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Por: Gustavo Reyes*

Fotografía: Archivo

Análisis proforma presupuestaria 2019

 

Incumplimientos con el sector Educación y Salud.

 

La disposición transitoria décimo octava de la Constitución aprobada en el año 2008, establece: “El Estado asignará de forma progresiva recursos públicos del Presupuesto General del Estado para la educación inicial básica y el bachillerato, con incrementos anuales de al menos el cero punto cinco por ciento del Producto Interno Bruto hasta alcanzar un mínimo del 6% del PIB”.

 

Por su parte, la disposición transitoria vigésimo segunda de la Constitución aprobada en el año 2008, establece lo siguiente: “El Presupuesto General del Estado destinado al financiamiento del sistema nacional de salud, se incrementará cada año en un porcentaje no inferior al cero punto cinco por ciento del Producto Interior Bruto, hasta alcanzar al menos el cuatro por ciento”.

 

 

Tomando como base el año 2008, los porcentajes de incrementos del 0,5% del PIB hasta lograr la meta del 6% del PIB para educación y 4% del PIB para salud debieron haber ya llegado a su cumplimiento en el año 2014; y, desde el año 2015 en adelante, estos sectores por mandato constitucional ya deben venir recibiendo estos porcentajes con respecto al PIB, lastimosamente nunca se cumplió con esta meta en el correísmo y estamos lejos de cumplirla en el período del Presidente Moreno.

 

Ahora bien, uno de los principales problemas en este punto resulta estar en la transparencia de las cifras, pues en el rubro de educación se suele incluir a educación superior y programas de bienestar social para decir que si se está cumpliendo con este precepto constitucional, y en cuanto a salud también se incorporan cuentas como las de obras de salubridad (alcantarillado, agua potable, rellenos sanitarios) que técnicamente no tienen que ver con este sector.  Otro problema que se presenta es el relacionado al cálculo del PIB; justamente, para este propósito no le serviría al Gobierno Nacional declarar una proyección demasiado optimista de este indicador, porque asimismo debería estar consciente de que los rubros para educación y salud deben incrementarse en la misma proporción.

 

Con un PIB calculado para el año 2019 en $113.097 millones; el valor que se debería destinar a educación es de $6.786 millones; y el valor que se debería destinar a salud es de $4.524 millones, pero las cifras que se destinaría, de lo que se desprende en los datos proporcionados en la Proforma 2019, es muy inferior.  Así tenemos que para educación inicial, básica y bachillerato se destinaría un monto de $3.774 millones y para salud de $3.097 millones.

 

 

 

 

 

Cumplimiento parcial con el IESS y los jubilados

 

Para nadie es desconocido que el Estado mantiene una gran deuda con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), misma que sobrepasa los $3.101 millones, y que trató de ser desconocida por Richard Espinosa, ex Presidente de esa institución y personaje de ingrata recordación para las y los trabajadores del país, por ser una pieza más del correato en esta trama de corrupción y autoritarismo de la última década.

 

Pero en una acción decidida del Contralor General Subrogante, Pablo Celi, que es de justicia reconocerla, la Contraloría General del Estado mediante examen especial DAAC-0059-2017, determinó que el valor de la deuda por concepto de contribución del Estado por prestaciones de salud, a fecha 19 de junio de 2017 asciende al valor de $2.527 millones, solo hasta esa fecha, recalco esto porque debido a las atenciones médicas en enfermedades catastróficas y de jubilados se sigue incrementando la deuda del Ejecutivo con el Seguro Social, la cual no es reconocida por el leonino criterio de que a pesar de ser un mandato de la Ley de Seguridad Social no existe reglamentación para que se aplique; cuando la responsabilidad constitucional y política es de ellos mismos para viabilizar el cumplimiento de los derechos de las y los afiliados y jubilados del país, a través de la expedición de un Reglamento que se tiene que dictar para el efecto.

 

 

Sin embargo, el Informe de Contraloría constituye ya un instrumento para exigir al Gobierno Central que en sus Proformas Presupuestarias haga constar, al menos, la deuda de $2.527 millones establecida por la Contraloría, hecho que no se observa en ninguna parte del documento enviado por Finanzas.

 

Un rubro que se observa a manera de subsidio es el de $1.240 millones por concepto de restitución del 40% del aporte del Estado al pago de pensiones jubilares, tras declararse la inconstitucionalidad de la malhadada Ley de “Justicia Laboral” que fue un desastre para todas las y los trabajadores del país, y que debería aplicarse el derecho de repetición a todos los Asambleístas del correato por el tiempo en que el IESS dejó de percibir estos recursos, lo cual puso al borde de la quiebra al seguro de pensiones de esta institución; bien por el Gobierno Nacional al cumplir con el mandato constitucional y legal del aporte de 40% a las pensiones, pero no olvidar que sus cálculos se quedan cortos, puesto que como mínimo, la programación de pagos a la Seguridad Social, debe ascender al monto de $3.767 millones.

 

 

 

Otro de los sectores al que el Gobierno Nacional tratará de cumplir a medias es el de las y los jubilados del país, a quienes se les adeuda montos por concepto de retiro voluntario o estímulo a la jubilación, para lo cual se tiene previsto un desembolso de $350 millones que beneficiaría a más de 6.500 compatriotas adultos mayores que también fueron perjudicados por el correato, pero se sabe que la necesidad de financiamiento para ponerse al día con este sector es casi el doble de lo programado, por cuanto lo que se necesita es una cifra superior a los $700 millones.

 

Subsidios.-

 

Mucho se ha satanizado este tema, pero si descontamos los montos entregados a los subsidios de los combustibles que se incrementan debido al alza del precio internacional del crudo, hecho que también beneficia al país, puesto que por otro lado deberían aumentar los ingresos no permanentes; en cambio, el resto de subsidios a los sectores sociales prácticamente han disminuido en 46 millones respecto a lo programado el año 2018 y no constan rubros de subsidios para vivienda ni agua. A continuación una gráfica de los subsidios que se tiene programado para el 2019:

 

 

 

Transferencia a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD).-

 

Las transferencias a los GAD que constitucionalmente les corresponden en el porcentaje del 21% de los ingresos permanentes y 10% de ingresos no permanentes aumentan en aproximadamente 75 millones de dólares respecto al año anterior, cifra que para el año 2019 está calculada en $3.163 millones.  Ante lo cual, no debemos olvidar que es obligación del Consejo Nacional de Competencias hacer cumplir el Art. 6 de la Ley Orgánica de Desarrollo Fronterizo para efectivizar el Incremento de la ponderación a favor de la población de los cantones fronterizos en un 150% de lo que les corresponde.

 

Por otro lado, una de las principales preocupaciones de las poblaciones amazónicas consiste en revisar si en esta proforma presupuestaria consta la asignación del Fondo para el Desarrollo Sostenible Amazónico, establecido en el Art. 60 de la Ley Orgánica para la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, el cual se debe financiar con el valor de 2 dólares por cada barril de petróleo que se extraiga y comercialice de esta región.  Revisando las cifras consta que el valor que se va a destinar por este concepto es de $395 millones; lo cual significa unos $278 millones más de lo que le hubiera correspondido a la Amazonía sino se aprobaba esta Ley, por lo que es necesario reconocer a todos los legisladores de esta región que lucharon por su aprobación.

 

 

Recorte al Presupuesto de las Universidades Públicas.-

 

De las 30 Instituciones de Educación Superior Pública que tiene nuestro país, 26 sufrirán un recorte presupuestario y las consecuencias podrían ser graves, según la realidad de cada institución, pues, se corre el riesgo de paralización de labores en los campos de la investigación científica, tecnológica, trabajos de infraestructura, laboratorios, compra de insumos, pago de profesores a contrato, recategorización de docentes, incremento de cupos, interrupción en la prestación de servicios que brindan las universidades a la ciudadanía, entre otras problemáticas. El monto que se reducirá en comparación con el del año anterior suma la cifra de $145 millones.

 

V) Conclusiones

 

Tras revisar algunas aristas de la Proforma Presupuestaria 2019, me permito llegar a las siguientes conclusiones:

 

1. Se trata de una proforma poco creativa que no cumple con el principio de ajustar los gastos en bienes y servicios de consumos, pero por el contrario disminuye la inversión pública, hecho que nos deja más dudas que certezas respecto del rumbo que tomará la economía para el siguiente año.

 

2. La exageración en el cálculo del crecimiento de la economía expresada en el valor de 113 mil millones de PIB nominal, para decir que en términos relativos se está cumpliendo con la meta de austeridad fiscal, sin duda es una tomadura de pelo.

 

3. No se cumple con las disposiciones constitucionales de aumentar los recursos en educación y salud en los montos del 6% y 4% respectivamente, más si se corre la aventura de prever un aumento poco creíble del PIB.

 

4. El monto destinado a cumplir con la Seguridad Social y las y los jubilados del país, a pesar de ser un problema que se acarrea desde el gobierno anterior, está lejos de ser cumplido.

 

5. El hablar de una política de concesiones significa una desinversión no solo en los montos que se destinará a la obra pública, sino posiblemente hacia la privatización de empresas estatales que vienen marchando bien y arrojando resultados positivos para el fisco.

 

6. Respecto al tema del endeudamiento, este sobrepasará los 8 mil millones de dólares; y, al menos en la mitad de ese valor no se tienen claras las fuentes de financiamiento, por lo que seguramente se recurrirá al tan criticado mercado financiero chino que tiene elevadas tasas de interés.

 

7. En temas de desarrollo aún no se ha hecho el Informe para colocar créditos preferenciales a las provincias de frontera tal como lo manda la Ley de Fomento Productivo; y,

 

8. Por otro lado existe un recorte de más de $104 millones en el Presupuesto que se debe otorgar a las universidades públicas.

 

VI) Fuentes de Consulta.

 

• Proformas Presupuestarias años 2014-2015-2016-2017-2018 y 2019.

• Boletín Estadístico del Banco Central del Ecuador. Última publicación a septiembre de 2017.

• Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.

• Contraloría General del Estado.

 

 

*Asesor bancada  BIN, Especialista en Gerencia y Desarrollo.

 

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