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Por: Diego Borja Cornejo

Fotografía: Archivo

Impuesto a la Plusvalía

 

En medio de escándalos de corrupción en Petroecuador, que han sacudido a la opinión pública nacional y que han tenido como correlato, la persecución judicial y política de articulistas, periodistas y revistas digitales que hacen periodismo de investigación, el Presidente de la República envió a el 1º de diciembre a la Asamblea Nacional un proyecto de Ley que grava con impuestos extremadamente elevados el valor que adquieren en el tiempo los bienes inmuebles.

 

Tanto el Presidente como los voceros oficiales han propagandizado este proyecto de Ley, como uno que quiere gravar a las “ganancias ilegítimas” derivadas de la “especulación del suelo”. Extraño argumento, puesto que las actividades que provocan ganancias ilegítimas no solo que no deberían ser gravadas con impuestos, sino que deberían ser prohibidas de manera taxativa y directa. Abundando en argumentos, los voceros del gobierno han planteado que esta ley pretende ser redistributiva, solidaria, generosa; y quienes se oponen son, por el contrario, individualistas y avariciosos.

 

Algunos voceros que forzan la ideología y mucho más la teoría, pretenden calificar a esta ley como socialista, justa y equitativa. Si es o no cortina de humo para trasladar la discusión de los episodios de corrupción a la ley de plusvalía no lo podemos afirmar. Lo que si podemos decirlo de manera clara es que es una ley que atenta contra el patrimonio de los hogares, que vulnera de manera profunda a la actividad de  la construcción –creadora de empleo-, que zahiere la búsqueda de bienestar de las familias  y que ignora la realidad económica y financiera de los ecuatorianos.

 

 

Con argucias tecnocráticas, características de este gobierno que hipervalora el power point y los ejercicios de escritorio, se burlan del esfuerzo de los ecuatorianos que con mucho sacrificio pueden obtener un terreno, un departamento, una casa. En la búsqueda de lograr un beneficio electoral –bastante dudoso- sobre la base de impulsar el resentimiento social, se afirma que es un impuesto que perjudica a los ricos y que “beneficia a los pobres”. No obstante, al adentrarnos un poquito en el simple análisis financiero, vemos que es un proyecto que golpea enormemente al patrimonio de las clases populares y que resulta confiscatorio para la clase media y para el sector más adinerado.

 

Efectivamente, una familia que compra un inmueble de USD 15.000, que obviamente se halla en el sector popular, pagaría una tasa impositiva efectiva, calculada sobre el costo efectivo del inmueble, que oscila entre el 27,5 % y el 75,6 %. Una familia que compra un inmueble por USD 20.000, que se halla en un sector de ingreso medio bajo, pagaría una tasa impositiva efectiva que oscila entre el 41,3% y el 106,5 %. Y si el precio de compra es mayor, siempre dentro de los sectores de ingreso medio, la tasa impositiva efectiva, es aun mayor (ver cuadros al final del artículo). En todos los casos, estos niveles son abusivos, ilegítimos e incluso inconstitucionales, porque la Constitución prohíbe la confiscación.

 

Veamos en detalle, estos 2 ejemplos. De acuerdo al Proyecto de Ley de Plusvalía, la familia que compra una casita por USD 15.000, podría venderla, digamos 10 años después, en USD 45.000 y pagaría USD 3.968 de impuestos. Estos impuestos se obtienen al calcular el 75 % (de impuesto) del resultado de restar del precio de venta (45.000) el valor de adquisición ajustado ([15.000 * (1+0.0752)^10] = 30.973) y los 24 salarios básicos unificados ( 8.736). Esto equivale a una tasa efectiva de impuesto del 15,2 %, calculada como el monto del impuesto dividido por lo que realmente ha ganado la familia en 10 años (45.000 – 15.000- 3.968 = 26.032). Lo anterior se obtiene con una tasa pasiva del 7,52 %, que es el valor actual definido por el Banco Central del Ecuador. Supongamos que el BCE decide colocar la tasa pasiva en 5,35 %, como en febrero del 2012 (lo cual es perfectamente posible), el monto de impuesto que pagaría la mencionada familia ascendería a USD 8.253 y la tasa efectiva de impuestos sería del 37,9 %.

 

Todos los cálculos anteriores no suponen lo que suele suceder en la realidad. O sea, que las familias se endeudan para comprar casas, departamentos y terrenos. En el caso del ejemplo anterior, si la familia se hubiera endeudado en USD 15.000, 10 años después, pagando la tasa activa para el sector inmobiliario del 12 %, lo que realmente le habría costado a la familia esa casita serían USD 25.825. En este caso, lo que realmente ganaría la familia serían USD 15.207 (no los USD 26.032 como pretende que creamos la propaganda hecha por los voceros del gobierno) y la tasa efectiva de impuesto que pagaría la familia sería de 26,1 %, cuando la tasa pasiva está en 7,52 %; y del 75,6 %, si la tasa pasiva referencial se ubica en el 5,35 %.

 

Veamos el mismo ejemplo, para una casita de USD 20.000, que luego de 10 años la familia la vendería en USD 60.000. Cuando no considera endeudamiento, en el hipotético análisis del gobierno, que no se apega a la realidad, con una tasa de interés pasiva referencial, la familia pagaría USD 7.465 como impuesto; y con una tasa pasiva referencial del 5,35 %, pagaría impuestos por USD 13.188. En este caso, la tasa de impuestos efectiva es del 23 % y del 49,2 %, respectivamente.

Cuando si se considera endeudamiento, como en la vida real, la tasa efectiva de impuestos sube al 41,3 % y al confiscatorio nivel del 106,5 %, para los mencionados niveles de tasa de interés pasiva referencial, respectivamente.

 

Ni una casa de USD 15.000, ni una casa de USD 20.000 pueden ser consideradas casas de ricos. Esta ley de plusvalía, es una ley abusiva que golpea el patrimonio de los sectores populares y medios de la población, o sea, vulnera a la mayoría de los ecuatorianos.

 

Ejemplos que no consideran crédito para la compra de los inmuebles

 

Ejemplos que consideran crédito para la compra de los inmuebles

 

 

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Las Casas Oe3-128 (entre América y Antonio de Ulloa)

Quito-Ecuador

ISSN 1390-6038

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