revista rupturas Quito Ecuador opinion analisis

Por: Gustavo Reyes

Fotografía: Archivo

Ley de comunicación, de la persecución política a la libertad de manipulación

 

El Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Comunicación que el lunes 21 de mayo de 2018 envió el Ejecutivo a la Asamblea Nacional tiene aspectos trascendentes, los cuales constituyen una iniciativa que el presidente Moreno debió enviar con mayor antelación, pero sobre la base de una gran discusión con los sectores involucrados, tal como lo mencionó en su discurso de orden al asumir el poder el 24 de mayo del 2017; recordemos: “nada para ustedes sin ustedes”, lo que está por desentrañarse de ese discurso presidencial, es qué entender por “ustedes”, si a las y los ciudadanos de base que forman parte de cada uno de los sectores sociales, o a los grupos de élite tradicionales.

 

La comunicación es sin duda un factor transversal en el juego del poder, y eso lo supo muy bien el correísmo al aplicar una política de comunicación vertical, destinada a posicionar una verdad oficial, construida con símbolos, significados y orientaciones que pretendían transformar la conciencia de la sociedad ecuatoriana, por ello la necesidad de reformar este cuerpo legal que durante más de cinco años fue utilizado para perseguir a múltiples sectores críticos y que se dedicaron a investigar los presuntos actos de corrupción de ese régimen, y de visualizar a la comunicación como un derecho humano, que sirva de soporte para la exigencia de otros derechos.

 

Siendo importante esta premisa, no a pretexto de aquello podemos permitir el retorno de políticas tendientes a fortalecer la ideología del neoliberalismo económico, bajo el disfraz de la libertad de expresión a ultranza en donde cabe todo, incluso la manipulación mediática, la construcción de una opinión parcializada y la poca capacidad de respuesta de una ciudadanía ubicada en la tercera vía, no la pública ni la privada, para construir su propia línea de comunicación alternativa y libertaria, reservada de alguna forma en los medios de comunicación comunitarios.

 

Sobre la SUPERCOM.-

 

La Superintendencia de la Comunicación e Información (SUPERCOM) como organismo punitivo y sancionador, íntegramente sirvió como instrumento de persecución a casi todos los actores del sistema comunicacional, lo que ocasionó en la práctica, que lejos de ser una entidad responsable de velar por el adecuado ejercicio del derecho a la comunicación, dejó a la ciudadanía en la indefensión en este aspecto, puesto que nunca reguló los contenidos sensacionalistas, el exceso de la crónica roja y aquellos programas –farandulezcos- que a diario adquirían mayor fuerza por su rating, ya que cumplen el papel de fortalecer un sistema económico y social individualista, corrupto, injusto y machista, con el que el anterior régimen convivía en perfecta armonía.

 

 

Al contrario, esta entidad enfiló sus garras contra los opositores políticos y los propios medios de comunicación a quienes pretendió alinearlos a través de las estrategias del poder oficial como la cooptación mediante la publicidad estatal y la creación de un sistema de multas, que ha sido uno de los mecanismos utilizados por esta entidad para debilitarlos económicamente.  Por tanto, siendo este el sentir generalizado de los actores sociales de la comunicación ha sido recogido como una demanda global en esta Reforma de Moreno, pero que finamente pretende dar paso a una autorregulación que podría llevar al otro extremo: el de la manipulación de poderes fácticos.

 

Cabe destacar que la SUPERCOM, de conformidad a la Ley de Comunicación vigente, maneja un sistema de sanciones y multas a través de 15 mecanismos, detallados a continuación:

 

1. Responsabilidad ulterior de los medios de comunicación.

2. Derecho a la rectificación.

3. Derecho a la réplica.

4. Posición de los medios sobre asuntos judiciales.

5. Equidad en la publicidad de casos judiciales.

6. Copias de programas o impresos.

7. Información de circulación restringida.

8. Protección integral de las niñas, niños y adolescentes.

9. Derecho a la comunicación intercultural y plurinacional.

10. Identificación y clasificación de los tipos de contenido.

11. Vulneración de derechos por contenidos discriminatorios.

12. Contenidos sexualmente explícitos.

13. Difusión de tiraje de medios impresos.

14. Protección de derechos en publicidad y propaganda; y,

15. Difusión de los contenidos musicales.

 

Bajo estos pretextos, la SUPERCOM puesta por el Presidente de la República a través de una terna, se convirtió en un ente discrecional para emitir todo tipo de sanciones a medios que no se alineaban a su verdad oficial.

 

Sobre la Autorregulación de los medios.-

 

En el Proyecto reformatorio entonces se da cabida a la autorregulación de los medios de comunicación, entendida como “las actitudes de reflexión profesional de autocrítica sobre la calidad de la información que producen, a fin de prevenir inobservancias a las normas que protegen los derechos de las personas naturales y jurídicas”; teniendo de esta forma una capacidad legislativa y fiscalizadora propia, que no se encuentra contemplada ni en la Constitución, ni en ningún instrumento jurídico, ya que ni si quiera se pretende que sus códigos de ética, códigos deontológicos, códigos de autorregulación, códigos de editores, o demás instrumentos normativos generales de dichos medios, tengan que ser regulados o aprobados por el máximo organismo encargado de emitir las políticas públicas en materia de Comunicación, es decir, el Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación (CORDICOM), lo cual sería lo justo.

 

Una de las reformas que se plantea aprobar es la de la eliminar la figura del linchamiento mediático, la cual se ha constituido en una forma de escudar a dirigentes políticos de la crítica ciudadana; para mi criterio, es plausible que dicha figura sea eliminada ya que todos las personas deben estar expuestos a la investigación y crítica ciudadana.

 

Siendo estos los aspectos que más preocupan en el debate conceptual de la Ley de Comunicación, y por supuesto, el reparto del pastel de las frecuencias, me permito señalar que una auténtica reforma a la Ley de Comunicación debería abordar al menos las siguientes líneas de interés:

 

1. Democratización de la Comunicación- La democratización de la comunicación, entendida como el acceso real a la posibilidad de diálogo y construcción de conocimientos y propuestas, se traduce en el hecho de que las nacionalidades y pueblos del Ecuador tengan el derecho a contar con medios propios, plurales y diversos, que reflejen las particularidades sociales, étnicas, culturales, lingüísticas y otras del país.  La Constitución vigente reconoce y garantiza igualdad de condiciones en los tres tipos de medios: comunitarios, privados y públicos; y por lo tanto deben tener derecho a acceder en forma equitativa, transparente y descentralizada a las fuentes de información y a la publicidad, tanto privada como estatal, para democratizar no solo su propiedad sino su mantenimiento a lo largo del tiempo. (Oswaldo León en Democratizar la palabra, 2013).

 

 

2. Prohibición de monopolios y oligopolios.- Actualmente, la distribución del espectro radioeléctrico está totalmente alejada de la norma, más del 90% de las frecuencias están en manos de empresas privadas y públicas de la comunicación.  Para lograr una desconcentración de frecuencias, la Ley debería autorizar la entrega tan solo de una frecuencia matriz por concesionario, para radios en AM y FM, y una de Televisión abierta, sea VHF, UHF o por suscripción, ya sea persona natural o jurídica; los extranjeros residentes en el Ecuador deberán tener solo hasta el 25% del capital accionario de un solo medio de comunicación y no dejar la puerta abierta a las transnacionales como se pretende en esta Reforma.

 

3- Acceso universal a las nuevas tecnologías.- La Ley debe garantizar el acceso universal y de bajo costo a las tecnologías de información y comunicación, tanto análogas como digitales; telefonía fija, inalámbrica, móvil, internet y otras que se crearen.  El Estado deberá promover el acceso gratuito al internet en todo el territorio nacional, para lo cual es necesario desarrollar una política pública que procure proveer de la infraestructura necesaria.

 

4- Regulación y distribución equitativa de la publicidad estatal.  Tanto la producción estatal de contenidos publicitarios como el pautaje de los mismos deben transparentarse en el Sistema Nacional de Contratación y Compras Públicas, y debe repartirse equitativamente entre los medios públicos, privados y comunitarios en todo el territorio nacional; pero estas regulaciones no solo deben quedar en el plano de la publicidad estatal sino privada, porque los monopolios, que tanto daño hacen a la democratización de la comunicación, se presentan como una forma injerencista del manejo de la publicidad, principal fuente económica que permite la subsistencia de los medios; por ello, debe existir una regulación para que la publicidad privada de gran alcance, de igual forma, se reparta de una manera equitativa.

 

5- Producción plurinacional y local. Uno de los aspectos importantes que se ha logrado con la expedición de la actual Ley de Comunicación, es la obligatoriedad que tienen todos los medios de comunicación de otorgar espacios para contenidos interculturales, así como fomentar el arte, en especial la música nacional, por lo cual no se debe perder estos espacios que según el concepto neoliberal deben someterse a la demanda de la ciudadanía, lo cual es absurdo, ya que el rescate cultural riñe diametralmente con las leyes economicistas.

 

 

6.- Creación de un sistema de comunicación participativo.- Una democratización de la comunicación exige un sistema auténticamente democrático y participativo, desde la elaboración de sus políticas públicas, hasta sus evaluaciones y regularizaciones; por tanto, y de conformidad con los postulados de la Carta Magna de Montecristi, debería haber un Consejo de la Comunicación que obedezca a este enfoque participativo y no necesariamente gubernamental, así lo justifican los Artículos 10, 57-16, 85 inciso final, 95, 96 y 100 de la Constitución vigente, es decir, esencialmente participativo, plural, democrático y además con poder de decisión.

 

7. Regulación de las cadenas y mensajes gubernamentales.- En una sociedad democrática, la difusión de las políticas públicas, más que un derecho debe ser visto como una responsabilidad estatal, desarrollar una campaña de alfabetización, de vacunación o de la lucha contra el machismo, solo por poner ciertos ejemplos, es sumamente necesario para articular las estrategias en torno al desarrollo, pero cuando estas se convierten en una suerte de dimes y diretes con respecto a la oposición política y en un mecanismo de ideologización y desacreditación de voceros que tienen criterios diferentes a los del régimen de turno, se pierde esa necesaria acción de informar a la ciudadanía sobre los programas y proyectos de desarrollo y se traduce en una simple tarima de difusión política.

 

8.- No precarización de los trabajadores y trabajadoras de los medios. En cumplimiento del artículo 325 de la Constitución, que reconoce y garantiza todas las formas de trabajo, se debe procurar el derecho al trabajo para quienes laboran en los medios de comunicación comunitarios, públicos y privados; y a su libertad de organización. Asimismo, garantizar la paridad de género y protección mediante seguros especiales a las actividades de riesgo de los trabajadores de la comunicación, que en algo se recoge en la reforma del Art. 44, pero solo por una suerte de respuesta de novelería frente a un tema que debería ser abordado con profundidad y respeto, me refiero a la desaparición de los tres trabajadores de diario El Comercio.

 

9. Garantías a la libertad de expresión de los comunicadores.- A pesar de que la Constitución en su Artículo 20, establece como obligatoriedad del Estado garantizar la cláusula de conciencia a toda persona, y el secreto profesional y la reserva de la fuente a quienes informen, emitan sus opiniones a través de los medios u otras formas de comunicación, o laboren en cualquier actividad de comunicación; en el Ecuador estamos muy lejos de que se arribe a la tan anhelada la libertad de expresión, sobre todo en opiniones políticas y de enfoques de desarrollo.

 

10. Transparencia.- Finalmente, uno de los aspectos sin el cual no podemos hablar de una comunicación democrática es el de la transparencia, expresada en una adecuada asignación de frecuencias que no privilegie a los amigos del gobierno de turno, puesto que hablar de comunicación para el desarrollo es algo muy delicado, lo cual debe estar alejado por completo de todo proceso de clientelismo político o de corrupción, para ello propongo que exista una normativa clara, en la que se establezcan requisitos y procedimientos para acceder a la propiedad de los medios de comunicación, se presenten proyectos factibles y se procure viabilizar, mas no sesgar, la participación social.

 

Gustavo Reyes

ASESOR POLÍTICO Y LEGISLATIVO

 

Calcular Page Rank

Las Casas Oe3-128 (entre América y Antonio de Ulloa)

Quito-Ecuador

ISSN 1390-6038

Revista Rupturas © 2015 Derechos reservados