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Por: Gustavo Reyes*

Fotografía: Archivo

Análisis proforma presupuestaria año 2019

 

Ajuste a las inversiones y no a los gastos

 

I) Introducción.-

 

El Gobierno Nacional, de conformidad a los preceptos legales y constitucionales ha enviado a la Asamblea Nacional desde el 31 de octubre de 2018 la Proforma Presupuestaria del año 2019 que deberá ser aprobada u observada en el plazo de 30 días de acuerdo a lo que establece el Art. 295 de la Constitución de la República.  La programación y formulación de la Proforma Presupuestaria 2019 se deberá sustentar en los 9 objetivos y 7 lineamientos territoriales del actual Plan Nacional de Desarrollo “Toda una Vida” 2017-2021, así como a las 11 decisiones del Plan de Prosperidad 2018-2021, con la finalidad de consolidar la sostenibilidad del sistema económico social y solidario, afianzar la dolarización; impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento económico sostenible de manera redistributiva y solidaria; así como, desarrollar las capacidades productivas y del entorno para lograr una soberanía alimentaria y bienestar general de la población.  La ejecución de gastos deberá guardar los principios de calidad y optimización, y el manejo del financiamiento, incluido el endeudamiento, deberá hacérselo de  manera responsable con una adecuada gestión de los activos, pasivos y patrimonios públicos.

 

Por otro lado, el esfuerzo fiscal deberá mantener su orientación a las acciones encaminadas al cambio de la matriz productiva y propender a mejorar la calidad de vida y el progresivo cumplimiento de los derechos ciudadanos, en especial en lo referente a las áreas sociales de educación y salud, puesto que según disposición constitucional, transitoria en su momento y obligatoria a partir del cumplimiento de la meta, se prevé incrementos de al menos el cero punto cinco por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) hasta alcanzar un mínimo del seis por ciento del PIB para educación inicial, básica y bachillerato, de conformidad a la Disposición Transitoria Decimoctava; así como para el financiamiento del sistema nacional de salud, el cual se deberá incrementar cada año en un porcentaje no inferior al cero punto cinco por ciento del PIB hasta alcanzar al menos el cuatro por ciento del PIB; además de las obligaciones en el otorgamiento del estímulo a la jubilación de los servidores públicos, sobre todo a las maestras y maestros, sector al que más se ha irrespetado el cumplimiento de este derecho consagrado en la Disposición Transitoria Vigesimoprimera de la Constitución de la República (ANC 2008).  Finalmente esta proforma debería propender al cumplimiento de las obligaciones y deudas adquiridas con los trabajadores, reflejadas principalmente en el endeudamiento que el Ejecutivo mantiene con el Instituto de Seguridad Social.

 

II) Supuestos Macroeconómicos.-

 

 

Una de las cifras que más preocupa a los analistas macroeconómicos es el exceso de confianza en calcular el crecimiento de la economía, pues se ha llegado a determinar que la proyección del Producto Interno Bruto nominal, (PIB nominal) será de $113.097 millones; es decir, si tomamos la última cifra calculada y publicada oficialmente por el Banco Central del Ecuador a diciembre de 2017, que establece un PIB nominal de $104.296 millones, se evidencia que Finanzas está calculando un crecimiento de la economía de alrededor del 8,43% en apenas dos años; lo cual si, observamos las cifras de empleo, inversión extranjera directa, ingresos tributarios, inflación, y otros indicadores macroeconómicos poco alentadores, incluso lo que el propio Fondo Monetario Internacional calcula como crecimiento del PIB mundial en apenas un 3.7%; nos preguntamos, ¿de donde es que efectúa esos cálculos sobredimensionados el Gobiernos Nacional?

 

 

 

 

Otro de los indicadores que también preocupa es el relativo a la inflación, que significa el ritmo mediante el cual se incrementarán los precios para el año 2019, la cual está calculada en 2%, esto significará que las pensiones de los jubilados se tendrán que incrementar en este porcentaje y que el Salario Básico Unificado, al menos deberá cubrir este incremento.  En dolarización este porcentaje de crecimiento no resulta para nada alentador puesto que se avizora un incremento en la falta de competitividad de los exportadores nacionales.

 

Un indicador que representa una dificultad para el crecimiento económico es el déficit de la balanza comercial no petrolera, el cual está calculado en $4.401 millones; es decir que, el Ecuador tendrá más importaciones que exportaciones por esa cantidad; de no ser por las exportaciones petroleras de las cuales depende la economía ecuatoriana estaríamos en serias dificultades para sostener la dolarización.

 

En lo que se refiere al precio del petróleo, este ha sido calculado en $58,29, que a mi criterio es un cálculo prudente, puesto que si bien es cierto, debido a la problemática geopolítica en el medio oriente, especialmente en Irán y la crisis de Venezuela, el precio prevé mantenerse al alza, no es menos cierto que la economía mundial ha entrado en un proceso de crecimiento menos acelerado, lo cual significa que la producción a nivel mundial tienda a no incrementar su demanda de comidities (materias primas). Lo que sí es preocupante, es el no aprovechamiento de una mayor producción petrolera, especialmente si a partir de este año entró en operación el Bloque 43 Ishpingo, Taputini, Tambococha (ITT), la cual se mantendrá en alrededor de 550.000 barriles por día en promedio.

 

 

 

III) Estructura de Ingresos.-

 

Ingresos Permanentes.-

 

En la Proforma 2019 enviada por el Ejecutivo se prevé tener unos $22.361 millones de ingresos; de los cuales $19.555 corresponden a ingresos permanentes y $2.896 millones de ingresos no permanentes, que en su mayoría corresponden a los ingresos petroleros, una vez descontados los costos de importación y la contribución a la cuenta de derivados deficitarios.  En lo que respecta a los ingresos permanentes, la contribución de la ciudadanía a través de impuestos es de $15.223 millones, inferior a lo proyectado el año 2018 en al menos $120 millones de dólares, cifra que comienza a ser un reflejo de las exoneraciones tributarias aprobadas en la reciente Ley de Fomento productivo.

 

En millones de dólares.

 

Un rubro que se incrementa en alrededor de $1.000 millones respecto del año 2018 es el de Tasas y Contribuciones, en el cual constan cuentas como: derechos por peajes, servicios aduaneros, especies fiscales, tasas portuarias y aeroportuarias, entre otras; pero en este año hacen constar una nueva cuenta en este apartado, la cual es la de concesiones. Esto significa que, se concesionarán servicios de vialidad y explotación de energía, además de vender acciones de empresas del Estado en alrededor de mil millones de dólares, las cuales constan como ingresos permanentes en la Proforma del 2019. La pregunta es ¿de qué empresas se trata?, de las que realmente le generan ingresos al Estado como CNT y Banco del Pacífico, o de las que le resultan una carga como TAME.

 

Ingresos No permanentes.-

 

A pesar de que se tiene previsto un mejor precio del barril de crudo para este año, en al menos $16, sin embargo, el monto global de ingresos petroleros con el que se aportaría por este concepto al Presupuesto General del Estado (PGE) del 2019, es inferior en aproximadamente $440 millones de dólares de lo presupuestado para el año 2018, lo cual es una preocupación que debe ser aclarada por las autoridades económicas en la Asamblea Nacional, vale destacar asimismo que, la venta de activos no financieros (los que administra INMOBILIAR) para el 2019 tendrán una disminución de más de $65 millones en lo que respecta a lo proyectado en el año anterior.

 

En millones de dólares.

 

Financiamiento.-

 

Para este año se prevé tener unas líneas de financiamiento por el orden de los $8.166 millones en programas crediticios (deuda), que es casi similar al del año anterior, siendo inferior en tan solo $87 millones de dólares; por lo que, bien se podría decir que la estrategia de endeudamiento agresivo como principal línea de financiamiento que se mantiene desde el correísmo, sigue teniendo la misma tónica en el Gobierno de Alianza PAIS, esta vez liderado por el licenciado Lenin Moreno.

 

 

Asimismo, se proyecta destinar $3.851 millones al pago del principal o amortización de la deuda pública, a ello habría que añadir $3.365 por el pago de intereses, siendo más de $7.216 millones el pago total al servicio de la deuda externa para el año 2019.  De los cuales, $3.655 se constituyen en déficit; es decir que, el Estado deberá buscar al menos este monto en los mercados financieros internacionales para cubrir sus gastos globales, sin que se tenga certeza de cuáles serían esas fuentes.

 

IV) Estructura de Egresos.-

 

Relación servicio de la deuda vs. Sectores sociales

 

La relación del servicio de la deuda externa con el sector social, aún sigue siendo bastante desproporcionada, es decir que, lo que se tiene que destinar al pago de la deuda externa es mucho más significativo versus los gastos y programas sociales presupuestados para el año 2019, como se evidencia en el cuadro adjunto:

 

 

Es indudable que la herencia del correísmo ha afectado la administración del nuevo Gobierno, pero la política de hiperendeudamiento se mantiene, por lo que, en los próximos años tenemos que seguir observando proformas presupuestarias en las que necesariamente se deje de contar con al menos un tercio de lo programado, pues esos valores irán exclusivamente destinados al pago de la deuda externa que no deja de incrementarse.

 

Gobierno ajusta el presupuesto en las inversiones y no en los gastos improductivos.-

 

Una de las problemáticas estructurales que me permito señalar en el análisis a esta Proforma Presupuestaria 2019, consiste en la tan cacareada lógica de ajustar la caja fiscal debido a la difícil situación económica, agudizada con la herencia de deudas del correísmo, pues esta no se efectúa por el lado de los gastos improductivos que no aportan significativamente al desarrollo del país, expresado en cuentas tales como: alimentación y cocteles, difusión de información y publicidad, gastos de propaganda, gastos especiales para inteligencia y contrainteligencia, traslados, instalaciones, viáticos y subsistencias; pasajes al interior, pasajes al exterior de funcionarios pùblicos, entre otros, que no se los disminuye; si bien es cierto, en este rubro se registra la cuenta de financiamiento de derivados deficitarios (subsidio a los combustibles) que se incrementa considerablemente debido al aumento del precio internacional del crudo, lo preocupante es que el ajuste se da por el lado de las inversiones públicas, tales como: construcción de carreteras, escuelas, hospitales, viviendas de interés social y más obra pública, en más de $1.425 millones de dólares respecto de lo programado para el año anterior, y en más del doble en cuanto a lo relacionado entre gastos de consumo versus inversiones para el año 2019.  Justamente, es absurdo procurar una reactivación económica cuando lo que se disminuye son los montos destinados al factor que genera una multiplicidad de emploes directos e indirectos y cuyas obras sirven para propiciar el desarrollo social, como es la inversión pública.

 

 

La política de disminución en las inversiones en obra pública, no es nueva, esta ha sido la tónica de los últimos cinco años:

 

 

*Asesor bancada  BIN, Especialista en Gerencia y Desarrollo.

 

 Segunda Parte

 

 

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