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Por: Andres Quishpe

Fotografía: Vladimir Cruz, Flickr

La universidad que tenemos vs. la universidad que queremos

 

El Ecuador vive un proceso de luchas masivas y unitarias, que tomaron características de mayor magnitud desde julio de 2014 y que uno de sus climax, fueron las jornadas del paro del pueblo y el levantamiento indígena. Estas últimas se constituyen en expresiones significativas para los sectores populares y que ha jaqueado al correísmo.

 

Los ecuatorianos pasamos ocho años escuchando a un régimen, que bajo un discurso camuflado de “izquierda”, se jactaba a nivel internacional de no haber vivido un solo paro. Durante todo este tiempo el gobierno ha menospreciado al movimiento social y popular, se ha burlado de sus demandas, ha satanizado y reprimido a quienes piensan diferente a su proyecto político.

 

Es evidente que el paro y el levantamiento incomodo al gobierno, quien respondió con más difamaciones y represión durante los 20 días de movilizaciones masivas, levantamientos indígenas, cierre de vías, plantones, etc.

 

A pesar de las injurias gubernamentales -de que la lucha de los pueblos fue un fracaso- la movilización conquisto importantes victorias y obligó a retroceder al gobierno, el correísmo adoptó ciertas reformas en reglamentos y decretos que confirman la justeza de la lucha. El régimen, actuando a la defensiva, obligó que varios de sus Ministros recorran los medios de comunicación tratando de responder y esclarecer las “bondades” de su política, contaban fabulas que ni ellos mismos se las crían y atacando al maléfico paro.

 

A pesar de los distintos acciones por imponer los criterios del correísmo en el imaginario de las personas, queda claro que hoy la iniciativa la tienen los sectores populares, quienes con oportunidad plantearon las medidas a impulsar, y sobre todo la plataforma de lucha que involucran distintas reivindicaciones y derechos, pero sobre todo, banderas políticas que van en la línea de la oposición al régimen.

 

Es menester señalar, que si algo le enoja a Correa es que varias de sus políticas y proyectos estrellas fueron desenmascarados por la oposición popular, quien con capacidad y movilización supo hacerlo.

 

La movilización demostró la diversidad de sectores que se levantaron, no solo se visualizó la presencia de ellos en la lucha, no solo se vieron las diferentes banderas o rugieron los distintos gritos en las diferentes provincias y sectores. Sino que se demostraron las múltiples reivindicaciones, ya que no solo se peleó por las enmiendas constitucionales y laborales sino además existieron miles de razones para luchar.

 

Entre las reivindicaciones, con mayor fuerza y claridad, que se manejaron en la protesta fue lo concerniente al campo educativo, ya que también se lucha por el libre ingreso, la educación intercultural bilingüe y superior, la defensa de la vida, etc.

 

Defender la educación intercultural bilingüe

 

El país conoció que el gobierno busca eliminar las escuelas interculturales bilingües – comunitarias, con el fin de implantar un solo modelo educativo, es decir, implantar  las llamadas Unidades Educativas del Milenio (UEM). Esta medida no solo busca trasplantar cemento o cierta tecnología sino que lleva consigo la imposición de un modelo educativo, una visión de formación y educación, olvidando que las escuelas comunitarias tienen un origen histórico y razón de ser, responde a la característica del Ecuador de hoy de ser un país pluricultural, plurinacional y multiétnico, en el cual se garantiza derechos constitucionales a todos sus habitantes.

 

LA CONAIE y la UNE han señalado que se está destruyendo las culturas de los pueblos y nacionalidades, al reproducirse un modelo educativo homogeneizador mediante la malla curricular del Ministerio de Educación.

 

Con esta política se menospreció trabajos e investigaciones de años, no se tomó en cuenta en la malla curricular del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe, la cual goza de grandes aciertos reconocidos a nivel internacional.

 

La imposición gubernamental ha llevado a que las escuelas comunitarias dejen de lado asignaturas como: cosmovisión y filosofía de las nacionalidades, lengua e historia de las nacionalidades, matemática  o etnomatemática,  psicología intercultural, etc. Varios docentes que fueron parte de la educación bilingüe y que  ahora  están en las escuelas del milenio señalan que  "no se da nada de la EIB, todo es uno solo, solo queda obedecer".

 

Para contrarrestar estas denuncias el gobierno señalaba que la dirigencia indígena o gremial se encuentra defendiendo cargos dentro de estas instituciones educativas, falso.  Lo que han hecho los sectores populares es llamar a las cosas por su nombre, las políticas educativas del gobierno son etnocidas, apuntan a la extinción de las culturas ancestrales en muy poco tiempo. No hay tal defensa de cargos y menos aún oposición a que los 2.320 planteles del sistema de educación intercultural bilingüe sean equipados, remodelados o tecnificados, lo que se demanda es que este cambio se realice respetando el sistema educativo intercultural bilingüe.

 

Luchar por el derecho a la educación superior

 

El paro del pueblo, el Colectivo de Organizaciones Sociales y populares, el FUT, la CONAIE, FEUE, FESE, Frente Popular, han mostrado con fuerza y argumento que el sistema de ingreso a la Universidad regentado por la Secretaria Nacional de Educación Superior Ciencia, Tecnología e Innovación- SENESCYT, ha dejado a medio millón de bachilleres fuera de la Universidad desde noviembre del 2011, fecha en la cual se presentó y aplicó este sistema de ingreso.

 

Esta realidad está llevando a un proceso de elitización de la educación superior, debido a la aplicación del Sistema de Nivelación y Admisión a las Universidades (SNNA), que exige al bachiller someterse a un examen estandarizado.

 

La FEUE Nacional, ha denunciado que los resultados que hasta el momento se obtienen de las diferentes aplicaciones del SNNA, son un radiografía que expresa cuán enfermo está el sistema educativo ecuatoriano; aquellos jóvenes que provienen de colegios de primera categoría les va mejor en la prueba de aptitud. Los exámenes de ingreso han permitido demostrar en los hechos que seguimos en una sociedad donde el aprendizaje y conocimiento están uniformemente repartidos. Aprender bien, implica haber contado con igualdad de oportunidades, tecnología, libros, profesores de calidad y calidez, etc.

 

 

El bachillerato General Unificado, que se presentó como una panacea, sigue envuelto en una alta dosis de improvisación. Lo preocupante es que los bachilleres, que están saliendo con esta flamante denominación, prefieren pagar previamente un curso de nivelación a la universidad antes de someterse de manera directa a las pruebas del SNNA.

 

El problema no está solo en el examen de ingreso a la universidad, es necesario una reestructuración en el sistema educativo; la aplicación de pruebas ha expresado que nos encontramos bajo un sistema discriminatorio que impide a cientos de estudiantes pobres que tienen habilidades – pero no tuvieron acceso a conocimientos globales – continuar una carrera profesional que mejore en algo su calidad de vida.

 

Este régimen comete un grave error al obviar, de que no hay instrumento o prueba alguna que mida ciento por ciento el conocimiento y habilidad de una persona, 144 preguntas en una prueba de ubicación y/o habilidades, no determina la verdadera vocación y aptitud de una persona. A esto se suma que los estudiantes que obtienen un cupo son enviados a carreras que no desean o que se encuentran fuera de su ciudad de origen, arrastrando con ello la división del núcleo familiar y gastos económicos que han llevado a  las familias a endeudarse.

 

Mientras el segundo grupo, que no obtiene un cupo, tiende a dejar de estudiar en la mayoría de los casos y otros a endeudarse mediante préstamos económicos de la banca para poder ingresar a una universidad privada, constituyéndose así, una nueva expresión de la privatización de la educación superior en el Ecuador.

 

Crisis del proyecto educativo del gobierno

 

En este período surgieron las denuncias de corrupción presentadas por el ex rector de Yachay, así como el pedido público del Consejo de Educación Superior (CES) -máximo organismo de dirección de la educación superior- el 04 de agosto de 2015, documento en el que cuatro de los seis consejeros y catedráticos solicitaron una evaluación y debate nacional sobre el Sistema que gestiona la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt) – SNNA.

 

El comunicado deja señalado  el  descontento que existe en la forma de ingreso y designación de carreras. A estos criterios hay que sumar las cartas, manifiestos de profesores, estudiantes  y gremios de la academia que nuevamente han expresado su malestar. La diferencia de anteriores momentos es que esos pronunciamientos públicos, realizados por los distintos sectores de la comunidad universitaria, han estado acompañados por la acción práctica al  sumarse a las jornadas de lucha y denunciar que el proyecto educativo del gobierno está llevando a una grave crisis a la educación superior.

 

Lo que está claro es que la educación en el Ecuador, en estos ocho años de la autodenominada “revolución educativa o del conocimiento”, no ha dejado de ser un proceso social que refleja y concreta los objetivos de reproducción ideológica, política y económica de la formación social en la que vivimos el capitalismo.

 

Es necesario entonces preguntarnos si los cambios que se han realizado en el sistema de educación superior han servido para colocar a la Universidad al servicio de la gran mayoría de los ecuatorianos o al servicio del proyecto de gobierno de turno y del capital.

 

El debate abierto es de suma importancia para el país y la universidad, ya que es en la academia donde se debate las principales concepciones sobre la ciencia, la educación, la investigación y la tecnología. Son las universidades donde se forman buena parte de los cuadros políticos, técnicos y profesionales con los que debe contar un Estado, es entonces necesario participar de este debate abierto en medio de la lucha. Así como desenmascarar algunas políticas y argumentos utilizados por el régimen para defender su proyecto educativo.

 

La universidad ecuatoriana al servicio del proyecto del gobierno y del capital

 

En el Ecuador el gobierno de Correa cuenta con una proyecto político de gobierno desarrollista – de derecha, que tiene como objetivo principal “modernizar” a la universidad en función de los nuevos retos del capitalismo, limitando las conquistas democráticas que pusieron ciertos obstáculos al neoliberalismo.

 

Levantando un discurso entre el pasado y el presente, el correismo ha sujetado a los centros de educación superior a su plan de gobierno (Plan de Desarrollo), lo cual significa enlazar a las instituciones de educación superior a la direccionalidad que el régimen imprime al país.

 

Si una universidad o carrera no está sujeta al Plan de Desarrollo, no acredita, se cierra o baja de categoría. El actual régimen viene aplicando procesos de evaluación y acreditación, que de ninguna manera afecta a los poderes hegemónicos. Al contrario se está generando universidades al estilo norteamericano y europeo, donde la tendencia es a adoptar sus políticas educativas, modelos de universidades, criterios de calidad, etc. Los cuales son vistos como ejemplos a ser trasplantados automáticamente, sin cuestionar la pertinencia de tales y sin tomar en cuenta la realidad de nuestros pueblos.

 

La calidad educativa que se busca, es una calidad, en función de políticas determinadas por el capital y el mercado (ranking y estandarización). Las universidades nacionales que están parejas al rankin de las “mejores universidades a nivel mundial” son las que mejor calidad tienen. Las otras hay que cerrarlas, tal como sucedió con la universidad de los pueblos indígenas Amawtay wasi (Casa del Conocimiento) la cual fue cerrada por no cumplir con los estándares de acreditación.

 

El etiquetar, recategorizar la Universidad ecuatoriana bajo una visión y línea extranjera está llevando a que pierda su experiencia, su historia, la está haciendo perder su sentido y espacio.

 

En el gobierno hay una obsesión por tener “universidades de clase mundial”, lo que ha llevado a que docentes e investigadores, centros de ecuación superior y  universidades se vean forzadas a entrar en el mercado mundial para poder desarrollar y publicar sus trabajos científicos.Un mercado organizado y monopolizado por Social Citation Index organismo controlado por la transnacional (Thomson Scientific). Este tema puede parecer formal, sin embargo es relevante, especialmente para países dependientes como el nuestro, ya que al crear una presión sobre los docentes por publicar en revistas referenciadas a nivel internacionales, - los temas y prioridades de la investigación quedan sujetos a las necesidades de las transnacionales, pues son ellas las que determinan que estudiar y donde publicar.

 

De esta manera el conocimiento de la universidad se somete a las necesidades del capital y no de la sociedad. El propósito del correísmo es seguir contando con una Universidad funcional y empresarial, una universidad, productora de recursos humanos y conocimientos directamente vinculados a la esfera productiva del mercado capitalista y sus monopolios.

 

Una universidad útil al desarrollo político, económico y social del proyecto correista. Para cumplir con este propósito es necesaria una universidad controlada, sumisa y disciplinada. En estas circunstancias los organismo de educación superior creados por el gobierno, vienen desarrollando un importante papel de fiscalización y control mediante mecanismo que les permiten asegurar un funcionamiento bajo sus normas.

 

En la universidad se ha impreso una política de obediencia y de control. Las normas y reglamentos están enfocados a una vigilancia punitiva, a la sumisión y a la disciplina de la Alma Mater. Un ejemplo es el reglamento de carrera y escalafón de los docentes donde se normaliza y reglamenta toda la actividad académica de los maestros universitarios, empezando por determinar, que deben dictar de clase y como.

 

La libertad de cátedra, que incluye la libertad de investigación está condenada. Los denominados sílabos (planes de clase del docente), son otro ejemplo donde se suprime cualquier inquietud intelectual que vaya más allá, es decir, se les obliga mediante diferentes disposiciones a renunciar, a preguntarse sobre la realidad y sobre problemas sustantivos de su campo. Si un docente no arma su sílabo acorde a los parámetros expresados en la documentación de los entes de control de la educación superior, están abocados en el futuro a ser sancionados, - un golpe mortal a la libertad de cátedra.

 

El modelo de universidad que se está instaurando atentan a los derechos y principios de la educación superior establecidos en la Constitución. En el discurso se habla de una universidad democrática y de calidad, ya en los hechos se aplica políticas como: meritocracia, funcionamiento de la Universidad bajo créditos y semestralización, acreditación, recategorización bajo estándares alejados de nuestra realidad y necesidades, tópicos que demanda su atención en el presente artículo.

 

La meritocracia anula derechos básicos: El correísmo señala que toda su política respecto a la designación de cargos y  otros aspectos está basada en la meritocracia, esto garantizaría que personas “aptas” accedan a puestos de trabajo o estudio.

 

Etimológicamente meritocracia proviene del latín “mereo”, que significa merecer, obtener, y de “cracia”, que significa gobierno. Es decir, es el Gobierno del mérito.

 

Desde esta perspectiva se piensa a la sociedad como un escenario en el que los más aptos sobreviven, elemento que se relaciona mucho con el darwinismo social y busca que las  personas que están en capacidad de someterse y superar exigentes pruebas de selección son los que tienen éxito y son reconocidos como ciudadanos modernos, becados o premiados,  mientras que a las demás individuos no se les garantiza sus derechos básicos.

 

La meritocracia aplicada en el campo educativo de nuestro país ha llevado a que aproximadamente medio millón de bachilleres se queden sin universidad. La meritocracia está construyendo una universidad de los “más capaces”, de elite, que en base a las notas de los exámenes de ingreso o de promoción, marginan a quienes viniendo de planteles públicos, que no cuenta con todo lo necesario para aprender.

 

Con estas medidas las universidades públicas se ha elitizado, reciben en sus aulas a  estudiantes que por sus condiciones económicas privilegiadas pueden asegurar una formación exclusiva.

 

No esta demás señalar que la meritocracia desde años atrás se convirtió en una nueva orientación política del imperialismo, personajes como Bill Clinton en Estados Unidos y Tony Blair en Inglaterra se ufanaron de ser “meritocráticas”. Algunos expertos dicen que, incluso mucho antes, regímenes de facto como el de Napoleón o Hitler se guiaron por este tipo de principios. En América Latina, en países referentes del neoliberalismo, como Chile, la meritocracia es el objetivo a alcanzar, y se la enfoca como la manera de valorar a las personas por lo que saben.

 

 

Créditos y semestralización: Los denominado gobiernos alternativos trabajan por afirmar que hoy vivimos en una sociedad donde el ser humano está sobre el capital, según estos regímenes su educación es un claro ejemplo.

 

Estos mismos gobiernos no han dejado de concebir a la universidad latinoamericana como un desangre para sus economías y un peligro para sus democracias, sus reformas educativas apuntan a elitizar la Universidad mediante rigurosos procedimientos de selección de ingreso e incorporar un régimen académico exigente y disperso a fin que los estudiantes no tengan tiempo ni oportunidad de asociarse y realizar reclamos.

 

Para barnizar su discurso “humano” el Consejo de Educación Superior – CES, luego de las jornadas de luchas del mes de agosto suscitadas en el país, aprobó un reglamento de matrículas, créditos y aranceles dirigido a las universidades privadas, lo cual está muy bien y merece el saludo de todos los ecuatorianos, ya que varias universidades privadas hacen de la educación superior un jugoso negocio.

 

Sin embargo, lo que no se dice es que esto obedece al crecimiento de la matrícula en estas universidades debido, aquellos jóvenes que no logran ingresar a la universidad pública y se endeudan para ingresar a una universidad privada. En el plano académico esto tiene un propósito. El cobro de matrículas semestrales e inscripciones por créditos al estilo de las universidades norteamericanas marcan la vida de la universidad ecuatoriana sea esta pública o privada.

 

La semestralización es la guía de funcionamiento para todas las universidades, sin ningún análisis ni justificación se lo aplicó, nunca se demostró que el régimen semestral es superior académicamente al régimen anual.

 

Se exige de manera constante ajustes a las mallas curriculares: cuáles asignaturas no deben ir, cuál deben durar solo un semestre y cuantas dos, se decide en función al proyecto educativo del gobierno. Se recortan los programas de las asignaturas, antes se daba en un año, hoy como solo hay un semestre hay que disminuir, no son necesarios los aspectos generales, menos aún las ciencias sociales. No hay tiempo para la especialización, pues ésta debe ir al posgrado que éste sí es pagado.

 

Las matrículas hoy son por número de créditos, ponen un valor al crédito, de tal manera que la asignatura vale, no por su importancia académica sino por el número de créditos que le hace más o menos cara. Esto es lo que no se dice en los famosos reglamentos de cobros los cuales son utilizados en el fondo para recuperar una imagen que desgasta en el sector educativo.

 

Ocho años pasaron las universidades privadas sin ser controladas, este procedimiento  es similar a la actitud que en momentos de movilización, asume el gobierno al buscar cobrar los impuestos a los empresarios evasores, muy bien conoce el gobierno quiénes son y como evaden. Sin embargo lo utiliza como muletilla de su discurso en momentos necesarios

 

Evaluación, Acreditación y Categorización de las universidades: Desde el año 98 del siglo pasado, en la Conferencia Mundial de Educación Superior, se puso en debate la necesidad de evaluar a las instituciones de educación superior, calificarlas y, posteriormente a dicho análisis, acreditarlas como universidades aptas para emitir títulos; de la mano de este criterio se planteó el deber de las universidades de rendir cuentas a la sociedad y el Estado. A breves rasgos es una necesidad coherente, sin embargo, hay que reflexionar sobre algunos elementos.

 

 

¿Los parámetros con los cuales se está evaluando a las universidades responden a la realidad socio-económica del país? Pues no. El Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CEAACES) impulsa un proceso de evaluación con estándares de universidades norteamericanas y europeas, que están muy distantes de la realidad en que se desenvuelven las universidades ecuatorianas.

 

El modelo de evaluación y acreditación impulsado por el CEAACES está estructurado de acuerdo a los requerimientos del régimen y las transnacionales que serán los beneficiados directos de este proceso. Varios sectores de la academia y organizaciones como la Federación de Estudiantes Universitarios, cuestionan la política, el propósito y contenido de estas evaluaciones. No se oponen a las mismas, el problema es quién lo hace, la metodología que aplica y los objetivos que se busca.

 

Por ejemplo uno de los estándares hace referencia si la universidad cuenta con recursos financieros necesarios para el desarrollo de la investigación. Es de conocimiento los constantes retrasos y recortes al presupuesto - UCE de las universidades públicas, especialmente en el ámbito de la investigación (los anteriores gobiernos nunca entregaron el 1% que corresponde para esta tarea, el actual gobierno tampoco lo hace.).

 

La Universidad Central es un caso concreto, para este año solicitó al Estado 181 millones de dólares para cumplir y materializar todos sus objetivos. Sin embargo se le designó 142 millones de dólares, es decir 39 millones menos. Esto implicó, según sus autoridades, la necesidad de reprogramar el Plan de Mejoras que está planificado en 50 millones de dólares. Es necesario señalar que de los 181 millones asignados al presupuesto codificado de la universidad el 60 % se destinan al pago de remuneraciones. Quedaría apenas un 40 % para otros gastos y necesidades. Varias facultades y unidades académicas vieron afectados sus anhelos y proyectos, pues, al disminuir el presupuesto general se disminuye también el presupuesto a cada área y Facultad.

 

Se plantea que las universidades deben rendir cuentas a la sociedad, es de suponerse que deben hacerlo ante una instancia en la que exista participación de representantes de todos los sectores, eso no ocurre, se lo hace ante un organismos controlado por el gobierno: Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, en el cual no existe representación de las universidades, bajo el argumento que no se puede ser juez y parte. Este organismo está conformado por (6 académicos, 3 elegidos por concurso de méritos y oposición y 3 designados por el ejecutivo).

 

En el comunicado publico mencionado anteriormente se señala que : “Nos preocupa las visiones simplistas y reduccionista sobre las universidades, que las convierte en meros centros de producción del conocimiento funcional a necesidades empresariales o de mercado. Al final, ésta es una nueva forma de mercantilización de la educación superior que desconoce la historia, el rol, la complejidad y riqueza de la Universidad. Una visión así, y una universidad bajo esta visión no le hace bien ni al país ni a la universidad”. Firma Ximena Díaz Reinoso, PHD, Agustín Grijalva Jiménez, PHD, German Rojas Idrovo PHD y Roció  Rueda Novoa, PHD – Miembros del Consejo de Educación Superior. Esta carta fue una respuesta a un manifiesto firmado por más de cien académicos de 12 de las 54 universidades del país y dado a conocer el 7 de abril del 2014. Documento en el cual se critica el modelo de evaluación del Ceaaces y a la recategorización de las instituciones de educación superior.

 

Los docentes universitarios expresan también sus opiniones críticas a la creación de “rankings” universitarios que aplican modelos homogenizantes y basados en moldes comerciales, a las actividades de las universidades del país. La base de dicho “ranking” es la calidad de la universidad ecuatoriana, pero el Ceaaces, “no dispone de un documento que discuta, exponga y defina qué entiende por calidad”.

 

Como podemos ver son varios los sectores que han expresado su malestar frente al proceso de evaluación y acreditación, denunciando que la misma está estructurada bajo parámetros externos a la universidad ecuatoriana. Los principales actores de la universidad, no pueden manifestarse en este proceso, donde prima una línea exclusiva para evaluar la educación superior. La acreditación, según el gobierno actual, permitirá alcanzar una universidad bajo parámetros de calidad y excelencia.

 

La pregunta es ¿para qué y para quién? Educación de calidad para las y los estudiantes o educación de calidad para el gobierno y el capital. Educación de calidad en función de una educación holística, integral e innovadora, o calidad en función del mercado con un claro componente elitista y mercantil.

 

La evaluación a desarrollarse tiene una alta dosis represiva. No propone, solo juzga, atemoriza, discrimina y termina sancionando en función de los requerimientos del gobierno. No mide el conocimiento más solo cantidad. Se basa en criterios establecidos por empresas que resultan ser los clientes de las universidades promoviendo un sistema de educación superior que se convierte en una analogía a una fábrica, donde se requiere productos eficientes y en el menor tiempo para obtener mayores ganancias, reduciendo los costos de inversión (producción).

 

La evaluación y acreditación de la universidad ecuatoriana busca un perfil de academia, acorde al número de profesores con títulos PhD, a tiempo completo, y artículos de investigación indexados con un ranking del 30%; cuando en el país existen deficiencias de profesores con títulos de cuarto nivel, un presupuesto escaso en proyectos de investigación y mucho más si consideramos cómo deben ser los artículos para ser aceptados en revistas indexadas (las revistas del ISI Web of Knowlodge es una base controlada por importantes empresas trasnacionales que inspeccionan la indexación de los artículos científicos que les beneficia económicamente).

 

Respecto a los estudiantes se menciona el requerimiento de la participación estudiantil en la autoevaluación de las carreras, la cual se valora según parámetros subjetivos y ambiguos como “si se evidencia o no la participación”. Esta “participación” está dada en la práctica a través de la recopilación de evidencias planteadas en el modelo de acreditación, por medio de la elaboración de informes y extensos papeleos.

 

Para el gobierno y sus representes educativos la participación estudiantil en los procesos de evaluación y acreditación está sujeta al simple papeleo administrativo o a la rendición de un examen de fin de carrera (Si el estudiante no aprueba dicho examen bajo el porcentaje determinado por el CEAACES, no accede al servicio público. Art 10 del reglamento de la Ley Orgánica de Educación Superior). La participación estudiantil no tiene un aporte global y real. Los estudiantes no están integrados directamente en la toma de decisiones de la universidad, facultades y carreras.

 

Los procesos de evaluación y acreditación de las universidades son parte de los proyectos políticos, económicos y sociales de los gobiernos de turno; del desarrollismo y reformismo. Tienen como misión apuntalar al desarrollo técnico de profesionales con conocimiento limitado, tecnócratas serviles al Estado y empresas privadas, adiestrados en las formas de cómo preparar el campo para un mejor aprovechamiento de nuestros recursos.

 

La acreditación, evaluación de las universidades no afecta en nada a la pedagogía dominante, que es la pedagogía de la clase dominante. La educación como parte de la superestructura social sigue siendo encaminada a reproducir las relaciones sociales de poder; se la sigue concibiendo como un proceso de adaptación del individuo al medio. Las concepciones reformistas - burguesas que se levantan por diferentes medios pretende, demostrar que esta adaptación del individuo al ambiente, “garantizara” su salud y su bienestar, sus derechos individuales”, cuando en realidad la educación está siendo uno de los instrumentos para la legitimización del poder de las clases dominantes.

 

Si bien la evaluación de las universidades constituye un elemento fundamental para su desarrollo, éste no puede tener como objeto reducir los presupuestos, elitizar la educación sesgando el ingreso y cerrar carreras que no resultan útiles para los planes del gobierno. Frente a esta realidad un sector de docentes y estudiantes han levantado como contra propuesta la bandera de una evaluación democrática y no excluyente, colectiva y no solamente individual, rigurosa no arbitraria, sistemática y no ocasional, formativa y no discriminativa, dialéctica y no dogmática.

 

Universidades para fortalecer el proyecto de modernización capitalista

 

Como hemos señalado en el transcurso de los temas anteriores la educación es un instrumento útil que está contribuyendo al desarrollo del proyecto político del gobierno de Correa, quien ha edificado cuatro centros universitarios: De las Artes, Universidad Nacional de Educación (UNAE), Regional Amazónica (Ikiam) y de Investigación en Tecnología Experimental (Yachay).

 

La creación de estos centros con el pasar del tiempo  ha dejado en duda si está sujeta a las necesidades del sistema educativo del Ecuador. Cada universidad tiene un rol que cumplir en el marco del desarrollismo y al servicio de las transnacionales, para ello se invertirá 1.000 millones de dólares plurianualmente. La concepción de estos centros en su funcionamiento es de élite, solo las y los estudiantes que pasen los rigurosos sistemas de ingreso acceden.

 

 

En el fondo el propósito de estas instituciones es crear un grupo de universidades que respondan a la política del régimen, por ejemplo la UNAE. El gobierno sabe que pese a las nuevas normas, a las limitaciones democráticas a la violación de la autonomía y el ataque a las Facultades de Filosofía del país, no ha podido coartar la libertad de pensamiento de estos centros que forman maestros con una visión democrática y que logran tener una influencia en los jóvenes, por ello busca desde la UNAE imponer su concepción e influenciar en lo maestros, convertirlos en entes dóciles y serviles al sistema.

 

Mientras la Universidad Regional Amazónica IKIAM, ubicada en una de las zonas más privilegiadas del país por su mega diversidad tiene entre uno de sus fines “desarrollar la investigación de activos de la medicina”, sin embargo hasta hoy no se conoce cómo el gobierno va a promover la industria ecuatoriana farmacéutica, lo que permite señalar que estas investigaciones serán puestas al servicio de las trasnacionales. El gobierno descarto la propuesta presentada por la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador – FEUE, de vincular científicamente a la Universidad Regional Amazónica IKIAM con el Yasuní. Según científicos, el Yasuní, es parte de la selva ecuatoriana que en la época de la glaciación, - en el periodo pleistoceno, no se congelo, lo que dejaba ver una posible salida al calentamiento global. El gobierno prefirió explotar el Yasuní, antes que precautelar la vida del mundo entero.

 

Mientras Yachay no es lo que nos dicen. Hasta hace poco el rector de Yachay, el PhD en Química, Fernando Albericio abrió una ventana para que el país conozca algunas de las irregularidades que existen en esa universidad como por ejemplo: pagos millonarios en consultorías y becas, sueldos exorbitantes, viáticos exagerados, autoridades que “cumplen” sus responsabilidades vía Skype e incumplen sus obligaciones contractuales. Yachay, uno de los proyectos emblemáticos del Gobierno, en el 2014 recibió 2 mil millones de dólares para los siguientes cuatro años, presupuesto mayor al de la Politécnica Nacional y de la Politécnica del Litoral juntas, principales centros en carreras técnicas del Ecuador.

 

Mediante una intensa publicidad el Gobierno se encargó de ubicarla como la piedra angular de la generación de conocimiento científico-técnico del país para las futuras generaciones y como el centro de desarrollo de conocimiento, por lo cual correspondía ser muy rigurosos con los aspirantes a ingresar a sus aulas, pues, buscaban “excelencia”. Inició sus labores con 187 estudiantes, y no está por demás recordar que el universo de jóvenes en edad promedio de estudios universitarios en el Ecuador es de 2 millones, lo que denota una clara visión elitista y exclusivista del Gobierno en el manejo del sistema universitario.

 

Ares Rosakis, Guruswami Ravichandran y José Andrade –integrantes de la comisión rectora de Yachay- residen en California y trabajan a tiempo completo en la universidad Caltec y, adicional a sus ingresos en los EEUU, reciben 16.300 dólares por “trabajar” en Yachay a través de esporádicas reuniones virtuales y cuando por algún motivo venían al país recibían viáticos por $300 diarios, es decir, $45 menos que el salario básico mensual.

 

Se podrá decir que no están mal esos salarios para personas muy “preparadas”, sin embargo, la denuncia de Albericio también señala que varios integrantes de la comisión académica de Yachay y decanos no cumplen con requisitos básicos de los 770 parámetros establecidos en el ranking de científicos que les haría acreedores a sus actuales salarios, y aun así están cobrando sueldos de 13 mil a 16 mil dólares mensuales, más viáticos.

 

Varios académicos han señalado que Yachay es un elefante blanco, un proyecto sin horizonte fijo y claro. La inversión destinada a esta universidad es de tal magnitud que ha conllevado el recorte de inversiones en otros proyectos o sectores; aunque el Gobierno diga lo contrario, se ha afectado los recursos del sistema de educación superior y a la investigación del resto de universidades.

 

Yachay cuenta, aproximadamente, con 615 estudiantes y recibió en este año un presupuesto de 30´000.000 de dólares, mientras que la Universidad Central del Ecuador que cuenta con 40.000 estudiantes y recibió 40’000.000 de dólares.

 

La universidad pública, la academia en su conjunto, están obligadas a involucrarse en el debate de esta problemática, no solo por la afectación económica que sufren, sino porque la constitución de esta universidad se ha puesto en evidencia la visión colonialista que al respecto tiene el Gobierno.

 

¿Es Yachay la solución única a la generación de ciencia y tecnología en el país? ¿Es lo más adecuado privilegiar inversiones económicas masivas en cuatro universidades, como el Gobierno ha hecho en sus centros de educación superior: Artes, Universidad Nacional de Educación (UNAE), Regional Amazónica (Ikiam) y de Investigación en Tecnología Experimental (Yachay)?

 

La universidad y la academia tienen mucho que aportar en este tema, pero no solo estos sectores, pues, es un problema que compete a todo el país. En este terreno se juega una visión, no solo del tipo de educación que se quiere, sino hacia dónde se quiere llevar al país. Yachay es una expresión más de cómo el Gobierno privilegia los intereses del capital extranjero y el encadenamiento del sistema de educación universitaria a las necesidades del desarrollo capitalista y de acumulación de los monopolios internacionales.

 

Es necesario señalar que el país y ninguna organización se han opuesto a la creación de las cuatro universidades del gobierno, al contrario se demanda que cada provincia, de las 24 que tienen el Ecuador cuente con un centro de educación superior, acorde a las necesidades y condiciones propias. Por varias ocasiones dirigentes estudiantiles y docentes han solicitado que todas las universidades públicas, cuente con el mismo nivel de inversión económica y científica y no solo las cuatro universidades del gobierno.

 

A pesar de esta realidad, imposición y agresión la Universidad Ecuatoriana resiste de manera firme y activa, pues en ella actúan sectores democráticos, progresistas y revolucionarios; un claro ejemplo es la Universidad Técnica de Cotopaxi, Alma mater, que no se ha estancado a pesar de las trabas impuestas por el  correísmo. La Universidad Central y Politécnica de Quito es también otro ejemplo, en varios momentos levantan propuestas en su defensa, sea por medio de sus nuevas autoridades, gremios estudiantiles y de docentes. En estas tres universidades los candidatos directos del gobierno a rector y vicerrectores, fueron derrotados en los respectivos procesos electorales, - lo que expresa hacia donde puede estar caminando la universidad ecuatoriana.

 

Las Universidades en distintos espacios y mediante varias formas comienzan a reclamar sus justos derechos, sus estudiantes y docentes van incorporándose al reclamo popular desde sus propias demandas, experiencias y decisiones. Desde su propia identidad y naturaleza sin perder de vista su responsabilidad social, así lo demostró el comunicado digno de saludar del Honorable Consejo Universitario de la Universidad Central del Ecuador emitido el 12 de agosto de 2015 a propósito del paro nacional y levantamiento indígena, donde se reconoce la movilización de las organizaciones sociales, pueblos indígenas y trabajadores y donde la Universidad acuerda abrir sus espacios para el diálogo en la búsqueda de acuerdos.

 

Mientras por otra parte la  FEUE Nacional busca ser captada o dividida mediante la fuerza y el chantaje, ha presentado al país su propuesta de Universidad, fruto del debate y acción estudiantil. “La U que Queremos” es la propuesta que la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador levanta como opción a la plan desarrollista del gobierno. “Somos conscientes que no basta  solo el condenar, e incluso demostrar los efectos negativos que el correísmo viene causando en la educación superior. Es necesario construir una alternativa. Una propuesta que vincule aspectos particulares y generales de las universidades, reivindicaciones de docentes, estudiantes y trabajadores, aspectos pedagógicos que recojan el pensamiento progresista de la humanidad, las propuestas y experiencias académicas de estudiantes y docentes a lo largo de su lucha por una educación democrática y de calidad”.

 

Algunos elementos que contempla la propuesta son: Universidad comprometida con su pueblo, el bien común, el desarrollo humano, Universidad para todos y todas, que reconozca la diversidad y pluralidad cultural y étnica de los pueblos, como valores cruciales de la convivencia, que se construye hacia la vigencia de los derechos humanos plenos e integrados, Universidad democrática, transparente y participativa, Universidad promotora de la libertad de pensamiento, la ciencia y la cultura en afirmación de una sociedad con identidad en la diversidad, Universidad comprometida con la defensa de la naturaleza como fuente de vida, Universidad con educación participativa, interactiva, entre el docente y el estudiante, con la vivencia de los derechos humanos y de la juventud, con la investigación y la experimentación, con la interrelación entre la teoría y la práctica, universidad democrática que eche abajo la verticalidad y el autoritarismo.

 

“La U que Queremos” también demanda y señala porque es necesario la reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior y sus reglamentos conexos, estos cuerpo legales son los que prácticamente ha acabado con los derechos de estudiantes y docentes, han sometido a la universidad a los interés del gobierno.

 

Referencias

• La Universidad Que Queremos – Propuesta de debate, FEUE, Directiva Nacional, enero, 2013

• Reflexiones acerca del sistema nacional de nivelación y admisión a las universidades – SNNA/ Andrés Quishpe/ mayo/2012

• Propuesta Educación para la emancipación/ Ecuador 2008

• http://www.elcomercio.com/tendencias/miembros-del-ces-cuestionan-recategorizacion.html

• http://planv.com.ec/historias/sociedad/historias-la-educacion-prohibida

• http://www.planv.com.ec/historias/entrevistas/la-salida-albericio-o-como-yachay-fallo-la-quimica

 

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Las Casas Oe3-128 (entre América y Antonio de Ulloa)

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ISSN 1390-6038

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