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Por: Henry Izurieta

Fotografía: archivo

El Plan económico morenista (III)

Las privatizaciones

 

Una nueva edición de privatizaciones comenzó con Correa en el 2015 y se profundizará durante el gobierno de Lenín Moreno, justificada en el plan económico con la escasez de recursos económicos.

 

“Está en marcha la concreción de Alianzas Público-Privadas para las inversiones en infraestructura, hidrocarburos, energía, minería, telecomunicaciones, transporte y obras públicas. Esperamos inversiones en el orden de los USD 7 000 millones, entre 2018 y 2021, lo que además generaría ingresos adicionales al Estado en el orden de los USD 267 millones en 2018, y por lo menos 1 598 millones adicionales entre 2018 y 2021.” dijo el presidente Lenín Moreno en su cadena lo que no es más que la aplicación de la ley de Alianzas Público-Privadas, aprobada en la administración de Rafael Correa.

 

 

Moreno habla de la posibilidad de empresas mixtas para la administración de las empresas públicas que no sean eliminadas, también espera concretar las alianzas público privadas en las áreas mencionadas, es decir entregar esas áreas a las iniciativas privadas, lo que conlleva entregar la administración y las ganancias de la empresa administrada.  Resulta en un ejercicio de la gestión mucho más dañino que cuando se entrega en propiedad la empresa, ya que el Estado al terminar el contrato con el sector privado recibe infraestructura cuya vida útil está por terminar y cuyo pico de rentabilidad fue alcanzado en época de vigencia de la alianza.  Es decir, no se privatiza la propiedad, sino las ganancias, que es lo que en última instancia interesa a los empresarios que dejan el “hueso” al Estado.

 

La situación estatal de excesiva deuda, escasos ingresos y grandes dificultades de solucionar esa problemática fue el caldo de cultivo ideal para justificar el llamado a la inversión nacional y extranjera a la cual Moreno prácticamente se postra insistiendo en que “aprovechen” la oportunidad y para lo cual relaja las obligaciones tributarias y seguramente superará las diferencias que los empresarios tuvieron con Rafael Correa, cuando aprobó la ley.  A las ventajas tributarias que se anunciaron en el plan económico se añaden las que aparecen en la Ley de asociaciones público-privadas.

 

 

Hasta el 2020 se suprimirán 7 de las 22 empresas públicas manteniéndose solamente aquellas que sean rentables “económica y socialmente”, abriéndose la posibilidad de la participación de la inversión privada con la figura de empresas mixtas para aquellas que no se cierren.  Entre las empresas que se suprimirían están la Unión Cementera Nacional -conformada por las cementeras Chimborazo y Guapán-, lo cual no tiene lógica pues realiza sus actividades en un ámbito fundamental para la economía como es la producción de cemento, indispensable para el desarrollo. Por ejemplo, las hidroeléctricas utilizaron enormes cantidades de este producto, lo que supone grandes ganancias para el proveedor de cemento, por ello es fácil concluir que la cementera estatal fue administrada en forma deficiente y su cierre en la práctica beneficiará a las cementeras privadas o será la posibilidad para que algún inversionista la compre a precio de “gallina enferma”, para luego hacerse de millonarias ganancias, tal como sucedió con el Ingenio Aztra que pasó a manos del Estado y luego fue vendido a un precio insignificante y a crédito, por ello no es de admirarse que la cementera haya sido llevada a la quiebra a propósito.

 

 

En cuento a la inversión esperada, llama la atención la escasa ambición del Estado ecuatoriano representado por Lenín Moreno, apenas espera 7000 millones de inversiones privadas a lo largo de cuatro años, cifra pequeña incluso para la economía ecuatoriana.  El país pagará anualmente en torno a los diez mil millones de dólares anuales por concepto de intereses y amortización de la deuda pública, es decir, que si Correa no se hubiese endeudado como lo hizo, el monto de inversiones propuesto ahora sería posible realizarlo desde el propio gobierno y en un solo año.

 

Lo que realmente está detrás de esta iniciativa no es el desarrollo nacional, ni siquiera brindar servicios a los ecuatorianos, el verdadero interés es crear oportunidades para los empresarios para que obtengan grandes beneficios a través de su relación con el Estado.

 

Estas iniciativas no son nuevas.  Los pueblos del Ecuador lograron salvar la mayoría de empresas estatales como CNT que en su momento se llamó IETEL y luego Andinatel y Pacifictel, también Petroecuador, el IESS, entre otras.  Pero no tuvo igual suerte con empresas como Ecuatoriana de aviación que quebró cediendo sus frecuencias a otras empresas aéreas privadas; tampoco con la Cementera Nacional, otra empresa pública, que teniendo ganancias y contribuyendo al desarrollo nacional fue vendida a inversionistas extranjeros quienes la siguen haciendo producir, siendo una de las empresas más grandes del país, ahora se llama Holcim.

 

El futuro del país podría ser parecido al de la Cementera Nacional, Rafael Correa ya lo anticipó a poco de finalizar su mandato cuando insinuó la venta de las hidroeléctricas como mecanismo de obtener recursos económicos para solventar las necesidades del gobierno. Eso no es otra cosa que privatización, cuyo actual mecanismo de aplicación es la Ley de Asociaciones público-privadas.

 

 

La ley de Asociaciones público-privadas

La Ley Orgánica de Incentivos para Asociaciones Público-Privadas y la Inversión Extranjera fue aprobada por la Asamblea Nacional y publicada el 18 de diciembre de 2015 en el Registro Oficial 652.

En base a esta ley el Estado provee de bienes, obras y servicios a través de la asociación con privados.  Su artículo 3.6 abre la posibilidad de que el Estado incluso llegue a subvencionar estas asociaciones.

El gestor del proyecto, que es así como se denomina a la organización privada que lo ejecuta, es elegido por un comité interinstitucional al que el gestor puede proponer los proyectos que pueden ser también en áreas estratégicas, que constitucionalmente son de exclusiva responsabilidad del Estado.

La disposición transitoria primera dispone reformas al Código orgánico de producción, comercio e inversiones entre las que se encuentra las exenciones al impuesto a la renta, a la salida de divisas, a los tributos al comercio exterior. Más adelante señala que las importaciones realizadas por el gestor tendrán los mismos beneficios que tienen las instituciones públicas.

 

La exención del impuesto a la renta se confirma con la reforma al Código Orgánico de Régimen Tributario Interno en donde se dispone que esa exención durará diez años a partir del primer año en que se generen ingresos operacionales.  Igual beneficio tendrán los socios de las asociaciones cuando reciban sus dividendos.

 

Esta ley no contempla la entrega en propiedad de los activos del proyecto a su gestor, lo cual es un cambio respecto de las formas de privatización del siglo anterior.  En definitiva se privatizan las ganancias que es lo que realmente interesa al empresario privado.

 

 

 

 

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