada de violencia, que inicio con la represión en Chiapas en el mes de junio, seguido por  la detención de Rubén Núñez y Francisco Villalobos, líderes magisteriales de la sección 22 de Oaxaca, posteriormente se detiene a Juan José Ortega ex secretario de la sección 18 de Michoacán.

 

 

María de la Luz Arriaga en una nota periodística del 12 de junio, auguraba una salida represiva ante la frágil institucionalidad democrática y la endeble situación económica del país  (El Universal, 2016). Ese día se anunciaba la detención de los líderes de la sección 22 de la CNTE, acusados de lavado de dinero, y por uso de recursos de procedencia ilícita. En lugar de diálogo el gobierno ha respondido con represión al movimiento, mostrando que el uso de la fuerza policiaca es uno de sus caminos para imponer la Reforma Educativa, decisión política y de Estado ante un movimiento que se radicaliza cada vez más. (García; El Universal, 13 junio)

 

En ese sentido, las agresiones en Oaxaca, se dieron ante el intento de romper por parte de la Policía Federal, con los bloqueos carreteros que se mantenían en las carreteras más importantes del estado de Oaxaca, los cuales eran sostenidos por maestros, pobladores y organizaciones sociales que se solidarizaron frente a la detención de los líderes magisteriales y la cerrazón del gobierno por abrir el diálogo.

 

El 19 de junio en Nochixtlán, en medio de un operativo policiaco descomunal se intentó romper con el bloqueo que en esa región mantenían, a lo cual la gente de los pueblos aledaños respondió sumándose a la defensa de las barricadas que mantenían; por lo cual el gobierno actúo a través de la Policía Federal contra maestros, jóvenes y pobladores, dejando como saldo, nueve muertos y un centenar de heridos.  Nochixtlán, fue muestra una vez más de la negativa a abrir un diálogo (pese a las numerosas voces fuera de la CNTE que lo han demandado) y encontrar un camino para la verdadera transformación educativa del país.

 

Sin embargo, Nochixtlán es muestra también de la suma de fuerzas del magisterio y la sociedad, para defender la educación pública, así como  los derechos humanos y sociales, y  contra la mal llamada “Reforma Educativa”. Las muchas inconformidades de la sociedad oaxaqueña han encontrado en el paro magisterial un punto de confluencia y encuentro. Oaxaca es un hervidero de problemas sin solución. También de resistencias. (Hernández, La Jornada, 2016)

 

En este escenario de descontento social, el gobierno debe responder a la inconformidad y descontento social,  disponerse a actuar con voluntad política para escuchar y atender los reclamos del magisterio y para revertir una reforma educativa que ha resultado sumamente costosa en lo económico, político y social, ya que esta  obedece más a proyectos empresariales, y de organismos internacionales, más que a un genuino interés por la educación en el país.

 

Pese al carácter masivo de la movilización, el gobierno continúa con su negativa a abrir un diálogo real y sigue haciendo oídos sordos a las demandas del magisterio y la sociedad, lo que ha ofrecido como respuesta, es el blindaje por parte de la policía federal a la aplicación de las evaluaciones, así como una escalada en la represión contra el magisterio y el movimiento social a nivel nacional. Para el gobierno resulta importante restar fuerza, y debilitar al magisterio, ya que es un sector organizado, capaz de aglutinar a los diversos movimientos sociales, y con capacidad - junto a otros movimientos importantes -, de tirar las reformas estructurales impuestas por el gobierno peñanetista.

 

En un recuento de lo sucedido en los últimos años, es importante señalar que el magisterio democrático ha sido acompañado por diversos sectores, organizaciones en defensa de la educación, apoyado por investigadores especialistas en el tema educativo.

 

1.  Profesora de la  Facultad de Economía-UNAM, integrante de la Coalición Trinacional en Defensa de la Educación Pública y la Red Social para la Educación Pública en América.

2.  Lic. En Economía, profesor jubilado de educación básica.

 

 

Referencias

 

Arriaga Lemus, María de la Luz (2016). “Los maestros niegan a rendirse para ser oídos”. El Universal. 12 de junio 2016. Disponible en: http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/colaboracion/maria-de-la-luz-arriaga-lemus/nacion/2016/06/12/los-maestros-se

 

_____________ (2015). “Abrogar la reforma constitucional al artículo 3º y abrir un diálogo nacional sobre la educación que requiere el país”. Investigaciones, Red de Investigación Educativa, Red SEPA. Disponible en: http://es.idea-network.ca/noticias/brogar-la-reforma-constitucional-al-articulo-3o

 

García Soto, Salvador (2016). “Cárcel a disidentes; ¿protección a amigos?”.  El Universal. 13 de junio 2016. Disponible en: http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/columna/salvador-garcia-soto/nacion/2016/06/13/carcel-disidentes-proteccion

 

Hernández Navarro, Luis (2016). “La masacre de Nochixtlán y la reforma educativa”.  La Jornada. 5 de julio 2016. Disponible en: http://www.jornada.unam.mx/2016/07/05/opinion/017a1pol

 

Vital Galicia, Antonio (2013). “Consideraciones al Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales”, en Propuesta empresarial para la mala medición y despojo de los derechos laborales. (2016). Coalición Trinacional en Defensa de la Educación Pública, sección mexicana. Disponible en: http://forolaboral.com.mx/Educacion/FOLLETO_Propuesta_empresarial.pdf

 

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Las Casas Oe3-128 (entre América y Antonio de Ulloa)

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