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Por: Julián Kito

Fotografía: Archivo

“CRIMINALES”

 

En esta expresión se resume con claridad el pensamiento y la obra de “nuestro” Presidente economista Rafael Correa Delgado. En su cuenta de Twitter califica así, la resistencia del pueblo de nacionalidad Shuar en la provincia de Morona Santiago,  parroquia de San Carlos de Panantza. Hasta esa dimensión llega su buen saber y entender.

 

El Ministro Coordinador de Seguridad clamaba en las radios Quito y Platinum por la sanción a los criminales, mientras informaba que han sido movilizados militares y policías para “pacificar” a la población Shuar.

 

 –No dialogaremos con los criminales – decía a voz en cuello el gobernante, con la firmeza que solamente es privilegio de la ignorancia. –Nosotros respetamos los criterios, pero no estamos obligados a aceptarlos  - afirmaba en la entrevista.

 

Correa, su séquito de Ministros, sus áulicos de la Asamblea Nacional, han tenido la Constitución de la República en sus manos, pero nunca la han abierto para estudiarla y peor, entenderla.  Decía el Ministro entrevistado que el territorio nacional es de todos los ecuatorianos, por ello era inadmisible que un grupo de violentos que no pasan de 60 a 80 personas interrumpan en la zona concesionada para la explotación minera; pero, a la vez, afirmaba que son estos violentos los que han organizado asambleas entre el pueblo Shuar, habiendo logrado la decisión colectiva para hacer oposición a la actividad minera en esa zona del país.

 

Ecuatorianos: cuando en el año 1990 se produjo el levantamiento de los pueblos indígenas del Ecuador, lo hicieron bajo el auspicio de Naciones Unidas que, para entonces, ya había aprobado a través de la OIT, lo que conocemos como lo Derechos Colectivos que se encuentran recogidos plenamente en nuestra legislación constitucional desde 1998:

 

 

“Art. 84.- El Estado reconocerá y garantizará a los pueblos indígenas, de conformidad con esta Constitución y la ley, el respeto al orden público y a los derechos humanos, los siguientes derechos colectivos:

 

1. Mantener, desarrollar y fortalecer su identidad y tradiciones en lo espiritual, cultural, lingüístico, social, político y económico.

2. Conservar la propiedad imprescriptible de las tierras comunitarias, que serán inalienables, inembargables e indivisibles, salvo la facultad del Estado para declarar su utilidad pública. Estas tierras estarán exentas del pago del impuesto predial.

3. Mantener la posesión ancestral de las tierras comunitarias y a obtener su adjudicación gratuita, conforme a la ley.

4. Participar en el uso, usufructo, administración y conservación de los recursos naturales renovables que se hallen en sus tierras.

5. Ser consultados sobre planes y programas de prospección y explotación de recursos no renovables que se hallen en sus tierras y que puedan afectarlos ambiental o culturalmente; participar en los beneficios que esos proyectos reporten, en cuanto sea posible y recibir indemnizaciones por los perjuicios socio - ambientales que les causen.

6. Conservar y promover sus prácticas de manejo de la biodiversidad y de su entorno natural.

7. Conservar y desarrollar sus formas tradicionales de convivencia y organización social, de generación y ejercicio de la autoridad.

8. A no ser desplazados, como pueblos, de sus tierras.

9. A la propiedad intelectual colectiva de sus conocimientos ancestrales; a su valoración, uso y desarrollo conforme a la ley.

10. Mantener, desarrollar y administrar su patrimonio cultural e histórico.

11. Acceder a una educación de calidad. Contar con el sistema de educación intercultural bilingüe.

12. A sus sistemas, conocimientos y prácticas de medicina tradicional, incluido el derecho a la protección de los lugares rituales y sagrados, plantas, animales, minerales y ecosistemas de interés vital desde el punto de vista de aquella.

13. Formular prioridades en planes y proyectos para el desarrollo y mejoramiento de sus condiciones económicas y sociales; y a un adecuado financiamiento del Estado.

14. Participar, mediante representantes, en los organismos oficiales que determine la ley.

15. Usar símbolos y emblemas que los identifiquen”.

 

Es que el territorio, la pacha mama, es el elemento vital para la vivencia antropológica cultural de las nacionalidades indígenas, ese es su hábitat, su escenario  en el cual mantienen, cultivan y desarrollan su existencia material y espiritual, prolongándola de forma consuetudinaria.

 

En la Constitución vigente, la de Montecristi, se recogió plenamente este principio de los Derechos Colectivos, en el Art. 57:

 

“Art. 57.- Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución y con los pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos humanos, los siguientes derechos colectivos:

 

1. Mantener, desarrollar y fortalecer libremente su identidad, sentido de pertenencia, tradiciones ancestrales y formas de organización social.

2. No ser objeto de racismo y de ninguna forma de discriminación fundada en su origen, identidad étnica o cultural.

3. El reconocimiento, reparación y resarcimiento a las colectividades afectadas por racismo, xenofobia y otras formas conexas de intolerancia y discriminación.

4. Conservar la propiedad imprescriptible de sus tierras comunitarias, que serán inalienables, inembargables e indivisibles. Estas tierras estarán exentas del pago de tasas e impuestos.

5. Mantener la posesión de las tierras y territorios ancestrales y obtener su adjudicación gratuita.

6. Participar en el uso, usufructo, administración y conservación de los recursos naturales renovables que se hallen en sus tierras.

7. La consulta previa, libre e informada, dentro de un plazo razonable, sobre planes y programas de prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables que se encuentren en sus tierras y que puedan afectarles ambiental o culturalmente; participar en los beneficios que esos proyectos reporten y recibir indemnizaciones por los perjuicios sociales, culturales y ambientales que les causen. La consulta que deban realizar las autoridades competentes será obligatoria y oportuna. Si no se obtuviese el consentimiento de la comunidad consultada, se procederá conforme a la Constitución y la ley.

8. Conservar y promover sus prácticas de manejo de la biodiversidad y de su entorno natural. El Estado establecerá y ejecutará programas, con la participación de la comunidad, para asegurar la conservación y utilización sustentable de la biodiversidad.

9. Conservar y desarrollar sus propias formas de convivencia y organización social, y de generación y ejercicio de la autoridad, en sus territorios legalmente reconocidos y tierras comunitarias de posesión ancestral.

10. Crear, desarrollar, aplicar y practicar su derecho propio o consuetudinario, que no podrá vulnerar derechos constitucionales, en particular de las mujeres, niñas, niños y adolescentes.

11. No ser desplazados de sus tierras ancestrales.

12. Mantener, proteger y desarrollar los conocimientos colectivos; sus ciencias, tecnologías y saberes ancestrales; los recursos genéticos que contienen la diversidad biológica y la agrobiodiversidad; sus medicinas y prácticas de medicina tradicional, con inclusión del derecho a recuperar, promover y proteger los lugares rituales y sagrados, así como plantas, animales, minerales y ecosistemas dentro de sus territorios; y el conocimiento de los recursos y propiedades de la fauna y la flora.

 

Se prohíbe toda forma de apropiación sobre sus conocimientos, innovaciones y prácticas.

 

13. Mantener, recuperar, proteger, desarrollar y preservar su patrimonio cultural e histórico como parte indivisible del patrimonio del Ecuador. El Estado proveerá los recursos para el efecto.

14. Desarrollar, fortalecer y potenciar el sistema de educación intercultural bilingüe, con criterios de calidad, desde la estimulación temprana hasta el nivel superior, conforme a la diversidad cultural, para el cuidado y preservación de las identidades en consonancia con sus metodologías de enseñanza y aprendizaje.

 

Se garantizará una carrera docente digna. La administración de este sistema será colectiva y participativa, con alternancia temporal y espacial, basada en veeduría comunitaria y rendición de cuentas.

 

15. Construir y mantener organizaciones que los representen, en el marco del respeto al pluralismo y a la diversidad cultural, política y organizativa. El Estado reconocerá y promoverá todas sus formas de expresión y organización.

16. Participar mediante sus representantes en los organismos oficiales que determine la ley, en la definición de las políticas públicas que les conciernan, así como en el diseño y decisión de sus prioridades en los planes y proyectos del Estado.

17. Ser consultados antes de la adopción de una medida legislativa que pueda afectar cualquiera de sus derechos colectivos.

18. Mantener y desarrollar los contactos, las relaciones y la cooperación con otros pueblos, en particular los que estén divididos por fronteras internacionales.

19. Impulsar el uso de las vestimentas, los símbolos y los emblemas que los identifiquen.

20. La limitación de las actividades militares en sus territorios, de acuerdo con la ley.

21. Que la dignidad y diversidad de sus culturas, tradiciones, historias y aspiraciones se reflejen en la educación pública y en los medios de comunicación; la creación de sus propios medios de comunicación social en sus idiomas y el acceso a los demás sin discriminación alguna.

 

Los territorios de los pueblos en aislamiento voluntario son de posesión ancestral irreductible e intangible, y en ellos estará vedada todo tipo de actividad extractiva. El Estado adoptará medidas para garantizar sus vidas, hacer respetar su autodeterminación y voluntad de permanecer en aislamiento, y precautelar la observancia de sus derechos. La violación de estos derechos constituirá delito de etnocidio, que será tipificado por la ley.

 

El Estado garantizará la aplicación de estos derechos colectivos sin discriminación alguna, en condiciones de igualdad y equidad entre mujeres y hombres”.

 

(Transcribo los textos, pues tengo la seguridad y la certeza de que no los habrán leído. Hoy, recién lo estarán conociendo).

 

Nuestra Constitución, al haber superado el concepto del Estado de Derecho, es decir, el Estado de legalidad, se constituyó como un Estado Constitucional de Derechos y de Justicia; por lo que se creó el Bloque de Constitucionalidad, tornándose normativa interna los tratados y convenios internacionales sobre derechos humanos así como la propia Constitución de la República, como norma jerárquica superior y de aplicación inmediata por cualquier servidor público, administrativo o judicial.

 

Por esta razón, cuando el Ministro entrevistado y el propio Gobierno, invocan el Estado de Derecho para masacrar al pueblo Shuar, levantan una gran inconstitucionalidad y vulneran todo el concepto neocontitucionalista sobre derechos y justicia, que imperando en el Ecuador, permitió que el Estado ecuatoriano se haya constituido como un Estado intercultural y plurinacional.

 

 

En consecuencia, el hábitat del pueblo Shuar constituye territorio ancestral e intangible, en cuya localidad solamente puede intervenirse luego de una consulta con los titulares de los derechos colectivos. El Ministro decía en la radio que el Ministerio de la Política ya había conversado y que como resultado de ello se había acordado entregarles ciertos incentivos a más de fuentes de trabajo en la misma empresa minera. Miren ustedes, a la más clásica usanza colonial cuando los españoles les entregaban a los indios, espejos, bambalinas, alcohol, a cambio de sus tierras, a la vez que los convertían en peones y burros de carga, diezmados luego, por la brutalidad de la exigencia de trabajo.

 

Hay tintes políticos en la actuación de los indígenas, insiste el Ministro. Claro que es político. Así el pueblo Shuar no tenga conciencia plena de ello, así el pueblo Shuar no lo sepa a cabalidad. La política del extractivismo forma parte de una concepción ideológica profundamente capitalista y utilitarista que busca generar renta y acumulación de capital para crear la ganancia que se compromete a dejar la empresa en lo que el Ministro y el Gobierno de Correa llaman “incentivos y fuentes de trabajo”. El resultado, la aniquilación del territorio ancestral y la burla a la legislación constitucional de protección a los derechos colectivos, a cuyo costo, Correa, busca  obtener réditos económicos en absoluta incongruencia con su discurso: “primero el hombre antes que el capital”.

 

El pueblo Shuar defiende su territorio. En la Ciudad, lo hacemos mediante movilizaciones en las calles y algunas piedras contra la Policía. En la Selva, el pueblo indio solamente conoce la tesis de vencer o morir. Correa quiere perseguir a nuestros compatriotas usando el ejército, la policía, los fiscales, los jueces y la cárcel. ¡Este es el Socialista del Siglo XX!  ¡Esta es la esencia de la Revolución Ciudadana!

 

¡Criminales! les  grita a quienes defienden, con su vida, su territorio, su vida, sus costumbres, su cultura. Las afirmaciones constantes en el Preámbulo de nuestra Constitución, quedan como ridículo marco enlodado por la brutalidad arbitraria del correísmo extractivista. Leamos lo que dice el Preámbulo:

 

“Decidimos  construir:

 

Una nueva forma de convivencia ciudadana, en diversidad y armonía con la naturaleza, para alcanzar el buen vivir, el sumak kawsay;

 

Una sociedad que respeta, en todas sus dimensiones, la dignidad de las personas y las colectividades”

 

No tenemos armas. Usemos nuestro voto como arma: firme, contundente, altanera.

 

¡Fuera Correa, fuera!

 

 

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Las Casas Oe3-128 (entre América y Antonio de Ulloa)

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ISSN 1390-6038

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