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Por: José Molina Reyes2.

Fotos: Internet, Vladimir Cruz

El Laicismo en el Ecuador de 20151

 

 

Ecuador ha sido un país tradicionalmente católico-romano desde su coloniaje. Con la revolución liberal de fines del siglo XIX e inicios de siglo XX, el catolicismo perdió –temporalmente– su hegemonía política dado el fuerte anticlericalismo que tuvo el movimiento alfarista. Sin embargo, la Iglesia Católica nunca dejó de tener una fuerte influencia en el Ecuador, a tal punto que, pese a la nominal separación de la Iglesia y el Estado en el país, podemos decir que somos un Estado confesional de facto. Basta recordar que nuestras constituciones, de manera invariable, han invocado a la divinidad en su preámbulo.  Acuerdos con la Santa Sede, fruto del lobby de la jerarquía eclesial católico-romana, como el Modus Vivendi, son también evidencia de dicho carácter confesional, más aún cuando la Iglesia Católica ha tenido privilegios que han sido negados a otras religiones (capellanías en las Fuerzas Armadas, capillas en hospitales públicos, la posibilidad de tener escuelas y colegios cofinanciados por el Estado o “fisco-misionales”, etc.).

 

Un episodio bochornoso de las relaciones Iglesia-Estado en el Ecuador, que es bastante conocido por la opinión pública, fue la expedición de la Ley de Libertad Educativa de las Familias del Ecuador, en 1994 -durante el gobierno conservador de Sixto Durán Ballén- que permitía la introducción de horas de religión en la malla curricular en las escuelas y colegios públicos. Esta Ley, inconstitucional (como así lo dictaminó en su momento el Tribunal de Garantías Constitucionales, aunque luego dicha resolución fue dejada sin efecto por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia), permaneció en vigencia hasta su derogatoria por la expedición de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, en el año 2011. La presión pública, más la falta de recursos económicos para pagar a los maestros que se necesitaban para implementar la educación religiosa, al parecer contribuyeron a que dicha Ley haya quedado en el papel, afortunadamente.

 

 

Los autores de la Constitución de 2008, fuera de cometer el “desliz” de continuar nombrando a Dios en el texto constitucional, dejaron en claro el carácter laico de nuestro Estado, en su Art. 1, junto a otros elementos que definen las características que se supone debía tener el Ecuador de cara a la transformación institucional impulsada por la Asamblea Constituyente de Montecristi.

 

Sin embargo de esta clara disposición constitucional, el presidente Correa, en una de sus primeras muestras de irrespeto a la separación de Iglesia y Estado, expidió en 2009 el Decreto 1780, mismo que concedió a la Iglesia Católica un sinnúmero de privilegios, especialmente en materia educativa, en zonas vulnerables del país como la Amazonía y la provincia de Esmeraldas. Una de las disposiciones de ese decreto –posteriormente reformado para atenuar su evidente orientación reaccionaria- encargaba a la Iglesia que integre a las poblaciones de esas provincias a la “vida socioeconómica y cultural del país”, mostrando la mentalidad neocolonial del gobierno. Pese a varias demandas de inconstitucionalidad, la Corte Constitucional no hizo nada frente a esta flagrante violación al laicismo, manteniéndose en vigencia este decreto3.

 

En la actualidad, las políticas públicas generadas desde el poder político dan cuenta de la importancia que tiene para el gobierno no pelearse con la Iglesia Católica: temas sensibles como la despenalización del aborto, la legalización del matrimonio igualitario, entre otros, han sido obstaculizados por el Presidente de la República Rafael Correa Delgado. Las pocas voces críticas en el bloque oficialista de la Asamblea Nacional, cuyos esfuerzos aislados buscaron impulsar cambios en la legislación para reflejar la realidad social, fueron silenciadas sin ningún reparo. El mismo Presidente Correa ha repetido en varias ocasiones que no permitirá un cambio de rumbo en ese sentido por su condición de “católico practicante”. El único logro –un triunfo a medias– ha sido la aprobación de reformas al Código Civil para permitir el reconocimiento de la unión de hecho de parejas del mismo sexo.

 

Otro aspecto que demuestra el carácter conservador y confesional del gobierno es el cambio de rumbo dado a la educación sexual en las escuelas y colegios públicos, al haber eliminado la “Estrategia Nacional Intersectorial de Planificación Familiar y Prevención del Embarazo en Adolescentes”, ENIPLA, que veía la planificación familiar como un asunto de salud pública, para convertirlo en el criticado “Plan Familia”, basado en una visión confesional, bajo la premisa de que la educación sexual impulsa el “hedonismo”, por lo que ha sido reemplazada por una vaga e imprecisa “educación en valores”. Este nuevo Plan está encabezado por personas cuya afiliación a sectores conservadores de la Iglesia Católica, como el Opus Dei, es de conocimiento público.

 

 

 

No obstante, a pesar que a nivel estatal el discurso muestra un rostro católico conservador, la sociedad va por otro rumbo. No se puede negar que en el país la secularización avanza, aunque a pasos lentos. Esto ha sido reconocido incluso por la Iglesia Católica. El Nuncio Apostólico, embajador de la Santa Sede en Ecuador, mencionó en junio de 2015, pocos meses antes de la visita oficial del Papa Francisco, que en Ecuador “tenemos un laicismo muy agresivo y también descristianización, la familia ha venido a menos. Por fortuna la Constitución rechaza el matrimonio homosexual y gracias a Dios no hemos llegado a esa modernización”. Y recordó que el “presidente Rafael Correa es un católico practicante que rechaza el aborto y la legalización del matrimonio gay4.”

 

Esta preocupación de la jerarquía católica tiene su trasfondo en el proceso acelerado de secularización que se vive a nivel de clases medias, especialmente, en la juventud. Este no es un fenómeno aislado, pues según un informe del Pew Research Center –think tank conservador con sede en Washington DC– de fecha 13 de noviembre de 20145 , Latinoamérica avanza a pasos gigantescos en dos sentidos: la secularización en países como Uruguay (37% de ateos y agnósticos, y apenas un 42% de católicos) y República Dominicana (18% de ateos y agnósticos) o la conversión a otras religiones como en El Salvador (alrededor de 40% de protestantes) y Brasil (25% de protestantes). En el caso del Ecuador, el informe señala que el catolicismo sigue siendo abrumadoramente mayoritario con el 79% de la población, empero, afirma que, a igual que en toda la región, se trata de una fe heredada por tradición y cae dentro de lo que se conoce como “religión nominal”. Los protestantes representan un 13% mientras que las demás religiones sumadas no llegan a 3%. Las personas sin afiliación religiosa son el 5%, agrupándose en este rubro ateos, agnósticos y personas que, sin pertenecer a alguna de estas categorías, simplemente no practican religión alguna. Latinobarómero señala por su parte que entre 1995 y 2014 el catolicismo a nivel regional bajó del 80% a 67%, tomando como muestra 18 países latinoamericanos.

 

La visita papal a Ecuador resultó otra oportunidad para mostrar el rostro conservador del régimen que no tuvo ningún empacho en politizar dicha visita en medio de un escenario de fuerte polarización política y protestas de las organizaciones sociales en contra de las políticas anti populares del gobierno. Poco después, se generó un escenario de tensión entre una figura del gobierno y la jerarquía eclesial, lo que no pasó de ser un impasse sin importancia ya que es de dominio público la alianza entre ambos sectores.

 

Es bastante desalentador observar que, pese a que la sociedad civil va en una dirección clara hacia un fortalecimiento del laicismo y la secularización, el gobierno y todos los poderes del Estado avanzan en la dirección contraria, violando la disposición constitucional que afirma que el Ecuador es un Estado laico. Lamentablemente, las fuerzas políticas de oposición, especialmente la izquierda radical, tampoco han incluido en su agenda el laicismo, por temor a aislarse de su base social, bajo el discurso de que el Ecuador es mayoritariamente católico.

 

Ante esta situación, pocas organizaciones, como la Asociación Ecuatoriana de Libre Pensamiento, no claudican en la lucha por una sociedad que privilegie la razón sobre el dogma y los derechos humanos sean la esencia de la regulación de la sociedad. Una de las tareas auténticamente revolucionarias que tenemos en la sociedad actual, como librepensadores militantes, es la descolonización del pensamiento y la erradicación del fanatismo y la superstición, como un paso más hacia la emancipación de nuestros pueblos.

 

 1 Una versión resumida de este artículo fue remitida por la AELP al V Congreso de la Asociación Internacional de Librepensamiento, celebrado en Montevideo, Uruguay, en el mes de septiembre de 2015.

 2 Miembro del Centro Cultural Eugenio Espejo y de la Asociación Ecuatoriana de Libre Pensamiento AELP.

 3 Sobre este tema, recomiendo leer el artículo “Relaciones Iglesia-Estado en el Ecuador”, publicado en la Revista Novedades Jurídicas (Ediciones Legales, Septiembre de 2009), donde hago un análisis detallado sobre el Decreto Ejecutivo 1780 y sus implicaciones.

4 http://www.radioequinoccio.com/inicio/item/5542-ecuador-vive-etapa-de-descristianizacion-y-laicismo-agresivo.html

 5 El informe completo se encuentra en esta dirección: http://www.pewforum.org/2014/11/13/religion-in-latin-america/

 

 

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