revista rupturas Quito Ecuador opinion analisis

Por: Gustavo Reyes

Fotografía: Archivo

Análisis de la Proforma Presupuestaria 2018

 

Menos deuda, pero se mantienen elevados gastos innecesarios

 

1) Introducción.-

 

El Gobierno Nacional, de conformidad a los preceptos legales y constitucionales ha enviado a la Asamblea Nacional este 01 de noviembre de 2017 la Proforma Presupuestaria del año 2018 que deberá ser aprobada u observada en el plazo de 30 días de acuerdo a lo que establece el Art. 295 de la Constitución de la República.  La programación y formulación de la Proforma Presupuestaria 2018 se deberá sustentar en  los 9 objetivos y 7 lineamientos territoriales del actual Plan Nacional de Desarrollo “Toda una Vida” 2017-2021, con la finalidad de consolidar la sostenibilidad del sistema económico social y solidario, afianzar la dolarización; impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento económico sostenible de manera redistributiva y solidaria; así como, desarrollar las capacidades productivas y del entorno para lograr una soberanía alimentaria y buen vivir rural.  La ejecución de gastos deberá guardar los principios de calidad y optimización, y el manejo del financiamiento, incluido el endeudamiento, deberá hacérselo de  manera responsable con una adecuada gestión de los activos, pasivos y patrimonios públicos.

 

 

Por otro lado, el esfuerzo fiscal deberá mantener su orientación a las acciones encaminadas al cambio de la matriz productiva y propender a mejorar la calidad de vida y el progresivo cumplimiento de los derechos ciudadanos, en especial en lo referente a las áreas sociales de educación y salud, puesto que según disposición constitucional, transitoria en su momento y obligatoria a partir del cumplimiento de la meta, se prevé incrementos de al menos el cero punto cinco por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) hasta alcanzar un mínimo del seis por ciento del PIB para educación inicial, básica y bachillerato, de conformidad a la Disposición Transitoria Decimoctava; así como para el financiamiento del sistema nacional de salud, el cual se deberá incrementar cada año en un porcentaje no inferior al cero punto cinco por ciento del PIB hasta alcanzar al menos el cuatro por ciento; además de las obligaciones en el otorgamiento del estímulo a la jubilación de los servidores públicos, sobre todo a las maestras y maestros, sector al que más se ha irrespetado el cumplimiento de este derecho consagrado en la Disposición Transitoria Vigesimoprimera de la Constitución de la República (ANC 2008).  Finalmente esta proforma debería propender al cumplimiento de las obligaciones y deudas adquiridas con los trabajadores, reflejadas principalmente en el endeudamiento que mantiene con el Instituto de Seguridad Social.

 

2) Supuestos macroeconómicos.-

 

 

Es necesario destacar que existe una proyección mayor para el crecimiento del PIB respecto del año anterior que era de 0.71%, ahora en 2.04%, tres veces más, pero aún en condiciones de economía en recuperación.  El incremento inflacionario se prevé en 1,38%, superior en 0.28% respecto al año anterior, lo que se traduce en la esperanza de una pequeña recuperación del comercio interno; o por otro lado, podría ser consecuencia de las implicaciones en la implementación del dinero electrónico, que ocasionaría una mayor elevación del porcentaje de crecimiento inflacionario, preocupante en una economía dolarizada.

 

3) Estructura de Ingresos.-

 

Ingresos Permanentes.-

 

En la Proforma 2018 enviada por el Ejecutivo se prevé tener unos $21.562,48 millones de ingresos permanentes; de los cuales $15.343,93 corresponden a impuestos; más de $2.040,25 a tasas y contribuciones como derechos por peajes, servicios aduaneros, especies fiscales, tasas portuarias y aeroportuarias, entre otros (vale aquí hacer un paréntesis para señalar que en este rubro se prevé incrementar una cifra interesante de más de $400 millones respecto al año anterior, seguramente por la eficacia que se espera obtener en la administración aduanera).  Uno de los ingresos que es realmente bajo constituye la venta de bienes y servicios por $65,35 millones, aquí se encuentra la venta de energía eléctrica, el servicio por la venta de combustibles, entre otros rubros menores.  En la renta por el arriendo de bienes de propiedad estatal, utilidades de empresas públicas que no comercializan bienes productivos (petroleras y mineras), cobro por el uso del espectro radioeléctrico, que podría dejar mayores réditos al Estado, así como por el cobro de multas, se prevé obtener unos $521,9 millones.

 

Las transferencias y donaciones sin contraprestación de servicios constituyen otro rubro importante en la estructura de ingresos, su cifra se sitúa en $3.459,32 millones, la cual proviene de ciertas bases legales para este recaudo como el cobro del cinco por mil de los ingresos presupuestados de los GAD´s, empresas públicas, seguridad social y entidades financieras públicas; el 1% sobre nóminas de empresas privadas y públicas pagadas al IESS, así como las donaciones de organismos multilaterales para programas de desarrollo y la mayor parte proviene de lo que corresponde a la recuperación de la venta de combustibles (derivados deficitarios).  Completando la estructura de ingresos permanentes se encuentran los denominados Otros Ingresos, atribuibles a ejecución de garantías y fianzas, indemnizaciones y otros no especificados, alcanzarían los $121,7 millones.

 

 

Ingresos No permanentes.-

 

Se comienza a sentir una ligera recuperación en la comercialización petrolera, misma que podría ser aún mayor con una administración más soberana de nuestro principal recurso de ingresos no permanentes; es decir, si se revisarían los contratos por ventas anticipadas a China y Thailandia, si se renegociarían los contratos petroleros por prestación de servicios y si se recuperaría la gestión de campos maduros entregados a multinacionales como Schlumberger, podríamos obtener mayores ingresos por este concepto.  Sin embargo, a pesar de aquello este año se prevé recaudar unos $3.206,35 millones.  Hay otro rubro de $105,84 millones por ventas de activos fijos, aquí entran las ventas de los edificios no ocupados o subutilizados, medida que ya fue anunciada y deberá ser ejecutada por INMOBILIAR.

 

 

Financiamiento.-

 

Para este año se prevé tener unas líneas de financiamiento por el orden de los $8.253,75 millones en programas crediticios ya establecidos (deuda), $695 millones por ventas anticipadas de petróleo, con lo cual se evidencia que la administración del licenciado Lenin Moreno no solo sigue cayendo en esta nueva forma de endeudar al país, comprometiendo nuestro petróleo, sino que este rubro aumentaría en un 74% para el año 2018. A toda esta deuda hay que sumar $427,11 millones de saldos pendientes por ejercicios anteriores, $600 millones de cuentas por cobrar, sobre todo por cartera a recuperar del Banco de Desarrollo y BanEcuador y $12,81 millones de pequeñas inversiones financieras; este financiamiento adicional que es propio de operaciones de contabilidad gubernamental y que suma $9.988,67 millones no entra a financiar en su totalidad a los gastos del Presupuesto General del Estado (PGE), sino que: $3.909,44 millones van destinados a pagar el principal o amortizaciones de deudas ya adquiridas y $2.247.93 millones al pago de intereses, a lo cual hay que añadir unos $1.976,44 millones de pasivos de corto plazo (deudas a GAD’s, pago de bonos, compromisos de ventas anticipadas de petróleo, etc.).  En otras palabras, las líneas de crédito y financiamiento logradas por el Estado ecuatoriano no son más que deuda para pagar deuda.  Así las cosas, serían unos $8.133,81 millones que se tendrán que destinar al servicio de la deuda para el año 2018, es decir, un 23,33% del total del Presupuesto.

 

Por ello es que, de los $9.988,67 millones de programas de financiamiento con deuda, ventas anticipadas de petróleo y recuperación de cartera de este año, tan solo $1.854,86 millones irán destinados a financiar los gastos propios de los sectores que conforman el Estado ecuatoriano, que ya los analizare más adelante, lo cual además de ser insuficiente reconoce un déficit de $4.102,8 millones, es decir que, se necesitará esa cantidad de dinero adicional para financiar todos los gastos programados; ya que con los ingresos propios y financiados no alcanzaría.

 

El país no solo que constantemente va incrementando su deuda, sino que además no hay posibilidades ciertas de disminuirla en el mediano plazo como se propone el régimen de Moreno, pues no solo debería tener déficits iguales o ligeramente superiores a lo proyectado como crecimiento del PIB, sino ser capaces de que por sus propios ingresos se pueda pagar el servicio de la deuda sin recurrir a abrir líneas de financiamiento adicionales para este propósito; en otras palabras, ser capaces de aumentar los ingresos propios (sin deuda) en un 32.71%, metas que se ven demasiado exigentes y lejanas, incluso en un período cuatrianual; por ello, es virtualmente imposible que se reduzca la deuda cuyo corte al 27 de julio de 2017 era de $58.438 millones, sin mencionar los $3.000 millones de nueva deuda que su equipo económico ha adquirido en el pasado mes de octubre.

 

 

4) Estructura de Gastos

 

 

 

Como podemos observar, de la información que se desprende de la Proforma enviada por el Ejecutivo, el valor que se destinará al servicio de la deuda es de $8.133,81 millones, el cual es inferior en $2.590,5 millones respecto al año anterior (2017), es un monto muy superior a lo que se destina para cada una de las áreas sociales, que en su conjunto suman $10.856,33 millones.

 

Bienes y servicios de consumo vs. Inversiones

 

 

En esta gráfica podemos apreciar que el gasto por bienes de consumo, relacionados a alimentación y cocteles, difusiòn de información y publicidad, gastos de propaganda, gastos especiales para inteligencia y contrainteligencia, traslados, instalaciones, viáticos y subsistencias; pasajes al interior, pasajes al exterior de funcionarios pùblicos, entre otros; supera en $1.412,68 millones con lo que se tiene destinado para invertir en los bienes de formación bruta de capitales como son carreteras, hospitales, escuelas y demás obras.

 

Incumplimientos con el sector Educación y Salud.-

 

Disposición transitoria décimo octava de la Constitución aprobada en el año 2008:

 

“El Estado asignará de forma progresiva recursos públicos del Presupuesto General del Estado para la educación inicial básica y el bachillerato, con incrementos anuales de al menos el cero punto cinco por ciento del Producto Interno Bruto hasta alcanzar un mínimo del 6% del PIB”.

 

Disposición transitoria vigésimo segunda de la Constitución aprobada en el año 2008:

 

“El Presupuesto General del Estado destinado al financiamiento del sistema nacional de salud, se incrementará cada año en un porcentaje no inferior al cero punto cinco por ciento del Producto Interior Bruto, hasta alcanzar al menos el cuatro por ciento”.

 

Tomando como base el 2008, los porcentajes de incrementos del 0,5% del PIB hasta lograr la meta del 6% del PIB para Educación y 4% del PIB para Salud debieron haber ya llegado a su cumplimiento en el año 2014; y, desde el año 2015 en adelante, estos sectores por mandato constitucional ya deben venir recibiendo estos porcentajes con respecto al PIB, lastimosamente nunca se cumplió con esta meta y el año 2018 no parece ser la excepción.

 

Ahora bien, el PIB calculado para el año 2018 es de $104.021 millones; por tanto, lo que se debe destinar a Educación inicial, básica y bachillerato es un valor de $6.241,26 millones y según la Proforma apenas se tiene programado destinar unos $4.341,52 millones, lo que equivale a apenas al 4,17%.  En lo que respecta a Salud, el valor que se debe destinar es de $4.160,84 millones, pero se tiene programado asignar $3.658 millones, 3,51%, existiendo las siguientes diferencias que las recalco a continuación:

 

 

 

 

 

Subsidios.-

 

En los últimos años del Gobierno de Correa se produjo una sistemática reducción de los subsidios, pues lo que se destinó para el año 2015 era un monto alrededor de $5.966 millones; para el 2016 se descendió a $3.193 millones, en la proforma 2017 se estableció un total de $3.085 millones de dólares; y ahora en la Proforma 2018 se evidencia una recuperación con un monto establecido en $3.470,18 millones.

 

 

 

Principales subsidios 2018:

 

 

Presupuesto a los Gobiernos autónomos descentralizados

 

 

Como podemos observar, los últimos años se han caracterizado por una variabilidad en la asignación presupuestaria correspondiente al 21% de los ingresos permanentes del Estado y 10% de ingresos no permanentes a los gobiernos locales, esto se debe a la variabilidad que se produjo en el precio del petróleo que es el principal rubro de ingresos no permanentes y que marca el rumbo de la economía ecuatoriana, para el año 2018 se prevé un incremento en alrededor de $300 millones de asignaciones por este concepto.

 

5) Conclusiones y Recomendaciones.

 

La Proforma Presupuestaria 2018 trata de cumplir ciertos lineamientos que han sido recomendados por algunos expertos y sectores vinculados al quehacer económico del país en el sentido de ser más mesurables y reducir su tamaño, siendo que para el año 2017 el valor del PGE bordeaba los $36.818 millones y ahora se lo calcula en $34.853 millones, provocando una reducción de $1.965 millones, lo cual se expresa principalmente en la reducción que se hace al servicio de la deuda en $2.590 millones; sin embargo, existe un aumento de los gastos corrientes, exceptuando el de sueldos y salarios, que para este año es $1.412 millones superior a lo que se destinará a inversiones, estos dos rubros son comparables porque en el país no se puede aceptar que se destine más dinero a  gastos relacionados a alimentación y cocteles, difusión de información y publicidad, gastos de propaganda, gastos especiales para inteligencia y contrainteligencia, traslados, instalaciones, viáticos y subsistencias; pasajes al interior, pasajes al exterior de funcionarios públicos, entre otros, que a construcción de escuelas, hospitales y carreteras; he aquí algunos de aquellos rubros:

 

 

 

La mayoría de estos gastos sirven para perseguir a opositores al régimen, y en el caso de los beneficios adicionales a servidores públicos están dirigidos principalmente a funcionarios del jerárquico superior, los cuales bien podrían ser cubiertos con sus latisueldos; por otro lado, es absolutamente critica able que los funcionarios de este nivel pertenecientes a otras funciones del Estado como la Justicia NO se hayan acogido a la política de austeridad de rebajarse el 10% de sus sueldos, por lo que urge la necesidad de que la Asamblea Nacional apruebe una Ley que le ponga un límite a las remuneraciones de estos funcionarios en máximo ocho salarios básicos unificados o $3.000 dólares mensuales, con lo cual el país ahorraría no menos de $600 millones.

 

A pesar de que se podría reconocer los esfuerzos del gobierno en tratar de reducir el pago hacia el servicio de la deuda heredada por el correísmo, es necesario señalar que ya no se puede buscar más estrategias de financiamiento que provengan de nuevos créditos, el Estado debe hacer un esfuerzo para incrementar sus ingresos en sectores como el petrolero, procurando realizar reformas legales para cambiar la forma de contratación con las multinacionales y recuperar la gestión de los campos maduros que de manera anti soberana fueron entregados a algunas de estas empresas.  Otra estrategia sería la de hacerse cargo de las exportaciones a través de una corporación estatal, con la cual se incentivaría el trabajo de los productores, especialmente de los pequeños, al tratar de buscarles mercados en condiciones más ventajosa y se podría recuperar parte de las ganancias que se van a pocos bolsillos intermediadores.

 

Finalmente, nada se dice de la deuda del Estado con la Seguridad Social, que según informes de la Contraloría sumaría unos $2.880,06 millones.  Por otro lado, si bien ya se inició el pago al incentivo de la jubilación de servidores públicos, solo se lo ha hecho con los adultos mayores de más de setenta años y para lo cual está destinado un rubro de $150 millones.  Es menester que en la Proforma 2018 se prevea una clara fuente de financiamiento para la deuda social.

 

Bibliografía.-

• Presupuestos Generales del Estado 2015, 2016 y 2017.

• Constitución de la República 2008.

• Plan Nacional de Desarrollo “Toda una Vida” 2017-2021.

• Clasificador Presupuestario 2016.

• Informe de Contraloría General del Estado Nro. DAAC-0059-2017

 

*Analista económico, ex asesor legislativo de la bancada de las izquierdas

 

 

 

 

 

Calcular Page Rank

Las Casas Oe3-128 (entre América y Antonio de Ulloa)

Quito-Ecuador

ISSN 1390-6038

Revista Rupturas © 2015 Derechos reservados