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Por: Henry Izurieta

Fotografía: Asamblea Nacional

Código Ingenios, mucha expectativa, poco aporte

 

Cuando de habla de ingenio enseguida viene a la mente esa valorada capacidad de la creatividad, de la imaginación que contribuye a encontrar solución a multitud de problemas, aquella capacidad que se exige ahora a los emprendedores, sobre todo en época de escasez de empleo, cuando se incentiva a que los propios interesados apliquen su ingenio para valerse por si mismos.

 

Con esa idea en mente, conocer que el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación se lo conoce como Código Ingenios lleva a pensar que, en ese cuerpo legal, se plasma la mejor de las creatividades de los actuales gobernantes en favor del país y la defensa de sus intereses en torno a la propiedad intelectual..

 

Excelente posición

Luego de iniciar la revisión de los casi 600 artículos entre los que consta el artículo referente a los “fines” de este Código que habla de una serie de intencionalidades muy bien venidas entre las que destaca aquella de “Uso estratégico de la propiedad intelectual” que lleva pensar sobre el ingenio que aplicará el gobierno para que el conocimiento sea un puntal para el desarrollo del Ecuador.

 

El artículo 4 de los principios   inicia con: “El conocimiento constituye un bien de interés publico, su acceso será libre y no tendrá más restricciones que las establecidas en la Constitución, los tratados e instrumentos internacionales y la ley, y su distribución se la realizará de manera justa equitativa y democrática.”

 

Con tal definición se llega inmediatamente a la conclusión de que este Código está con lo más moderno del pensamiento en ese ámbito, es decir que ideas sobre la función social del conocimiento y su propiedad también social han calado profundo en el pensamiento y acción  gubernamental.

 

Si se desea hilar fino se puede argumentar que habla de “interés” público y no de propiedad pública para luego no definir lo que en esta ley se entiende como “interés público” o cuestionar aquello de la distribución justa, equitativa y democrática.

 

En la actualidad, los criterios sobre este tema los puso en debate el denominado Software Libre con su iniciador, Richard Stallman, en los años 80 del siglo pasado, quien reivindicó la capacidad que debe tener el desarrollador del software, principalmente, y también el usuario de acceder a la “fuente” del conocimiento, modificarlo y compartirlo, en ese caso los programas informáticos. Es decir, en concreto, disponer de ese conocimiento como si fuera de su propiedad.  Las licencias Creative Commons, de más reciente aparición, con diversas alternativas de licencia, promueven el compartir el conocimiento e incentivan que el autor, por ejemplo de un estudio, defina las condiciones en las que comparte ese conocimiento, siendo la licencia pública una de las opciones.

 

Las licencias de dominio público no limitan la propiedad, sino que los regulan de forma diferente al punto que la afirmación de “derechos reservados” se puede trastocar a otra de “muy pocos derechos reservados” que sería el caso de los derechos de dominio público que entregan al público, a la gente, el derecho de hacer con la obra lo que a bien tuvieren, incluso venderla sin consentimiento de su autor.  Esto ha dado origen a dos concepciones sobre derechos de autor totalmente opuestas: el copyright y el copyleft.  Este último vinculado a lo que podemos denominar el dominio público, es decir de acceso ilimitado, amplio, sin restricciones.

 

Sobre esto existe todo un debate en el mundo, pero respecto al Código Ingenios es importante valorar que recoja la idea del conocimiento como un bien de interés público.

 

 

 

 

Excepción generalizada

Pero ¡oh, sorpresa!, avanzando en la revisión de este cuerpo legal nos encontramos con el Artículo 82: “Excepción al dominio público. Los derechos de propiedad intelectual constituyen una excepción al dominio público del conocimiento y responderán a la función y responsabilidad social de conformidad con los establecido en la Constitución y la Ley. La propiedad podrá ser pública, privada, comunitaria, estatal, asociativa, cooperativa y mixta.”

 

Y allí inician los problemas. Toda una fraseología moderna, reivindicativa de los derechos, de la distribución justa, equitativa de los conocimientos se hecha al traste de la basura, pues, con este artículo reconoce la estructura de la propiedad intelectual en su forma tradicional, tal cual a lo conciben los monopolios.

 

No se puede entender cómo una fábrica europea, o un monopolio como la Bayer, que a propósito de la vigencia del TLC con Europa podrán ejercer sus actividades en Ecuador como si fueran ecuatorianos, no se entiende cómo ellos preferirían registrar su propiedad intelectual como pública o comunitaria, si no media en esta ley una disposición taxativa para que eso ocurra.  El monopolio no tiene ningún incentivo para registrar sus desarrollo como propiedad pública, entonces establecerá sus derechos de la forma tradicional: “derechos reservados”.

 

Esto implica que, incluso, la colaboración de ecuatorianos en las investigaciones a realizarse no conlleven beneficios para el país, pues, los monopolios son muy celosos en la definición de sus “derechos” y no van a cederlos.

 

Claro que habrán licencias públicas, que antes fueron privadas que, como actualmente lo hace Microsoft, las cambian para generar la imagen pública de que sí comparten, pero que en realidad no son conocimientos de punta y por otro lado lo hacen para competir por el mercado contra productos libres.

 

El Código Ingenios no defiende el interés público del conocimiento.

 

Preasignaciones que no alcanzan

Por el lado del financiamiento, según el artículo 546,  se establece como preasignaciones el 1% de los contratos de exploración y explotación de hidrocarburos, 1% de los ingresos de las operadoras de telecomunicaciones, la mitad del 1% de las planillas del IESS del sector publico y privado.  Estas preasignaciones deberán ser al menos el 0.55% del PIB del año anterior.  Si no alcanza, el Estado depositará la diferencia.

 

El dinero, como se puede colegir, se obtendrá de los recursos de la actividad privada. Es con esos dineros con los que se puede concretar las preasignaciones, ya que con los dineros públicos las preasignaciones están prohibidas.  Este mecanismo, posiblemente, servirá para que, mas tarde, el sector privado exija participación en la decisión del destino de los fondos o en la utilidad de los desarrollos que se realicen.

 

Otro mecanismo de financiamiento e incentivo es la reducción o eliminación del pago de impuestos.

 

Por otro lado, resulta cuestionable que la política de priorizar el conocimiento tan solo se concrete con el 0.55% del PIB, lo cual confirma la opinión de que el gobierno del presidente Correa anuncia mucho y hace poco.  Países en los que la investigación es prioritaria la inversión en ese sector incluso llega al 5%, aunque la media parece ser que es el 0.5% del PIB.  En todo caso es otra contradicción del régimen.

 

El Código Ingenios no prioriza a la economía del conocimiento al no dotarle de suficientes recursos económicos.

 

Inversión de las preasignaciones

Los dineros que se destinan a este sistema serán invertidos en la formación de talento humano mediante crédito educativo, becas, ayudas, etc.   También se invertirá en el Plan Nacional de Capacitación.

 

Otro ámbito de inversión serán los fondos concursables para la investigación.

 

De esta manera,  otra vez, el Código Ingenios deja el sinsabor de falta de ingenio, de creatividad para encontrar y promover alternativas que den el espaldarazo que hace falta para dar el salto en el ámbito de la investigación y desarrollo.  No es que la propuesta de inversión en becas, crédito, etc. esté mal, es que es insuficiente.  Solo por ejemplificar, es obvia la necesidad de laboratorios, espacios de investigación en el Ecuador, sobre ellos esta ley, ni los artículos que hablan sobre los ámbitos de inversión no dicen nada.

 

El Código Ingenios no incentiva con inversión a las áreas de investigación.

 

No se prioriza a la Universidad como espacio generador de conocimiento

Es obvio que la universidad, como institución, está relegada en este Código.  En todo este cuerpo legal la referencia a estos espacios de producción intelectual,  investigación científica, resolución de problemas complejos es meramente tangencial.  Por ejemplo, cuando de invertir en investigación se trata esta ley abre la posibilidad con los fondos concursables a los cuales, se entiende, las universidades podrían acceder. Hasta allí.  Sin embargo, la universidad ecuatoriana necesita un fuerte apoyo.  Esta ley, insistiendo en los ejemplos (para demostrar nuestra proactividad), podría disponer que de las regalías a las patentes registradas en el país se destine un porcentaje a invertirse en las Universidades.

 

Tampoco se puede encontrar mecanismos que promuevan o inciten a la innovación.  La beca y ayuda es principalmente conceptualizada como hasta hoy, un mecanismo para cubrir los elevados costos de la educación superior, solo excepcionalmente como una alternativa para incentivar la investigación.

 

Pero la universidad debería recibir de esta ley muchas posibilidades para profundizar la investigación, el desarrollo desde las universidades.

 

Los ámbitos de investigación son tan amplios y costosos que no sería objetivo promover su desarrollo en todos ellos.  Parte del aporte del Código debió ser  el planteamiento de ciertos criterios que delimiten, segmenten, acoten los ámbitos en los que se desarrolle la investigación.  Otro aspecto que debió contemplar es la priorización definiendo alternativas para decidir a qué proyectos apoyar en base a conceptos claros, en vez de dejar abierta esta posibilidad lo que ha dado rienda suelta a decisiones basadas en el típico compadrazgo y otros mecanismos no técnicos de decisión.  En ese sentido el artículo 58 define las líneas y áreas de investigación que se desprenden del Plan Nacional de Desarrollo y del Plan Nacional de la Economía Social de los Conocimientos, la Creatividad y la Innovación, el Sistema de Educación Superior y las necesidades del sistema productivo, sin embargo el gobierno debería reconocer que esos planes y sistemas no fueron desarrollados de manera democrática, sino que son el reflejo de las mentes “brillantes” de algún equipo de funcionarios. La consecuencia de esto implica que tales planes no reflejan necesariamente los requerimientos nacionales,  lo que se confirma con la realidad que en este sector se vive tras la aplicación por varios años de esos planes y políticas.

 

El desarrollo de la denominada “masa critica” (cantidad mínima de personas que investiguen para que su influencia tenga repercusiones en la sociedad) es responsabilidad de la universidad de la mano del Estado.

 

En Ecuador  la universidad ha sido acusada de baja calidad educativa y casi nula investigación.  La salida desde el Gobierno ha sido una presión de mejorar la formación de sus docentes exigiéndoles títulos de nivel más alto (PhD), pero en los años que lleva esta disposición vigente no se puede observar una relación directa entre esta medida y el fomento de la investigación y el desarrollo.

 

El Código Ingenios no apoya a las universidades para que se desarrollen en la investigación y desarrollo.

 

 

Libertad sin libertad para investigar

El Código Ingenios declara la libertad de investigación en su Artículo 38, teniendo como límite únicamente el respeto, la ética, la naturaleza.  A la vez define mecanismos para registrar a las personas o instituciones involucradas en la investigación,   También se establece que las entidades de investigación científicas se deben acreditar.  Quienes deseen ser reconocidos como investigadores científicos deben acreditar un título académico de maestría, ser autor o coautor de una obra o artículo en una revista indexada y haber participado al menos un año en procesos de investigación.  Esta información servirá para que sea categorizado. Por último se deberán obtener permisos para realizar las investigaciones.

 

Sin duda las regulaciones expuestas definen un escenario que no es libre.  Si antes sin norma alguna a la investigación ésta no se desarrolló en el país, ahora, sin reales incentivos, estas disposiciones limitarán aun más la investigación. Otra contradicción entre lo ofrecido y lo legislado.

 

El Código Ingenios a título de registro, limita la libertad para investigar.

 

Investigador burocratizado

Se crea la carrera de investigador científico que tendrá incluso su escalafón que regulará su ascenso, remuneración y evaluación que se especificarán en el  reglamento.  Además deberá cumplir con un  régimen disciplinario y acogerse a un sistema de licencias, permisos y comisión de servicios.

 

Esta es una de las principales “innovaciones” de este Código: la burocratización del investigador.  Convierten a una actividad humana que esencialmente responde a una serie de motivaciones que normalmente están lejos de las formalidades del empleo regular, en una relación laboral más. Sin establecer mecanismos que la faciliten, al contrario estableciendo mecanismos que volverán más complicado su manejo, tal cual sucede actualmente con los docentes.  Al investigador científico dependiente del sector público le espera una vida llena de papeleos intrascendentes que limitarán, incluso anularán, su vocación.

 

La creación de un empleo de investigador  que burocratiza está actividad está muy lejos de promover el entusiasmo por la investigación.

 

El Código Ingenios reduce la actividad investigadora a una responsabilidad burocrática.

 

Protección de la riqueza biológica

La riqueza natural y biológica ecuatoriana es protegida mediante el Código Ingenios que dispone que cualquier investigación al respecto debe contar con una autorización.  “Se prohíbe la captura, caza, pesca, manipulación y o movilización del recurso biológico nacional e internacionalmente, para fines investigativos sin los correspondientes permisos. La infracción de esta norma será penada de acuerdo a lo previsto en el  Código Orgánico Penal.”, artículo 65.  Una disposición tan específica que si, por ejemplo, se colecta para otros fines que no sean la investigación, entonces no cabe la sanción.  Otros cuerpos legales seguramente tienen disposiciones que sancionen para otros casos.

 

Lo que debería es mantenerse un registro de las especies, del “material biológico” que se espera proteger para mantener control sobre lo que sucede.  Esta disposición tan general termina por limitar la investigación pues, al tenor exacto de ella hasta para trabajar con el “material biológico” más común debe existir un permiso.

 

Si las actividades con los recursos genéticos y sus derivados tienen fines comerciales se negociarán los beneficios que el Estado deba obtener que en ningún caso serán inferiores a los de la contraparte.  Esta negociación la ejecutará el Instituto Público de Investigación Científica sobre Biodiversidad.

 

Este mismo instituto creará el Banco Nacional de Recursos Genéticos que se encargará de la custodia de los recursos genéticos del Ecuador.

 

Llama la atención que el principal objetivo del gobierno, expuesto en varios artículos, sea participar en las ganancias de la comercialización, antes que proteger la heredad genética que, según  este mimo cuerpo legal, se lo hace con derechos de autor, patentes, registros de propiedad intelectual, etc.  La disposición que realmente protegería los “recursos genéticos del Ecuador” debería decir que en todas las investigaciones realizadas en el Ecuador sobre o con sus recursos genéticos y los desarrollos que tengan a estos como sustento, deban registrarse bajo condiciones beneficiosas para los ecuatorianos y sus investigadores o, mejor aun, bajo licencia pública.

 

El artículo 89 resalta que el Estado participará “considerablemente en la titularidad de las modalidades de propiedad intelectual y otros derechos que recaigan sobre los procedimientos y productos derivados o sintetizados obtenidos a partir de la biodiversidad, de conformidad con lo establecido en la Constitución.”.  Como se ve, el Código no avanza nada respecto de lo dispuesto en la Constitución.

 

El ingenio que se esperaría de parte de quienes desarrollaron el Código Ingenios es precisamente encontrar la disposición legal que logre proteger los saberes ancestrales, los materiales genéticos y demás que se encuentran en nuestro país de la voracidad de investigadores, monopolios, comerciantes, etc. nacionales y extranjeros que pretenden beneficiarse de la riqueza biológica y ancestral que se conserva en territorio ecuatoriano. Esta defensa no se concreta, al contrario quedan las puertas abiertas.

 

El Código Ingenios no establece mecanismos eficaces para proteger la riqueza biológica ni de saberes que existe en el Ecuador.

 

Saberes ancestrales

Los conocimientos tradicionales son aquellos principalmente colectivos como prácticas, métodos, experiencias, capacidades, signos, símbolos propios de pueblos y nacionalidades y comunidades que forman parte del acervo cultural y han sido desarrollados, actualizados de generación en generación, según lo expone el artículo 484.  Estos son imprescriptibles, inalienables, inembargables y, desde el punto de vista de la propiedad intelectual, son de dominio publico.

 

El aprovechamiento de tales conocimientos debe ser con la aprobación de sus legítimos propietarios y con la repartición de los beneficios de manera justa y equitativa. Artículo 499.

 

Siendo positivo, lo que realmente es de esperarse en el ámbito de los conocimientos ancestrales es que se arbitren acciones que logren recuperar para nuestro país las patentes, derechos de autor y demás que hayan sido registrados en perjuicio de nuestros pueblos ancestrales.  Si bien se ha actuado en alguna medida, el respaldo y mandato legal debió ser la acción que se incluya en este cuerpo legal.

 

El Código Ingenios no define mecanismos concretos de protección a los saberes ancestrales de los pueblos que habitan o habitaron el Ecuador, ni establece mecanismos para recuperar aquellos registrados en otros países.

 

 

Innovación social

El Código tiene razón cuando sostiene que la innovación social contribuye al buen vivir.  La innovación social serían productos, servicios, procesos nuevos o mejorados en base al conocimiento científico que es utilizada en el contexto social.

 

El Estado incentiva estas actividades mediante “el fortalecimiento del talento humano, el desarrollo de investigación científica, el crecimiento del acervo tecnológico, la provisión de servicios especializados, la dotación de infraestructura de soporte y espacios públicos, la generación de instrumentos financieros y jurídicos...” lo que suena muy bien, aunque actualmente ya está en vigencia con pocos resultados visibles, consecuentemente hace falta más ingenio para lograr que la sociedad sea beneficiaria de la innovación científica.

 

Una medida interesante que se incluye es que en la Contratación Pública, por decisión de la autoridad pública puede condicionar, para la concesión de contratos, la transferencia tecnológica especialmente en los sectores estratégicos y de interés público.  Incluso el artículo 77 también habla de definir reservas de mercado en compras públicas tecnológicas para productores ecuatorianos.

 

Si se concretan estas dos alternativas legales seguramente muchas empresas o personas se podrán beneficiar.  Posiblemente esta sea de las medidas más promisorias, aunque hace falta conocer la reacción de Europa con la vigencia del TLC.

 

El Código Ingenios abre las puertas para que innovadores nacionales se beneficien vendiendo al sector público sus productos.

 

 

Reorganización administrativa

El Código Ingenios crea el “Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología Innovación y Saberes Ancestrales” como una instancia administrativa de lo que será la producción del conocimiento en el país y su registro.

 

Se quiere dar la apariencia democrática al sostener que este sistema estará conformado por los GADs, la autoridad en derechos intelectuales, organismos consultivos, comités regionales de planificación, actores, generadores del conocimiento, universidades, academias de ciencias, asociaciones relacionadas con la producción social del conocimiento, comunidades, pueblos, …..  O sea todos.  Lo que aparece democrático, pero inmanejable y, sobre todo, irreal.

 

La entidad rectora será la Secretaria de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación con rango de ministerio (SESCTI).   Tendrá a su cargo todo lo referente al tema de manera que las entidades que actualmente funcionan desaparecerán o serán absorbidas, como es el caso del IEPI que luego de 90 días de aprobada esta ley deberá ser reemplazado por otra entidad.  Caso parecido a los del Instituto Nacional de Pesca, Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias, Instituto Nacional de Meteorología e Hidrografía,  Instituto Geográfico Militar, Instituto Nacional de Investigaciones Gerontológicas y el Instituto Nacional de Investigaciones Geológico, Minero y Metalúrgico que desaparecerán para ser re-creadas en otras entidades fruto de la coordinación de la SESCTI  y los ministerios del ramo.

 

En cambio los conservatorios de música pasarán a formar parte de la Universidad de las Artes.

 

El Código Ingenios crea una nueva estructura administrativa en el ámbito de la investigación en el sector público.

 

Europa se beneficia con el TLC

El artículo 93 que dice: “Trato nacional.- Los derechos conferidos por esta ley se aplican por igual a nacionales y extranjeros, domiciliados o no en el Ecuador, ...”.


Esto se complementa con lo dispuesto en el artículo 85 que reconoce como propiedad intelectual a las “obtenciones vegetales”, a lo que se añade la posibilidad de patentar el “material biológico”.


Esto configura, con otras disposiciones de otras leyes, el entramado legal necesario para la ejecución del TLC con Europa con las ventajas que ello conlleva para los comerciantes, industriales, investigadores extranjeros, en desmedro de los ecuatorianos.

 

La próxima vigencia de este tratado garantiza para los europeos las mismas ventajas que recibirían los ecuatorianos para acceder a vender al gobierno, pero con la gran ventaja de su alta tecnología. Aquí es donde las escasas ventajas que obtienen los nacionales con las disposiciones de este Código se pierden.

 

El Código Ingenios abre las posibilidades a que todo el mundo, no solo los europeos con su TLC,  sea tratado como ecuatoriano y acceda a los posibles beneficios que demandan de este cuerpo legal.

Sobre el software

El software está protegido como una obra literaria, este Código reconoce el software privativo, aquel que oculta el código fuente; y el software libre, el que permite conocer el código fuente.

 

Establece ciertas disposiciones para con el software privativo interesantes como que el usuario puede modificar el programa para poder darle uso, utilizar ingeniería inversa para darle utilidad en otros sistemas operativos. Las modificaciones realizadas no pueden ser difundidas sin la autorización de su propietario.

 

Pero estas disposiciones que aparecen como positivas por ponerse del lado del usuario, generalmente maltratado por  el dueño del software, tienen una falencia que las hace impracticable: no disponen que el propietario entregue el código fuente.  La característica fundamental del software privativo es que entrega únicamente los programas ejecutables, jamás las fuentes, por tanto, únicamente con ingeniería inversa sería posible realizar las modificaciones autorizadas, pero esto tendría costos enormes ya que los procesos de este tipo de ingeniería son elevados y en muchos casos inconvenientes económica y técnicamente.

 

En el caso del software libre el Código Ingenios en su artículo 135 eleva a condición de Ley Orgánica en el Ecuador las cuatro libertades del Software Libre promovidas por la Fundación para el Software Libre de Richard Stallman.  Sin duda, él está de plácemes.

Las libertades del Software Libre promueven que el software sea distribuido incluido con sus fuentes para que sus usuarios puedan modificarlos o aprender de ellas, sin que para ello deban pedir autorización.  Su copia y sus modificaciones pueden ser redistribuidas, incluso vendidas sin que por ello deba solicitar autorización.

 

En abril de 2008, a poco tiempo de posesionarse el presidente Rafael Correa, se emitió el decreto 1014 que en el  fondo dice lo mismo que las disposiciones que constan en el Código Ingenios, entre las que destacan la obligatoriedad de que en el sector público y en todo el sistema educativo se utilice únicamente herramientas informáticas libres.

 

El resultado luego de más de ocho años de aplicación del mencionado decreto ejecutivo es que los funcionarios del sector público encontraron el mecanismo para evadir esa disposición y en escuelas, ministerios y demás dependencias estatales se sigue utilizando el software privativo, como antes, con pocas excepciones.

 

El incumplimiento a esta disposición presidencial es tan evidente que, por ejemplo, en el año 2014 el gobierno inició la entrega de computadoras portátiles a los docentes. En un principio se entregaron con   dos sistemas operativos: uno privativo (Windows) y otro libre (Ubuntu), luego solo con el sistema privativo.  No hubo ninguna explicación para justificar el incumplimiento, tampoco ninguna sanción.

 

915 millones entre el 2009 y2015 fueron egresados por el sector público para comprar licencias.  Utilizar el Software Libre pudo reducir mucho esa cifra, pero también los ingresos de las empresas que los venden y las “regalos” que reciben los encargados de comprarles. Valiéndose de disposiciones que permiten eludir la obligación que constan en ese decreto y en este Código han logrado evadir el uso del Software Libre, al punto que ni siquiera las secretarias de oficina lo utilizan.   Estos procedimientos no ha sido denunciados por la Asociación de Software Libre del Ecuador, quizá porque su principal es funcionario de gobierno, convirtiendo a esta organización en cómplice de la no implementación de este software en Ecuador.

 

Pero no todo es malo.  El artículo 111 dispone que quien desarrolle por encargo un software podrá percibir el 10% de las ganancias que se obtengan de su explotación.  Las empresas que se sienten perjudicadas han hecho “lobby” para cuestionar esta disposición y lograron que para la siguiente discusión en la Asamblea Nacional se retire ese 10% para quien escribe el programa.  Una evidente injusticia. Lo positivo fue retirado.

 

Lo positivo de reconocer al Software Libre se diluye en el entramado que el comercio del software privativo ha creado. Esto tiene que ver con la falta de decisión firme de parte del gobierno en asumir con fortaleza esta opción del conocimiento y ceder a las presiones del otro software.  Este tipo de decisión no es por cuestiones de costos, es por principios sobre el origen y destino del conocimiento. Cuando se acepta el uso del software privativo también acepta las condiciones que puedan imponer las empresas dueñas de ese conocimiento y lo que es peor, se acepta que el ulterior desarrollo tecnológico será en dependencia de ellas.

 

Esto es precisamente lo que ocurrirá en el caso de Yachay que nació con la idea de acogerse al Software Libre y ha terminado firmando un acuerdo con Microsoft, la empresa símbolo del software privativo.

 

El Código Ingenios reconociendo la existencia del Software Libre no promueve su uso, en consecuencia hipoteca el futuro del país a la dependencia con el software privativo.

 

Música y video

La música, los videos y sus autores son protegidos.  Si tienen ventas los autores tienen derecho a recibir parte de los ingresos.  Por desgracia no se establecen mínimos por lo que el autor puede quedar a merced de los distribuidores o productores, aunque esta ley lo ampare.

 

Para el caso de las obras de arte plástico, manuscritos los autores deben obtener un 5% para el caso de las reventas.

 

Los derechos patrimoniales duran toda la vida del autor y 70 años luego de su muerte.

 

La música tiene un tratamiento especial.  La reproducción de música con fines de ambientación tienen que ser reconocidas con una remuneración a ser repartida equitativamente entre los involucrados, según lo sostiene el  artículo 213.  Entre los mecanismos aplicados para concretar el control se encuentran las sociedades de gestión colectiva, que están conformadas por autores que supervisan el ejercicio de sus derechos mediante un comité de monitoreo.

 

Sin embargo de que se defiende el derecho de los músicos, lo cual es correcto, estas medidas no recogen la realidad y tendencia por la que atraviesa la sociedad moderna y el impacto de la tecnología que hacen casi imposible el control de la emisión de, sobre todo, la música en todo el mundo.  Por tanto la acción de los comités de monitoreo resultan insuficientes en términos de lograr controlar todas y en todo lado la emisión musical.  En tal sentido el Código también se queda debiendo al no proponer otra alternativa más real para defender los derechos de los autores de música.

 

El Código Ingenios no recoge las tendencias modernas sobre la emisión de música y protección de los autores.

 

Patentes

Las patentes protegen invenciones de productos o procedimientos .  Debe tener aplicación industrial, tendrá una duración de 20 años. Todo un listado de invenciones no pueden ser patentables entre los que destacan los animales, procedimientos esencialmente biológicos para la obtención de plantas o animales.  Tampoco nada de lo que tiene relación con la biología humana.

 

Las invenciones realizadas en instituciones educativas conllevan el registro y no menos del 40% de los ingresos producto de la explotación, según se describe el artículo 261.  Los inventores tendrán el derecho a participar en la titularidad y beneficios de la patente en no menos del 25%.

 

El Estado puede conceder licencia obligatoria para la fabricación de un producto patentado debido al interés público. Art. 299.  Esta es una importante decisión de no limitar la capacidad del Estado a título de respetar los derechos de autor o patentes como es en el caso de las enfermedades tratables por ciertos medicamentos que no pueden fabricarse sin autorización del dueño de la patente.  Mediante decreto ejecutivo o resolución ministerial el gobierno podrá ejercer esta opción.  Sin embargo se abre la posibilidad de perjudicar al Estado mediante la disposición que permite que el dueño de la patente reciba una “remuneración” por su uso.

 

El obtentor de una variedad vegetal, que es el que crea una variedad vegetal nueva, distinta, homogénea y estable, puede beneficiarse de una licencia obligatoria cuando su variedad entre en conflicto con una invención previa.  Entre las variedades vegetales con posibilidad de patentarse están las variedades genéticamente modificadas.  Artículo 449.

 

La disposición constitucional que limita las actividades con especies genéticamente modificadas es irrespetada con este artículo.  Si bien es cierto que los desarrollos tecnológicos van también por ese ámbito, pero el país tomó una decisión en el sentido de no abrir las puertas a las modificaciones genéticas, pero con este Código esa decisión es afectada.

 

El Código Ingenios precautela el interés nacional al disponer el uso de patentes en caso de necesidad nacional. No pone límites ni mecanismos de control a la creación de variedades genéticamente modificadas.

 

 

Conclusiones

La palabra “ingenio” también tiene otra acepción que es la de una máquina utilizada por los encuadernadores para recortar los filos de los libros, esta acepción parece más adecuada con lo que se logra con el Código Ingenios en el que, en los hechos, recorta, limita los derechos y actividades de las personas en torno a su inventiva, a su capacidad investigativa.

 

El mayor logro de este Código es burocratizar la acción de investigar cuando crea la profesión pública de investigador científico, como si el proceso investigativo tuviera relación con la condición de empleado. No logra establecer mecanismos adecuados para defender la heredad biológica ni de conocimientos en el Ecuador. Tampoco consigue obtener experiencia de los sucedido anteriormente en el país para traducirlo en mejores disposiciones legales que superen los problemas que otras leyes no lo lograron.

 

En fin, es un cuerpo legal que pese a su extensión no logra aportar a la solución del problema de los derechos de autor, propiedad intelectual, patentes y demás actividades en torno a esta problemática.

 

La reorganización administrativa de las entidades involucradas en la investigación no garantiza mejores resultados, quizá si logre, eso se espera, algo de eficiencia.

La disposición que no cabe duda que se ejecutará es la que habla que los extranjeros serán tratados como nacionales, lo cual será utilizado en el contexto del Tratado de Libre Comercio con Europa.

 

El Código Ingenios no cumple con las expectativas creadas ni soluciona las problemas vigentes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Las Casas Oe3-128 (entre América y Antonio de Ulloa)

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ISSN 1390-6038

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