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Por: Edgar Isch L.

Fotografía: Vladimir Cruz, Internet

Defender el ambiente para defender la vida

 

Estamos cerca de la nueva reunión global sobre cambio climático (COP 21) a realizarse en París el mes de diciembre. La gravedad de la crisis climática ha ampliado las preocupaciones de la humanidad sobre este tema y se ha convertido en una razón más de crítica y cuestionamiento al desarrollo capitalista y sus consecuencias. Aunque así como en lo social hay quienes pretenden que puede existir un capitalismo “humanizado”, también hay aquellos que procuran sostener una visión capitalista sobre los problemas ambientales, la cual se concreta en la llamada economía verde. Esta economía verde no es más que un enorme negocio bajo el ofrecimiento de encontrar soluciones a los problemas ambientales en la mercantilización de todos los elementos y funciones naturales, transformándolos en recursos y servicios puestos a la compraventa con usuarios-compradores y quienes se adueña de la naturaleza convirtiéndola en propiedad privada y destruyendo su calidad de bien común de la humanidad.

 

Cuando el gobierno acogió la iniciativa Yasuní-ITT para dejar el crudo bajo tierra como una manera concreta de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, tomó una posición de impacto internacional. La iniciativa, además, implicaba el  reconocimiento de las responsabilidades de los países desarrollados, planteando sin decirlo en esos términos, la exigencia de pago de una deuda ecológica que crece día tras día. Pero el presidente Correa hecho abajo esa iniciativa, traicionó a millones que la miraban como positiva, dentro y fuera del país, optó por el extractivismo y anunció que sacar más petróleo era la vía correcta.

 

 

Hoy los precios del petróleo han bajado. El gobierno no encuentra como ampliar sus ingresos, a no ser con más deuda externa, con más anuncios favorables a la destructora minería a cielo abierto o con reducciones en su presupuesto. La lección, ya conocida, es que el extractivismo nos encadena a las condiciones del mercado internacional, es decir las condiciones de las grandes transnacionales y potencias imperialistas. Por tanto se cae aquel discurso que con más extractivismo íbamos a salir del extractivismo. Ocho años con precios privilegiados del petróleo, con incremento importante de recaudación de tributos, pero seguimos atados a la condición de país productor de materias primas dentro de la cadena de acumulación global del capitalismo.

 

Para nuestro caso, el extractivismo es el tema central de decisiones cuando se habla de la problemática ambiental. Y esto no puede ser ocultado por el gobierno cada vez que nos recuerda que logramos un record mundial en recolección de botellas plásticas en un día. Las dimensiones del daño ambiental del extractivismo son inconmensurables.

 

Y los conflictos socio-ambientales se presentan en todas las regiones del país, son más profundos y abarcan no solo a miles de familias, sino que también amenazan el futuro de todos.

 

Desde otro ámbito, se vive la renuncia del gobierno a cumplir con los mandatos ambientales de la Constitución, que presenta como logro propio fuera de nuestras fronteras. Ellos fueron también viejas demandas de “ambientalistas infantiles”, la “izquierda infantil y tira piedras”, los “pochos dorados” que dirigen a los pueblos indígenas”, pero eso no lo dirá el gobernante que emplea estos epítetos contra quienes fueron los autores históricos de gran parte del programa anti-neoliberal que presentó al inicio de su gobierno. En el discurso de Informe a la Nación 2014 el presidente Correa expresó:

 

“El mayor atentado a los Derechos Humanos es la miseria y el mayor error es subordinar esos derechos humanos a supuestos derechos de la naturaleza”. 1

 

Para él, los Derechos de la Naturaleza solo son “supuestos”, no existen, no importa que estén en la Constitución; y, más grave aún, pretende contraponerlos a los Derechos Humanos, cuando unos y otros van atados. Destruir la naturaleza no puede hacerse a nombre de los derechos humanos, eso no es un derecho. Destruir la naturaleza anula condiciones básicas de vida de los seres humanos, por lo tanto se contrapone a Derechos Humanos, que tampoco son “supuestos” y que igualmente se encuentran en la Constitución.

 

Así, se ha tornado un asunto fundamental esta contradicción entre la búsqueda de la emancipación social ligada a la restitución de la simbiosis sociedad-naturaleza versus el modelo de desarrollo impulsado por el gobierno, a espaldas de lo que decía su plan de campaña (y, en el caso del Yasuní-ITT, incluso su Plan de desarrollo para el Buen Vivir). Lo ambiental ha dejado de ser un interés particular para presentarse en las distintas determinaciones del futuro del país.

 

El desarrollismo sigue la senda del crecimiento sin considerar las consecuencias

 

A estas alturas, cualquier análisis basado en los hechos permite señalar que este es un gobierno modernizador del capitalismo. Para ello, el Estado recupera presencia a partir de un neo-institucionalismo (para usar la expresión del Banco Mundial), pero que choca con los más avanzados principios constitucionales. La Constitución debe ser entonces burlada, atacada y reformada como lo plantean la “enmiendas” presentadas por el Gobierno. Se dice así que el extractivismo es la vía, que es un error protegernos de los transgénicos, que hay unos “supuestos” derechos de la naturaleza, en el proyecto de Ley de Tierras se reduce la función social y ambiental de la propiedad a que el dueño logre alta productividad, se plantea la minería a gran escala como alternativa a sabiendas de la destrucción que traerá, se criminaliza a los defensores de los derechos humanos y de la naturaleza.

 

En fin, lo que se busca desde los espacios de poder económico y gubernamental coaligados, es el crecimiento del producto interno bruto y contar con recursos estatales para hacer obras en las que se contratan a empresas privadas. El crecimiento como objetivo central, aunque se declare lo contrario, es la vía de desarrollo más contradictoria con el sentido del Sumak Kawsay o Buen Vivir, pero es la que tomó este gobierno.

 

 

Este camino exige sacar más y más recursos de la tierra, producir más, generar mayores volúmenes de desechos. Consecuencias que no se valoran mientras parte de la población caiga en la trampa de una mayor capacidad de consumo. Pero el incremento de la llamada clase media, es decir de aquellos con capacidad de gasto, no ha tenido ningún sustento estructural y ahora que los ingresos petroleros bajan, comienzan a pasar factura y se amenaza con desechar a trabajadores del sector público. Al mismo tiempo, menor presupuesto significará menor atención a la remediación ambiental integral por los daños que el extractivismo provoca al ambiente. Vale recalcar que es remediación integral porque una vez más se consideran tanto los derechos humanos, individuales y colectivos, junto a los derechos de la naturaleza.

 

Gestión sin participación

 

Así las cosas, lo que sucede en términos ecológicos es muy grave y, lo es mucho más, porque un principio universal de gestión ambiental en los hechos se ha dejado de lado. Este es el principio de la participación social necesaria para dar respuestas adecuadas a los problemas socio-ambientales. Incluso en las reformas a la Ley de Régimen Especial de Galápagos (junio 2015), se destruyó el sistema participativo de co-manejo de la Reserva Marina que venía funcionando desde 1998 y que, a pesar de sus problemas y errores, fuera de interés internacional.

 

Menos aún hay participación real cuando se declara de “interés nacional” extraer más petróleo en un ecosistema único como el Yasuní o se impulsan los proyectos mineros entregados a transnacionales. Un ejemplo claro ha sido el año pasado la destrucción de la comunidad de San Marcos, su escuela y su iglesia, por la empresa Ecuacorrientes. Esa misma empresa, de mayoritarios capitales chinos, decidió que ese lugar serviría para colocar la piscina de 250 hectáreas que será llenara con una cantidad de 74 millones de toneladas de relaves o desechos contaminantes. No solo que no importó la opinión de esos pobladores, sino que la empresa sin consultar al municipio decidió en qué lugar se ubicaría un barrio urbano para alojar a estas personas de campo.

 

 Anular la participación en los temas ambientales es otra expresión del autoritarismo correista, que se reflejó también en el cierre de la Fundación Pachamama y en la posterior expulsión del país “por su seguridad” de uno de sus miembros, Oliver Utne, así como en la intención de cerrar a Acción Ecológica, entre otras. Ello, más la persecución judicial de opositores al extractivismo como  Javier Ramírez en Intag, detenido por diez meses. La Defensoría del Pueblo en 2011 realizó ya un informe temático titulado: “Los escenarios de la criminalización a defensores de derechos humanos y de la naturaleza en Ecuador: Desafíos para un Estado Constitucional de

Derechos”. El informe demuestra que la criminalización acompaña al extractivismo de manera permanente.

 

 

ANA: Una propuesta de grandes perspectivas

 

Las circunstancias condujeron a la reunión de la Asamblea Nacional Ambiental (ANA), reunida tras un proceso deliberativo en la ciudad de Quito el 5 de junio de 2015, fecha de celebración del día del ambiente. La convocatoria a esta reunión la realizaron colectivos como el Comité Ecuatoriano para la Defensa de la Naturaleza y el Medio Ambiente (CEDENMA), la Coordinadora Ecuatoriana de Agroecología, Instituto de Estudios Ecologistas del Tercer Mundo, Yasunidos y Corporación Coordinadora Nacional para la Defensa del Ecosistema Manglar (C-CODEM), pero la ANA se concibe como “un espacio abierto de debate, diálogo, denuncia, generación de ideas y propuestas de resistencia”. Al mismo tiempo, se identifica como “una expresión del movimiento ambiental resultado de una alianza entre actores sociales, que propone de manera singular acciones de resistencia y de alternativas frente al extractivismo y la destrucción de la naturaleza, a los conflictos socio-territoriales, la inequidad y la desigualdad social”.2

 

 

El movimiento ambientalista es muy diverso en sus orígenes, formas de organización, temas priorizados o consideración respecto a posicionamientos ante políticas y proyectos específicos. El mérito de la ANA es haber logrado consensos fundamentales que, respetando esa diversidad, permitieron la participación real y la construcción de la Agenda Nacional Ambiental, como un cúmulo de propuestas que contrastan con la línea de supuesto desarrollo impuesta por el gobierno.

 

Diagnóstico y propuesta, estrategias generales y la posición ante cada ámbito analizado, forman parte de este documento que merece ser conocido y estudiado.

 

La propuesta político organizativa de la Agenda se base en tres principios y cuatro estrategias. Los principios son:

 

“1. Convivir armónicamente con la naturaleza, en el respeto de la diversidad cultural; defender, proteger, conservar, cuidar y recuperar la naturaleza, es nuestra obligación para las generaciones actuales y futuras.

2. Vivir en pluralismo, paz y democracia participativa, basada en una sociedad organizada y activa.

3. Hacer realidad los derechos humanos, colectivos y de la naturaleza.”

 

Las estrategias generales son:

 

1. Convivencia en la diversidad y democracia participativa.

2. Un sistema productivo y económico alternativo.

3. Derechos efectivos de las personas, de los pueblos y la naturaleza.

4. Sistema alternativo construido mundialmente.

 

Estos elementos se suman las propuestas para campos específicos como vida silvestre, agricultura, extractivismo, hidroeléctricas, estrategia ambiental urbana, nueva ruralidad, cambio climático, institucionalidad, educación y comunicación, entre otros. De esta manera, se ratifica que lo ambiental no está separado de ningún otro aspecto de la vida entre los seres humanos y de la relación entre estos y la naturaleza de la cual somos parte.

 

Avanzar en la construcción de una plataforma de gobierno popular

 

Las bases para la construcción de una plataforma de gobierno popular, una vez más, estará en las propuestas surgidas desde los distintos sectores de la sociedad ecuatoriana que confronten con los intereses de las clases dominantes, los imperialismos y sus transnacionales. La Agenda Nacional Ambiental es una construcción colectiva y participativa que conforma un material que debe ser considerado en esa dirección. Así como están la propuesta de Código del Trabajo presentada por el Frente Unitario de Trabajadores –FUT-; las agendas de feministas y mujeres organizadas por sus derechos; la propuesta de Educación para la Emancipación de la UNE; las reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior presentadas por la FEUE y docentes universitarios; la plataforma de la marcha por la dignidad de nuestros pueblos; las múltiples propuestas de la CONAIE; las demandas de jubilados y afiliados del Seguro Social Campesino por un nuevo IESS; entre tantas y tantas otras.

 

Cada protesta, cada No a las políticas de la derecha desarrollista en el gobierno y cada No a la derecha neoliberal que pugna por recuperar posiciones, guardan numerosos perfiles de lo que el pueblo anhela. No se trata de solo sumar lo planteado por cada sector, sino que hay que ir dándole coherencia mutua, difundir para que todos asuman la misma perspectiva, luchar por su concreción.

 

Si lo ambiental está ligado al modelo de producción y de desarrollo, hay que asumir con responsabilidad la visión integral necesaria. Los retos son grandes, pero son muchas y buenas las semillas sembradas.

 

1. “Necesitamos nuestros recursos naturales para superar la pobreza: Rafael Correa”. En: http://www.asambleanacional.gob.ec/es/noticia/necesitamos-nuestros-recursos-naturales-para-superar-la

 

 2. ANA, 2015. Agenda Nacional Ambiental. En defensa de la Madre Tierra y los territorios.

 

 

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Las Casas Oe3-128 (entre América y Antonio de Ulloa)

Quito-Ecuador

ISSN 1390-6038

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