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Por: Vladimir Andocilla*

Fotografía: Archivo.

Breves reflexiones sobre los “gobiernos progresistas” en América Latina

 

 

A manera de antecedentes

 

En 1989 el derrumbe del Muro de Berlín y la posterior desarticulación en 1992 de la URSS llevó a que muchos intelectuales de derecha, socialdemócratas y gobiernos afirmen las tesis de Fukuyama en su libro “El fin de la historia”; más se demoraron en leer la obra que en la realidad niega lo que Vargas Llosa proclamaba en su libro “El Manual del Perfecto Idiota.”

 

Los pueblos de Latinoamérica se levantaron contra las consecuencias del neoliberalismo, la década de los noventa del siglo pasado se caracterizó por la fuerte movilización social que puso como actores principales a los jóvenes, las mujeres, los indígenas, los trabajadores, los jubilados, entre otros.

 

Esas movilizaciones populares, tuvieron como principal tema las reivindicaciones económico-sociales, fueron estructurando banderas políticas, exigiendo la salida de los gobiernos, como ocurrió en Brasil, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Argentina. “Que se vayan todos” retumbó por el continente, como consigna expresando el rechazo de los pueblos a la corrupción campante en las cúpulas gubernamentales.

 

Las acciones de los pueblos y sus organizaciones, la falta de una vanguardia revolucionaria que tenga las capacidades y condiciones de constituirse en una alternativa contra hegemónica, hicieron que la crisis política tenga una salida en el establecimiento de gobiernos progresistas, con marcada presencia de sectores pequeñoburgueses y burgueses, quienes ganaron las elecciones con plataformas que recogían los anhelos de cambios expresados en las calles, estas alternativas fueron variadas desde posiciones que nacionalizaron empresas como en el caso venezolano hasta las que convivieron con políticas neoliberales como en el caso brasileño.

 

El caso ecuatoriano

 

La aplicación de las políticas neoliberales significaron en nuestro país la profundización de la crisis general del sistema capitalista, signado en la década de los 90 del siglo pasado e inicios del siglo XXI, por la quiebra general de bancos, el salvataje financiero y la dolarización; pero así mismo, significó el derrocamiento de tres gobiernos corruptos (Bucaram, Mahuad Gutiérrez), el debacle de los partidos políticos tradicionales de derecha, el cambio permanente de las cortes e instituciones judiciales, el sistema político y jurídico del país, pasó por una de sus más graves sismas. Es en este escenario en que surge la candidatura de Correa a la presidencia de la República, quien acapara los anhelos de cambio que se venían gestando en la conciencia de los trabajadores y pueblos del Ecuador. Desde el inicio varios sectores lo definieron como un gobierno democrático, patriótico y progresista, que “enfrenta diversas alternativas” entre las que constaban la eventualidad de ser filtrado y ganado por el imperialismo  y la burguesía.

 

 

Desde su inicio, el programa de gobierno de Rafael Correa representó una propuesta desarrollista, sus cinco ejes de acción para la transformación radical del Ecuador se expresaron en: Revolución constitucional, revolución ética, revolución económica y productiva, revolución educativa y salud, revolución para la dignidad, soberanía e integración.

 

En el discurso de inauguración de la Constituyente de Montecristi el presidente Correa hizo el llamado a instaurar el “socialismo del siglo XXI” en el país; el presidente de la Asamblea, Alberto Acosta, definió a la Constitución como una carta de derecho y guía de las obligaciones primarias del Estado y la gestión pública. Ninguno de ellos, definieron este proceso como un rompimiento con el capitalismo, de cambio de relaciones de producción, a lo sumo, se habló de un proceso de transformaciones políticas que tendrían como eje la participación ciudadana y el fortalecimiento del Estado como ente de generación y ejecución de la política pública, regresando nuevamente al debate del Estado y la democracia “a secas”.

 

La falta de profundización en el contenido del Estado, de sus estructuras y fundamentalmente de su carácter de clase, hace que el fortalecimiento estatal en última instancia beneficie a quienes ha detentado el poder  político y económico. El Estado entonces, se afirma como instrumento de coerción social, que produce y reproduce comportamientos, prácticas y valores en coherencia con las ideas de las clases dominantes.

 

La crítica al neoliberalismo y en especial al Consenso de Washington, por su fracaso económico y social, llevó a que el propio Banco Mundial empuje las denominadas reformas de segunda generación. El propio presidente de esta institución, James Wolfensohn, puso al Consenso seriamente en entredicho. Durante el WorldEconomicForum de Río de Janeiro (2002), proclamó la muerte del Consenso, cuya enseñanza emblemática dijo que era “(…) juzgar a los países exclusivamente por los indicadores económicos, cuando hemos aprendido que se deben medir también por los sociales”.

 

El primer proceso de reformas puso como énfasis la casi exclusiva reducción del papel del Estado, la estabilidad y la ampliación del espacio de competencia del mercado; en la actualidad se pone énfasis a los aspectos positivos de la actuación del Estado. Es decir, aquellos aspectos que resultan fundamentales para asegurar el buen funcionamiento del mercado, en particular el fortalecimiento institucional.

 

En nuestro país, las propuestas reformistas autocalificadas como “neo desarrollismo” fueron empujadas desde el Gobierno, de esta manera se fue construyendo un discurso y una práctica que apuntaba a modernizar el capital, pues las famosas reformas de segunda generación tienen el objetivo de re institucionalizar el sistema, según Stiglitz, esto no pueden ser visto como reformas del aparato del Estado o transformaciones burocráticas, sino también como un proceso eminentemente político, lo que requiere un cambio fundamental de los sistemas de incentivos que determinan los rasgos del proceso político. Este proceso político en nuestro país ha traído de la mano a la política de incentivos sociales o conocidos como bonos, un proceso de reforma jurídico-administrativo que se esparce por la estructura estatal, las reformas legales apuntan a fortalecer el papel del Estado (burgués por supuesto), afirmar su poder coercitivo, controlar los procesos administrativos, reorganizar y afirmar la legislación laboral para mejorar la producción, principalmente de materias primas.

 

Desde esta concepción, el desarrollo depende de las instituciones públicas, pero éstas, se crean y transforman en el contexto del sistema político. Tanto las unas como las otras tienen un carácter de clase determinado en última instancia por las relaciones de producción existentes.

 

 

La crisis y los gobiernos “alternativos”

 

Estas opciones políticas que se hicieron del gobierno en varios países de América, se auto catalogaron de “progresistas”, pero su carácter pequeñoburgués e institucionalista llevó a que los anhelos de cambio y trasformación social no se concreten y se impulsen políticas desarrollistas, que permitieron afirmar el capitalismo, fortalecer las estructuras hegemónicas de la burguesía y se convirtieron en piezas claves en la disputa geopolítica entre los imperialismos (EEUU, China, Unión Europea, Rusia).

 

Los límites de estos proyectos, la falta de medidas que trasformen las relaciones de producción han hecho que la caída de los precios de las commodities impacten de manera sumamente fuerte en las economías nacionales, trayendo como consecuencia una agudización de las contradicciones existentes y por ende una descomposición del aparato político-judicial. Los casos de corrupción son más evidentes y embarran no sólo a sectores medios de funcionarios, sino que alcanzan a las cúpulas gubernamentales.

Esta coyuntura está siendo aprovechada por la burguesía tradicional y el imperialismo norteamericano para recomponer sus fuerzas, y recuperar espacios. Los pueblos mantienen en alto su bandera de trasformación social, configurando un escenario político de agudización de la lucha.

 

* Director de la biblioteca del Colegio de Abogados de Pichincha

 

 

 

 

 

 

 

Las Casas Oe3-128 (entre América y Antonio de Ulloa)

Quito-Ecuador

ISSN 1390-6038

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