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Por: Julián Quito

Fotografía: Asamblea Nacional

Luego de las enmiendas

 

Ciertamente la Constitución de la República -máximo logro histórico de los pueblos del Ecuador, paso ineluctable hacia la sociedad socialista en la medida en que, como producto de nuestra lucha, profundicemos la democratización de la vida pública y modifiquemos el modo de producción capitalista-  en el Preámbulo, invoca el nombre de Dios y reconoce nuestras diversas formas de religiosidad y espiritualidad. Esta invocación, constituye –sin lugar a dudas- basamento filosófico que imbuye la materialidad de la normativa constitucional y, consecuentemente, obliga a moros y cristianos, en su observación y práctica.  Complemento directo es la invocación que en el mismo Preámbulo se hace a la Pacha Mama, de la que somos parte y que es vital para nuestra existencia.

 

Ergo: El mandato del Art. 86 de la Constitución: no ser ocioso, no mentir, no robar; ama killa, ama llulla, ama shwa; respetar los derechos humanos y luchar por su cumplimiento; promover el bien común y anteponer el interés general al interés particular conforme al buen vivir; asumir las funciones públicas como un servicio a la colectividad; rendir cuentas a la sociedad.

 

El correísmo, esencia sustancial de la mentira –propia del populismo de derecha– no se percató que la Constitución fue creada como instrumento de cambio en la vida de los ecuatorianos, en el Estado y la nación, de cambio en la vida social, política, cultural; de cambio progresivo ascendente para mejorar la calidad de vida de las personas y de la sociedad. De ahí que el Art. 11 dispone que ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las garantías constitucionales, pues todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía. Más todavía, el reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, no excluirá los demás derechos derivados de la dignidad de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades que sean necesarios para su pleno desenvolvimiento. Y, por sí haya quedado alguna duda, esta norma constitucional ordena que el contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a través de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas.

 

¿Qué sucede, entonces, con las enmiendas?

 

Cuando se pretende militarizar a la sociedad para disciplinarla, eliminar derechos a los trabajadores, limitar y negar el derecho a la consulta popular, cuando se pretende disminuir las funciones de control sobre el manejo institucional, superponer el poder del gobierno central sobre la capacidad de los municipios para decidir sobre el uso del suelo dentro de sus respectivas jurisdicciones ¿acaso no se está haciendo grosera regresión de derechos?

 

 

Si convenimos en la respuesta, entonces, la enmienda de uno o varios artículos de la Constitución que no altere su estructura fundamental o el carácter y elementos constitutivos del Estado, que no establezca restricciones a los derechos y garantías, la podrá efectuar la Asamblea con el respaldo de las dos terceras partes de los miembros de la Asamblea Nacional. La restricción de derechos solamente puede hacérsela mediante Asamblea Constituyente. Ninguna enmienda o reforma que conlleve restricción de derechos puede llevarse a cabo ni por la Asamblea ni por referendo; así lo disponen, expresamente, los Arts. 441 y 442 de la Constitución de la República. Esto es así, por cuanto nuestra Constitución es progresiva en la comprensión material y formal de los derechos y garantías constitucionales, mismos que, como señalamos líneas arriba, son de igual jerarquía, inalienables, irrenunciables, indivisibles, interdependientes. Si se hubiera previsto la posibilidad de una eventual restricción de derechos, no habría razón alguna de la existencia del Art. 11 de la Constitución.

 

De ahí que la perorata de la derecha respecto de la no reelección, no abona en lo más mínimo en la defensa de los derechos y garantías, con Correa o con otro representante del poder burgués oligárquico, aprobadas las enmiendas, se afectará gravemente la vida de los ecuatorianos, afectación que no preocupa a los detentadores del poder burgués, pues para ellos, estas enmiendas son el fundamento de su criterio de “gobernabilidad”: disciplinar a la sociedad, disciplinar a los trabajadores, flexibilidad laboral, disminución de las atribuciones de Contraloría, limitación a la consulta popular, son elementos que permitirán a cualquier gobierno burgués usar la Constitución en contra de la lucha popular y de la perspectiva de construir una sociedad socialista en el Ecuador.

 

La exigencia –muy puntual, por cierto – de la derecha, de hacer oposición, exclusivamente, a la reelección indefinida, no representa cabalmente los intereses de los pueblos del Ecuador, como queda explicado, el cambio de régimen burgués no garantiza que los intereses estratégicos del pueblo, sean reivindicados. Hay una coincidencia tácita entre los objetivos de Correa y los de la derecha, en lo fundamental, en lo sustancial; de ahí que se haya centrado la oposición a la pretendida reelección indefinida, dejando de lado el resto de enmiendas que afectan al pueblo y la nación.

 

Las pretensiones de Correa, Alianza País y la revolución ciudadana, son la negación de los valores y principios plasmados en la Constitución de Montecristi, son, en realidad, un retroceso hacia la restauración conservadora, el abandono del fundamento constitucional que declara, en el Preámbulo, inspirarse en las luchas sociales de liberación frente a todas las formas de dominación, para construir un país democrático, comprometido con el respeto a la dignidad de las personas y las colectividades, bajo una nueva forma de convivencia ciudadana.

 

 

Bien decía el Che: “la mentira, es la antesala de la traición”.  Correa, Alianza País y la revolución ciudadana mintieron al país, a los trabajadores, a los campesinos, a los profesionales, a las amas de casa, a los pueblos indio y negro, a los jóvenes. Esta traición, tiene un solo beneficiario: los detentadores del poder económico y político, los beneficiarios del Tratado de Libre Comercio con la Comunidad Económica Europea, aquellos que necesitan un pueblo domesticado para sostener una sociedad de explotación, una sociedad de inequidades, de concentración y centralización del capital.

 

Estamos frente a una grave disyuntiva: Paramos la marcha regresiva implementada por el correísmo o permitimos que una nube de restauración conservadora bote al traste con todo un histórico esfuerzo colectivo que tuvo su mejor momento en Montecristi cuando una nueva aurora se anunciaba para nuestra Patria.

 

¡Hagamos una sola fuerza!,  reclama entusiasmada la derecha, pensando meternos en su mismo saco, como ya sucedió en 1944 con “La Gloriosa”, en 1966 en la dictadura militar fascista de Castro Jijón; en 1975 con el derrocamiento de Rodríguez Lara, en 1981 cuando la llamada Restauración de la Democracia, como ha sucedido siempre: el pueblo pone el hombro, la espalda y los muertos, mientras la burguesía se levanta con el poder.

 

¡NO! Ya debemos aprehender de las enseñanzas históricas. Forjemos la unidad popular con nuestro sudor, con nuestro esfuerzo, con nuestras lágrimas y alegrías, con nuestros éxitos y debilidades, con nuestras fortalezas y limitaciones, pero caminemos juntos hacia el objetivo liberador, sin amos ni tutores, decididos a construir con nuestras propias manos nuestro destino.

 

 

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Las Casas Oe3-128 (entre América y Antonio de Ulloa)

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ISSN 1390-6038

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