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Por: Laura Isabel Vargas*

Fotografía: Nelson Rueda, María Boada

Reformas a la Ley de Seguridad Social son una regresión de derechos

 

La crisis económica que vive hoy el Ecuador es resultado de una conjunción de políticas gubernamentales y de una nueva crisis internacional, agravándose por la dependencia del petróleo, por el elevado endeudamiento y por los gastos burocráticos y suntuarios en los que incurrió el gobierno. El principal afectado, por el momento, es el presupuesto fiscal que ha perdido liquidez y llevó al gobierno a tomar medidas de ajuste a lo largo de este año.

 

El gobierno pretende enfrentar la crisis brindando nuevas ventajas a la inversión privada (la Ley de alianzas público-privadas es un ejemplo), la privatización de empresas públicas (se empezó ya con la venta de estaciones de servicio de la empresa petrolera estatal), el alza del precio de combustibles, la creación de nuevos impuestos, reducción de trabajadores públicos entre otras medidas que coinciden con “recomendaciones” dictadas recientemente por el Fondo Monetario Internacional.

 

Con la nueva Ley de “Justicia Social” aprobada por la Asamblea Nacional, los trabajadores de Ecuador en los que están incluidos los maestros han sufrido una regresión en sus derechos. Las reformas afectan al Código de Trabajo y la Ley de Seguridad Social, no responden a los intereses de los trabajadores y por el contrario  afectan  a las pensiones por jubilación.

 

Por ejemplo, con la reforma al “Art. 234.- Mínimo de pensiones y su revalorización, se establece que: Las pensiones del Sistema de Seguridad Social se incrementarán al inicio de cada año en la misma proporción que la inflación promedio anual del año anterior, establecida por la entidad encargada de las estadísticas nacionales, incluidas las pensiones mínimas y máximas”.

 

Antes de esta reforma, las pensiones jubilares cada año tenían un aumento del 4,31% al 16,16% de acuerdo al monto de la pensión; mientras más baja era la pensión que recibía el jubilado, mayor porcentaje de incremento recibía permitiéndole mantener su calidad de vida.

 

Otro ejemplo es la Reforma al  “Art. 237.- Financiamiento.- El Estado Central será responsable y garantizará el pago de las pensiones del Sistema de Seguridad Social únicamente cuando el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social no cuente con los recursos económicos para cubrir las obligaciones en curso de pago del Seguro General Obligatorio y del régimen especial del Seguro Social Campesino”...

 

Con esto se elimina 40% de aporte del Estado anual que financia parte de las pensiones jubilares por vejez, poniendo en riesgo al fondo de jubilación  que según los estudios actuariales colapsará en el lapso máximo de 15 años. Este 40% que el Estado debía entregar al Fondo de Pensiones Jubilares estaba debidamente financiado lo que significa que perjudicando al trabajador, se cubriría parte del déficit del Presupuesto General del Estado.

 

Algo que hay que anotar es que de los recursos económicos que provienen de los aportes de los afilados y jubilados y que son administrados por el IESS,  el 43,8% están invertidos en bonos y fideicomisos del Estado, es decir está a merced del gobierno que prepara más reformas a la Ley de Seguridad Social en las que entre otras cosas se plantea eliminar la autonomía del IESS

 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) en uno de sus informes  determina que si en Ecuador se suspende el pago del 40% será necesario la revisión de:

• La edad de la jubilación,

• Modificar la base del cálculo de la pensión o

• Aumentar el porcentaje del aporte

 

Las organizaciones sociales en unidad realizan diferentes acciones para frenar esas medidas.

 

Una de las acciones del gobierno ha sido apropiarse de los dineros de la seguridad social vía créditos, desconocimiento de la deuda del gobierno con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y con la decisión de reformar la Ley de Seguridad Social para lo cual cuenta con una mayoría de asambleístas que cumplen los mandatos del Presidente.

 

Para completar la exigua cesantía de los maestros en  1960, mediante Decreto Ejecutivo No. 304 del 25 de octubre de 1960, publicado en el Registro Oficial No. 51 del 31 de Octubre de 1960, se facultó al Ministro de Educación para la suscripción del contrato referente al aumento del Seguro de Cesantía para los MAESTROS y empleados del ramo de la educación.

 

Esta cesantía adicional se constituyó en un ahorro propio de los maestros pues el empleador no aportó un solo centavo y estos debían ser retirados al momento de la cesación de sus servicios.

 

 

El FCME

 

En 1991 La UNE levanta el proyecto de crear un seguro previsional cerrado, el  FCME con el propósito de generar la cultura del ahorro en los maestros para que al momento de su jubilación tengan su recurso económico que coadyuve a mejorar su calidad de vida.

 

En el año 2005 por voluntad de los maestros los ahorros que eran administrados por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por concepto de cesantía adicional del magisterio pasan a ser administrados por el FCME, institución privada creada por los maestros para los maestros. La administración del Fondo ha sido reconocida por su transparencia y eficacia, pues son muchos los logros y servicios, incluyendo préstamos y programas de vivienda social. Los aportes de los docentes se llevaban en cuentas individuales, lo que impedía que alguien hiciera mal uso de los fondos.

 

El gobierno para obtener mayor liquides, se apropió también de la mayoría de los fondos previsionales cerrados, que son propios de un sector de trabajadores que los abrieron voluntariamente como una garantía adicional a su futuro1 . Desde el año 2014, con la reforma al Art. 220 de la Ley de Seguridad Social, se preparó el atraco especialmente dirigido al mayor de esos fondos, el Fondo de Cesantía del Magisterio Ecuatoriano –FCME-.

 

La  reforma al artículo 220 justificaba de esta manera una clara expropiación de la institución creada por los maestros: "Los Fondos Complementarios Previsionales Cerrados que en su origen o bajo cualquier modalidad hayan recibido aportes estatales, pasarán a ser administrados por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social a través de su Banco, mediante cuentas individuales. Su gestión se sujetará a los principios de Seguridad, Transparencia, Solvencia, Eficiencia, rentabilidad y a las regulaciones y controles de los órganos competentes".

 

Desde el año 2014 con la reforma del Art. 220 los funcionarios del Fondo de Cesantía documentadamente demostraron que esta institución no recibió un solo centavo del Estado, que los maestros se afilaron de  forma voluntaria: Sin embargo, el 14 de mayo del 2015 se consuma el atraco a los ahorros de los maestros ecuatorianos. El gobierno, usando y abusando  de toda la maquinaria gubernamental para saciar su ambición desmedida del poder, sin argumentos legales ni esperar el informe de la auditoría realizada para el caso, con la fuerza policial se toma las instalaciones y la Administración del Fondo de Cesantía del Magisterio Ecuatoriano cuyo patrimonio a esta fecha era de $402 millones de dólares USA.

 

Por vías legales y de organización social, la lucha de la UNE para recuperar lo que pertenece a los educadores continúa.

 

 

 1.  Tal vez se podrían comparar a cooperativas grandes o cajas de ahorros de trabajadores. No entraron en competencia con el sistema público y rechazaron los intentos de privatización del mismo.

 

* Laura Isabel Vargas

Vicepresidenta de la Unión Nacional de Educadores – UNE- del Ecuador, núcleo de Pichincha. lauravargastorres@gmail.com

 

Las Casas Oe3-128 (entre América y Antonio de Ulloa)

Quito-Ecuador

ISSN 1390-6038

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