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Por: Vladimir Andocilla R. Fotografía: Agencias

La Consulta Popular y la pregunta 3

 

“En ningún momento el anexo habla de concurso de méritos y menos aún que este sea organizado por el CNE como de manera mañosa pretende el proyecto de Ley presentado a la Asamblea Nacional por el presidente Lenin Moreno el 16 de enero del 2018.”

 

Los ecuatorianos y ecuatorianas acudimos a las urnas el pasado 4 de junio con el convencimiento de cambiar la institucionalidad que permitió la instauración de un régimen autoritario y corrupto.

 

Entre las siete preguntas constaba la siguiente: "¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para reestructurar al Consejo de Participación Ciudadana v Control Social, así como dar por terminado el período constitucional de sus actuales miembros, y que el Consejo que asuma transitoriamente sus funciones tenga la potestad de evaluar el desempeño de las autoridades cuya designación le corresponde pudiendo, de ser el caso, anticipar la terminación de sus periodos de acuerdo al Anexo 3?"

 

 

El anexo 3 al que se hace referencia establecía la reforma a tres artículos de la Constitución: el 112, 205 y el 207. En el primero se establecía que: “Los partidos y movimientos políticos o sus alianzas no podrán postular candidatas o candidatos a las elecciones al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social”; en el segundo caso se determinaba que: “Los representantes de las entidades que forman parte de la Función de Transparencia y Control Social tendrán fuero de Corte Nacional y estarán sujetos al enjuiciamiento político de la Asamblea Nacional. Ejercerán sus funciones durante un periodo de cinco años, a excepción de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social cuyo mandato será de cuatro años. En caso de ser enjuiciados políticamente, y de procederse a su destitución, se deberá realizar un nuevo proceso de designación, salvo para los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en cuyo caso se principalizará el correspondiente suplente hasta la finalización de ese periodo. En ningún caso la Función Legislativa podrá designar al reemplazo.”; de la misma manera la tercera reforma significaba un cambio en el inciso tercero y cuarto del 207: “Sustitúyase el inciso tercero del artículo 207 de la Constitución por el siguiente texto: “Las consejeras y consejeros serán elegidos por sufragio universal, directo, libre y secreto cada cuatro años coincidiendo con las elecciones a las autoridades de los gobiernos autónomos descentralizados. El régimen de sus elecciones estará contemplado en ley orgánica que regule su organización y funcionamiento.”. Agréguese un cuarto inciso al artículo 207 de la Constitución que disponga: “Las consejeras y consejeros deberán ser ciudadanas y ciudadanos con trayectoria en organizaciones sociales, en participación ciudadana, en la lucha contra la corrupción o de reconocido prestigio que evidencie su compromiso cívico y de defensa del interés general. Las consejeras y consejeros no podrán ser afiliados, adherentes o dirigentes de partidos o movimientos políticos, durante los últimos cinco años”.

 

El pasado 14 de febrero del 2018, mediante Registro Oficial Suplemento No. 180, se publicó los resultados definitivos del referéndum y consulta popular, proclamados el pasado 8 de febrero, entrando en vigencia de esta manera lo aprobado por el pueblo ecuatoriano.

 

En el mismo texto del anexo tres se establece que el Presidente enviara un proyecto de que reforme la ley que regula la organización y funcionamiento del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para adecuarla a las enmiendas constitucionales; la Asamblea Nacional, sin dilaciones, tramitará y aprobará el proyecto en el plazo de sesenta días.

 

La esencia de la voluntad popular en esta pregunta radicó en cambiar la estructura de elección de los vocales del CPCCS, cambiando el concurso de méritos por la elección universal; esto trae varias interrogantes:

 

¿Qué requisitos deben tener los nuevos integrantes? ¿Cómo se determinarán los consejeros principales y suplentes?

 

De una primera lectura del anexo, se puede establecer que los candidatos para ser consejeros del CPCCS no deben estar incursos en las inhabilidades que establece el artículo 113 de la Constitución de la República del Ecuador[1]; a esto se debe incorporar la prohibición de no ser afiliado, adherente o dirigente de partido o movimiento político durante los últimos cinco años, y demostrar en su hoja de vida la trayectoria en organizaciones sociales, en participación ciudadana, en la lucha contra la corrupción o de reconocido prestigio que evidencie su compromiso cívico y de defensa del interés general.

 

En ningún momento el anexo habla de concurso de méritos y menos aún que este sea organizado por el CNE como de manera mañosa pretende el proyecto de Ley presentado a la Asamblea Nacional por el presidente Lenín Moreno el 16 de enero del 2018. Este concurso tiene el objetivo de establecer un listado de 54 elegibles que serán sometidos a votación durante las elecciones de alcaldes y prefectos. Estableciendo de esta manera un proceso mixto de selección y elección, procedimiento que no está contemplado en la Constitución, y que vía reforma legislativa intenta se introducido.

 

La reforma constitucional aprobada por el pueblo en urnas es clara, la elección debe ser universal y pueden ser candidatos todos quienes reúnan los requisitos, los 9 más votados deberían ser los principales y los otros 9 los alternos. Ese es el espíritu de la consulta del 4 de febrero y sólo se requiere leer los anexos para entender la decisión popular.

 

 

 

 

[1] Art. 113.- No podrán ser candidatas o candidatos de elección popular:

1. Quienes al inscribir su candidatura tengan contrato con el Estado, como personas naturales o como representantes o apoderados de personas jurídicas, siempre que el contrato se haya celebrado para la ejecución de obra pública, prestación de servicio público o explotación de recursos naturales.

2. Quienes hayan recibido sentencia condenatoria ejecutoriada por delitos sancionados con reclusión, o por cohecho, enriquecimiento ilícito o peculado.

3. Quienes adeuden pensiones alimenticias.

4. Las juezas y jueces de la Función Judicial, del Tribunal Contencioso Electoral, y los miembros de la Corte Constitucional y del Consejo Nacional Electoral, salvo que hayan renunciado a sus funciones seis meses antes de la fecha señalada para la elección.

5. Los miembros del servicio exterior que cumplan funciones fuera del país no podrán ser candidatas ni candidatos en representación de las ecuatorianas y ecuatorianos en el exterior, salvo que hayan renunciado a sus funciones seis meses antes de la fecha señalada para la elección.

6. Las servidoras y servidores públicos de libre nombramiento y remoción, y los de periodo fijo, salvo que hayan renunciado con anterioridad a la fecha de la inscripción de su candidatura. Las demás servidoras o servidores públicos y los docentes, podrán candidatizarse y gozarán de licencia sin sueldo desde la fecha de inscripción de sus candidaturas hasta el día siguiente de las elecciones, y de ser elegidos, mientras ejerzan sus funciones. El ejercicio del cargo de quienes sean elegidos para integrar las juntas parroquiales no será incompatible con el desempeño de sus funciones como servidoras o servidores públicos, o docentes.

7. Quienes hayan ejercido autoridad ejecutiva en gobiernos de facto.

8. Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en servicio activo.

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