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Por: Vladimir Andocilla

Fotografía: Nelson Rueda

Casación caso 10 de Luluncoto: ¿justicia o no justicia?

 

El 10 de marzo se realizó la Audiencia de Casación en el Caso “10 de Luluncoto”, quienes presentaron este recurso frente a la existencia de errores en la sentencia que violan la ley por equivocada interpretación de varios conceptos penales, los mismos que fueron burdamente utilizados para justificar la decisión política tomada por el correísmo contra los 10 dirigentes sociales que fueran detenidos en el Conjunto habitacional Casales de Luluncoto, el pasado 3 de marzo de 2012.

 

CARGOS CONTRA LA SENTENCIA QUE FUNDAMENTAN EL RECURSO DE CASACIÓN.

 

Falso juicio de subsunción

 

La subsunción es entendida como la relación lógica entre una situación particular, específica con la previsión de la conducta establecida por una norma.

 

El falso proceso de subsunción en esta sentencia daría como consecuencia una errónea interpretación del tipo penal, lo podemos ver por ejemplo cuando la Sala de lo Penal de la Corte Provincial llega a la conclusión que este tipo penal es “un delito de mera actividad, es decir por el hecho de pertenecer a la organización cuyos fines son los actos terroristas” , sin determinar ¿a qué organización perteneceríamos? y por ende, ¿cuál sería el rol de los muchachos en la misma?, la distribución de funciones y tareas como lo determina el funcionamiento de las organizaciones delictivas.

 

 

El juicio errado del que parte esta sentencia, genera una indebida aplicación de una norma penal, contraria a la Convección Americana de Derechos Humanos y a la jurisprudencia de la Corte IDH, que en los casos Lori Berenson Mejía Vs. Perú, Ricardo Canese, Caso Cantoral Benavides, Castillo Petruzzi y otros ha establecido el siguiente criterio: “Con respecto al principio de legalidad penal, la Corte ha señalado que la elaboración de los tipos penales supone una clara definición de la conducta incriminada, que fije sus elementos y permita deslindarla de comportamientos no punibles o conductas ilícitas sancionables con medidas no penales. La ambigüedad en la formulación de los tipos penales genera dudas y abre el campo al arbitrio de la autoridad, particularmente indeseable cuando se trata de establecer la responsabilidad penal de los individuos y sancionarla con penas que afectan severamente bienes fundamentales, como la vida o la libertad.”

 

Falso juicio de aplicación de la tentativa

 

El artículo 16 del anterior Código Penal establecía que: “Quien practica actos idóneos conducentes de modo inequívoco a la realización de un delito, responde por tentativa si la acción no se consuma o el acontecimiento no se verifica.” Por lo cual, únicamente se puede hablar de tentativa cuando se dan actos de ejecución y no preparatorios.

 

El concepto de tentativa, se configura cuando el autor con el fin de cometer un delito, traspasa la frontera de los actos preparatorios e inicia la fase ejecutiva, sin llegar a la consumación del mismo por circunstancias ajenas a su voluntad. La Sala de lo Penal, contraria a la dogmática general y al propio código penal intenta definir a la tentativa como la fase preparatoria de un delito, ya que en su ordinal séptimo plantea “que el término atentado no comprende únicamente la tentativa, sino también el delito consumado”  y en este caso, no se comprobó ningún atentado, es más el tribunal penal y la Sala de lo Penal apuntan a justificar su decisión sobre la base de una pertenencia a organización delictiva, como lo vimos anteriormente.

 

 

De esta manera se replantea la teoría de la acción, ya que la tentativa es el aspecto en el que se muestra de mejor forma la finalidad de la acción, pues al no existir la causa de un resultado, lo que determina a esta es la voluntad final del autor de realizar el mismo, sin que esto se logre por una desviación de cursos causales, fuera de su ámbito de control. En la tentativa el autor lleva a cabo una acción subjetivamente dirigida a la consumación del delito, por lo que faltando el desvalor de resultado, concurre plenamente el desvalor de acción. En el presenta caso, no existió acción por lo tanto no se configura ninguna forma de desvalor requerido por la tentativa.

 

Falso Juicio de aplicación del principio Iura Novit Curia

 

El tribunal penal fundamenta gran parte su sentencia en justificar la utilización del principio Iura Novit Curia para justificar la modificación del tipo penal por el que se acusó y se defendieron los jóvenes durante todo el proceso. Este falso uso del principio, afecta al principio de legalidad, por cuanto afecta el estado de los procesados, al ser usado in mala partem.

 

La doctrina internacional especializada  habla de un principio primordial en la interpretación de los derechos humanos: el principio pro homine de acuerdo al cual en caso de conflicto en cuanto a la interpretación de una norma que alude a esta categoría de derechos, se deberá optar por la más favorable al individuo en cada caso particular, y en especial cuando los ciudadanos están enfrentando acusaciones del Estado y no son bis a bis como el caso Fermín Ramiréz vs. Guatemala, que intenta ser utilizado por la Sala de Corte Provincial de una manera equivocada.

 

Falso Juicio de Congruencia entre el tipo penal acusado y el sentenciado

La sentencia no puede condenar por hechos punibles distintos del que fue objeto de la acusación. La fiscalía al momento de acusar en la Audiencia de Juicio invocó el artículo 160 del Código Penal, el mismo que dice: “El que con el fin de cometer delitos contra la seguridad común de las personas o de los bienes, fabricare, suministrare, adquiriere, sustrajere, arrojare, usare, o introdujere al país armas, municiones o bombas explosivas, materias explosivas, asfixiantes o tóxicas, o sustancias o materiales destinados a su preparación…” , el tribunal tercero de lo penal asumió el criterio de sentenciar a los dirigentes sociales por un tipo penal distinto al que se les acusó, y ese criterio fue ratificado por la Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Pichincha, la incongruencia entre estos dos tipos penales es grande:  el primero, por el que se les acusó es un delito de acción, que tiene como verbos rectores: “fabricare, suministrare, adquiriere, sustrajere, arrojare, usare, o introdujere”, por lo tanto, la fiscalía debió demostrar que se realizó estas acciones, que al momento de la detención se encontraron elementos que permitan determinar la ejecución de esta acción punible, al no poder justificar esto, los jueces los sentencia bajo el criterio de tentativa de terrorismo organizado, donde se penaliza la acción “de cometer delitos contra la seguridad común de las personas o de grupos humanos de cualquiera clase o de sus bienes”, sea de forma “individual o formando asociaciones, como guerrillas, organizaciones, pandillas, comandos, grupos terroristas, montoneras o alguna otra forma similar”, por ende la fiscalía debía en este caso demostrar que al momento de la detención se estaba realizando un delito contra la seguridad, lo cual nunca se probó en la audiencia, desarrollándose de esta manera un falso juicio de congruencia que impidió que desarrollemos nuestro derecho a la defensa.

 

Inexistencia del tipo penal en el actual ordenamiento jurídico nacional

El pasado 10 de diciembre de 2014 entró en vigencia el Código Orgánico de Garantías Penales (COIP), si realizamos un análisis del catálogo de delitos existentes y en especial lo que se especifican en el capítulo seis del mencionado cuerpo legal, nos daremos cuenta que el delito de terrorismo organizado ha dejado de existir, lo que significa que para el legislador esa figura delictiva ha dejado de tener validez histórica, por lo cual ha quedado eliminada.

 

Segú los principios de favorabilidad y legalidad, al no existir en el ordenamiento jurídico actual esta conducta tipificada como delito, los jueces deben velar por los derechos del procesado. Ya que, como lo indica el penalista Ramiro García en su obra Comentarios al Código Orgánico Integral Penal: “El Estado de derecho establece mecanismos para la protección de sus ciudadanos y de la misma manera, crea instrumentos para limitar el poder punitivo y evitar la arbitrariedad. Entre los instrumentos que la dogmática ha creado para ello están los límites materiales y formales. Entre los límites materiales tenemos a los de intervención, protección de bienes jurídicos y de la dignidad de la persona. (...) Entre los límites formales se reconoce como el principal al principio de legalidad, el mismo que es considerado como garantía de valor inapreciable que concurre a definir el Estado de Derecho y desterrar el arbitrio autoritario; además de este, algunos tratadistas añaden el de juicio legal y ejecución legal. El principio de legalidad establece exigencias, tanto al legislador como al juez, pues para que una sanción se aplique, se requiere de ley expresa (lex scripta), previa (lex praevia), general (lex certa) y prohibición de toda analogía (lex stricta) (...). Podemos entonces concluir que por más nociva que nos parezca una conducta, esta no podrá ser tomada como motivo de sanción penal si no se encuentra establecida legalmente como conducta reprochable (...). La obligación de expresar legalmente el tipo penal y la pena traen como consecuencia el desarrollar con exactitud y claridad los términos de la imputación; esto significa que la norma debe ser escrita, tener el rango de ley, emanada del poder legislativo constitucional y democráticamente elegido, excluyendo de esta manera la costumbre. (...).”

 

Como podemos ver, los cargos presentados por la defensa contra la sentencia que condena a un año de prisión a los jóvenes dirigentes sociales conocidos como 10 de Luluncoto, cuestionan la justeza y legalidad de la misma, la Corte Nacional de Justicia tiene hoy la posibilidad de rectificar esta injusticia o ratificar la misma y asumir junto con los otros jueces la responsabilidad internacional por violación a los derechos humanos.

 

 

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Las Casas Oe3-128 (entre América y Antonio de Ulloa)

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