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Por: Marco Villarruel A.

Fotografía: Archivo

En México se impone la ley de seguridad nacional

 

Peligroso ejemplo para América Latina

 

A pesar de la cobertura que hacen los medios de comunicación de la violencia en México, pocos alcanzan a apreciar la gravedad del problema de este problema social.

 

El presidente Felipe Calderón en el 2007 determinó que los militares y especialmente los marinos salgan a las calles a contrarrestar la inmensa marea de violencia que azotaban las calles y los campos de México. Había constatado que todo el aparataje policial y judicial había fracasado por la corrupción y el maridaje político-narco. Las esferas policiales y las judiciales se habían descompuesto al máximo.

 

El remedio resultó peor que la enfermedad.

 

En 2012 el Partido de la Revolución Mexicana (PRI) retomó el poder del que fue despojado luego de 70 años de gobierno corrupto, entreguista y autoritario. Desvirtuó el pensamiento y la obra de los presupuestos patrióticos y antiimperialistas de la revolución de los años 20.

 

Asumió Enrique Peña Nieto quien ofreció poner al país en la línea de los países más industrializados del mundo. Dijo además que combatirá a la pobreza. “México exige vivir en paz” dijo en su posesión. Un puntal de su oferta fue la reforma educativa que al momento no ha podido materializarse por contradictoria y por falta de consensos nacionales, pero especialmente por la oposición de los maestros que vieron en el intento una forma de instauración de modelos neoliberales en la educación.

 

En la política petrolera las cosas fueron contundentes. A comienzos del 2016 el gobierno subió los precios de los combustibles y la respuesta popular fue de rechazo aunque no lo suficientemente organizada. Las secuelas se viven hasta hoy y a diciembre del 2017 la inflación fue la mayor de las dos últimas décadas, lo que significó más pobreza y hambre para el pueblo. Casi seis años después el panorama laboral es desolador, manifiestan dirigentes de los trabajadores. Lejos de mejorar las condiciones de soberanía y de la capacidad reguladora del Estado, las reformas a las telecomunicaciones terminaron fortaleciendo su carácter oligárquico y monopólico.

 

No obstante lo más grave de este mandato es la inseguridad ciudadana, la violencia criminal, la impunidad y la corrupción. En el año 2014 un operativo entre narco y policías determinó la desaparición de 43 estudiantes normalistas (educación). Fue el acontecimiento macabro de más repercusión. Al momento sus familiares luchan por conocer la verdad y mantienen carpas de sobrevivencia en la ciudad de México y realizan marchas todos los días. Las autoridades no han dado explicaciones satisfactorias y como mecanismo de ocultamiento desarrollan campañas de desinformación. Algunos de los dignatarios involucrados incluso serán candidatos en las próximas elecciones.

 

 

 

Las estadísticas revelan que en 2016 se registraron 23 mil 953 homicidios en México. Es decir, una proporción de 20 homicidios por cada 100 mil habitantes a nivel nacional, tasa que es superior a la registrada en 2015 que fue de 17 homicidios por cada 100 mil habitantes, afirma el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, con lo que deja claro el clima de horrenda criminalidad en ese país. Seguramente está corto el dato porque una breve revisión de la prensa mexicana deja ver los altos índices de asesinatos y actos de odio, provenientes especialmente del mundo de la droga y del hampa. No quedan de lado los crímenes sociales y políticos como queda demostrado con los 43 desaparecidos de Ayotzinapa.

 

Militarizar la seguridad ciudadana

 

La respuesta del gobierno, de las fuerzas armadas de la policía y de las clases dominantes ha sido reforzar la presencia militar en las calles y ajustar las medidas reglamentarias y legales para justificar un estado de represión y miedo. Por ello lanzan la ley de Seguridad Interior por medio de la cual militarizarán totalmente la seguridad nacional.

 

Importantes sectores de trabajadores, profesionales, académicos, mujeres, colectivos nacionales, e incluso del exterior como la OEA y la ONU se pronunciaron sobre el peligro que traería la militarización del orden público por parte del ejército que ya tiene sobre sus hombros la mala fama de haber causado muchos desafueros contra los campesinos especialmente. Existe la gran preocupación porque al haberse expedido la ley habrá una paulatina pérdida de los derechos humanos, cosa corriente ya en la guerra civil no declarada en este país. Los militares se regirán por sus leyes y no las civiles. No harán rendición de cuentas con lo cual la impunidad tendrá más campo de acción.

 

Se trata de perpetuar la masacre dicen en muchas partes, especialmente en las redes sociales. El peligroso autoritarismo militar se entiende además por el fracaso de las instancias jurídicas, y la creciente descomposición de los partidos políticos  y del gobierno civil, genuflexo ahora al poder militar.

 

En México el ejército ha reemplazado a la policía a través de  estados de emergencia y en la práctica se violan los derechos civiles.

 

Dado que la violencia social, la protesta civil, el descontento de los trabajadores se ha extendido a lo largo y ancho de los países latinoamericanos, la aprobación de la ley de Seguridad Nacional  es un antecedente grave y una peligrosa arma de respuesta de las clases dominantes criollas que tendrán el visto bueno de los militares, de los fabricantes de armas y, desde luego, de los Estados Unidos.

 

 

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Las Casas Oe3-128 (entre América y Antonio de Ulloa)

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