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Por: Organización Revolucionaria 28 de Febrero

Fotografía: El País

La situación política del Uruguay

 

El Uruguay es gobernado desde el año 2005 por el Frente Amplio, el cual se circunscribe también dentro de los gobiernos progresistas del continente.

 

Cada proceso de cada país, comparte rasgos generales con los demás, pero tiene a su vez sus particularidades, y eso es claro en el caso uruguayo, ya que a diferencia de la mayoría de los procesos latinoamericanos, el Frente Amplio no es un armado reciente y cuenta con una rica y profusa historia, que nació originalmente como una fuerza antioligárquica y antiimperialista y que contó con la integración de varios sectores y clases que se oponían al imperialismo, y en cierta etapa histórica fue el fiel reflejo de la necesidad de cambio de los sectores populares.

 

Sin embargo, durante sus gobiernos el Frente Amplio ha mantenido incambiada la política económica, basada en la inversión de capitales privados internacionales como fuente de “desarrollo”, continuando en líneas generales con la política económica de los gobiernos de los partidos tradicionales pero sumándole mayores políticas sociales, demostrando en los hechos que no es más que un gobierno hegemonizado por el ala progresista de la burguesía liberal que tiene como principal bandera la buena gestión del Estado burgués y que lleva adelante una política macroeconómica que en esencia es neoliberal.

 

Las inversiones que arribaron al país durante el gobierno progresista han estado dirigidas fundamentalmente hacia obras de infraestructura, las industrias exportadoras de materias primas y a la compra de tierra y empresas nacionales. Ha sido un proceso que ha tendido hacia la enajenación de los bienes nacionales y la expansión del capital financiero en toda la plaza nacional.

 

Nuestro país se ha insertado al mercado mundial como productor de materias primas, se ha mantenido y aumentado su dependencia con respecto a los centros de poder mundiales.

 

 

El modelo socioeconómico llevado adelante por el Frente Amplio se asienta sobre el marco jurídico que se desarrolló durante el neoliberalismo de la década de los 90, ya que se mantiene la Ley Forestal (1987), la Ley de Zonas Francas (1987), la Ley No 16.233 que redujo el plazo mínimo de arrendamientos de tierras (1991), la Ley de Puertos (1998), la Ley de Promoción y Protección de Inversiones (1998), la Ley de Seguridad Social (1995), entre otras. El Frente Amplio no sólo mantuvo este marco jurídico del neoliberalismo, sino que aprobó leyes como la Ley de Participación Público Privado y la reducción del IRAE  del 30% al 25%. Se ve claramente el consenso con las políticas neoliberales.

 

La llegada de capitales extranjeros al país desde el 2005 generó un aumento del PBI hasta niveles históricos, teniendo su máximo en el 2014 (57.444 millones de dólares), lo que es presentado como un éxito por el gobierno.

 

En esta coyuntura el salario real aumentó, al mismo tiempo que se fomentó el consumo privado a través de la extensión del crédito, y se desarrollaron programas de asistencia social que ayudar a establecer un consenso social que dio base al gobierno y establecer la idea de que la era progresista “llegó para quedarse”. Promoviendo la idea de que es posible el progreso de toda la población dentro de un capitalismo “bien administrado”.

 

Esto se hizo presentando las cifras de forma general, y dejando de lado que los grandes capitalistas del país se enriquecieron en varias veces más que lo que se distribuía al resto de la población.

 

El trasfondo de esto fue la entrega del país al capital extranjero y la adecuación de la economía nacional a las necesidades del gran capital internacional.

 

La inversión extranjera directa (IED) en 2014 fue de 2.731 millones de dólares, con una caída cercana al 10% con respecto al año anterior, siendo Uruguay el segundo país en América del Sur en relación a su PBI.

 

Según cifras de CEPAL, en América Latina el sector que recibió la mayor proporción de IED fueron los servicios (47%), seguido por la manufactura (36%) y los recursos naturales (17%). La   industria manufacturera representa el 27% de   la   inversión en el año 2013.

 

Pero no debe confundirse, lo que figura como industrias manufactureras son las del sector alimenticio (lácteos, arroz, frigoríficos y bebidas), las de productos derivados de la madera, las de productos metalúrgicos, cuero y sustancias químicas.

 

Gran parte de las inversiones en la industria están entonces asociadas al sector agroindustrial. Además, dentro de esos  datos  se refleja  la  influencia  de  la  construcción  de  la  planta  de  celulosa  Montes  del  Plata  de capitales chilenos y sueco-finlandeses.

 

En  la  industria  cárnica  el  grupo  brasileño  Marfrig es propietario  de  5  plantas frigoríficas  y  del  51%  de  la  curtiembre  Zenda  Leather,  hasta  junio  de  2012  cuando  vendió  su participación  al  también  grupo  brasileño  JBS.  Este  último  grupo  también  adquirió  el  área  de  cueros semi-terminados  de  la  curtiembre  alemana  Bader.

 

Por su parte, el grupo Camil alimentos adquirió la empresa uruguaya arrocera SAMAN en 2007 por un monto de US$ 160 millones.

 

En  el  rubro  agropecuario  se  destacan  las  empresas  argentinas  que  fueron  las  primeras  grandes multinacionales con intereses en el sector. En los últimos años han aparecido grupos empresariales de otros orígenes, ejemplo de ello es la presencia de las mayores comercializadoras globales de granos (ADM, Bunge, Cargill y Louis Dreyfus).

 

Una importante proporción de la IED corresponde a la compraventa de tierras, sólo en el año 2013 se invirtieron más de US$ 100 millones en tierras por parte de extranjeros. En los últimos doce años se pasó de tener 10.000 hectáreas de soja a 1.100.000, colocándose como principal cultivo agrícola. Esto trajo aparejado el uso masivo de agrotóxicos (sus importaciones aumentaron en un 120%) y semillas generando una alta dependencia de insumos extranjeros.

 

La  renta  percibida  por  las  empresas  extranjeras  también  aumentó  notablemente  gracias  al  fuerte aumento del stock de IED en los últimos años y los crecientes flujos de IED ya mencionados. Gran parte de esta renta permaneció en el país en forma de utilidades reinvertidas: 60% en 2014.

 

Hasta el 2014 las tasas de interés internacionales permanecían en niveles bajos, por lo que la rentabilidad de la inversión directa en Uruguay resultaba relativamente alta.

 

Tras los primeros dos gobiernos del Frente Amplio, se encuentra al Uruguay siendo un país de economía  primarizada,  exportando  productos  de  escasa  elaboración  e importando  productos  elaborados  tanto  de  consumo  como  de  capital.  A su vez, las empresas que producen los principales productos que el país exporta están en manos de capitales extranjeros.

 

Esto es fruto de la  política  económica  llevada  adelante  en  el  país  desde  hace  décadas y que el Frente Amplio continuó al llegar al gobierno, esta primarización  de  la  economía nacional  y  el  fomento  a  la  Inversión  Extranjera  Directa no hace otra cosa que profundizar  el  carácter dependiente  de  nuestra  economía.

 

Pero para 2015 la situación cambió, las tasas de interés internacionales retornaron a sus valores estables y los precios internacionales de las principales materias primas que el país exporta descendieron bruscamente.  El período de “bonanza” que tuvo el país, de altos precios de las materias primas y de gran flujo de capitales por la llegada -y promoción- de las IED, avanza paulatinamente a su fin.

El PBI del Uruguay ha dejado de crecer a los mismos ritmos que a comienzos del periodo, mientras que las principales exportaciones a su vez se basan en productos primarios, en particular el arroz, el trigo y sobre todo la soja,  cuyos mercados (y por ende sus precios) son regidos por el gran capital internacional.

 

La política internacional del Frente Amplio

 

Al asumir el primer gobierno del Frente Amplio en 2005, durante los primeros meses de gestión una delegación uruguaya encabezada por el Ministro de Economía Danilo Astori salió a negociar con los principales Organismos Multilaterales de Crédito, comenzando por el Fondo Monetario Internacional (FMI), y luego el Banco Mundial y al Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

 

El anterior gobierno de Jorge Batlle impulsó un acuerdo de inversiones con Estados Unidos. Fue en el 2004 que Uruguay y Estados Unidos firmaron un acuerdo de inversiones que en 2005 debía avalar el parlamento.

 

En aquel 2004 desde el FA se escucharon voces de protesta, pero luego en 2005 los mismos dirigentes políticos que dejaron de ser oposición adoptaron una conducta de apoyo a esos acuerdos. Danilo Astori defendió públicamente los beneficios que suponían los acuerdos.

 

Por su parte en su viaje a Estados Unidos apenas asumido el gobierno, el entonces vicepresidente de la República, Rodolfo Nin Novoa, anunció a los representantes de la administración norteamericana que el Parlamento uruguayo tenía las mayorías necesarias para aprobar la iniciativa.

 

En mayo de 2005 se firma la carta de intención con el FMI, acordando el compromiso del gobierno con la estabilidad económica y la implementación de reformas estructurales, entre las cuales se incluyeron las reformas del BROU y del BHU, y mejorar las normas de supervisión y funcionamiento del sistema. Con apoyo del BID y del Banco Mundial se desarrollarían los mercados de capitales, se abrirían los sectores reservados a los monopolios públicos a la participación y competencia del sector privado y se mejoraría el clima de inversión.

 

El alineamiento internacional del nuevo gobierno con los requerimientos del imperialismo era claro y se hizo aprovechando la euforia popular por la llegada al gobierno de una fuerza política como el Frente Amplio por primera vez en la historia del país.

 

Los siguientes puntos de reafirmación de esta política fueron los intentos por firmar un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos en 2005, y la invitación y recepción de Tabaré Vázquez al presidente George W. Bush en marzo de 2007, en plena campaña del gobierno de EEUU por la implementación del ALCA, un política del imperialismo de dominación total de América Latina.

 

A su vez Tabaré Vázquez admitió haberle pedido asesoramiento militar al gobierno de Estados Unidos durante el conflicto con Argentina por la instalación de las plantas de celulosa en las costas del Río Uruguay.

 

Por otro lado, el gobierno del Frente Amplio mantuvo y aumentó la presencia militar dentro de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH), cumpliendo un papel de tercerización de una ocupación imperialista de Haití, sofocando la voluntad del pueblo haitiano.

 

 

Ya más reciente en 2015, salió a la luz la negociación por integrar al Uruguay al tratado TISA, un tratado que impone condiciones de liberalización de servicios, donde dentro del concepto de servicios se incluyen la educación, la salud y la infraestructura.

 

El TISA (y el TTIP) es la estrategia actual del imperialismo estadounidense junto al europeo para tener el control económico del mundo y para asegurarse el funcionamiento de la economía mundial de acuerdo a sus intereses.

 

El gobierno no ha escatimado en dar señales favorables a Estados Unidos en su política internacional, en lo que ha sido un intercambio mutuo de favores, desde “ayudar” a desocupar la inhumana cárcel de Guantánamo hasta el voto de EEUU para que el ex canciller Almagro sea presidente de la OEA.

 

A principios de 2015 se dio un hecho que marca la política de genuflexión hacia EEUU que fue la posición del gobierno uruguayo con respecto a la situación de Venezuela, donde manifestó no compartir “algunas políticas del gobierno venezolano” y el canciller Nin Noboa llegó a comparar a la Venezuela de hoy con la dictadura fascista que nuestro país vivió hace poco más de 30 años.

 

En 2016 el Ministro Astori destacó el desmantelamiento inicio el gobierno de Macri de las políticas proteccionistas de los gobiernos kirchneristas, y subrayó que esas políticas habían perjudicado al Mercosur al dejarlo aislado del mundo, sin poder concretar acuerdos de libre comercio con otros países o bloques. No dudó en expresar conformidad con las acciones del gobierno de Macri en materia de política cambiaria.

 

Fortalecimiento del aparato represivo

 

Una arista importante que no podemos pasar por alto es el fortalecimiento del aparato represivo del Estado, este no es fruto de herencias por más que las haya, se ha tendido al perfeccionamiento de las fuerzas policiales y para esto ha aumentado el presupuesto del Ministerio del Interior de manera constante: en 2005 U$S 241 millones, en 2010 U$S 557 millones, y en 2013 pasó a U$S 864 millones anuales.

 

A esto hay que sumarle la adquisición de vehículos especiales y fusiles de asalto para la Guardia Republicana la cual superó los 1500 efectivos, la compra de equipamiento para monitoreo de llamadas y medios electrónicos, el mejoramiento del (Departamento de Operaciones Especiales) DOE y las prácticas de infiltraciones en movilizaciones sociales.

 

No es una práctica aislada, no fueron aislados los megaoperativos en los barrios pobres planteados de la mano de la asistencia social, las tendencias a la criminalización de la juventud y de la protesta. El modelo al servicio de los extranjeros y las oligarquías locales, tiene que defenderse y sustentarse, y lo hace perfeccionando su capacidad de represión y poniendo tras de sí a amplios sectores.

 

La llegada de la crisis a la región y al país

 

Se ha llegado al fin del ciclo de bonanza para el esquema de inserción internacional del progresismo, las tasas de interés internacionales aumentan y provoca que la llegada de inversiones extranjeras se frene, a su vez las inversiones ya instaladas que ahora son parte del aparato productivo del país comienzan a dejar de invertir e inician una etapa de extracción de ganancias de las inversiones que realizaron. A la par de esto, los precios internacionales de las materias primas bajan y se estabilizan, en un esquema en el que obviamente desde un país pequeño y dependiente no es posible incidir.

 

Tras una etapa de inversión en el país, los grandes capitales pasan ahora a hacer rendir esas inversiones, maximizando la ganancia, o sea aumentando la plusvalía total que obtienen de la región.

 

En países productores de materia prima como el nuestro, con poco valor agregado a lo que se produce, la principal variable de ajuste es el salario de los trabajadores.

 

Tanto los salarios asociados directamente a las actividades de extracción y transporte de las materias primas; como los salarios indirectos que son todos los costos asociados, y que incluyen los gastos del presupuesto del estado, son todas variables que del capital busca disminuir para incrementar su tasa de ganancia.

 

El actual gobierno del Frente Amplio ya desde su inicio en 2015 orientó su política económica a cumplir cabalmente con las necesidades del capital.

 

Desde el inicio del periodo se instaló la necesidad de “no perder competitividad” a  nivel  internacional  y “mantener  el  crecimiento”.  Estos  son  conceptos  que  la  burguesía  utiliza  cuando  busca  incrementar  la extracción  de  plusvalía  absoluta,  esto  es  bajar  los  costos  que  en  las  condiciones  actuales  del  Uruguay  significa bajar el precio de la fuerza de trabajo, es decir, los salarios.

 

El primer hecho concreto fue en el mismo 2015 donde el gobierno propuso desindexar los salarios, es decir, aumentarlos por debajo de la inflación, lo que reduce el poder adquisitivo de los trabajadores.

 

 

La  segunda  acción  clave  fue  el  presupuesto  nacional,  votado  solo  para  medio  período,  con  promesas de que en 2017 de “reajustará” para alcanzar lo que se prometió en la campaña electoral (como  el  6%  del PBI  para  la  educación).  Pero  en  los  hechos  el  nuevo  presupuesto  significa  una  reducción  de  la  inversión pública.

 

Durante el tratamiento del presupuesto en el parlamento se simuló  una discusión sobre el destino de  un  remanente  de  fondos,  que  se  presentó  como  una  definición  de  prioridades  sociales  y  se  buscó mostrar  que  hay  sectores  del  partido  de  gobierno  que  plantean  los  intereses  de  los  trabajadores.  Sin embargo  el  presupuesto  fue  votado  sin mayores modificaciones,  y en  el mismo se  plasmó  la  política  del gobierno del Frente Amplio en favor del capital, manteniendo incambiada la estructura de financiamiento del estado, con sus exoneraciones fiscales a las zonas francas, los terratenientes y la inversión extranjera.

 

Para el 2016 se avanza decididamente sobre la clase trabajadora uruguaya, al manipular la inflación para evitar la corrección del salario de los trabajadores en función de los aumentos de precios, lo que significa una pérdida de salario real.

 

Gastando reservas internacionales se contuvo artificialmente el valor del dólar, que incide directamente en el precio de la mayoría de los bienes de consumo que el país importa, y se manipulo las tarifas de servicios públicos, otorgando descuentos para luego subirlas súbitamente más de un 10%.

 

Esto ha significado una disminución del salario real y de la masa salarial en el total del ingreso nacional, acentuando en momentos de crisis la desigualdad en el reparto entre el capital y el trabajo. Quienes viven de pensiones o jubilaciones también ven sus ingresos estancados,  ya  que  éstos  se  ajustan  en  función  de  la  evolución  de  los  salarios.  Pequeños  comerciantes,  vendedores informales, productores nacionales y todos aquellos que vendan mercancías cuyo destino sea el consumo  de  los  trabajadores  probablemente  ven  que  sus  ingresos  bajan  al  descender  la  capacidad  de  compra de los trabajadores.

 

Para mayo de 2016 el gobierno dio un nuevo pasó para el ajuste que pretende realizar, frente a la necesidad de controlar el déficit fiscal a un nivel que sea aceptable para las indicaciones del FMI y las calificadoras de riesgo , el gobierno pretende por un lado aumentar la recaudación del estado pero sin modificar los impuestos al capital, por lo que propuso elevar franjas del IRPF mientras que el IRAE mantiene la reducción a un 25% y sigue siendo solo la quinta parte de la recaudación del estado. No se modifica ninguna tasa del impuesto al patrimonio. No se cambian las exenciones y devolución de impuestos a la inversión, ni se reveen las exoneraciones que se realizan mediante la ley de inversiones. No se afectan los beneficios fiscales de las zonas francas. No se gravan las rentas agrarias extraordinarias. No se tocan las transferencias al exterior de intereses, utilidades y dividendos, en particular de las multinacionales asentadas en nuestro territorio.

 

En paralelo se busca reducir el gasto del estado y se afecta directamente a la salud y educación públicas, con un recorte de 2.100 millones de pesos anuales, que significarán una precarización de esos servicios públicos que utilizan esencialmente los trabajadores.

 

Al descargar la crisis sobre la clase trabajadora, incumpliendo descaradamente las promesas electorales que realizó para llegar al gobierno, se evidencia el carácter burgués del gobierno, que cimenta su política neoliberal, que tiene como objetivo mantener los pagos de los intereses de la   deuda  externa,  continuar  con  los  subsidios  y  exoneraciones  al  gran  capital nacional y extranjero y disminuir el déficit fiscal.

 

El movimiento sindical

 

Mientras  los  trabajadores  comienzan  a  sentir  en  su  propio  bolsillo  la  nueva  coyuntura  y  el descontento  crece,  la  dirigencia  del  PIT-CNT  se  aferra  a  su  rol  de  agente  del  gobierno  dentro  del movimiento  obrero,  realizando  lo  mínimo  imprescindible  mientras  que  los  capitalistas  se  movilizan  y obtienen sus beneficios frente a la crisis en puerta.

 

 

Esta dirección del PIT-CNT, que ha visto cómo sus propuestas son rechazadas de plano, no tuvo más remedio que pronunciarse frente a este escenario de ajuste hacia los trabajadores. Sin embargo su planteo se reduce al mínimo imprescindible.

 

Mantienen  su  objetivo  de  apaciguar  las  tendencias  de  lucha  que  la  política  liberal  del  gobierno despierta necesariamente al atacar cada vez más las condiciones de vida de los trabajadores.

 

Con  respecto  a  las  pautas  salariales  su  reclamo  es  que  no  haya  pérdida  salarial  en  el quinquenio, es decir que aceptan de partida el congelamiento salarial, lo cual incluye su pedido de que el  salario  mínimo  llegue  a  15  mil  pesos  dentro  de  cinco  años.  Centraron su reclamo en que el ajuste salarial acompañe el crecimiento del PBI. Es decir que reclaman un aumento de salario real, por encima del IPC, del orden del 2% al 3% anual.

 

 

La dirección del PIT-CNT solo busca hacer el contrapunto al gobierno, generándole la posibilidad de establecer una negociación que le implique incluso ceder en algún punto, concediendo alguna pequeña mejora en su propuesta, que luego es planteado como un gran logro por la central y como una muestra de la voluntad de diálogo del gobierno “compañero”.

 

La conducción socialdemócrata, reformista y revisionista de la central, dejó desde hace tiempo cualquier expresión de clasismo en sus filas, y se dedican a ejercer de brazo sindical del gobierno del Frente Amplio desde el PIT-CNT.

 

Los paros generales planteados por la conducción sindical evidencian esto, han sido siempre con la consigna “que los cambios  no  se  detengan”  y  dejando  siempre  en  claro  que  “no  es  contra  el  gobierno,  sino  contra  su política económica”.

 

Sin  embargo,  las  circunstancias  que llevaron a la dirección   sindical  a  realizar  paros  generales,  muestran  el  descontento  de  los trabajadores con las medidas del gobierno.

 

 

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Las Casas Oe3-128 (entre América y Antonio de Ulloa)

Quito-Ecuador

ISSN 1390-6038

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